Ley 36 de 2016 - Ley de Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Las personas adultas mayores tienen derecho de asociarse libremente con otras personas, con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, económicos, laborales o de cualquiera otra índole, siempre que sean de carácter lícito. Este derecho especialmente comprende:

1. Formar parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos.

2. Promover y constituir asociaciones integradas por personas adultas mayores, de conformidad con la ley.

3. Integrar agrupaciones de cualquier preferencia e índole, sin discriminación de edad.

Las personas adultas mayores tienen derecho a ser escuchadas e incluidas en espacios de toma de decisiones a través de las organizaciones que las representen de acuerdo con lo establecido en la ley.

Es derecho de las personas adultas mayores residir en su propio domicilio mientras les sea posible, así como permanecer en el seno de su familia, mantener relaciones personales y contacto directo con sus amistades y conservar la titularidad de sus bienes sin ser perturbadas en su uso y goce pacífico.

Se priorizará la atención y permanencia de las personas adultas mayores en sus residencias y rodeadas de sus familiares, respecto a su colocación en instituciones de protección de las personas adultas mayores.

Las personas adultas mayores tienen derecho a una vida digna e independiente que potencie el pleno desarrollo de sus capacidades físicas, mentales, sociales y culturales.

Se promoverá el pleno goce del derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a la cultura, al trabajo, al esparcimiento, a la intimidad y a la integridad personal, así como a estar libre de toda forma de violencia, manipulación o coacción.

Las personas adultas mayores tienen derecho a participar en actividades que desarrollen su autoestima, cultura, pensamiento crítico, capacidad económica y su integración social. Al igual que a recibir atención que les asegure actividad física y mental que retarde su proceso de envejecimiento celular.

Las personas adultas mayores podrán optar por el beneficio de becas nacionales e internacionales ofertadas, conforme a los requisitos que ofrezca la plaza, garantizando el acceso universal a la educación en todos los niveles.

Las personas adultas mayores tendrán acceso a las carreras universitarias. Para ello, se promoverán mecanismos de divulgación de los planes y programas universitarios dirigidos a la población adulta mayor.

Las personas adultas mayores tendrán derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Este derecho comprende la protección de su imagen, pensamiento, dignidad y valores, así como la participación en el proceso productivo del país de acuerdo con sus posibilidades, capacidades, condiciones y vocación.

Las personas adultas mayores de setenta y cinco años o más tendrán los beneficios siguientes:

1. Reducción del 50% del costo del pasaje individual en el transporte público a nivel nacional.

2. Un descuento del 50% en la entrada a eventos, conciertos y actividades culturales. Los promotores de eventos reservarán para los adultos mayores de setenta y cinco años o más el 10% de la entrada general hasta quince minutos antes del inicio de la función.

El Estado, a través del Instituto Nacional de Cultura, con el apoyo de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, las empresas privadas y los gobiernos locales, incentivará el desarrollo de programas que estimulen las capacidades intelectuales, culturales y recreativas de las personas adultas mayores.

El Instituto Panameño de Deportes, con el apoyo de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, las empresas privadas y los gobiernos locales, fomentará programas recreativos, deportivos y turísticos dirigidos a las personas adultas mayores.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano promoverá la creación de programas dirigidos a personas adultas mayores.

Se fomentarán medidas a favor de las personas adultas mayores con movilidad reducida. Para ello, se adoptarán programas dirigidos a la eliminación de las barreras arquitectónicas y urbanísticas en los medios de transporte o en el ámbito de las comunicaciones.

Es responsabilidad del Estado brindar, a través de las entidades competentes, servicios de salud para las personas adultas mayores, con el fin de:

1. Promover, mediante programas de nivel primario, secundario y terciario, en todas las instituciones de salud públicas, a nivel nacional, las áreas de promoción, prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos, así como la orientación en técnicas de estilo de vida saludable y autocuidado.

2. Dirigir y promover las acciones de educación con programas de nivel primario, secundario y terciario en todas las instituciones de salud, públicas y privadas, tendientes a fomentar entre las personas adultas mayores los buenos hábitos de salud para mantenerla y prevenir enfermedades, los estilos de vida saludables, el autocuidado, la curación, la rehabilitación y los cuidados paliativos.

3. Desarrollar programas de capacitación gerontológica y geriátrica relativos al proceso de envejecimiento, dirigidos a médicos, enfermeras y auxiliares.

4. Garantizar el presupuesto necesario para el cumplimiento de los fines previstos en este artículo.

El Estado fomentará, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la promoción y ejecución de políticas laborales que beneficien a las personas adultas mayores:

Se impulsarán programas de incentivos y estímulos en las acciones siguientes:

1. Promover la captación de empleo de personas adultas mayores en el sector público y en el sector privado, cuyo conocimiento y experiencia sea relevante para las instituciones.

