Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 31 de Julio de 2014

Ponente:Victor L. Benavides P.
Fecha de Resolución:31 de Julio de 2014
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 

VISTOS: El licenciado F.W., actuando en representación de ADELAIDA MIRANDA, Í.J., E.C. y M.M., ha interpuesto ante la S. Tercera de la Corte Suprema, demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución DIEORA IA-332-2008 de 9 de mayo de 2008, dictada por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). Mediante la resolución de 16 de junio de 2011 (f.82), se admite la demanda de nulidad incoada, y se ordena su traslado al Procurador de la Administración, así como al Ente demandado, para que rindiese el informe explicativo de conducta, contemplado en el artículo 33 de la Ley 33 de 1946. También, se tuvo a la sociedad Generadora del Istmo, S. A. (GENISA), como terceros interesados para impugnar la presente demanda, teniendo como representantes legales a la firma forense Mejía & Asociados. I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El acto administrativo impugnado, está representado por la ya mencionada Resolución DIEORA IA-332-2008 de 9 de mayo de 2008, dictada por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), en la cual se decidió, entre otras cosas, lo siguiente: "ARTÍCULO 1. Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO BARRO BLANCO", con todas las medidas de mitigación, contempladas en el referido estudio, las cuales se integran y forman parte de esta resolución, por lo que, en consecuencia, son de forzoso cumplimiento. ..." II. PRETENSIONES DE LA DEMANDA La parte actora, representada judicialmente por el licenciado F.W., solicita que esta S. de la Corte Suprema, declare que es nula por ilegal, laResolución DIEORA IA-332-2008 de 9 de mayo de 2008, dictada por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), mediante la cual, se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO BARRO BLANCO", de la empresa Generadora del Istmo, S.A. (GENISA). III. HECHOS U OMISIONES FUNDAMENTALES DE LA DEMANDA La parte actora sustenta sus pretensiones, bajo los siguientes argumentos: "PRIMERO: Que GENERADORA DEL ISTMO, S.A., sociedad anónima inscrita a la Ficha N° 527440, Documento N° 958537, de la Sección de Personas Mercantil del Registro Público de Panamá, pretende desarrollar el proyecto hidroeléctrico BARRO BLANCO, el cual consiste en una central de energía hidroeléctrica que aprovechará las aguas del Río Tabasará. SEGUNDO: Que el día 16 de enero de 2008, esta sociedad presentó, ante la Dirección Nacional de Evaluación y Ordenamiento Ambiental (DIEORA) de la ANAM, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III, denominado "CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO BARRO BLANCO", elaborado por el consultor PROYECTOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES DEL ISTMO, S.A., luego identificado en esta institución con el número IEE-001-08. TERCERO: Que el 18 de enero de 2008, DIEORA admitió a la fase de evaluación y análisis el EsIA presentado mediante el PROVEIDO-DIEORA-048-08, declarando que, realizada la verificación correspondiente, el estudio cumple con los contenidos mínimos exigidos por el artículo 27 del Decreto Ejecutivo 209 de 5 de septiembre de 2006 (en adelante el Decreto Ejecutivo 209), que rige el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, no consta en el expediente que se haya surtido el trámite de publicación en la página web de la ANAM de un aviso que contenga "el número, fecha y parte resolutiva del proveído correspondiente" y que anuncie "la disponibilidad del Estudio de Impacto Ambiental en las oficinas correspondientes". CUARTO: Que posteriormente DIEORA remitió el estudio a las Unidades Ambientales Sectoriales (UAS) del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Instituto Nacional de Cutural (INAC), la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), así como a varias dependencias de ANAM, a saber: la Administración Regional de Chiriquí, la Unidad de Cambio Climático y Desertificación (UCCD), la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (DAPVS), la Dirección Nacional de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas (DIGICH), y el Departamento de Ordenamiento Territorial Ambiental. QUINTO: Que el 8 de febrero de 2008 se llevó a cabo el único foro público para este proyecto, en la Escuela de Veladero, corregimiento de Veladero, distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, el cual se realizó sólo en el idioma español (castellano) y contó con la asistencia de aproximadamente 41 