Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Septiembre de 2020

PonenteLuis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución 3 de Septiembre de 2020
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Luis Ramón Fábrega Sánchez

Fecha: 03 de septiembre de 2020

Materia: Juicio ejecutivo por jurisdicción coactiva

Incidente

Expediente: 340-16

VISTOS:

A esta S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, fue remitido el presente Incidente de Levantamiento de Embargo, presentado por el Licenciado M.E.R., actuando en nombre y representación De L.M.M. de R., dentro del proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo instaurado por el Banco Nacional de Panamá en Contra de Construcciones y Servicios Generales, S.R.D.E., O.D.V. y L.M.M.; el cual fue admitido a través de la Resolución de 23 de julio de 2019, por lo que se procedió a darle el trámite correspondiente, surtiéndose los traslados de rigor y cumpliéndose con la realización de la audiencia respectiva, hasta colocar la presente causa en estado de resolver su mérito.

ARGUMENTOS DEL INCIDENTISTA

En el incidente en estudio, su promotor plantea una serie argumentaciones fundamentadas en los hechos resumidos a continuación:

Primero: La presente causa se fundamenta en el Contrato de Préstamo, con garantía personales, que tiene como base una serie de PAGARES otorgados por los deudores, entre las fechas de 9 de agosto de 1984, 15 de octubre de 1984, 16 de enero de 1985 y 28 de febrero de 1985.

Segundo: Conforme al Auto Ejecutivo, o que libra mandamiento de pago por esta vía coactiva, a la fecha de 15 de enero de 1991, la deuda acumulada de los referidos PAGARES ascendía a la suma de B/.108,455.22 en concepto de capital y B/.85,985.44 en concepto de intereses acumulados.

Tercero: EL BANCO NACIONAL DE PANAMA, por medio de su JUE EJECUTOR y en uso de la jurisdicción coactiva conferida por la ley, dictó el Auto N°932 de 8 de julio de 1992, mediante el cual esta institución, Libra Mandamiento de Pago en contra de los demandados, por la suma de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA BALBOAS CON 66/100 (B/.194,940.66), en concepto de capital, intereses y gastos de cobranzas, en contra de los demandados, como saldo resultante de la relación contractual bancaria de préstamo garantizada como documento negociables.

Cuarto: La referida resolución judicial, a la fecha del presente escrito no ha sido debidamente notificada a nuestra parte, es decir que desde julio de 1992 a julio de 2011, han transcurrido diecinueve (19) años.

Quinto: La actuación llevada a cabo por el Juez Ejecutor del BANCO NACIONAL DE PANAMA, dieciocho (18) años después de haber librado mandamiento de pago, ha sido decretar secuestro sobre 49174, tomo 1142, folio 54, sin que a la fecha haya notificado a nuestra representada, el auto ejecutivo.

Sexto: El Juzgado Ejecutor del BANCO NACIONAL DE PANAMA, ha embargado las fincas 33284, 33285, 33286, 33287, 33288, 33289, 33291, 33292, 33203 TODAS DE O.D., cuyo valor supera el monto de la acreencia de dicha entidad del Estado, sin embargo se insiste en rematarle a nuestra representada como si no hubiese recuperado un solo dólar.

Séptimo: Consta a fojas 123 que las empresa demanda cedió 223,393.33 de un contrato, suscrito con el Gobierno, sin embargo el BNP pretende rematar la propiedad de nuestra representada como si no existiesen dichos documentos. Incluso a fojas 207 y 209 consta la actuación del BNP aceptando en su momento la cesión...

...Por tal razón solicitamos se levante el embargo que pesa sobre la finca 49174 propiedad de nuestra representada, por haber exceso entre lo recuperado por el BNP a través de las fincas 33284, 33285, 33286, 33287, 33288, 33289, 33291, 33292, 33203 y la cesión de pago...

CONTESTACIÓN DE LA ENTIDAD EJECUTANTE

A foja 6 del expediente, consta la contestación de la demanda por parte del Banco Nacional de Panamá, indicando lo siguiente:

Como se puede apreciar en el expediente de Cobro Coactivo, a partir del 1 de julio de 2011, cuando se presentó el Poder Especial por parte de la demandada, los abogados han interpuestos sendas acciones, como lo son Incidente de Caducidad Extraordinaria de la Instancia y Excepción de prescripción, ambos presentados el 4 de agosto de 2011 y Rechazados de Plano por la S. Tercera mediante fallo de 27 de noviembre de 2013 el primero y el fallo de 22 de enero de 2014 el segundo.

