Ley 16 de 2004 - Ley de Delitos contra la integridad y libertad sexual

La presente Ley tiene como objetivo fundamental, proteger a las personas menores de edad de cualquier manifestación de explotación sexual, en todas sus modalidades, mediante el establecimiento de normas preventivas y sancionatorias, de acuerdo con el interés superior de la niñez y la adolescencia, su protección integral y los principios rectores de la Constitución Política, el Libro Tercero del Código de la Familia y del Menor y los tratados y convenios internacionales sobre la materia aprobados y ratificados por Panamá.

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y obligan a las personas, naturales o jurídicas, a las empresas y a los establecimientos que se encuentren o se establezcan en el territorio nacional.

También estarán sujetas a la presente Ley, las personas naturales que teniendo su domicilio en el exterior, realicen por sí mismas o en representación de una sociedad, actividades que tengan relación directa o indirecta con la comercialización de bienes y servicios a través de redes globales de información, los prestadores de servicios turísticos o que puedan generar o promover turismo nacional o internacional.

Se adiciona un párrafo final al artículo 93 del Código Penal, así:

El artículo 226 del Código Penal queda así:

El artículo 227 del Código Penal queda así:

El artículo 228 del Código Penal queda así:

El artículo 229 del Código Penal queda así:

Se adiciona el artículo 229-A al Código Penal, así:

El artículo 230 del Código Penal queda así:

Se adiciona el Capítulo IV, denominado Trata Sexual, Turismo Sexual y Pornografía con Personas Menores de Edad, contentivo del actual artículo 231 y de los artículos 231-A, 231-B, 231-C, 231-D, 231-E, 231-F, 231-G, 231-H y 231-I, al Título VI del Libro II del Código Penal, así:

La denominación del Título VI del Libro II del Código Penal, queda así: Delitos contra el Pudor, la Integridad y la Libertad sexual.

El artículo 1956 del Código Judicial queda así:

Se adiciona el numeral 7 al artículo 2173 del Código Judicial, así:

En los delitos que trata el Título VI del Libro II del Código Penal, los tribunales panameños serán competentes, aun cuando el hecho ilícito por el cual se proceda se haya cometido en el extranjero, siempre que el producto del ilícito o cualquier elemento constitutivo de este se haya realizado o produzca sus efectos totales o parciales en el territorio nacional, y en los demás casos en que sea aplicable el artículo 9 del Código Penal.

(Derogado) por Ley 35 de 25 de Mayo de 2013, Gaceta 27295 de 27 de Mayo de 2013

El Ministerio Público podrá realizar operaciones encubiertas en el curso de sus investigaciones, con el propósito de identificar los autores, cómplices o encubridores, o para esclarecer los hechos relacionados con los delitos mencionados en el Título VI del Libro II del Código Penal. De igual manera, cuando existan indicios graves de la comisión de alguno de estos delitos

Las transcripciones de las grabaciones constarán en un acta en la que solo se incorporará aquellos que guarde relación con el caso investigado, la cual será refrendada por el funcionario encargado de la diligencia y por su superior jerárquico.

Toda persona natural o jurídica tendrá la obligación de denunciar ante las autoridades competentes cualquier hecho violatorio de las disposiciones de la presente Ley. Las asociaciones de padres de familia y demás organizaciones no gubernamentales, cuyo objeto sea la protección de los derechos de las personas menores de edad y con discapacidad, tendrán personería procesal para denunciar y actuar como parte en el proceso que se inicie.

Los Ministerios de Educación y de Desarrollo Social, así como la Defensoría del Pueblo, brindarán asesoría legal a quienes tengan conocimiento de los delitos indicados y estén en la obligación de denunciarlos, para que ejerzan la calidad de parte en el proceso.

Cuando se siga causa penal por delito de trata de personas, el Ministerio Público o el Tribunal de la causa, según corresponda, agotará las diligencias necesarias para identificar adecuadamente a la víctima del hecho.

