Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 18 de Julio de 2000

VISTOS:

La firma

forense V.M.F. & Associates, actuando en su condición de

apoderado judicial de J.Y., S.A. y J.Y. ha promovido EXCEPCION DE

PAGO dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el BANCO NACIONAL DE

PANAMA le sigue a la empresa J. YOUNG, S.A., J.Y.R., JOSE YOUNG

RODRIGUEZ y la COMPAÑIA COLONIAL DE SEGUROS DE PANAMA.

1. FUNDAMENTO DE LA EXCEPCION DE

   PAGO

   Para

   sustentar la existencia de la excepción alegada, el apoderado judicial del

   actora parte del hecho de que la cuantía a la que asciende el embargo decretado

   por el Banco Nacional de Panamá, en virtud de la resolución del 4 de junio de

   1990, según el hecho primero del libelo de demanda se desglosa en los

   siguientes conceptos:

   "DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.250,000.00) de Capital, SEIS

   MIL OCHOCIENTOS NUEVE BALBOAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (B/6,809.47) de

   intereses y una "extraña" suma llamada "Gastos de Cobranza"

   por VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS BALBOAS (B/25,432.00)"

   Esta suma,

   a juicio del demandante, fue cancelada en su totalidad cuando el Banco Nacional

   de Panamá vendió en un 67% de su valor nominal, documentos negociables

   denominados Cheques Fiscales que fueron emitidos por la Contraloría General de

   la República a nombre de J.Y.S.A./BANCO NACIONAL DE PANAMA y cuyo monto

   total ascendía a TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN

   BALBOAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (B/.336,341.72).

   Para el

   Licenciado V.M.F., la emisión y aceptación de los Cheques

   Fiscales a nombre de los demandantes, debió conllevar, por un lado, la

   congelación de los intereses y, por el otro, la cancelación de la obligación,

   conforme lo previsto por los artículos 995 del Código Civil y 801 del Código de

   Comercio.

   El

   excepcionante concluye su alegato, afirmando que el Banco Nacional de Panamá

   ignorando las disposiciones citadas, "ha seguido cobrando intereses y

   extendiendo otras notas de embargo como si la deuda no hubiese sido cobrada en

   su totalidad por dicha institución."

2. OPOSICION PLANTEADA POR EL BANCO

   NACIONAL DE PANAMA

   La entidad

   ejecutante se opone al reconocimiento de la excepción de pago promovida por el

   Licenciado V.M.F., aduciendo básicamente que el saldo adeudado

   por J.Y., S.A. al 7 de septiembre de 1998 ascendía a la suma de DOSCIENTOS

   CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE BALBOAS CON 00/100 (B/.246,711.00), por lo

   cual al verificarse el canje de los cheques fiscales emitidos por la

   Contraloría General de la República pagaderos en Bonos del Tesoro Nacional al

   67% de su valor nominal, conforme lo dispuesto por el Decreto de Gabinete No.

   21 de 16 de enero de 1998, la suma recuperada por el Banco Nacional de Panamá

   fue de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO BALBOAS CON

   91/100 (B/.225,348.91). Esta cantidad no era suficiente para cubrir la

   totalidad de la deuda en la que había incurrido la empresa ejecutada, y en

   consecuencia el Juez Ejecutor al expedir la resolución correspondiente hizo

   mención de que la cantidad de dinero abonada se recibía con "reserva de

   intereses" a efectos de evitar la extinción de la obligación.

   Otro

   aspecto que el Banco Nacional de Panamá aborda en su escrito de oposición, es

   el referente a los intereses generados en razón de la morosidad en la que ha

   incurrido la sociedad J. YOUNG, S.A.. Respecto de este tema, aduce que la suma

   adeudada en dicho concepto asciende a la cantidad de SESENTA MIL OCHOCIENTOS

   NUEVE BALBOAS CON 47/100 (B/.60,809.47) y no a SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE

   BALBOAS CON 47 (B/.6,809.47) como erróneamente ha sido afirmado el actor.

3. OPINION DE LA PROCURADURIA DE

   LA ADMINISTRACION

   La señora

   Procuradora de la Administración, después de haber realizado un detallado

   estudio cronológico sobre los diversos hechos que giran en torno del presente

   litigio, solicitó a los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema,

   desestimar la pretensión de la parte ejecutada y en consecuencia que declaren

   no probada la Excepción de Pago, interpuesta por la firma forense Víctor Méndez

   Fábrega & Associates en nombre representación de J.Y., S.A. y Jorge

   Young, dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que les sigue el Banco

   Nacional de Panamá.

   La opinión

   de esta servidora pública de alta jerarquía se sustenta en el hecho de que

   desde la fecha en la que el Banco Nacional expidió el Auto de Secuestro por la

   suma de B/.336,241.72 (24 de mayo de 1990), hasta el momento en que dicha

   entidad recupera la suma de B/.336,341.72 en Cheques Fiscales (7 de noviembre

   de 1994), el Banco se mantuvo realizando sin éxito alguno las gestiones de

   cobro pertinentes; lo cual a su vez tuvo como consecuencia que los intereses

   vencidos y no pagados continuaran aumentando conforme lo previsto por la

   Cláusula Tercera del Contrato de Préstamos con Fianza Solidaria suscrito entre

   J.YOUNG, S.A. y el BANCO NACIONAL DE PANAMA. Esta última situación a su vez,

   da como resultado que el saldo deudor reflejado para 1994 fuera superior al

   monto que se adeudaba en el año de 1990.

