Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.

Esta Ley en el marco regulatorio para que los diferentes organismos de supervisión, así como las entidades, personas naturales y jurídicas sujetas a esta supervisión, establezcan:

1. Las medidas para identificar, evaluar y entender los riesgos y consecuencias del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

2. Los controles apropiados para su mitigación, con el objeto de proteger la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la economía del país.

3. Las medidas para facilitar la cooperación internacional.

Ámbito de aplicación

Esta Ley aplica a:

1. La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

2. La Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

3. Los Organismos de Supervisión.

4. Los sujetos obligados no financieros, actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, así como sujetos obligados financieros, sus sucursales, subsidiarias y filiales de propiedades mayoritaria del grupo financiero.

Son fines de la presente Ley:

1. Prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, mediante la supervisión de la proliferación de armas de destrucción masiva, mediante la supervisión de los sujetos obligados, los sujetos no financieros y las actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión.

2. Crear la coordinación nacional en temas de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

3. Introducir la metodología de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con un enfoque basado en el riesgo, que permita adoptar medidas y asignar recursos de forma proporcional a la exposición de los riesgos identificados para su administración.

4. Ordenar los principios y deberes que en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva están obligados a seguir los organismos de supervisión y los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, así como la institución responsable del análisis de inteligencia financiera.

5. Fortalecer las funciones de prevención y mitigación de los organismos de supervisión.

6. Establecer los mecanismos de recolección, recepción y análisis de información de inteligencia financiera.

7. Introducir los criterios y las recomendaciones para la imposición de sanciones por incumplimiento de la Ley.

8. Ordenar la representación de la República de Panamá ante organismos internacionales vinculados al combate del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, para los fines de cooperación internacional y cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos por el país en esta materia.

Para los efectos de esta Ley, los términos siguientes se entenderán así:

1. Análisis de Inteligencia Financiera. Proceso que conlleva la evaluación de la información obtenida con el fin de agregar valor a esta para prevenir y detectar operaciones o actividades del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

2. Administración de riesgo de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Procesos y herramientas tecnológicas que permitan identificar, clasificar, medir, controlar, mitigar y prevenir el riesgo relacionado con el del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

3. Estrecho colaborador. Persona conocida por su íntima relación con respecto a la persona expuesta políticamente, esto incluye a quienes están en posición de realizar transacciones financieras, comerciales o de cualquier naturaleza, ya sean locales e internacionales, en nombre de la persona expuesta políticamente.

4. Beneficiario Final. Persona o personas naturales que finalmente, directa o indirectamente, poseen, controlan y/o ejercen influencia significativa sobre el cliente o la relación de cuenta o la relación contractual y/o de negocio, o la persona o personas naturales en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción. Incluye a la persona o personas naturales que ejercen control efectivo final sobre una persona jurídica o estructura jurídica.

   El Órgano Ejecutivo reglamentará el criterio para determinar la posesión, control o influencia significativa.

5. Blanqueo de Capitales. Delito tipificado en el Código Penal de la República de Panamá.

6. Cliente: Persona natural o jurídica, según sea definida por las disposiciones legales que rigen para cada actividad económica o profesional indicada en esta Ley, con la cual los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión establecen, mantienen o han mantenido, de forma habitual u ocasional, una relación contractual, profesional o de negocios para el suministro de cualquier producto o servicio propio de su actividad.

7. Cuasi efectivo. Cheques de gerencia, de viajeros y órdenes de pago librados al portador, con múltiples endosos, con endosos en blanco y demás documentos negociables que se incorporen mediante reglamentación de los diferentes organismos de supervisión.

8. Debida diligencia. Conjunto de normas, de políticas, de procedimientos, de procesos y gestiones que permitan un conocimiento razonable de los aspectos cualitativos y cuantitativos del cliente y del beneficiario final, con especial atención del perfil financiero y transaccional del cliente, el origen de su patrimonio y el seguimiento continuo de sus transacciones u operaciones, cuando aplique conforme a la reglamentación de esta Ley, por parte de cada organismo de supervisión.