Posteriormente, el día 17 de julio de 2014, se realiza diligencia de inspección y avaluó de la finca 49173 de la Provincia de Panamá, propiedad de la Sra. L.M.M. de R., esta se realizó con la anuencia de la parte y su apoderado judicial sin que se presentara objeción de ningún tipo y se fija fecha de remate para el 7 de noviembre de 2014.

Con la finalidad de suspender el remate programado, la parte actora presenta Advertencia de Inconstitucionalidad del artículo 1701 del Código Judicial el 31 de octubre de 2014, un Incidente de nulidad y otra vez excepción de prescripción, en esa misma fecha.

Todas las acciones fueron resueltas de la siguiente forma: -la Advertencia de Inconstitucionalidad mediante fallo de pleno de 8 de abril de 2015, por el cual NO SE ADMITE la misma-El incidente de Nulidad fue declarado no viable por E. por la S. Tercera, el 14 de septiembre de 2015; -la Excepción de Prescripción fue rechazada de plano (nuevamente) por extemporánea mediante fallo de 12 de marzo de 2015.

Luego de la prolífica participación de la representación judicial de la Sra. M., podemos llegar a la conclusión que aun si tuviera un fundamento real de hechos, el presente incidente debe ser rechazado de plano a la luz del artículo 701 antes citado...

CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

De conformidad con el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 38 de 2000, la Procuraduría de la Administración, procedió a emitir su concepto en interés de la ley, mediante su Vista Número 1075 de 15 de octubre de 2019, indicando lo siguiente:

"En primer lugar debemos tener presente que, en efecto, del contenido de todos los pagarés suscritos entre la empresa Construcciones y Servicios Generales, S. y el Banco Nacional de Panamá en concordancia con lo establecido en el artículo 1024 del Código Civil, se deduce claramente que nos encontramos ante una obligación de naturaleza solidaria y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 1721 del referido cuerpo normativo, que en su primer párrafo señala que:

Artículo 1712: La interrupción de la prescripción de acciones en las obligaciones solidarias aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y deudores...

De lo expuesto en la citada norma, se evidencia que la notificación de O.D.V.d.A. que libró mandamiento de pago, verificada el 23 de diciembre de 1992, se le aplica a los demás ejecutados; es decir, tanto a la deudora, como a los codeudores solidarios.

De allí que a L.M.M. de R. se le debía aplicar esta regla de manera conjunta con lo dispuesto en el artículo 701 del Código Judicial...

...De la norma antes trascrita podemos concluir, que desde el 23 de diciembre de 1992, fecha en la que D.V. se dio por notificado del Auto que libró mandamiento de pago, hasta el 31 de octubre de 2014, momento en que L.M.M. de R. promovió el incidente de nulidad por indebida notificación que ya fue resuelto por el Tribunal, a través del Auto de 14 de septiembre de 2015, que transcribiremos más abajo, se desprende sin lugar a dudas, que le ejecutada tuvo inmediato conocimiento del proceso seguido en su contra por el Banco Nacional de Panamá, y esa actuación es considerada de acuerdo a la disposición citada, una gestión posterior, razón por la cual estimamos que el incidente bajo análisis debe ser rechazado de plano, por extemporáneo...

Aunado a todo lo expuesto, para esta Procuraduría resulta necesario llamar la atención del Tribunal en el sentido que en el transcurso de todo el proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Banco Nacional de Panamá le sigue a L.M.M. de R., ésta ha promovido distintas acciones (excepción de prescripción, advertencia de ilegalidad, incidente de caducidad de la instancia, entre otras) con el claro objetivo de dilatar la causa que se examina.

Con respaldo de nuestra posición, tenemos el Auto de 11 de enero de 2019, que es idéntico al incidente en estudio, en el que incluso, el Tribunal utilizó como fundamento el artículo 701 del Código Judicial para rechazarlo de plano. En esa Resolución, el Magistrado A.A.Z., indicó lo siguiente:

"El licenciado E.M., quien actúa en representación de la señora L.M.M. de R., ha interpuesto incidente de levantamiento de embargo, dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue al Banco Nacional de Panamá a Servicios y Construcciones Generales, S., O.D.V. y L.M.M. de R..

Encontrándose la presente incidencia en etapa de admisión, este Tribunal procede a realizar un examen de rigor.

