Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 12 de Agosto de 1994

PonenteEDGARDO MOLINO MOLA
Fecha de Resolución12 de Agosto de 1994
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

La firma forense SUCRE, ARIAS, CASTRO Y REYES, en representación del BANCO EXTERIOR, S.A., ha interpuesto Incidente de Devolución de Diferencia de Intereses dentro del juicio ejecutivo que por cobro coactivo le siguió la Caja de Seguro Social al Banco Exterior, S. A.

El incidentista esgrimió los hechos en virtud de los cuales fundamentó su pretensión de la siguiente manera:

"PRIMERO: Mediante auto de 22 de mayo de 1987, su Despacho decretó secuestro sobre bienes del BANCO EXTERIOR, hasta por la suma de B/.421,204.40.

SEGUNDO

En virtud de tal secuestro se sacaron del comercio bienes inmuebles del BANCO EXTERIOR, S.A. y se retuvieron pagos a dicho banco por valor de la suma de B/.421,204.40.

TERCERO

El día 9 de julio de 1991, estando vigente dicho secuestro se dictó la Ley Nº 15, cuyo artículo 6º subrogó el artículo 526 del Código Judicial que en la parte final de su numeral 4º establece:

`LAS SUMAS DE DINERO SECUESTRADAS Y QUE DEPOSITADAS EN EL BANCO NACIONAL O EN ALGUNA OTRA ENTIDAD BANCARIA, CONTINUARAN DEVENGANDO LOS INTERESES PACTADOS PAGADEROS A LA ENTREGA DEL DINERO DEPOSITADO' (sic).

CUARTO

En virtud de orden impartida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; mediante Autos de 26 de junio de 1992 y 6 de enero de 1993, su Despacho, mediante Resolución Nº 087-93 de 1º de marzo de 1993, accedió a levantar el referido secuestro y en virtud de ello, el día 30 de abril del presente año, se devolvió la suma de B/.420,819.21.

QUINTO

Se omitió la devolución de la diferencia, que asciende a la suma de B/.385.19, y los intereses causados a partir de la vigencia de la Ley Nº 15 de 1991".

En atención a lo expuesto, el actor requiere:

"

  1. La devolución a favor del BANCO EXTERIOR, S.A. de las sumas de dinero que resultan de la diferencia entre la cantidad retenida por razón del secuestro y la cantidad que efectivamente se devolvió en virtud de la orden impartida por su Auto de 1º de marzo de 1993; y

  2. Que se ordene el pago, a favor del BANCO EXTERIOR, S.A., de los dineros que representen los intereses correspondientes al dinero retenido en virtud de dicho secuestro, a partir de la vigencia de la Ley 15 de 9 de julio de 1991 cuyo artículo 6º subrogó el artículo 526 del Código Judicial. Intereses que según nuestro cálculos ascienden a la suma de B/.54,136.47".

    Por su parte, el Licenciado L.E.C., en representación de la entidad ejecutante en este proceso, con relación al punto a de la solicitud pretranscrita, accede al pago de las sumas retenidas que ascienden a B/.385.19 solamente, tal como se aprecia en el hecho quinto del libelo de la contestación del incidente en referencia, legible a foja Nº 7 del presente expediente.

    No obstante, en lo concerniente a los intereses peticionados, el ente de seguridad social estima que no le asiste razón a los apoderados del Banco Exterior, por cuanto que:

    1. El secuestro fue practicado con antelación a la vigencia de la Ley 15 de 9 de julio de 1991, que en su artículo 6º ordinal 4º modificaba el texto del actual artículo 526 del Código Judicial, argumentando que dicho precepto no tiene efectos retroactivos.

    2. Considera la Caja de Seguro Social que aun si se procediera a aplicar el contenido del artículo 526 de la excerta en comento, éste solamente debe afectar a la "Institución Bancaria que maneja la cuenta a secuestrarse" y no al Tribunal Ejecutor ni al demandante. En su opinión, la reforma del artículo 526 del Código Judicial fue concebida para evitar que los bancos omitieran el pago de los intereses pactados al dueño de la cuenta bancaria, una vez que se llevara a cabo el secuestro decretado.