9. Debida diligencia ampliada o reforzada. Conjunto de normas, de políticas, de procedimientos, de procesos y de gestiones más exigentes y razonablemente diseñadas para que el conocimiento del cliente se intensifique en función en función de los resultados de la identificación, evaluación y diagnóstico de los riesgos que aplica la entidad para prevenir los delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

10. Debida diligencia simplificada. Conjunto de normas, de políticas, de procedimientos, de procesos y de gestiones básicas definidas en esta Ley, que en función de los resultados de la identificación, evaluación y diagnóstico de los riesgos aplicará la entidad para prevenir los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

11. Empresas de cumplimiento. Aquellas que, debidamente registradas ante la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, se dedican a ofrecer el servicio de apoyo a la debida diligencia a sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión que los contraten para cumplir con los objetivos de esta Ley.

12. Enfoque basado en riesgo. Proceso mediante el cual los sujetos obligados financieros, los sujetos obligados no financieros y los organismos de supervisión, según su comprensión de los riesgos, adoptan medidas de protección y supervisión acordes con la naturaleza de estos riesgos a fin de focalizar sus esfuerzos de manera más efectiva. Es decir, entre mayores son los riesgos se deberán aplicar medidas ampliadas o reforzadas para administrarlos, mitigarlos y, cuando se traten de riesgos menores, deberán ser permitidas las medidas simplificadas.

13. Familiares cercanos. Únicamente, el cónyugue, los padres, los hermanos y los hijos de la persona expuesta políticamente.

14. Financiamiento del terrorismo. Delito tipificado en el Código Penal de la República de Panamá.

15. Mitigadores de riesgo. Controles internos que se establecen para minimizar o reducir la exposición de los riesgos identificados y cuantificados, de tal forma que se puedan administrar adecuadamente.

16. Operación Inusual. Aquella operación que no es cónsona con el perfil financiero o transaccional del cliente declarado y confirmado razonablemente por la entidad en el momento del inicio de la relación contractual, o que se excede de los parámetros fijados por la entidad en el proceso de debida diligencia realizado al cliente y que, por consiguiente, debe ser justificada debidamente.

17. Operación sospechosa. Aquella operación que no puede ser justificada o sustentada contra el perfil financiero o transaccional del cliente, o aquella operación que pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

18. Personas expuestas políticamente. Personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando o jurisdicción en un Estado, como (pero sin límites) los jefes de Estado o de un gobierno, los políticos de alto perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los altos ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de decisiones en las entidades públicas; personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones importantes por una organización internacional, como los miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes.

19. Riesgo. Posibilidad de la ocurrencia de un hecho, una acción o una omisión que podría afectar adversamente la capacidad de una organización de lograr sus objetivos de negocio y ejecutar sus estrategias con éxito; evento o acción que pueda afectar en forma adversa a una institución u organización. Además, el riesgo puede percibirse como una función de tres factores: amenaza, vulnerabilidad e impacto.

20. Transferencia electrónica. Toda transacción u operación llevada a cabo en nombre de un ordenante por medios electrónicos con la finalidad de poner a disposición de una persona beneficiaría, independientemente de si el ordenante y el beneficiario son la misma persona. Esta definición se aplica a las transferencias electrónicas internacionales y las transferencias electrónicas nacionales.

21. Estructura jurídica. Se refiere a un fideicomiso u otras relaciones legales donde exista una separación entre la propiedad legal y el beneficiario final o beneficiarios finales.

Conformación del Sistema de Coordinación Nacional

El sistema coordinación nacional para la prevención del Blanqueo de Capitales, financiamiento el terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva estará conformado por:

1. La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

2. La Unidad de análisis Financiero para la Prevención del Delito de blanqueo de capitales y Financiamiento del Terrorismo.

3. Los organismos de supervisión.

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva estará conformada por:

1. El ministro de Economía y Finanzas, o quien este designe, quien actuará como presidente.

2. El ministro de Relaciones Exteriores o quien este designe.

3. El ministro de la Presidencia o quien este designe.

4. El ministro de Comercio e Industrias o quien este designe.

5. El superintendente de Bancos de Panamá en su calidad de presidente del Consejo de Coordinación Financiera o quien este designe.

6. El superintendente de Sujetos no Financieros o quien este designe.

7. El procurador general de la nación en representación del Ministerio Público o quien este designe.

8. El director de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo o quien este designe.

9. El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

El secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad participará en las reuniones de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con derecho a voz en las sesiones respectivas.

La Comisión Nacional, con carácter consultivo, podrá invitar a sus reuniones, cuando así lo considere su presidente, a otras instituciones del sector público, a las asociaciones o gremios legalmente constituidos que representen a los sujetos obligados financieros y sujetos obligados no financieros.