Inicialmente, debemos señalar que el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, mediante el Auto No. 932 de 8 de julio de 1992, libró mandamiento de pago contra la sociedad denominada SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GENERALES, S. y los señores O.D.V. y L.M.M. de R., hasta la suma de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA BALBOAS CON 66/100 (B/.194,940.66), en concepto de capital, intereses vencidos, gastos de cobranza, más los intereses que se causen hasta la total cancelación de la obligación.

Con el fin de oponerse al cobro de la obligación, el licenciado E.M. en sustitución del abogado M.E.R., y en representación de la señora L.M.M. de R., el día 18 de octubre de 2018, presenta junto con otras acciones, incidente de levantamiento de embargo ante el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, que nos ocupa. (Cfr fojas 2 a 6 del expediente judicial).

En este punto es importante advertir, que la recurrente ha presentado ante esta S. varios incidentes y acciones, dentro del presente proceso ejecutivo por cobro coactivo previamente que no han prosperado, al igual que ocurre en este caso, ya que el levantamiento de embargo pretendido tiene como uno de sus fundamentos un hecho que ya ha sido objeto de análisis con anterioridad, como lo es la falta de notificación del proceso, que se le ha reiterado que se dio por conducta concluyente, de acuerdo con los fallos de 22 de enero de 2014, 11 de mayo de 2017 y 4 de mayo de 2018, emitidos por esta Corporación de Justicia dentro del mismo negocio jurídico. (Cfr. fojas 18 a 21, 516 a 520 y 625 a 627 del expediente ejecutivo).

De igual forma, debemos indicar, que el término para presentar incidencias dentro de un proceso no es ilimitado, y debe rechazarse de plano, cuando el tema objeto de incidencia ha sido de conocimiento del actor sin que este haya accionado oportunamente o haya sido resuelto previamente, ambos supuestos que ocurren en este caso, de conformidad con el artículo 701 del Código Judicial. La norma en comento es del tenor siguiente:

Artículo 701. Todo incidente que se origine de un hecho que acontezca durante el proceso, deberá promoverse tan pronto como el hecho llegue a conocimiento de la parte respectiva.

Si en el proceso constare que el hecho ha llegado a conocimiento de la parte y ésta hubiere practicado con posterioridad una gestión, el incidente promovido después será rechazado de plano, salvo que se tratare de alguno de los vicios o circunstancias a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior, caso en el cual se ordenará que se practiquen las diligencias necesarias para que el proceso siga su curso legal.

También rechazará el juez de plano el incidente que se refiere a puntos ya resueltos en otro o cuando se está tramitando otro por la misma causa o cuando, a pesar de fundamentarse con una distinta, éste haya podido alegarse en el anterior.

Así las cosas, reiteramos, que el tema de la notificación ha sido objeto de análisis en varios acciones interpuestas por la actora, en la que se evidencia que la misma se dio por conducta concluyente, además de que las actuaciones de la recurrente demuestran el conocimiento que tiene de la situación e insiste en reclamarla fuera del término para su presentación oportuna, con el fin de dilatar el proceso, por lo que cabe hacer un llamado de atención a sus apoderados especiales de que no deben seguir presentando este tipo de incidencias, ya que es evidente un abuso en el uso de recursos legales para evitar la ejecución del Banco Nacional de Panamá contra la señora L.M.M. de R., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 467 del Código Judicial, el cual es del tenor siguiente:

Artículo 467. Las partes deben comportarse con lealtad y probidad durante el proceso y el juez hará uso de sus facultades para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta e ineficaz del litigio o cuando se convenza de que cualquiera de las partes o ambas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley.

La norma en referencia como se desprende de su texto y espíritu, manifiesta que el abogado y la parte deben actuar en el proceso siguiendo el principio de buena fe.

Po otro lado, con respecto al supuesto exceso de los bienes embargados por el Banco Nacional de Panamá que también alega la recurrente, es importante indicar que carece de un sustento factico jurídico, más allá de intentar evitar la ejecución de la finca propiedad de la señora L.M.M.R., aparte que el Banco Nacional podrá ejecutar los bienes de cualquiera de los deudores solidarios, dependiendo de su disponibilidad, de conformidad con el artículo 1031 del Código Civil, que es del tenor siguiente:

"Artículo 1031. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios, o contra todos ellos simultáneamente.

Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo.

Cabe agregar que, el Banco Nacional de Panamá, actúa con el objeto de garantizar el cobro de la obligación perseguida hasta el monto que le corresponde, por lo que puede ejecutar a cualquiera de los deudores hasta satisfacer dicha deuda que suscribieron, sin exceder la misma.