      Añade el actor que "el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social no es una entidad bancaria que debe pagar intereses pactados entre el banco y sus cuentahabientes", ya que esto equivaldría a que "en un proceso donde se decreten medidas cautelares, los juzgados o el demandante tendrían que pagarle intereses al demandado en un proceso". (el subrayado es de la Corte).

      A su vez, la Procuraduría de la Administración señala la viabilidad del pago de la diferencia de los Trescientos Ochenta y Cinco Balboas con D. centésimos que le adeuda la Caja del Seguro Social al Banco Exterior, toda vez que no se le han devuelto los dineros sometidos a esta medida cautelar, en su totalidad.

      Ahora bien, con respecto al tema de los intereses peticionados por el actor que representan la suma total de B/.54,136.47, la Procuraduría de la Administración sostiene que ya que no se constituyó como depositario de dichos bienes muebles al mismo Banco Exterior, S.A. (quien en su concepto mantenía depositada la citada suma de dinero, hecho que no es cierto) la Caja de Seguro Social debió abrir una cuenta aparte en la cual depositara el dinero sujeto de secuestro, para que éstos continuaran devengando los intereses que percibían estando en el Banco Exterior, dado que dichas sumas de dinero fueron sacadas del comercio.

      En lo atinente al momento a partir de cual deben contabilizarse los intereses adeudados, la Procuraduría de la Administración estima que ello debe "entenderse desde el día de la entrada en vigencia de la Ley 15 de 1991", que de conformidad con su artículo 88, preceptúa que esta ley empezaría a regir un mes después de su promulgación, y que por lo tanto, los auditores de la Caja de Seguro Social y del Banco Nacional de Panamá, deben empezar a calcular los intereses debidos desde el 9 de agosto de 1991. Así las cosas, la precitada entidad concluye en consecuencia, que el pago de los intereses en controversia es igualmente viable y legal.

      Por último, el representante de la Caja de Seguro Social solicita a foja 20 y 21 del presente negocio la desestimación (de la contestación) del incidente propuesto, poniendo de relieve el siguiente argumento que reprodujimos a continuación para mayor ilustración:

      "Nótese que el Procurador de la Administración se allana a la pretensión principal del incidentista, actuación judicial que no tiene valor alguno, según lo dispone el Artículo 1101, numeral 3 del Código Judicial:

      ARTÍCULO 1101: No tendrá valor el allanamiento. ...

    3. Cuando el demandado sea una entidad de derecho público y su representante no tenga la debida autorización. ...

      Así mismo, tenemos lo dispuesto en el Artículo 883, numeral 2, que señala que no tendrá valor alguno la confesión hecha por el representante del Estado".

      Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera, entran a resolver la controversia planteada.

      En primer lugar, es indispensable tener presente el contenido exacto de la disposición invocada como transgredida por parte de la Caja de Seguro Social antes y después de la reforma que sufriera a través de la Ley Nº 15 de 9 de julio de 1991, para mayor comprensión de la contienda incoada:

      "Artículo 525. Recibida la petición de secuestro, admitida por el Juez la suficiencia de la caución y constituida la garantía ofrecida, procederá, sin audiencia del demandado así: ...

      En caso de que se secuestren sumas de dinero, valores o títulos al portador, o bonos del Estado, se depositarán en el Banco Nacional, salvo el caso de que esta clase de bienes se encuentren ya depositada en otro banco".

      "Artículo 526. Además de lo dispuesto en el artículo anterior, el depósito judicial también se constituye de la siguiente manera: ...

      4º Cuando un tercero tenga dinero, valores créditos, derechos u otros bienes muebles pertenecientes al demandado o presunto demandado, el depósito se entiende constituido cuando la orden judicial es entregada a dicho tercero, el cual queda de inmediato constituido en depositario judicial del bien o bienes respectivos, con las responsabilidades de la ley. En caso de secuestro de dinero, valores o títulos al portador, o bonos del Estado, el Juez ordenará que se remita al Banco Nacional de Panamá, salvo que se encuentre depositado en alguna entidad bancaria en cuyo caso ésta quedará constituida en depositaria. En estos casos el que reciba la orden de secuestro deberá extender también acuse de recibo, al momento de recibirla, indicando la fecha y la hora de su recepción y la firma, nombre y cargo de la persona que la recibe. Dentro de los dos días siguientes al recibo de la orden de secuestro, la persona o entidad que queda constituida en depositaria deberá dar respuesta al Tribunal poniendo a órdenes de éste la cosa secuestrada o indicándole cualquier circunstancia que de alguna manera afecte el debido cumplimiento de dicha orden.

      Las sumas de dinero secuestradas y que estén depositadas en el Banco Nacional o en alguna otra entidad bancaria, continuarán devengando los intereses pactados pagaderos a la entrega del dinero depositado". ..."

      La diferencia básica que se observa entre ambas normas en lo concerniente a la disputa que se surte en lo atinente a los intereses pactados requeridos, es precisamente la obligatoriedad del pago de intereses pactados sobre los dineros secuestrados que se introduce expresamente en la ley adjetiva a cargo del Banco Nacional u otro Banco en el cual se encuentren depositadas las sumas sujetas a la medida cautelar.

      Es importante resaltar, que las empresas Alleyco, S.A., Urbana de Expansión, S.A. y Provisa celebraron contrato de cesión de crédito a favor del Banco Exterior, S.A. los días 30 de mayo, 30 de junio y 15 de julio de 1987, sobre sumas de dinero que les debía hacer efectiva la Caja de Seguro Social. Derivado de esta operación comercial, la precitada entidad de seguridad social, asumió el pago al Banco Exterior, S.A. de las sumas sujetas a la cesión de crédito, los cuales se encontraban depositadas en la cuenta general Nº 1 de la Caja de Seguro Social, en el Banco Nacional de Panamá.

      La Caja de Seguro Social retuvo los cheques Nº 76706, 986837, 986813, 79611, 1004721, 1004745, 81133 emitidos para tales efectos el veinticinco de mayo, doce de junio, doce de junio, veinticuatro de junio, veintinueve de junio, veintinueve de junio, y dieciséis de julio de 1987 respectivamente, a raíz del mandato de 22 de mayo de 1987 emitido por el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social, como se observa que ocurrió a foja 14 del antecedente de ejecución coactiva. Ello fue reiterado por el Director de Contabilidad de la Caja de Seguro Social, en memorando de 26 de febrero de 1993, visible a foja 155, a propósito de secuestro ordenado por el mencionado Juzgado que efectuó la ejecución del Banco Exterior, S.A., legible a foja 11 del indicado antecedente.

      Los cheques en referencia fueron retenidos en Contabilidad de la Caja de Seguro Social, y puesto a disposición del Juzgado Ejecutor de esta entidad hasta el 5 de mayo de 1988, fecha en la que, de acuerdo al Jefe del Departamento de Programación y Control Financiero de la Caja de Seguro Social, se reintegraron estos fondos al Banco Nacional de Panamá. (Cfr. foja 117 y 118 expediente de la ejecución).

      Este reintegro de fondos significa que técnicamente fueron anulados los cheques retenidos por el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social en el Departamento de Contabilidad de esta entidad estatal; manteniéndose la suma de dinero secuestrada, depositada en la Cuenta General Nº 1 del Banco Nacional de Panamá.

      Posteriormente el Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social ordenó el levantamiento del secuestro sobre las sumas de dinero sujetas a esta medida cautelar mediante auto de 1 de marzo de 1993, debido a que previamente esta Sala de la Corte declaró probadas tanto la excepción de inexistencia del Título Ejecutivo que sirvió de base para la ejecución, como la excepción de pago de la única obligación contraída contentiva de la obligación solidaria de saldar las cuotas obrero patronales pendientes de la empresa Constructora Internacional, S.A., con la Caja de Seguro Social, cuya cuantía ascendía solamente a B/.90,315.24; tal como se observa a fojas 139 a la 147 del expediente de la ejecución.