La Comisión contará con una secretaría técnica, adscrita al despacho del ministro de Economía y Finanzas, que tendrá funciones técnicas y administrativas y podrá participar en las reuniones de la Comisión Nacional con derecho a voz.

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva se reunirá, cuantas veces sea precisa su convocatoria, a solicitud de su presidente, con una frecuencia mínima de cuatro veces al año.

Para constituir quorum en las reuniones de la Comisión Nacional se requiere la presencia de, por lo menos, cinco de sus miembros.

Las decisiones de la Comisión Nacional serán adoptadas por el voto afirmativo de, por lo menos, cinco de sus miembros.

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva tendrá las funciones siguientes:

1. Aprobar las estrategias nacionales de riesgos de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a fin de tomar las medidas necesarias para mitigar los riesgos nacionales, gestionar eficazmente los recursos disponibles y adoptar las decisiones de aplicación a los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, previa la convocatoria de los sectores afectados para el logro de una adecuada participación ciudadana.

2. Dar seguimiento al Plan Nacional de Evaluación de Riesgos para la Prevención de los Delitos de Blanqueo de Capitales. Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

3. Establecer las políticas para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

4. Asegurar la coordinación de la representación de la República de Panamá en foros internacionales relacionados con las políticas del país contra los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

5. Presentar informes al Consejo de Gabinete sobre las medidas y acciones que se ejecuten basadas en la evaluación de riesgos para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

6. Variar las sumas de dinero en efectivo y cuasiefectivo sobre las cuales se establece la obligación de declarar.

7. Presentar un resumen anual al Órgano Ejecutivo de las acciones y gestiones realizadas, tanto nacional e internacionalmente, en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, junto con las estadísticas pertinentes.

8. Preparar un informe anual listando los Estados, países o jurisdicciones que presenten un alto riesgos a la República de Panamá de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del terrorismo es el centro nacional para la recopilación y análisis de información financiera relacionada con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como para la comunicación de los resultados de ese análisis a las autoridades de investigación y represión del país.

La Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo contará con los recursos financieros, humanos y técnicos que garanticen su independencia operacional en el desempeño de sus funciones de análisis y manejo de información de inteligencia.

La Unidad de Análisis Financiero para la prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo tendrá las facultades siguientes.

1. Centralizar a nivel nacional los reportes de operaciones sospechosas, efectivo y cuasi efectivo que generen o emitan los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, definidos en la presente Ley y en las normas que reglamenten, con estándares de confiabilidad de su custodia y archivo para prevenir los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

2. Recibir de los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión toda la información realizada relacionada con las operaciones sospechosas que pudieran estar vinculadas al blanqueo de capitales, financiamiento el terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

3. Podrá requerir por escrito a los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetos a supervisión cualquier información relacionada a casos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva que considere necesaria, para efectuar su análisis apropiadamente.

4. Analizar la información obtenida a fin de comunicar los resultados de su análisis y los documentos que lo sustentan al Ministerio Público, a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, a los agentes con funciones de investigación penal, a las autoridades jurisdiccionales y a los organismos de supervisión, cuando hubiera motivos para sospechar que se han o están desarrollando actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

5. Efectuar el análisis operativo utilizando la información y documentación disponible con el objetivo de identificar y seguir el rastro de actividades o transacciones con posibles vínculos entre una actividad y los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva.

6. Efectuar el análisis estratégico utilizando la información y documentación disponible, incluyendo datos que pudieran suministrar otras autoridades competentes para identificar la tendencia y los patrones relacionados con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

7. Elaborar y mantener los registros hasta un mínimo de cinco años y las estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones.

8. Intercambiar con entidades homologas de otros países información de inteligencia financiera para el análisis de la que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, previa la firma con dichas entidades de memorando de entendimiento u otros acuerdos de cooperación.

9. Intercambiar información de inteligencia financiera que pueda estar relacionada con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva con jurisdicciones con las que no se haya suscrito acuerdo alguno, siempre que sean del Grupo Egmont y por reciprocidad.

10. Facilitar cooperación cuando la información sea relevante al cumplimiento de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

11. Proveer al Ministerio Público, a los organismos de supervisión, a la Autoridad Nacional de Aduanas, a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y a los diferentes órganos de inteligencia y seguridad del Estado de cualquier asistencia técnica requerida que pueda ayudar en las investigaciones penales o administrativas de los actos y delitos relacionados con el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

12. Obtener información financiera adicional relacionada a los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva de los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, cuando los análisis financiero que se deriven de los diferentes reportes recibidos y otras declaraciones así lo ameriten.

13. Establecer directrices y ofrecer retroalimentación que ayude a los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión en la aplicación de las medidas contenidas en esta Ley y en particular en la detención y reporte de operaciones sospechosas.

14. Mantener estadísticas actualizadas sobre los asuntos relevantes a la implementación de esta Ley, incluyendo los reportes de operaciones sospechosas recibidas y los informes diseminados a las autoridades competentes.

15. Ejercer otras que se deriven de la presente Ley u otras disposiciones legales y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República de Panamá.

Los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión deberán designar una persona o unidad responsable de servir como enlace con la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y el respectivo organismo de supervisión para fines de la aplicación de las medidas de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva establecidas en esta Ley. Hasta que dicha persona o unidad de enlace no sea nombrada formalmente ante su organismo de supervisión o la Unidad de Análisis Financiero, el representante legal o la persona natural que ejerce la profesión desempeñará la función de enlace. Para los sujetos obligados financieros, cada organismo de supervisión establecerá los requisitos y demás calificaciones en cuanto a la autoridad, independencia y jerarquía interna con la que deba contar la persona o unidad responsable.

Son organismos de supervisión de conformidad con esta Ley:

1. La Superintendencia de Bancos de Panamá.

2. La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

3. La Superintendencia del Mercado de Valores.

4. La Superintendencia de Sujetos no Financieros.

5. El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo.

6. Cualquier otra institución pública que se determine por ley. a fin de garantizar la supervisión de otras actividades descritas en esta Ley o cuyo perilI de riesgo así lo requiera.

Son atribuciones de los Organismos de Supervisión los siguientes:

1. Supervisar que los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión cuenten con políticas, mecanismos y procedimientos de control interno de cada una de las personas naturales o jurídicas sujetas a su supervisión, a fin de verificar el debido cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Ley y sus reglamentos.

2. Elaborar el Manual para la Supervisión del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con un enfoque basado en riesgo.

3. Adoptar un enfoque de supervisión basado en riesgos que le permita al supervisor tener un entendimiento claro de los riesgos de los delitos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva presentadas en el país.

4. Tener acceso a información financiera relacionada con el delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva asociados a los clientes, a los productos y a los servicios de los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión.

5. Imponer las sanciones correspondientes por el incumplimiento de la presente Ley de blanqueo de capitales, de financiamiento del terrorismo y de financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva. Las sanciones impuestas en atención a esta función serán objeto de publicación en el sitio web de cada organismo de supervisión, indicando el nombre del sujeto sancionado, el tipo y monto de la sanción de ser esta última de carácter pecuniario.

6. Notificar a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo las sanciones impuestas de conformidad con lo establecido en esta Ley y sus reglamentos.

7. Emitir normas de orientación y retroalimentación a los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión para su aplicación, al igual que los procedimientos para la identificación de los beneficiarios finales, de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas.

8. Asegurar que los sujetos obligados financieros y sujetos obligados no financieros cuenten con la información básica sobre el originador y el beneficiario de las transferencias electrónicas y que esté disponible al organismo de supervisión y a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y autoridad competente.

9. Dictar las directrices para la aplicación de esta Ley, que sean pertinentes, con respecto a las sucursales, subsidiarias y filiales de los sujetos obligados financieros.

10. Mantener actualizadas las estadísticas sobre asuntos relevantes a la efectividad e implementación de esta Ley, incluyendo las supervisiones y sanciones aplicadas a los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión.

11. Aplicar las medidas y sanciones necesarias para que los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión cumplan con lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos.

12. Suscribir acuerdos de cooperación con entidades del Estado y homologas extranjeras que faciliten la función de supervisión.

Los organismos de supervisión emitirán guías y directrices que coadyuven en la gestión integral de los riesgos a los cuales están expuestos los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión en la administración integral de los riesgos a los cuales están expuestos.

Los sujetos obligados deberán proceder de inmediato a efectuar un congelamiento preventivo sobre los fondos, bienes o activos, una vez recibidas las listas que para tal fin emite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con lo establecido en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, números SR/RES/1267, SR/RES/1988, SR/RES/1373, S/RES/1718, S/RES/1737 y todas las sucesoras, u otras resoluciones que se emitan sobre esta materia, a fin de prevenir el uso de sus productos y servicios para la comisión de actos de terrorismo, su financiamiento, así como el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Una vez recibidas las referidas listas de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo procederá a distribuirlas a los sujetos obligados, quienes una vez encontrada alguna coincidencia entre la lista y algún cliente procederán a suspender toda transacción con este y a congelar preventivamente los fondos que posea.

Los sujetos obligados deberán notificar de inmediato a la Unidad de Análisis Financiero que han efectuado un congelamiento preventivo sobre los fondos, bienes o activos; y esta a su vez, le comunicará al Ministerio Público para que de inmediato someta el congelamiento al control de la autoridad judicial competente.

Los sujetos obligados no descongelarán los bienes y activos hasta no recibir notificación judicial al respecto.

Una vez sometido el congelamiento preventivo al control judicial, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin dilación, tratándose de casos originados bajo los parámetros de las Resoluciones del Concejo de Seguridad de las Naciones Unidas, números S/RES/1267, S/RES1988, S/RES1718,, S/RES/1737, y todas las sucesoras u otras resoluciones que se emitan sobre esta materia, a fin de prevenir el uso de sus productos y servicios para la comisión de actos de actos de terrorismo, su financiamiento, así como el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, procederá a verificar si existe coincidencia entre la lista con relación a la persona física o jurídica que es dueña, posee o controla los bienes o activos sujetos a congelamiento para efectos de ratificar la medida.

Una vez sometido el congelamiento preventivo al control judicial, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin dilación, tratándose de casos originados por solicitudes fundamentadas en la Resolución 1373, procederá a verificar si la solicitud que designa a la persona como terrorista está fundamentada por elementos razonables para determinar que el designado propuesto satisface los parámetros establecidos en la Resolución 1373 para efectos de notificar la medida.

La Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema revisará la información suministrada para el país solicitante; este último deberá suministrar la mayor cantidad de detalles que sean posibles sobre: el nombre contenido en la solicitud, suficiente información de identificación para posibilitar la identificación de personas naturales y jurídicas e información específica que fundamente que la persona satisface los parámetros establecidos en la Resolución 1373.

Para efectos de los artículos de este Título, la sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema, previa notificación vía el Ministerio de Relaciones Exteriores al comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció en virtud de la Resolución 1267 de 1999, podrá autorizar el acceso a fondos o activos congelados preventivamente, cuando estos sean necesarios para sufragar gastos básicos que puede incluir; costos o gastos por servicios u otros gastos extraordinarios, intereses, pagos vencidos por contratos, acuerdos u obligaciones y otros en virtud de las Resoluciones de Seguridad 1452, 1963, 1718, 1737 y sucesoras relativas a la materia.

En caso de homonimia, el juez deberá verificar que la persona afectada no se corresponda con la listada.

Los sujetos obligados financieros y sujetos obligados no financieros que apliquen dentro del período que los reglamentos establezcan, deberán reportar las declaraciones de las siguientes transacciones u operaciones, sean estas efectuadas en o desde la República de Panamá, así como cualquiera información adicional relacionadas con tales transacciones u operaciones para el adecuado análisis de estas:

1. Depósitos o retiros de dinero en efectivo o cuasi efectivo realizados en cuentas de personas naturales o jurídicas por un monto de diez mil balboas (B/.10,000.00) o más, o a través de transacciones sucesivas que, aunque individualmente, sean por sumas inferiores a diez mil balboas (B/. 10,000.00), que al finalizar el día o la semana sumen en total diez mil balboas (B/. 10,000.00) o más. Operaciones en moneda extranjera deben reportarse por el equivalente al cambio.

2. Cambios de dinero en efectivo de denominaciones bajas por otros de denominación altas o viceversa, por un monto de diez mil balboas (B/. 10,000.00) o más, o a través de transacciones sucesivas que, aunque individualmente, sean por montos inferiores a diez mil balboas (B/. 10, 000,00), que al finalizar el día o la semana sumen un total de diez mil balboas (B/. 10, 000,00) o más.

3. Cambio de cheques de gerencia, de viajeros, órdenes de pago, librados al portador con endoso en blanco y expedidos en una misma fecha o fechas cercanas por un mismo librador o por libradores de la misma plaza.

4. Compra y venta de moneda diferente a la de curso legal en la República de Panamá, equivalente a diez mil balboas (B/. 10, 000,00) o más o la suma de esta cifra en una semana, o a través de transacciones sucesivas que, aunque individualmente, sean por montos inferiores a diez mil balboas B/. 10,000.00), que la finalizar el día o la semana sumen en total diez mil balboas (B/.10, 000,00) o más, deben reportarse por el equivalente al cambio.

5. Pago o cobros de dinero en efectivo o cuasi efectivo por un monto de diez mil balboas (B/. 10, 000,00) o más o la suma de esta cifra en una semana por parte de un mismo cliente o de un tercero que actúe en representación del cliente.

Los sujetos obligados financieros, los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión deberán comunicar directamente a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar operaciones, en las que se sospeche pudieran estar relacionadas con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con independencia del monto, que no puedan ser justificadas o sustentadas.

Los reportes deberán ser remitidos a la Unidad de Análisis Financiero inmediatamente, a partir de la detección del hecho, operación sospechosa, de la ejecución la transacción u operación o tentativa de operación.

En los casos en que la recolección de toda la información enviada inicialmente sea compleja o requiera aclaratorias para ser precisa o verídica, los sujetos obligados financieros, los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión deberán complementar de forma expedita la información enviada inicialmente a la Unidad de Análisis Financiero mediante un reporte de operación sospechosa complementario.

Los informes de inteligencia financiera no tendrán valor probatorio y no podrán ser incorporados directamente a las diligencias judiciales o administrativas.

La información obtenida por un organismo de supervisión y la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en el ejercicio de sus funciones deberá mantenerse bajo estricta confidencialidad y solo podrá ser revelada al Ministerio Público, a los agentes con funciones de investigación penal y a las autoridades jurisdiccionales conforme a las disposiciones legales vigentes.

Los funcionarios de los organismos de supervisión y de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo que reciban y requieran por escrito a los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, o tengan conocimiento de información por razón de lo establecido en esa Ley, deberán mantenerla en estricta reserva, confidencialidad y solamente podrá ser revelada al Ministerio Público, a los agentes con funciones de investigación penal y a las autoridades jurisdiccionales conforme a las disposiciones legales vigentes. Los funcionarios de los organismos de supervisión y de la Unidad de Análisis Financiero que, directa o indirectamente, revelen, divulguen o hagan uso personal indebido a través de cualquier medio o forma de la información confidencial incumpliendo con su deber, responsabilidad y obligación de reserva y estricta confidencialidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil y administrativa, serán sancionados según lo dispuesto en el Código Penal.

Los funcionarios públicos que, con motivos de los cargos que desempeñan, tengan acceso a la información de que trata este artículo quedarán obligados a guardar la debida confidencialidad, aun cuando cesen en sus funciones.

Todo funcionario público está en la obligación de denunciar a las autoridades competentes cualquier contraversión y/o desviación a la disposición contenida en el presente artículo.

Los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, que apliquen sus directores, funcionarios y empleados no serán sujetos a responsabilidad penal y civil por presentar reportes de operaciones sospechosas o información relacionada en cumplimiento de la presente Ley.

Los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, no podrán hacer de conocimiento del cliente o de terceros que una información le ha sido solicitada o ha sido proporcionada, incluyendo el envío de reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en cumplimiento de esta Ley y demás normas vigentes. El incumplimiento conlleva la aplicación de las sanciones establecidas en esta Ley y sus reglamentaciones.

Los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión adoptarán las medidas adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad de los empleados, directivos, o agentes que hayan realizado una comunicación o reporte a los órganos internos de prevención del sujeto obligado.

Las autoridades adoptarán las medidas apropiadas a fin de proteger frente a cualquier amenaza a los empleados, directores o agentes de los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a revisión, que comuniquen sospechas de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Director General de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y sus respectivos funcionarios, así como los funcionarios de los organismos de supervisión y la persona o unidad responsable de servir como enlace con la Unidad de Análisis Financiero y el respectivo organismo de supervisión, tendrán derecho a que su respectiva institución o empleador les cubra los gastos y costos que sean necesarios para su defensa, cuando sean objeto de acciones, procesos, juicios o demandas derivados de actos y decisiones adoptados de conformidad con esta Ley y en el ejercicio adecuado y de buena fe de sus atribuciones, funciones u obligaciones.

El amparo legal a que se refiere este artículo se aplicará a dichos funcionarios por actos realizados en el ejercicio de sus cargos, aun después de haber cesado en sus funciones.

En caso de que el funcionario sea condenado y que sea demostrada la mala fe y dolo de su parte, deberá reembolsar a su institución los gastos en que incurrió para su defensa.

Los organismos de supervisión impondrán las sanciones administrativas que procedan por la violación de las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones, tomando en consideración la gravedad de la falta, la reincidencia y la magnitud del daño y los perjuicios causados a terceros.

Los organismos de supervisión establecerán la gradación de las sanciones, una progresión de sanciones disciplinarias y financieras, la protesta para retirar, restringir, suspender la licencia del sujeto obligado, así como el procedimiento sancionatorio a seguirse en cumplimiento con lo establecido en la presente Ley y en las leyes especiales. No obstante, la potestad de cancelar, retirar, restringir, remover o suspender la licencia, certificado de idoneidad y otras autorizaciones para el ejercicio de actividades u operaciones llevadas a cabo por sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión le corresponderá al organismo regulador correspondiente que se la otorgó a solicitud del organismo de supervisión respectivo, en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, quien estará facultado por esta Ley para solicitar a la autoridad que otorgó dicha licencia o permiso la cancelación de esta por violación grave reiterada de la disposiciones de la presente Ley.

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley o de las dictadas para su aplicación por parte de los respectivos organismos de supervisión de cada actividad, para las cuales no se establezca una sanción específica, será sancionado por ese solo hecho con multas de cinco mil balboas (B/.5 000.00) hasta cinco millones de balboas (B/.5 000 000.00). La imposición de sanciones a los sujetos obligados se hará según la gravedad de la falta, el grado de reincidencia, la magnitud del daño y el tamaño del sujeto obligado, que serán impuestas por los organismos de supervisión de cada actividad o a solicitud de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo por cualquier incumplimiento del envío tardío o incorrecto de los reportes.

El Órgano Ejecutivo deberá reglamentar esta materia y los organismos de supervisión deberán regular la aplicación de sanciones a las personas naturales o jurídicas que incumplan con los requerimientos establecidos en la presente Ley, su reglamentación y regulaciones respectivas, de conformidad con las facultades sancionatorias otorgadas por sus respectivas leyes constitutivas o las que los crean.

Las sanciones deberán ser aplicables no solo a los sujetos obligados, sino también a quienes permitan o autoricen el incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley o de las dictadas para su aplicación por parte del organismo de supervisión de cada actividad.

La Superintendencia de Sujetos no Financieros ordenará al Registro Público de Panamá la suspensión de los derechos corporativos de la persona jurídica que esté relacionada con el incumplimiento del agente residente de alguna de las obligaciones establecidas mediante esta Ley, su reglamentación y sus regulaciones. Esta orden de suspensión se hará de conformidad con lo establecido en las disposiciones del artículo 318-A del Código Fiscal. La suspensión de los derechos corporativos de la persona jurídica se hará sin perjuicio de que esta cumpla con las obligaciones establecidas en esta Ley, su reglamento y sus regulaciones.

Consecuentemente, mientras persista la suspensión no podrá inscribirse ningún acto, documento y/o acuerdo ni podrán expedirse certificaciones relativas a tal persona jurídica, salvo las ordenadas por autoridad competente o las solicitadas por terceros con el objeto específico de hacer valer sus derechos, en cuyo caso la certificación se expedirá en un formato distinto para esos efectos, indicando que la persona jurídica ha cumplido con su obligación de registro o actualización establecidas por esta Ley.

Las disposiciones del artículo 318-A del Código Fiscal se aplicarán a la reactivación, expiración del término y disolución de las personas jurídicas suspendidas.

La Superintendencia de Sujetos no Financieros está facultada para ordenar al Registro Público de Panamá la liquidación forzosa administrativa de la persona jurídica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 318-A del Código Fiscal.

En todos los casos en que la comisión de actos violatorios de las disposiciones de la presente Ley y las normas que la desarrollan perdure en el tiempo, el organismo de supervisión podrá imponer multas progresivas hasta que se subsane la violación cometida.

Para los efectos exclusivos de las sanciones y la reglamentación que se adopte en su desarrollo, los actos y conductas del personal directivo. Dignatario, ejecutivo, administrativo o de operaciones de los sujetos obligados son imputables al sujeto obligado y a las personas que ejercen las actividades por cuya cuenta actúan.

Por su parte, las personas naturales autoras de tales actos y conductas quedan sujetas a las responsabilidades civiles y penales en los términos previstos en esta Ley y el Código Penal.