   La

   Procuradora de la Administración finaliza su intervención en los siguientes

   términos:

   "En consecuencia, estimamos que, al no haber cancelado los deudores

   el total de la deuda que mantenían con el Banco Nacional de Panamá, era incongruente

   que se congelaran los intereses y se extinguiera la obligación, según lo

   dispone el artículo 995 del Código Civil, que en su arte (sic) medular dispone

   lo siguiente:

   Artículo 995: El recibo del capital por el acreedor, sin reserva alguna

   respecto a los intereses, extingue la obligación del deudor en cuanto a

   éstos..." (la subraya es nuestra)"

4. DECISION DE ESTA SUPERIORIDAD

   Antes de

   entrar a dilucidar el aspecto medular de la presente contienda, es pertinente

   dejar establecido que el análisis de la misma se verificará sobre los elementos

   probatorios aportados al proceso con posterioridad al día 17 de julio de 1992.

   Esto obedece a que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte

   Suprema, en fallo de dicha fecha, consideró que conforme a lo actuado en autos

   el Licenciado V.M.F., actuando en su condición de apoderado

   judicial de J.Y., S.A. y J.Y.R., no demostró, hasta ese

   momento, que el préstamo conferido por el Banco Nacional de Panamá a su

   poderdante fue cancelado en su totalidad. En consecuencia esta Superioridad

   procedió a declarar no probada la excepción de pago incoada en aquella

   oportunidad.

   Al

   promoverse el reconocimiento de la excepción de pago motivo del presente

   estudio, el demandante parte del hecho de que el saldo que su patrocinado debía

   cancelar al Banco Nacional de Panamá correspondía a la suma que el Juzgado

   Ejecutor de esta entidad bancaria fijó mediante auto ejecutivo No. 291 de 4 de

   junio de 1990, de acuerdo al cual la cantidad adeudada por J.Y., S.A.

   ascendía al monto de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.250,000.00) en

   concepto de capital, SESENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE BALBOAS CON 47/100

   (B/.60,809.47) por intereses vencidos, más la suma de VEINTICINCO MIL

   CUATROCEINTOS TREINTA Y DOS BALBOAS concernientes a gastos de cobranza. Es

   pertinente destacar que la suma reclamada en virtud de esta resolución, de

   acuerdo al contenido de la misma, no incluía los intereses que continuarán

   generándose hasta el momento en que la deuda fuera cancelada en su totalidad;

   por lo cual se entiende que mientras el deudor se mantuviera moroso en el

   cumplimiento de su obligación, la cuantía de la misma se iría incrementando

   gradualmente, causando intereses equivalentes al 12.5% anual.

   Tanto el

   contenido del cuadernillo administrativo, como del expediente judicial permiten

   a esta Superioridad concluir que los deudores, voluntariamente, jamás

   realizaron pago alguno tendiente a amortiguar el saldo adeudado al Banco

   Nacional de Panamá, en el término de 5 meses contados a partir de la fecha de

   liquidación del préstamo, de acuerdo a lo previsto en la cláusula segunda del

   referido contrato de préstamo.

   En virtud

   de esta situación, la referida entidad bancaria se vio en la necesidad de

   iniciar las gestiones de cobro pertinentes a fin de recuperar la alta suma de

   dinero que en concepto de préstamo había facilitado a J.Y., S.A..

   El primer

   mecanismo a través del cual el Banco Nacional de Panamá, pretendía recuperar

   sus acreencias consistió en la realización de instrumentos crediticios

   denominados Cheques Fiscales los cuales fueron emitidos por la Contraloría

   General de la República, en favor de J.Y., S.A. con el fin cubrir los

   gastos en los que tuvo que incurrir esta empresa para llevar a cabo la

   rehabilitación de la Carretera entrada Río de Jesús, Soná y Calles de Soná. El

   Banco Nacional de Panamá reservó su derecho sobre los referidos instrumentos

   fiscales afectándolos mediante la medida cautelar de secuestro, hasta la

   concurrencia de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN BALBOAS

   CON 72/100 (B/.336,241.72), sin perjuicio de los intereses que se sigan

   causando hasta el completo pago de la obligación (veáse auto No. 230 de 24 de

   mayo de 1990, visible a fojas 63 del expediente administrativo.)

   Para el

   día 5 de abril de 1993, la D.F.D. de Correa, en su calidad de Juez

   Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, correspondiendo a una nota que le fuera

   enviada por Licenciado J.C.B. quién en aquel entonces ocupaba el

   cargo de Subcontralor de la República, certifica que la medida de secuestro

   decretada sobre los cheques fiscales aún se mantenía vigente y que la misma a

   esa fecha ascendía a la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS

   SETENTA BALBOAS CON 30/100 (B/.446,970.30). Este secuestro es elevado a la

   categoría de embargo mediante auto No. 653 de 12 de julio de 1993, visible a

   fojas 229 del cuadernillo administrativo.

   Sin

   embargo dado el hecho de que la Contraloría General de la República informó al

   Banco Nacional de Panamá que el valor de los Cheques Fiscales que le estaban

   por ser desembolsados era inferior al valor que se les atribuía en el Mercado

   de Valores, (lo cual tendría como consecuencia que la prestación cuyo cumplimiento

   se reclama...