En mérito de lo expuesto, la S. Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el incidente de levantamiento de embargo, presentado por el Licenciado E.M., quien actúa en representación de la señora L.M.M. de R., dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue al Banco Nacional de Panamá a Servicios y Construcciones Generales, S., O.D.V. y L.M.M. de R.."

Una vez culminado el estudio de la presente causa, este Despacho solicita respetuosamente a los Honorables Magistrados se sirvan DECLARAR COSA JUZGADA el incidente de levantamiento de embargo, interpuso por el Licenciado M.E.R., actuando en nombre y representación de L.M.M. de R., dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá-Área Central."

CRITERIO Y DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Luego de evacuados los trámites de rigor conforme a la ley, realizada la audiencia y examinadas las constancias probatorias, procede esta máxima Corporación de Justicia a resolver el presente negocio; no sin antes, hacer las siguientes precisiones y consideraciones, respecto a elementos que inciden en la decisión de fondo.

En primer término, la señora L.M.M. de R. es solidariamente responsable con la empresa Construcciones y Servicios Generales, S., de acuerdo a lo establecido en el artículo 1712 del Código Civil, pues la interrupción de la prescripción de acciones en las obligaciones solidarias aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y deudores.

En ese sentido, es pertinente mencionar que el señor O.D.V. se notificó el 23 de diciembre de 1992 del Auto que libró mandamiento de pago, por lo tanto, esto aplica a la señora L.M.M. de R..

Ahora bien, fue hasta el 31 de octubre de 2014 que la señora L.M.M. de R., promovió un incidente de nulidad por indebida notificación que fue resuelto a través del Auto de 14 de septiembre de 2015; pues siendo este el escenario se aplica el artículo 701 del Código Judicial que indica que Todo incidente que se origine de un hecho que acontezca durante el proceso, deberá promoverse tan pronto como el hecho llegue a conocimiento de la parte respectiva. Y si en el proceso constare que el hecho ha llegado a conocimiento de la parte y ésta hubiere practicado con posterioridad una gestión, el incidente promovido después será rechazado de plano, situación que se vio configurada en este caso en específico.

El citado Fallo de 14 de septiembre de 2015, indica lo siguiente:

"I. FUNDAMENTO DEL INCIDENTE:

La parte actora fundamenta su solicitud en los siguientes hechos:

Primero: La presente causa se fundamenta en el Contrato de Préstamo, con garantías personales, que tiene como base una serie de PAGARES otorgados por los deudores, entre las fechas de 9 de agosto de 1984, 15 de octubre de 1984, 16 de enero de 1985 y 28 de febrero de 1985.

Segundo: Conforme al Auto Ejecutivo, o que libra mandamiento de pago por esta vía coactiva, a la fecha del 15 de enero de 1991, la deuda acumulada de los referidos PAGARES ascendía a la suma de B/.108,455.22 en concepto de capital y B/.85,985.44 en concepto de intereses acumulados.

TERCERO: EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, por medio de su JUEZ EJECUTOR, y en uso de la jurisdicción coactiva conferida por la ley, dicto (sic) el Auto N°932 de 8 de julio de 1992, mediante la cual esta institución, Libra Mandamiento de Pago en contra de los demandados, por la suma de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA BALBOAS CON 66/100 (B/.194,940.66), en concepto de capital, intereses y gastos de cobranza en contra de los demandados, como saldo resultante de relación (sic) contractual bancaria de préstamo garantizada como documento negociables.

Cuarto: La referida resolución judicial no fue notificada a nuestra representada.

Quinto: La obligación que se reclama en este proceso, resulta de una relación jurídica mercantil de préstamo bancario.

Sexto: De acuerdo al artículo 1652 numeral 7 del Código de Comercio, las acciones derivadas de las relaciones comerciales de préstamo bancario prescriben en el plazo de tres -3- años contados a partir desde la fecha en la que la obligación fue exigible.

Séptimo: La obligación ejecutada en este proceso se encuentra prescrita y por ende, debe declarase su extinción legal y, en consecuencia, el levantamiento de las medidas cautelares.

Octavo: El Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá-Área Central notificó personalmente al Licenciado M.R., apoderado de una de las demandadas de la fecha de remate, sin embrago no hay constancia en el expediente de que se hubiere realizado el mismo trámite de notificación a los demás demandados, lo cual los coloca en indefensión y, en consecuencia, perjudica sus derechos y actividad procesal

Noveno: El artículo 732 del Código Judicial establece que los actos procesales no podrán anularse por causas distintas a las consagradas en la Ley y en el artículo 733 de la misma excerta legal se enlista numerus clausus cuales son las causales de nulidad, entre las que se encuentra la falta de notificación (numeral 5).