Las sanciones cuyo cobro no se haya podido hacer efectivo por razones imputables al sujeto sancionado serán cobradas a través de la jurisdicción coactiva de cada organismo de supervisión. En los casos que no cuenten con esta función, la Dirección General e Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas será la que proceda a hacerla efectiva mediante los trámites del proceso de cobro coactivo. Los resultados del proceso de ejecución serán informados por la Dirección General e Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas a la Unidad de Análisis Financiero del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

El monto de la sanción impuesta por los organismos de supervisión será remitido a una cuenta especial del Ministerio de Economía y Finanzas para los propósitos de entrenamiento, capacitación, adquisición de equipos, herramientas de información y otros recursos para combatir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En la determinación de las infracciones y la aplicación de las sanciones previstas en esta Ley, sin perjuicio que exista un procedimiento especial, se observará supletoriamente lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General.

Los organismos de supervisión podrán aceptar, por parte de los sujetos obligados, el reconocimiento del incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias establecidas y según su respectivo procedimiento sancionatorio, con la finalidad de hacerlo más expedito, lo que se considerará como una atenuante a la sanción que corresponda. Los organismos de supervisión desarrollarán los criterios y el procedimiento para la aceptación de este reconocimiento.

La República de Panamá como sujeto de Derecho Internacional participará activamente en los organismos regionales e internacionales especializados en el combate de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Órgano Ejecutivo designará a los representantes del Gobierno ante los organismos vinculados al combate del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva tomando en cuenta la naturaleza y funciones de los organismos y de la institución del Gobierno de la República de Panamá en los esfuerzos en esta materia.

En los casos en que la representación sea asumida por una institución gubernamental diferente a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, esta última podrá brindar su apoyo técnico como ente especializado en la materia.

La representación ante el Grupo Egmont será ejercida por la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento el Terrorismo.

Los representantes del gobierno de la República de Panamá ante los organismos vinculados al combate del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva deberán presentar a fines de cada trimestre un informe sobre los asuntos tratados con esos organismos al Ministerio de Economía y Finanzas, en su condición de órganos de coordinación de la comisión de Alto Nivel contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. En el caso de misiones oficiales y actos efectuados en el extranjero, dicho informe deberá presentarse a más tardar treinta días calendario, después de terminada la misión.

Pago de Contribución Anual

La Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo asumirá el pago el pago de las contribuciones anuales derivadas de la membresía de la República de Panamá al Grupo de acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) u organismo equivalente que apruebe el Órgano Ejecutivo.

El artículo 14 del texto único que comprende el Título II de la Ley 67 de 2011 queda así:

El artículo 30 del texto único que comprende el Título II de la Ley 67 de 2011 queda así:

El artículo 331 texto único que comprende el Decreto-Ley 1 de 1999 queda así:

El Artículo 2 de la Ley 2 de 2011 queda así:

Se deroga la Ley 42 de 2000

Se deroga el Decreto Ejecutivo 1 de 2001

La Autoridad Nacional de Aduanas remitirá un informe diario a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo de la información contenida en las declaraciones juradas de viajeros que completen los pasajeros que entren o salgan del territorio nacional y que declaren bajo la gravedad de juramento la introducción o salida de dinero o su equivalente en otras monedas, cheques de viajero, bonos, valores u otros documentos negociables o medios de pago que excedan el valor de diez mil balboas (B/. 10,000.00).

La Autoridad Nacional de Aduanas igualmente emitirá un informe diario a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo relacionado con dinero o su equivalente en otras monedas, cheques de viajero, bonos, valores u otros documentos negociables o medios de pagos, que hayan sido decomisados por no ser declarados por los pasajeros que entren o salgan del territorio nacional.

El Órgano Ejecutivo, mediante los organismos de supervisión, reglamentará esta Ley, en un plazo de hasta ciento veinte días, contado a partir de su entrada en vigencia.

La presente Ley modifica los artículos 14, 30 y 31 del texto único que comprende el Decreto-Ley 1 de 1999 y el Título II de la Ley 67 de 2011; modifica el artículo 2 de la Ley 2 de 1 de febrero de 20111; y deroga la Ley 42 de 2 de octubre de 2000 y el Decreto Ejecutivo 1 de 3 de enero de 2001.

Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Proyecto 167 de 2015 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, Ciudad de Panamá, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil quince.

El Presidente, Adolfo T. Valderrama R.

El Secretario General, Franz O. Wever Z.