Identificada la víctima, el funcionario le proporcionará protección especial para impedir que vuelva a ser capturada por los traficantes o sus cómplices y, cuando resida en Panamá, la protegerá, junto a su familia, de amenazas, represalias o intimidación por parte de estos. También deberá adoptar las medidas que aseguren a la víctima el derecho a consultar con un defensor u otra persona de su confianza para elaborar un plan de protección.

La víctima de la trata de personas no será responsable penalmente por hechos punibles relacionados con la migración, la prostitución o cualquier otro que sea el resultado directo de la trata de que haya sido objeto.

En los casos de condena por delitos de trata de personas, el Tribunal ordenará que se indemnice a la víctima por:

1. Los costos del tratamiento médico o psicológico.

2. Los costos de la terapia y rehabilitación física y ocupacional.

3. Los costos del transporte, de la vivienda provisional y del cuidado de menores que sean necesarios.

4. Los ingresos perdidos o lucro cesante.

5. Los honorarios de los abogados.

6. La perturbación emocional, el dolor y sufrimiento

7. Cualquier otra pérdida sufrida por la víctima.

Para el pago de dicha indemnización, se aplicará con prelación el producto de los bienes decomisados y se ordenará que el pago se haga en el menor tiempo posible.

El retorno de la víctima a su país de origen o cualquier otra ausencia de ella de la jurisdicción, no perjudicará su derecho a recibir la indemnización.

Se crea la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual, en adelante CONAPREDES, como un organismo técnico-administrativo, para el estudio de los mecanismos tendientes a la prevención y erradicación de los delitos de explotación sexual.

CONAPREDES estará integrada por:

1. El Procurador General de la Nación, quien la presidirá.

2. El Ministro de Desarrollo Social.

3. El Ministro de Gobierno y Justicia.

4. El Ministro de Economía y Finanzas.

5. El Ministro de Educación.

6. El Ministro de Salud.

7. El Magistrado Presidente del Tribunal de Niñez y Adolescencia.

8. El Presidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Derechos del Niño, la Juventud y la Familia de la Asamblea Legislativa.

9. El Director de la Policía Técnica Judicial.

10. Un coordinador designado por el Organo Ejecutivo.

11. Un representante de la Defensoría del Pueblo.

12. Un representante de la Red Nacional de la Niñez y la Adolescencia.

13. Un representante del Consejo Nacional de la Niñez y la adolescencia.

14. Un representante de los gremios de abogados del país.

El Procurador General de la Nación y los Ministros de Estado podrán hacerse representar ante CONAPREDES por un funcionario cuyo nivel no sea inferior al de director nacional.

CONAPREDES creará un fondo, que se denominará Fondo Especial contra la Explotación Sexual, con los impuestos establecidos en esta Ley, así como con las multas y los dineros comisados o los que se obtengan del remante de instrumentos, valores o bienes comisados, provenientes de los delitos de explotación sexual.

Este fondo se destinará a la financiación de los planes y programas de sensibilización, prevención, capacitación, atención, tratamiento y rehabilitación de las víctimas de los delitos de explotación sexual, será administrado por CONAPREDES y se regulará conforme a los procedimientos de fiscalización y manejo establecido por la Contraloría General de la República.

Los establecimientos comerciales dedicados al alquiler y venta películas de vídeo de clasificación X para adultos, pagarán un impuesto correspondiente al cinco por ciento (5%) sobre el valor de cada vídeo alquilado o vendido. Igual impuesto será aplicado a las salas de cine que exhiban películas con clasificación X.

Este impuesto será destinado al Fondo Especial contra la Explotación Sexual.

Toda persona extranjera, al momento de salida del territorio panameño, cubrirá el valor correspondiente a un dólar y cincuenta centavos de los Estado Unidos de América, que será destinado de la siguiente manera: un dólar al Fondo Especial contra la Explotación Sexual y cincuenta centavos de dólar al financiamiento de la Comisión Nacional de la Trata de Personas.

Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, CONAPREDES, procederá a la reglamentación de sus atribuciones y demás disposiciones sobre su funcionamiento interno.