2. Promover la participación de las personas adultas mayores en la defensa de sus derechos laborales.

3. Desarrollar programas de capacitación en diversas áreas para que las personas adultas mayores adquieran conocimientos y destrezas que respondan a las expectativas del mercado laboral en especial del uso de las nuevas tecnologías.

4. Contar con programas de preparación para el retiro laboral en todas las instancias gubernamentales y privadas.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, junto con los gobiernos locales, promoverá políticas administrativas que les faciliten a las personas adultas mayores el acceso a establecimientos públicos, comerciales, de servicios o de entretenimiento.

Los municipios procurarán crear centros municipales de cuidado diurno para personas adultas mayores. Cada municipio, por lo menos, presentará un proyecto de centro municipal de cuidado para personas adultas mayores en consonancia con su realidad socioeconómica.

Los centros municipales de cuidado diurno para personas adultas mayores serán administrados por cada municipio bajo la supervisión, control y fiscalización del Instituto Nacional del Adulto Mayor.

Se reestructura el Consejo Nacional del Adulto Mayor, creado mediante el Decreto Ejecutivo 23 de 24 de junio de 1999, con la denominación Instituto Nacional del Adulto Mayor, el cual continuará adscrito al Ministerio de Desarrollo Social y estará sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República, según las disposiciones que establezca la ley.

El Instituto Nacional del Adulto Mayor coordinará la aplicación, supervisión e integración de los planes y programas dirigidos al adulto mayor, su protección ante el abandono e indigencia, y el ejercicio de los derechos que la Constitución Política y las leyes le reconozcan.

El Instituto Nacional del Adulto Mayor estará representado ante el Organo Ejecutivo por el Ministerio de Desarrollo Social.

Las funciones asignadas al Instituto Nacional del Adulto Mayor deberán ser planificadas, coordinadas, supervisadas y ejecutadas junto con el Ministerio de Desarrollo Social.

Son funciones del Instituto Nacional del Adulto Mayor las siguientes:

1. Dirigir programas que favorezcan la permanencia de las personas adultas mayores en la familia y en la sociedad.

2. Promover servicios sociales dirigidos a fomentar la promoción, participación e integración social de los adultos mayores.

3. Brindar y fomentar servicios de asistencia social a las personas adultas mayores de forma coordinada con las otras instituciones.

4. Desarrollar programas de capacitación relativos al proceso de envejecimiento.

5. Otorgar la autorización de funcionamiento a los centros y los programas de atención a los adultos mayores, previa autorización del Ministerio de Salud.

6. Promover programas que generen espacios para estimular el desarrollo de las potencialidades y capacidades intelectuales, físicas, culturales, deportivas y recreativas de los adultos mayores.

El Instituto Nacional del Adulto Mayor tendrá la estructura administrativa siguiente:

1. Una Junta Directiva.

2. Un director general.

3. Un subdirector general.

Además, contará con unidades operativas conformadas por las direcciones, los departamentos y las secciones regionales que se requieran para su funcionamiento, de acuerdo con su reglamentación.

La Junta Directiva del Instituto Nacional del Adulto Mayor estará integrada por:

1. El ministro de Desarrollo Social o quien lo represente, quien la presidirá.

2. Ei director general del Instituto Nacional del Adulto Mayor.

3. El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral o quien lo represente.

4. El ministro de Economía y Finanzas o quien lo represente.

5. El ministro de Salud o quien lo represente.

6. El ministro de Educación o quien lo represente.

7. El presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional o quien lo represente.

8. El director general de la Caja de Seguro Social o quien lo represente.

9. El director general de! Instituto Nacional de Cultura o quien lo represente.

10. El director general del Instituto Panameño de Deportes o quien lo represente.

11. Un representante del Comité Ecuménico.

12. Un representante de la Conferencia Episcopal Panameña.

13. Un representante de la Federación Nacional de Asociaciones de la Tercera Edad de la República de Panamá.

14. Un representante de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados.

15. Un representante de la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad.

Los ministros, directores generales, administradores y representantes de las respectivas entidades tendrán derecho a voz y voto.

El director general del Instituto ejercerá las funciones de secretario de la Junta Directiva y tendrá derecho a voz.

El representante de las organizaciones privadas será designado por la Junta Directiva, se nombrara por un periodo de cuatro años y podrá ser reelegido consecutivamente por una sola vez.

Los miembros de la Junta Directiva no percibirán remuneración alguna por el desempeño de sus funciones.

La Junta Directiva del instituto Nacional del Adulto Mayor tendrá las funciones siguientes:

1. Participar en la formulación de las políticas y los planes nacionales en materia de envejecimiento.

2. Colaborar con el cumplimiento de las funciones y objetivos del Instituto.

3. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Instituto y la solicitud de prestación de créditos extraordinarios.

4. Aprobar cualquiera acción que comprometa los bienes del Instituto.

5. Autorizar al director general para la contratación por un monto superior hasta de cincuenta mil balboas (B/.50 000.00).

6. Ejercer las demás funciones que le señale esta Ley y su reglamento.

Los miembros de la Junta Directiva podrán ser removidos o reemplazados por los motivos siguientes:

1. Cuando falten a cuatro sesiones consecutivas o diez alternas, por causas injustificadas a juicio de la Junta Directiva.

2. Por conflicto de intereses entre las funciones del cargo y otras actividades que desarrollen.

3. Cuando incurran en responsabilidad civil y/o penal por actos u operaciones ilegales.

La Junta Directiva será la encargada de decidir los mecanismos concretos para la implementación de las medidas que establezca esta Ley.

Todos los asuntos sometidos a la Junta Directiva del Instituto serán adoptados o rechazados por votación de la mayoría de los miembros.

La Junta Directiva del Instituto Nacional del Adulto Mayor celebrará reuniones ordinarias cada tres meses y, reuniones extraordinarias, por solicitud del ministro de Desarrollo Social, del director general del Instituto o por la convocatoria de la mayoría de sus miembros.

El director general del Instituto Nacional del Adulto Mayor será nombrado por el Organo Ejecutivo y ratificado por la Asamblea Nacional, para un periodo de cinco años concurrente con el periodo presidencial.

El Instituto contará con un subdirector general nombrado por el Organo Ejecutivo para el mismo periodo que el director general.

Cuando se presente renuncia o des vinculación al cargo por cualquier causa, el director general o el subdirector general que se nombre en reemplazo será designado por el tiempo restante del periodo en curso.

Para ser director general del Instituto Nacional del Adulto Mayor se requiere:

1. Ser de nacionalidad panameña.

2. Ser mayor de cuarenta años.

3. Poseer, como mínimo, título universitario en licenciatura o especialización en el área de salud y ciencias sociales, geriatría o gerontología.

4. Tener pleno uso de sus derechos civiles y políticos.

5. No haber sido condenado por delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia.

El director general del Instituto Nacional del Adulto Mayor tendrá las funciones siguientes:

1. Ejercer la representación legal del Instituto.

2. Velar por el cumplimiento de la legislación nacional dirigida a la promoción, diseño y ejecución de las políticas públicas para las personas adultas mayores.

3. Representar al Instituto ante las entidades públicas y los organismos nacionales e internacionales en lo relativo a su competencia.

4. Elaborar el presupuesto anual del Instituto y sustentarlo ante la Junta Directiva.

5. Presentar solicitudes para créditos extraordinarios una vez sean aprobados por la Junta Directiva.

6. Nombrar, promover, sancionar y remover al personal del Instituto.

7. Celebrar actos de contratación y adquisición de bienes de acuerdo con la legislación vigente en-materia de contratación pública.

8. Someter a la aprobación de la Junta Directiva la disposición de los bienes del Instituto.

9. Proponer políticas en materia de adultos mayores que seguirá el Instituto ante el sector gubernamental y no gubernamental, así como ante organismos y mecanismos nacionales e internacionales.

10. Preparar los informes anuales, así como los informes especiales, que serán presentados ante diferentes organismos.

11. Convocar a reuniones.

12. Actuar como secretario de la Junta Directiva.

13. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias sobre transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

14. Ejercer las demás funciones que le señale esta Ley y su reglamento.

El subdirector general colaborará con el director general asumiendo funciones que se le encomiendan o deleguen, y lo reemplazará en sus ausencias temporales. En caso de ausencia permanente del director general por renuncia, muerte o cualquier otra causa, el subdirector general ocupará dicho cargo hasta que el Organo Ejecutivo designe al nuevo director general.

Es director general y el subdirector general podrán ser removidos de sus cargos por el Ministerio de Desarrollo Social por incumplimiento de sus funciones o por la comisión comprobada de faltas o delitos.

El patrimonio del Instituto Nacional del Adulto Mayor estará constituido por:

1. Las partidas que se le asignen en el Presupuesto General del Estado.

2. Los bienes muebles o inmuebles que, a la fecha de la promulgación de la presente Ley, estén en uso y administración del Consejo Nacional del Adulto Mayor.

3. Los bienes muebles o inmuebles que adquiera a título oneroso o gratuito.

4. Los legados, las herencias y las subvenciones o cualquier otra forma de donación que le sean concedidas por personas naturales o jurídicas y por entidades nacionales o internacionales.

5. Las partidas asignadas al Fondo Nacional de la Persona Adulta Mayor.

6. El capital inicial será financiado a través de aportes financieros de organismos internacionales multilaterales.

7. Cualquier otro bien que adquiera de conformidad con la ley.

Las donaciones de bienes muebles o inmuebles a favor del Instituto Nacional del Adulto Mayor serán deducibles del impuesto sobre la renta y serán reguladas por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante decreto ejecutivo.