      Las cuotas obrero patronales en referencia fueron canceladas por la citada empresa mediante cheque Nº 21033 de 2 de noviembre de 1984, tal como se aprecia en el informe del Director de Contabilidad de la Caja de Seguro Social de 26 de febrero de 1993 consultable a foja 155 del negocio de la ejecución, aunque los autos de 26 de junio de 1992 y 6 de enero de 1993 afirman que dichos pagos fueron realizadas por el Banco Exterior, S. A.

      Ahora bien, producto del levantamiento de esta medida cautelar por parte del Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social el 1º de marzo de 1993, ésta entidad ordenó al Departamento de Contabilidad la entrega al Banco Exterior, S.A., la suma de B/.420,819.21 depositada en el Banco Nacional de Panamá (Cfr. foja 161); transacción ésta que se hizo efectiva, mediante diligencia de 30 de abril de 1993 al señor P.M.R., apoderado judicial del Banco Exterior, S.A.E. diligencia, y las órdenes de pago se aprecian a fojas 168, 169 y 170 del expediente de la ejecución. No obstante, entre la cuantía retenida y la suma finalmente pagada, subsistió un remanente de B/.385.19 ya saldados por la Caja de Seguro Social a favor del Banco Exterior, S. A. mediante Orden Nº 41789 de 5 de octubre de 1993, recibido por el señor L.C. en representación del Banco Exterior, S.A., tal como se desprende de la lectura de las fojas 197, 198 y 199 del citado expediente coactivo. En atención a lo expresado, no procede el pago de los B/.385.19 a favor del Banco Exterior, S.A. debido a que estos ya fueron cancelados a esta entidad bancaria privada, tal como se observa a foja 197, 198 y 199 del expediente administrativo de la ejecución coactiva.

      De todo lo expuesto procede destacar que materialmente las sumas de dinero retenidas del Banco Exterior, S.A. por parte de la Caja de Seguro Social siempre estuvieron depositadas en la Cuenta General Nº 1 de la entidad ejecutante en el Banco Nacional de Panamá, la cual no genera intereses.

      El texto del artículo 525 del Código Judicial, modificado por la Ley 15 de 9 de julio de 1991, (actual artículo 526 de la precitada excerta legal) prevé precisamente la coyuntura que se presenta en virtud la cual, los Bancos, cuando se constituyen en depositarios de dineros secuestrados, no pueden obviar el pago de los intereses pactados; de lo contrario, se estaría perjudicando a las personas naturales o jurídicas cuyos patrimonios sean sometidos a secuestros o embargos de manera injustificada, o a los rigores del mantenimiento de éstos por un tiempo mayor al jurídicamente necesario para evitar que las pretensiones resulten ilusorias.

      Es importante resaltar, que la reforma que estatuye el pago de intereses sobre sumas secuestradas en el actual artículo 526 del Código Judicial es de carácter procesal, y, por lo tanto, su contexto se aplica a partir de su entrada en vigencia el 9 de agosto de 1991, a tenor de lo expresado en el artículo 32 del Código Civil.

      Debemos reiterar que como los B/.421,240.40 siempre estuvieron de manera real o material depositadas en el Banco Nacional de Panamá, éste ente créditicio se convirtió automáticamente en el depositario de los dineros secuestrados al tenor del artículo 525 reformado en el texto del actual artículo 526 del Código Judicial -aplicable desde su vigencia, aunque carece de responsabilidad en el pago de los intereses al Banco Exterior, S.A., porque sobre el dinero secuestrado no existía pacto de intereses entre el depositario y la sociedad secuestrada (Banco Exterior, S. A.).

      En otro orden de ideas, se plantea en este proceso una interesante situación a fojas 20 y 21 del expediente bajo estudio, cual es la controversia que se surte en lo concerniente a la posición que debe adoptar el señor Procurador de la Administración, dentro de la contiendas planteadas en los juicios ejecutivos por cobro coactivo.

      En relación a este aspecto, debemos partir de la siguiente premisa lógico jurídica. No existe norma expresa que le atribuya al Procurador de la Administración la función de actuar en forma determinada en los procesos ejecutivos por cobro coactivo, por ende, en el ordenamiento positivo no encontraremos una disposición que exprese el interés que debe defender este funcionario.

      En el artículo 348 existen fundamentalmente dos (2) intereses contrapuestos en virtud de los cuales debe intervenir el Procurador de la Administración, de acuerdo al proceso incoado ante esta jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es así como su participación se ceñirá a la debida aplicación de la Ley o la defensa de los actos que emita la Administración Pública recurrida ante esta Corporación.

      Dentro del Proceso Ejecutivo por Jurisdicción Coactiva intervienen los siguientes sujetos:

  3. La entidad pública que tiene el derecho de cobro coactivo en un doble matiz, de Juez y parte ejecutante.

  4. Ejecutado que es la persona natural o jurídica deudora contra la cual existe un crédito a favor de la institución pública que promueve el litigio por cobro coactivo con la finalidad de resarcir su acreencia.

  5. Los Terceros: aparecen dentro del proceso como titulares de un derecho sobre el bien embargado o sujeto a medidas cautelares en el proceso ejecutivo.

    Dentro de las ejecuciones por cobro coactivo, se surten tanto el recurso de apelación, como incidentes, excepciones, y las tercerías las cuales se someten a la consideración y decisión de esta la Sala de la Corte Suprema, requiriéndose la participación del señor P. de la Administración, quien recibirá traslado del escrito de que se trate. En este momento surge el peligro de que se verifique un desequilibrio procesal en contra del deudor sujeto a la ejecución de la institución pública, si el Procurador de la Administración ejercita la limitada misión jurídica de reconocer y defender únicamente el derecho que alegue la Administración; siendo muy probable que se quebrante el principio de la certeza jurídica, con los graves perjuicios que este proceder conllevará no solo para el ejecutado, sino también para la actuación ecuánime de la administración de justicia que debe apegarse rigurosamente al ordenamiento jurídico.

    Por otro lado, es preciso recordar que cada institución pública autorizadas expresamente por la ley para recuperar por medio del cobro coactivo los créditos cuya titularidad ostente, cuenta con un equipo de asesores jurídicos que tienen la responsabilidad de sustentar cabalmente la defensa de la entidad ejecutante cuya actuación se discute.

    La Caja del Seguro Social argumenta que le es aplicable el texto del artículo 1101 del Código Judicial al señor P. de la Administración que a la letra consagra el siguiente precepto:

    "No tendrá valor el allanamiento: ...

    1. Cuando el demandado sea una entidad de derecho público y su representante no tenga la debida autorización; ...".

    Disentimos del criterio expresado, por la Caja del Seguro Social en el sentido de que el precepto estatuido en el artículo 1101 del Código Judicial delimite el parámetro de actuación del señor Procurador de la Administración en los juicios ejecutivos por cobro coactivo, dado que como acotamos en párrafos anteriores, no existe norma procesal o substantiva que contemple la representación de este funcionario en lo que respecta a los intereses o actos que emita la administración en estos litigios, que los sujete a los rigores del mencionado artículo 1101 del Código Judicial. Por lo tanto a juicio de este Tribunal Colegiado, el señor Procurador de la Administración en los juicios por cobro coactivo deberá actuar en interés de la ley.

    En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN NO PROBADO el Incidente, tanto en lo atinente a la de Devolución de la Diferencia de los B/.385.19, como en lo atinente a los intereses requeridos.

    N..

    (fdo.) E.M.M.

    (fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

    (fdo.) A.H.

    (fdo.) J.S.

    Secretaria

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