Las autoridades llevarán un registro estadístico por sexo de los delitos tipificados en el Título VI del Libro II del Código Penal, en el que se consignarán las generalidades de las personas involucradas y los hechos ocurridos.

Esta información se remitirá a la Comisión Nacional de Estadística Criminal (CONADEC) del Ministerio de Gobierno y Justicia, la que realizará las investigaciones estadísticas. Dicha información se actualizará periódicamente y contendrá, como mínimo, lo siguiente:

1. Registro cuantificado de los procesos penales que se instruyan por delitos relacionados con la explotación sexual de personas menores de edad.

2. Registro cuantificado de las personas menores de edad explotadas sexualmente, por sexo y edad.

3. Lugares o áreas de mayor incidencia de los delitos.

4. Registro cuantificado de los explotadores por nacionalidad o clases social.

5. Formas de remuneración utilizadas en los delitos de explotación sexual.

6. Formas de explotación sexual utilizadas.

7. Ocurrencia del turismo asociado a prácticas sexuales con personas menores de edad.

8. Nivel de educación de las personas menores de edad explotadas sexualmente.

La información que resulte de las investigaciones estadísticas será confidencial, pero podrá darse a conocer mediante resúmenes numéricos, de los que no sea posible deducir datos individuales que pudieran utilizarse para fines de discriminación o de identificación de las víctimas. Dicha información servirá de base a las autoridades para adoptar medidas de prevención de la explotación sexual de personas menores de edad, así como para proteger y asistir a las víctimas.

El Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobierno y Justicia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la Policía Nacional, la Policía Técnica Judicial, el Ministerio Público, el Organo Judicial y la Defensoría del Pueblo, desarrollarán y darán seguimiento a las acciones de prevención, capacitación y sensibilización pública sobre el problema de la explotación sexual de personas menores de edad.

El gobierno nacional adoptará las medidas para asignar dentro de los presupuestos del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobierno y Justicia, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, de la Defensoría del Pueblo, de la Policía Técnica Judicial, del Ministerio Público y del Organo Judicial, las partidas presupuestarias necesarias para la ejecución de las políticas públicas, a fin de prevenir y eliminar la explotación sexual de personas menores de edad.

Las personas naturales o jurídicas que presten servicios turístico no podrán ofrecer en sus paquetes promocionales, expresa o tácitamente, planes y programas cuya finalidad sea la explotación sexual de personas menores de edad. De igual forma, adoptarán medidas para impedir que su personal, dependientes o intermediarios, ofrezcan orientación turística o contactos sexuales con personas menores de edad.

Los establecimientos hoteleros, casas de hospedaje, casas de ocasión, moteles, pensiones o cualesquiera sea su clasificación, incluirán una cláusula en los contratos de hospedaje que celebren a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, en la que se informe sobre las consecuencias legales de la explotación y el abuso sexual de personas menores de edad en el país.

Las agencias de viaje de turismo también incluirán, en su publicidad turística, información en el mismo sentido.

Las líneas aéreas, tanto nacionales como extranjeras, informarán a sus usuarios en viajes internacionales con destino Panamá, sobre la existencia de la legislación contra la explotación sexual de personas menores de edad.

Los medios de comunicación social desarrollarán programas de prevención y de sensibilización sobre el problema de la explotación sexual de las personas menores de edad.

La Policía Técnica Judicial dispondrá del término de tres meses, contados a partir de la promulgación de la presente Ley, para reglamentar las atribuciones y demás disposiciones de funcionamiento interno de la Sección especializada en Delitos de Explotación Sexual.

La presente Ley modifica los artículos 226, 227, 228, 229, 230 y 231; adiciona un párrafo final al artículo 93, el artículo 229-A y el Capítulo IV, denominado Trata Sexual, Turismo Sexual y Pornografía de Personas Menores de Edad, contentivo del actual artículo 231 y de los artículos 231-A, 231-B, 231-C, 231-D, 231-E, 231-F, 231-G, 231-H y 231-I, al Título VI del Libro II del Código Penal. Igualmente, adiciona el numeral 7 al artículo 2173 y modifica el artículo 1956 del Código Judicial.

Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE