Sentencia de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 22 de Febrero de 2000

PonenteADÁN ARNULFO ARJONA L
Fecha de Resolución22 de Febrero de 2000
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

La firma Rodríguez-Rodríguez, S.C.P., en representación de M.C.M., ha presentado Excepción de Petición de Antes de Tiempo, dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) le sigue a A.G.A., INMACULADA CONCEPCION y M.C.M..

Mediante Auto No. 883 de 30 de junio de 1997, el Juzgado Ejecutor del IFARHU libró mandamiento de pago contra A.G.A., INMACULADA CONCEPCION y M.C.M., hasta la concurrencia de SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES BALBOAS CON VEINTE CENTAVOS (B/.6,763.20), a que monta la obligación exigida, en concepto de capital, intereses vencidos, seguro de vida, sin perjuicio de los nuevos intereses y gastos que se produzcan hasta la fecha de su cancelación total.

De igual manera, este Juzgado Ejecutor mediante Auto No. 884 de 30 de junio de 1997, decretó secuestro sobre todos los bienes de propiedad de A.G.A., I.C.Y.M.C.M., hasta la concurrencia provisional de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES BALBOAS CON VEINTE CENTAVOS (B/.6,763.20) en concepto de cancelación de obligación.

PRETENSION DEL EXCEPCIONANTE

La parte actora es fiadora de A.G.A. en el contrato de préstamo No. 2-0304 de 22 de noviembre de 1984, celebrado con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

Según la accionante, el contrato de préstamo en la cláusula décima séptima establece que:

Las partes convienen en que el régimen jurídico de este contrato quede sujeto a los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios vigentes o que en el futuro se dicten sobre la materia.

Con relación a esta cláusula, la parte actora hace referencia a la Ley 29 de 1 de febrero de 1996, por la cual se dictan normas sobre Defensa de la Competencia y se adoptan otras medidas, en el artículo 62 que dice:

ARTICULO 62: Nulidad absoluta de cláusulas abusivas en contratos de adhesión. Son abusivas y absolutamente nulas, las condiciones generales de los contratos de adhesión que:

1. ...

7. Impliquen renuncia por parte del adherente o consumidor, de las acciones procesales, términos y notificaciones personales, contemplados en el Código Judicial o en leyes especiales;

La excepcionante fundamenta su pretensión en el hecho que jamás ha recibido requerimiento de pago por parte del IFARHU, lo que a su criterio, es obligación de dicha institución estatal. Por tanto, considera que la cláusula décima séptima del contrato de préstamo que sirve de recaudo ejecutivo, deriva en una nulidad absoluta conforme a lo preceptuado por el artículo 62 antes citado.

En consecuencia de lo anterior, según la parte actora, la obligación que se reclama por la presente demanda no le es exigible.

CRITERIO DE LA ENTIDAD EJECUTANTE

De la acción encausada se le corrió traslado al Juzgado Ejecutor del IFARHU para que rindiera informe de conducta, en el cual solicitó que se declare negada la excepción.

En primer término indica, que el excepcionante pretende aplicar la Ley 29 de 1996 a situaciones ocurridas con anterioridad a la vigencia de esta ley, ya que el contrato de préstamo data del año 1985. Que no es posible aplicar esta ley de manera retroactiva.

Destaca que no es cierto que la parte actora no haya sido requerida por su despacho, pues también hay constancia en autos de la publicación del edicto emplazatorio No. 31 los días 8 a 10 de septiembre de 1997, por lo que aduce, que se cumplió con el principio jurídico de requerir a los demandados y posteriormente promover el juicio correspondiente.

Al referirse a la excepción de petición antes de tiempo, la entidad ejecutante señala que:

"... debe fundarse en hechos ciertos y comprobados que demuestren que al momento de proponer la demanda aún no se había cumplido alguna condición suspensiva sin la cual no se puede ejercitar el derecho de pedir el cumplimiento de la obligación (Artículo 1007 del Código Civil)." (Ver foja 9)

Advierte el demandado que en el presente caso la única condición suspensiva de la obligación de pagar el dinero prestado, es la de cumplir con el programa de estudios para la cual se le otorgó el préstamo. Que en la fecha en que se promovió la demanda ya se había cumplido la condición descrita razón por la que no existe, actualmente, ninguna condición suspensiva de la obligación.

POSICION DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACION

Por otro lado, se le corrió traslado a la señora Procuradora de la Administración, quien contestó mediante V.F. No. 307 de 7 de febrero de 1998.