  1. CONTESTACIÓN DEL INCIDENTE:

    El Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, a través de su representante judicial contestó el presente incidente, mediante escrito visible a fojas 4 a 9 y del expediente.

    En el mismo éste, sustenta su defensa en los siguientes términos:

    En primer lugar vemos que la excepción fue presentada el día treinta y uno (31) de octubre de 2014, por el Licenciado M.R., abogado sustituto de la Señora L.M.M. de R., en virtud del Poder presentado el día 1 de julio de 2011, luego, el día 5 de julio de 2011 se recibe solicitud de copia del expediente contentivo del proceso y dichas copias fueron recibidas por el abogado sustituto el día 6 de julio de 2011, configurándose toda esta sucesión de actos como un medio de notificación tácita o Conducta Concluyente, la cual ya fue demostrada mediante fallo de 22 de enero de 2014, emitido por la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, por el cual se RECHAZA DE PLANO, la Excepción de Prescripción presentada por la representación judicial de la Sra. L.M.M. de R. de manera extemporánea el día 4 de agosto de 2011.

    ...

    Siendo así, podrá la S. colegir, que el incidente presentado por el Licenciado R. en el que solicita la nulidad de lo actuado a partir del Auto No.932 de 8 de julio de 1992, es extemporáneo y debe ser Rechazado de Plano por esta condición.

    En cuanto a la extemporaneidad del Incidente presentado por la ejecutada, nos permitimos señalar el fallo de señalamos el fallo (sic) de 22 de diciembre de 2008, con la ponencia del Magistrado V. dentro del INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO, INTERPUESTOS (SIC) POR EL LICENCIADO R.G.G., ACTUANDO EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ...

    Luego de analizar la extemporaneidad del Incidente, podemos decir que si, ya anteriormente la S. Tercera Rechazó por Extemporánea una Excepción de Prescripción cuyo término para presentarse luego de la notificación es de ocho (8) días establecido en el artículo 1682 del Código Judicial, con mayor razón debe rechazarse este Incidente cuyo término de presentación es de tan solo dos (2) días, lo que nos hace pensar que el objetivo de éste es solo dilatar el proceso, porque como se puede apreciar a foja 377 de las copias del expediente, el Juzgado Ejecutor había fijado fecha de remate para el día siete (7) de noviembre de dos mil catorce (2014) y si vemos la fecha de presentación (31 de octubre ), sólo había un día hábil de diferencia entre en remate y la presentación del Incidente de Nulidad.

    Ahora bien, aún si fuera admitido el Incidente, quisiéramos agregar, en defensa de la entidad que represento, que la S.L.M.M. de R., fue debidamente notificada del proceso en su contra por conducta concluyente el primero (1) de julio de 2011, tal como lo estableció el fallo de 22 de enero de 2014 antes citado y visibles a fojas 292 a 295. El resto de las notificaciones hechas a las partes fue de manera establecida en el artículo 1001 del Código Judicial, es decir por medio de edicto fijado en la secretaría del Juzgado Ejecutor, visible a fojas 299, 306, 338 y 380 del expediente de ejecución.

    La notificación realizada personalmente al abogado de la Sra. L.M., de la resolución en que se fijaba fecha de remate (vivible al reverso de la fj.337), se hizo por una política interna del Banco Nacional de Panamá a fin de poner en alerta a la propietaria del bien inmueble a rematar, ya que esta resolución, no aparece en el listado de aquellas que se deben notificar personalmente. Por tanto no compartimos el criterio del incidentista de que el otro demandado queda en indefensión, ya que el mismo fue notificado por medio de edicto visible a foja 338.

  2. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN:

    El señor P. de la Administración, mediante la Vista No.176 de 1 de abril de 2015, sostuvo entre otras cosas lo siguiente:

    "En efecto, del contenido de todos los pagarés suscritos entre la empresa Construcciones y Servicios Generales, S., y el Banco Nacional de Panamá en concordancia con lo establecido en el artículo 1024 del Código Civil, se deduce claramente que nos encontramos ante una obligación de naturaleza solidaria y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 1721 dl referido cuerpo normativo, que en su primer párrafo señala: ....

    De lo expuesto en la norma citada, se evidencia que la notificación a O.D.V.d.A. que libró mandamiento de pago, verificada el 23 de diciembre de 1992, se le aplica a los demás ejecutados; es decir, tanto a la deudora, como a los codeudores solidarios.

    De igual forma agrega el P., que: de allí que la actora debía aplicar esta regla de manera conjunta con lo dispuesto en los artículos 700 y 701 del supra citado Código Judicial, que señalan que todo incidente que se origine de hecho que acontezca durante el proceso, deberá promoverse tan pronto como le hecho llegue a conocimiento de la parte respectiva, destacando que, si en el proceso constare que el hecho ha llegado a conocimiento de la parte y ésta hubiere practicado con posterioridad una gestión, el incidente promovido después será rechazado de plano.

  3. DECISIÓN DE LA SALA TERCERA:

    Luego de un examen prolijo de los elementos probatorios aportados por las partes en el presente negocio, la S. procede a externar las siguientes consideraciones.

    Observa esta Judicatura, que no le asiste la razón al incidentista, por tanto yerra éste, al señalar que la obligación ejecutada en este proceso se encuentra prescrita y por ende, debe declararse su extinción legal. Así lo advierte la defensa del Banco Nacional de Panamá cuando señala que otrora, el incidentista ya había presentado una excepción de prescripción ante la S. III y esta había sido rechazada de plano por la Corte Suprema de Justicia.

    Al revisar los antecedente adjuntos al expediente judicial, pudimos observar que es correcto los señalamientos del apoderado judicial del Banco Nacional de Panamá, ya que mediante Sentencia de 22 de enero de 2014, la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, rechazó de plano por extemporánea la excepción de prescripción presentada por el licenciado M.Á.R. en representación de LUZ MARÍA MENDOZA DE R., dentro del proceso por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá a Construcciones y Servicios Generales, S.

    Tal como en su momento lo explicara el señor P. de la Administración, que, de las normas transcritas (Artículos 700 y 701 del Código Judicial), se concluye que, desde el 23 de diciembre de 1992, fecha en que O.D.V. (codeudor de la obligación), se dio por notificado del Auto que libró mandamiento de pago, hasta el 31 de octubre de 2014, momento en que L.M.M.D.R., promovió el incidente de nulidad por indebida notificación bajo análisis, ha transcurrido con creces el término de dos (2) días al que se refiere el artículo 700 del Código Judicial ya citado, razón por la cual debe declararse no viable por extemporáneo, el presente incidente de nulidad.

    En consecuencia, la Magistrada Sustanciadora, actuando en representación de la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara NO VIABLE POR EXTEMPORÁNEO, el incidente de nulidad interpuesto por el Licenciado M.E.R., en representación de LUZ MARÍA MENDOZA DE R., dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue EL Banco Nacional de Panamá, a la sociedad Construcciones y Servicios Generales, S., y otros" (La negrita es nuestra)

    Es importante destacar que dentro de este proceso se han presentado excepciones de prescripción, advertencia de ilegalidad, incidente de caducidad de la instancia, entre otras, y prueba de ello es, que ya dentro del Auto de 11 de enero de 2019, que resolvió un incidente que es igual al presentado, el cual indica lo siguiente:

    "Encontrándose la presente incidencia en etapa de admisión, este Tribunal procede a realizar un examen de rigor.

    Inicialmente, debemos señalar que el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, mediante el Auto No. 932 de 8 de julio de 1992, libró mandamiento de pago contra la sociedad denominada SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GENERALES, S. y los señores O.D.V. y L.M.M. de R., hasta la suma de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA BALBOAS CON 66/100 (B/.194,940.66), en concepto de capital, intereses vencidos, gastos de cobranza, más los intereses que se causen hasta la total cancelación de la obligación.

    Con el fin de oponerse al cobro de la obligación, el licenciado E.M. en sustitución del abogado M.E.R., y en representación de la señora L.M.M. de R., el día 18 de octubre de 2018, presenta junto con otras acciones, incidente de levantamiento de embargo ante el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, que nos ocupa. (Cfr fojas 2 a 6 del expediente judicial).

    En este punto es importante advertir, que la recurrente ha presentado ante esta S. varios incidentes y acciones, dentro del presente proceso ejecutivo por cobro coactivo previamente que no han prosperado, al igual que ocurre en este caso, ya que el levantamiento de embargo pretendido tiene como uno de sus fundamentos un hecho que ya ha sido objeto de análisis con anterioridad, como lo es la falta de notificación del proceso, que se le ha reiterado que se dio por conducta concluyente, de acuerdo con los fallos de 22 de enero de 2014, 11 de mayo de 2017 y 4 de mayo de 2018, emitidos por esta Corporación de Justicia dentro del mismo negocio jurídico. (Cfr. fojas 18 a 21, 516 a 520 y 625 a 627 del expediente ejecutivo).

    De igual forma, debemos indicar, que el término para presentar incidencias dentro de un proceso no es ilimitado, y debe rechazarse de plano, cuando el tema objeto de incidencia ha sido de conocimiento del actor sin que este haya accionado oportunamente o haya sido resuelto previamente, ambos supuestos que ocurren en este caso, de conformidad con el artículo 701 del Código Judicial. La norma en comento es del tenor siguiente:

    Artículo 701. Todo incidente que se origine de un hecho que acontezca durante el proceso, deberá promoverse tan pronto como el hecho llegue a conocimiento de la parte respectiva.

    Si en el proceso constare que el hecho ha llegado a conocimiento de la parte y ésta hubiere practicado con posterioridad una gestión, el incidente promovido después será rechazado de plano, salvo que se tratare de alguno de los vicios o circunstancias a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior, caso en el cual se ordenará que se practiquen las diligencias necesarias para que el proceso siga su curso legal.

    También rechazará el juez de plano el incidente que se refiere a puntos ya resueltos en otro o cuando se está tramitando otro por la misma causa o cuando, a pesar de fundamentarse con una distinta, éste haya podido alegarse en el anterior.

    Así las cosas, reiteramos, que el tema de la notificación ha sido objeto de análisis en varios acciones interpuestas por la actora, en la que se evidencia que la misma se dio por conducta concluyente, además de que las actuaciones de la recurrente demuestran el conocimiento que tiene de la situación e insiste en reclamarla fuera del término para su presentación oportuna, con el fin de dilatar el proceso, por lo que cabe hacer un llamado de atención a sus apoderados especiales de que no deben seguir presentando este tipo de incidencias, ya que es evidente un abuso en el uso de recursos legales para evitar la ejecución del Banco Nacional de Panamá contra la señora L.M.M. de R., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 467 del Código Judicial, el cual es del tenor siguiente:

    Artículo 467. Las partes deben comportarse con lealtad y probidad durante el proceso y el juez hará uso de sus facultades para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta e ineficaz del litigio o cuando se convenza de que cualquiera de las partes o ambas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley.

    La norma en referencia como se desprende de su texto y espíritu, manifiesta que el abogado y la parte deben actuar en el proceso siguiendo el principio de buena fe.

    Po otro lado, con respecto al supuesto exceso de los bienes embargados por el Banco Nacional de Panamá que también alega la recurrente, es importante indicar que carece de un sustento factico jurídico, más allá de intentar evitar la ejecución de la finca propiedad de la señora L.M.M.R., aparte que el Banco Nacional podrá ejecutar los bienes de cualquiera de los deudores solidarios, dependiendo de su disponibilidad, de conformidad con el artículo 1031 del Código Civil, que es del tenor siguiente:

    Artículo 1031. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios, o contra todos ellos simultáneamente.

    Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo.

    Cabe agregar que, el Banco Nacional de Panamá, actúa con el objeto de garantizar el cobro de la obligación perseguida hasta el monto que le corresponde, por lo que puede ejecutar a cualquiera de los deudores hasta satisfacer dicha deuda que suscribieron, sin exceder la misma.

    En mérito de lo expuesto, la S. Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el incidente de levantamiento de embargo, presentado por el licenciado E.M. quien actúa en representación de la señora L.M.M. de R., dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue al Banco Nacional de Panamá a Servicios y Construcciones Generales, S., O.D.V. y L.M.M. de R..

    Ahora bien, ante esta perspectiva, se tiene como consecuencia directa que la causa ya fue juzgada, pues cuenta con una sentencia sobre su legalidad que fue dictada por la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pues una vez este asunto fue decidido no puede juzgarse de nuevo dentro del mismo proceso o en otro distinto.