Señala la precitada funcionaria que tanto el Contrato de Préstamo No. 2-0304 de 22 de noviembre de 1984 como el pagaré suscrito por A.G.A., INMACULADA CONCEPCION y M.C.M., en los que se fundamenta el IFARHU para el trámite del proceso ejecutivo por cobro ejecutivo, prestan mérito ejecutivo.

Este pagaré establece que no hay necesidad de requerimiento si se registrara un atraso de tres cuotas. Además, que tanto el deudor como el fiador renuncian al domicilio y a los trámites del juicio ejecutivo, y a cualquier requerimiento futuro en caso de mora para hacer el pago.

Al respecto, manifestó la Procuradora de la Administración que el Auto Ejecutivo No. 884 de 30 de junio de 1997, le fue notificado a la parte actora, el 30 de noviembre de 1997, tal como lo exige el numeral 1 del artículo 1667 del Código Judicial.

Esta situación demuestra que la entidad ejecutante cumplió con lo establecido en cuanto a la notificación de la parte ejecutada; aunado al hecho que el pagaré, firmado por el deudor y sus fiadores, establece claramente la renuncia de los trámites del juicio ejecutivo.

En cuanto a la supuesta violación del artículo 62 de la Ley No. 29 de 1 de febrero de 1996, dicha autoridad se opone a la misma ya que el señor A.G.A. y sus fiadores, aceptaron y suscribieron libremente y de común acuerdo con el IFARHU un pagaré y un contrato de préstamo con todas sus cláusulas y especifícaciones. Que ambos documentos fueron suscritos en 1984 (doce años antes de la Ley No. 29), bajo el amparo de las leyes vigentes de la época, las cuales mantienen su vigencia mientras no sean declarados nulos por la Sala Tercera de la Corte Suprema.

Por último, aclara que mediante la presente excepción se pretende solicitar la nulidad absoluta de la cláusula décima séptima del Contrato de Préstamo que sirve de recaudo ejecutivo, lo cual procede a través de una demanda contencioso administrativa.

Concluye la Procuradora de la Administración que la excepción bajo análisis no es viable jurídicamente, por razón que la pretensión principal que la misma contiene, no es un requisito que exija el Código Judicial, en materia de procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva.

DECISION DE LA SALA

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala, entran a resolver la contienda instaurada.

Consta a foja 2 del expediente administrativo el contrato de Préstamo No. 2-0304 de 22 de noviembre de 1984, suscrito entre el IFARHU y el señor A.E.G.A., por la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.5,250.00). Aparecen como fiadores, la señora INMACULADA CONCEPCION y M.C.M. (la excepcionante).

Dicho contrato indica que el IFARHU pagará al señor A.G.A. (prestatario) la suma de B/.5,250.00, divididos en pagos de setecientos cincuenta balboas, durante siete (7) semestres.

Consta además, el Pagaré s/n suscrito por A.G., INMACULADA CONCEPCION y M.C.M., por la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.5,250.00), suma ésta que esta obligado el deudor, a pagar al IFARHU dentro del respectivo término estipulado.

La obligación contenida en este documento se considerará de plazo vencido si el deudor deja de pagar los abonos estipulados durante tres (3) meses.

También dispone el Pagaré que tanto el deudor como el fiador renuncian al domicilio y a los trámites del juicio ejecutivo, y a cualquier requerimiento futuro en caso de mora para hacer el pago.

La accionante alega como fundamento de la excepción presentada, la falta de previo requerimiento a la fiadora.

Con el propósito de analizar el mérito de la Excepción invocada por la ejecutada en el presente proceso de Cobro Coactivo, la Sala considera oportuno adelantar las siguientes consideraciones:

En primer lugar, del examen de la documentación antecedente que sirve de base al mencionado proceso de Cobro Coactivo, se observa a foja 6 que la señora M.C.M., se constituyó en fiadora solidaria en el pagaré que extendió el deudor A.E.G., a favor del Instituto Para La Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU). El carácter solidario de la obligación de afianzamiento asumida por la señora M.C.M., plantea importantes efectos desde el punto de vista jurídico sustantivo, ya que, como lo reconoce nuestra Legislación y la Doctrina Nacional, la solidaridad coloca tanto al deudor como fiador en un mismo plano obligacional ante el acreedor.

Al respecto, el artículo 1512 del Código Civil en su párrafo segundo textualmente estatuye:

"Artículo 1512: (...)

Si el fiador se obligare solidariamente con el deudor principal, se observará lo dispuesto en la Sección IV, Capítulo III, Título I, de este libro".

En relación con el precepto antes transcrito el profesor D.A., en su obra titulada "Estudios Jurídicos" (Litografía e Imprenta Lil, S.A., Panamá, 1984, Tomo III, Página 111) al comentar los beneficios de que goza el fiador en nuestra Legislación, formula las siguientes anotaciones:

"(...)

en cambio, en el inciso 2 dice que cuando se pacta la solidaridad, la fianza se sujeta a determinadas normas de las obligaciones solidarias, con lo cual el fiador responde de modo directo ante el acreedor, y deja, por tanto, de tener carácter subsidiario. En nuestra Legislación, al menos frente al acreedor, el deudor principal y el fiador (solidario) aparecen colocados en un mismo plano. Por tanto, cuando la obligación es exigible el acreedor puede proceder contra el deudor o el fiador a su elección".

Según se sigue de lo expuesto, es claro que al obligarse el fiador con carácter solidario somete la relación sustantiva a un régimen legal propio de este especie de obligación, de conformidad con la cual le son aplicables a la misma las siguientes reglas:

  1. Las acciones que se ejerciten contra cualquiera de los deudores solidarios perjudicarán a todos éstos (Artículo 1028 Código Civil).

  2. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente, y la reclamación entablada contra uno no será obstáculo para que posteriormente se pueda dirigir contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo (Artículo 1031 Código Civil).

  3. El pago que realice alguno de los deudores solidarios extingue la obligación (Artículo 1032 Código Civil).

    De conformidad con lo expresado, es evidente que, la alegación planteada por la excepcionante carece de respaldo jurídico por cuanto que, el carácter solidario de la fianza que otorgó la señora M.C.M. a favor del IFARHU, la sitúa a ella en el mismo plano obligacional que el deudor A.G. en su relación crediticia con la entidad acreedora. De allí que el IFARHU le era completamente lícito exigir el cobro de los montos adeudados indistintamente a cualquiera de los deudores o fiadores de carácter solidario.

    Por otro lado, la excepcionante sostiene que el IFARHU debió supuestamente aplicar ciertas disposiciones de la Ley 29 de 1 de febrero de 1996, por la cual se dictaron normas sobre la defensa de la competencia y protección al consumidor. Sobre esta argumentación la Corte considera conveniente aclarar que, en este caso, la mencionada Ley 29 de 1996, no tiene aplicación por las razones que seguidamente se exponen:

  4. La operación crediticia que dió origen al Cobro Coactivo que adelanta el IFARHU se realizó el 16 de enero de 1985, esto es, en una fecha muy anterior a la entrada en vigencia de la citada Ley. La Ley 29 en su artículo 246 literalmente estatuye lo siguiente:

    "(...)

    Esta Ley sólo se aplicará a los hechos, actos, sucesos o situaciones jurídicas o de hecho contemplados en ella, que se realicen u ocurran con posterioridad a su entrada en vigencia".

  5. El Instituto Para La Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) no ostenta por su naturaleza el carácter de "Proveedor" en los términos en que lo define el numeral 1º del artículo 29 de la Ley 29 de 1996, cuando preceptúa que:

    "Artículo 29: Para efectos de este título, lo siguientes términos se entenderán así:

    1. Proveedor: Industrial, comerciante, profesional o cualquier otro agente económico que, a título oneroso o con un fin comercial proporcione a otra persona un bien o servicio, de manera profesional y habitual".

  6. El origen y naturaleza de la asistencia económica que constituye el eje de actividad del IFARHU se aleja por completo de una operación de carácter comercial, puesto que, sus programas de crédito están destinados esencialmente al financiamiento de actividades educativas en condiciones favorables para los prestatarios como lo constituyen, sin duda, el bajo interés que deben cubrir los deudores (5% anual), la facilidad de iniciar el pago una vez culminen los estudios del prestatario, etc.

    Con apoyo en las consideraciones expresadas, la Sala concluye que la Excepción promovida carece de asidero jurídico y debe, por tanto, ser desestimada.

    En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN QUE NO SE HA PROBADO LA EXCEPCION DE PETICION DE ANTES DE TIEMPO, presentada por la firma Rodríguez-Rodríguez, S.C.P., en representación de M.C.M., dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) le sigue a A.G.A., INMACULADA CONCEPCION y M.C.M..

    N..

    (fdo.) A.A.A. L.

    (fdo.) MIRTZA A.F. DE AGUILERA

    (fdo.) J.F.P.

    (fdo.) J.S.

    Secretaria

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