    El citado Auto de 11 de enero de 2019, RECHAZÓ DE PLANO el incidente de levantamiento de embargo, presentado por el Licenciado E.M. quien actúa en representación de la señora L.M.M. de R., dentro del proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue al Banco Nacional de Panamá a Servicios y Construcciones Generales, S., O.D.V. y L.M.M. de R., por tanto, no es posible emitir un nuevo pronunciamiento de fondo y desconocer lo resuelto en el mencionado proceso, porque se trata en ambos casos de acciones promovidas con el mismo objeto; y por prohibición expresa de la Constitución Política, que en su artículo 206 preceptúa que las sentencias que dicte la S. Tercera son finales, definitivas y obligatorias, concordante con el artículo 99 del Código Judicial, que señala lo siguiente:

    "Artículo 99. Las sentencias que dicte la S. Tercera, en virtud de lo dispuesto en esta Sección, son finales, definitivas y obligatorias; no admiten recurso alguno, y las de nulidad deberán publicarse en lo Gaceta Oficial".

    Asimismo, el artículo 206 de la Constitución Política de la República de Panamá, en cuanto a las decisiones emitidas por la jurisdicción Contencioso-Administrativa, establece lo siguiente:

    "Artículo 206. La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:

    ...

    1. La jurisdicción contencioso-administrativa respecto de los actos, omisiones, prestación defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos y autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas. A tal fin, la Corte Suprema de Justicia con audiencia del P. de la Administración, podrá anular los actos acusados de ilegalidad; restablecer el derecho particular violado; estatuir nuevas disposiciones en reemplazo de las impugnadas y pronunciarse prejudicialmente acerca del sentido y alcance de un acto administrativo o de su valor legal.

    Podrán acogerse a la jurisdicción contencioso-administrativa las personas afectadas por el acto, resolución, orden o disposición de que se trate; y, en ejercicio de la acción pública, cualquier persona natural o jurídica domiciliada en el país.

    ...

    Las decisiones de la Corte en el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial". (lo resaltado es de la S. Tercera)

    Por otro lado, es importante advertir, que la recurrente ha presentado ante esta S. varias excepciones e incidencias dentro del presente proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo, ya que han sido rechazadas por este Tribunal Jurisdiccional Administrativo, por haberse vencido el término para su presentación oportuna, como se señaló en la excepción de novación, inexistencia y prescripción de la obligación, en el incidente de levantamiento de embargo y el incidente de nulidad, todas interpuestas por el licenciado E.M., en representación de la señora L.M.M. de R., dentro del proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá a Servicios y Construcciones Generales, S., O.D.V. y L.M.M. de R.; identificados con el número de expediente 1357-28, 1358-18 y 1359-18, que guarda relación directa con este caso y que fueron rechazadas de plano por ser acciones evidentemente dilatorias, como quedó consignado en las resoluciones de 11 de enero de 2019 y 15 de enero de 2019 respectivamente, emitidas por esta Corporación de Justicia.

    En esta ocasión, la S. debe reiterarle a la accionante y su apoderado judicial nuevamente que no deben seguir prestando acciones dilatorias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 467 del Código Judicial, del cual se infiere que las partes deben de actuar de buena fe, la norma en comento es del tenor siguiente:

    Artículo 467. Las partes deben comportarse con lealtad y probidad durante el proceso y el juez hará uso de sus facultades para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta e ineficaz del litigio o cuando convenza de que cualquiera de las partes o ambas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley.

    Igualmente es importante destacar que el incidentista ha llevado a cabo un abuso de los recursos legales para evitar la ejecución del Banco Nacional de Panamá contra la señora L.M.M.R., sin argumentos jurídicos viables, lo que va en detrimento de la justicia de cobro coactivo y de las conductas procesales que deben llevar las partes en un litigio.

    Entonces, al RECHAZAR DE PLANO el incidente de levantamiento de embargo, presentado por el Licenciado E.M. quien actúa en representación de la señora L.M.M. de R., dentro del proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue al Banco Nacional de Panamá a Servicios y Construcciones Generales, S., O.D.V. y L.M.M. de R., a través del Auto de 11 de enero de 2019, proferido por la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, no puede ser variada ni revisada mediante ningún otro recurso o pronunciamiento, por lo tanto, este Tribunal se ve precisado a declarar NO VIABLE, el incidente presentado.

    PARTE RESOLUTIVA.

    En consecuencia, la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el Incidente de Levantamiento de Embargo, presentado por el Licenciado M.E.R., actuando en nombre y representación De L.M.M. de R., dentro del proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo instaurado por el Banco Nacional de Panamá en Contra de Construcciones y Servicios Generales, S.R.D.E., O.D.V. y L.M.M. y ORDENA el archivo del expediente

    N.,

    LUIS RAMÓN FÁBREGA S.

    CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES----CECILIO CEDALISE RIQUELME

    KATIA ROSAS (Secretaria)

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