personas. Este foro se realizó bajo la moderación del Administración Regional de Chiriquí (ARACH) de la ANAM, y en ningún momento del proceso se involucró a la Administración Regional de la Comarca Ngöbe-Buglé de la ANAM. SEXTO:Que la empresa promotora hizo entrega de las constancias de los supuestos medios empleados para el cumplimiento del artículo 36 del Decreto Ejecutivo N° 209 de 5 de septiembre de 2006, junto con su informe del foro público el día 18 de febrero de 2008, es decir, seis días hábiles después de la realización del foro público y trece días calendario después de la última publicación en el periódico. SÉPTIMO: Que en el expediente correspondiente al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental de DIEORA, no consta el acuerdo de la ANAM con la empresa promotora referente a la elección del medio electivo de publicidad para los procesos de participación ciudadana, en cumplimiento del referido artículo 36 del Decreto Ejecutivo N° 209 de 5 de septiembre de 2006. OCTAVO: Que la empresa promotora aportó, como constancia de la transmisión del correspondiente aviso de consulta pública y foro, a través de medios de comunicación radial, específicamente la estación de radio MegaMix, una factura fechada el 4 de febrero de 2008 y la presunta reproducción escrita de las transmisiones; conteniendo este último documento una anotación manuscrita que debe presumirse como el recibido por parte de dicha emisora radial del texto en mención. Todo esto ocurre cuatro días calendario antes de la realización del referido foro público. NOVENO: Que ni la factura ni la reproducción escrita con anotación manuscrita mencionadas en los hechos anteriores, a propósito de las transmisiones realizadas por la emisora radial MegaMix como requisito de participación ciudadana del proyecto en comento, constituyen "constancia de la empresa difusora de las fechas y horas donde se realizaron las mismas". DÉCIMO: Que la empresa promotora aportó adicionalmente, en el informe del foro público, una factura de Radio Ancón fechada el 24 de enero de 2008, correspondiente a transmisiones pagadas para ser efectuadas desde el 1 de enero al 30 de enero de 2008, y que, ante la falta de certificación de su contenido y el que fueran pagados más de quince días hábiles antes que la empresa promotora realizara la presentación del EsIA mencionado a DIEORA, las referidas facturas no son valederas como medio de difusión dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. DÉCIMO PRIMERO: Que los avisos de consulta pública aportados por la empresa promotora, publicados a través de diario de circulación nacional, específicamente Editora Panamá América (3 y 5 de febrero de 2008), no cumplen con las medidas exigidas por el artículo 37 del Decreto Ejecutivo N° 209 de 5 de septiembre de 2006, así como tampoco mencionan si se trata de la primera o última publicación, y que, al igual que el resto de las publicaciones aportadas, se hicieron fuera del término establecido por dicha norma. DÉCIMO SEGUNDO: Que mediante nota DIEORA-DEIA-AP-143-1502-08 del 15 de febrero de 2008, DIEORA solicitó información complementaria a la empresa promotora y que, sin esperar el término de su respuesta y los posteriores comentarios de las UAS, DIEORA solicitó nuevamente información complementaria a dicha empresa el 28 de febrero de 2008 mediante nota DIEORA-DEIA-AP-155-2802-08. DÉCIMO TERCERO: Que no fue sino hasta el 11 de marzo de 2008, es decir, treinta y dos días calendarios después del foro público, cuando el promotor remitió a dicha Dirección, como anexo de sus respuestas a las solicitudes de información complementaria hechas por DIEORA, los edictos presumiblemente fijados en los municipios directamente relacionados con el proyecto, medio de difusión obligatorio para el período de consulta pública y el foro público. DÉCIMO CUARTO: Que el edicto presumiblemente fijado en la Alcaldía de Tolé indica haber sido desfijado el día 8 de marzo de 2008, esto es, un mes después de realizado el foro público, y que no consta la fecha de su fijación: sólo la fecha de recibido en la Alcaldía, mientras que el edicto presumiblemente fijado en la Alcaldía de Müna indica dos fechas, sin especificar a qué hace referencia cada una. DÉCIMO QUINTO: Que mediante nota DIEORA-DEIA-AP-207-1403-08 del 14 de marzo de 2008, DIEORA solicitó por tercera vez información complementaria a la empresa promotora, aún cuando recién el 11 de marzo de 2008, DIEORA había remitido a las UAS, mediante nota DIEORA-DEIA-UAS-451-1103-08, la información complementaria recibida en función de sus dos primeras solicitudes. DÉCIMO SEXTO: Que la información complementaria presentada por la empresa promotora el 18 de marzo de 2008, en respuesta a la nota DIEORA-DEIA-AP-207-1403-08, fue remitida a partir de ese día a las UAS del MOP, el IDAAN, la ASEP, ya varias dependencias de ANAM, a saber: la DIGICH, la DAPVS, la UCCD y la ARACH; indicándole a todas ellas que debían remitir sus comentarios en un término de cinco días hábiles. DÉCIMO SÉPTIMO: Que mediante nota recibida el 19 de marzo de 2008 y sin que mediase solicitud DIEORA, la empresa promotora envió información relativa al proyecto por cuarta vez a dicha Dirección, en esta ocasión sobre presuntas actividades a realizar con la Comarca Ngöbe-Buglé. Nótese que la Dirección respectiva recibió dicha información, y más aún, la ANAM la tomó en cuenta en las consideraciones que motivan la aprobación del estudio. DÉCIMO OCTAVO: Que mediante nota CAR-GEN-0864 recibida el 4 de abril de 2008, el promotor presentó, por quinta ocasión y nuevamente sin que mediase solicitud de DIEORA, información adicional al EsIA. Nuevamente, esta información fue incluida en las consideraciones que motivan la aprobación del estudio en mención. DÉCIMO NOVENO: Que sin que hubiesen transcurrido los veinte días hábiles otorgado por el reglamento para que todas las UAS vieran vencida su oportunidad de presentar comentarios a la última información complementaria circulada, el Informe Técnico de Evaluación de DIEORA, fechado el 21 de abril de 2008 y firmado por el evaluador A.V., afirmó que se habían cumplido todos los requisitos contenidos en la Ley, por lo que recomendó la aprobación del EsIA "CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO BARRO BLANCO" de la empresa GENERADORA DEL ISTMO, S.A. VIGÉSIMO: Que el 9 de mayo de 2008, mediante Resolución DIEORA-IA-332-2008 la ANAM resolvió aprobar dicho estudio. VIGÉSIMO PRIMERO: Que ni el EsIA sometido a aprobación ni el proceso de evaluación al que fue sometido, detallan las áreas específicas que serán afectadas por el proyecto planteado dentro de los corregimientos ya mencionados, particularmente en el caso de las áreas anexas de la Comarca Ngöbe-Buglé, sometida a un régimen jurídico especial. Como consecuencia, tampoco se expresaron los impactos ambientales y sociales, ni los riesgos diferenciados que sufrirán dichas áreas específicas." IV. NORMAS LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO EN QUE LO HAN SIDO Dentro de las disposiciones legales que la actora estima conculcadas, se encuentran las siguientes: Decreto Ejecutivo N° 209 de 5 de septiembre de 2006 Ley N° 41 de 1 de julio de 1998 Ley N° 10 de 7 de marzo de 1997 Ley N° 38 de 31 de julio de 2000 V. INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA Por medio de escrito firmado por el Administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, y fechado el 24 de junio de 2011 (fs.84 a 86), se remite a esta M., Informe Explicativo de Conducta, tal cual había sido previamente solicitado en la resolución de admisión de la demanda en análisis. En este Informe, la Entidad requerida sostiene, que el acto impugnado fue corregido mediante la Resolución N° AG-0101-2010 de 25 de enero de 2010, y que a su vez fue corregida mediante Resolución N° AG-0303-2010 de 1 de marzo de 2010; por lo que la Resolución demandada no es susceptible de este proceso contencioso administrativo, toda vez que el mismo acto impugnado, fue reformado posteriormente, por el Administrador General de la Autoridad Nacional del Ambiente en ejercicio de sus funciones. En cuanto a las normas aducidas infringidas por los recurrentes, la Autoridad censurada sostiene que, cumplieron a cabalidad con la normativa ambiental dispuesta para esta materia. También, manifiesta que consta en el expediente, que el Cacique General de la Comarca Ngöbé-Buglé certificó que dio comunicación a la Comarca de la próxima ejecución del Proyecto Hidroeléctrico B.B., evidenciándose la comunicación respectiva, a todas las partes residentes o relacionadas con el área donde se desarrollaría este Proyecto. VI.CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN Luego de un prolijo análisis del negocio que ocupa nuestra atención, contemplado en la Vista Fiscal N° 142 de 26 de marzo de 2013 (fs.197 a 201), el Procurador de la Administración solicita a los miembros que componen esta S. de la Corte Suprema de Justicia, declarar que se ha producido el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia, en virtud de que la Resolución recurrida, fue previamente modificada por la Resolución N° AG-0303-2010 de 1 de marzo de 2010, lo que evidencia que el acto demandado, se agotó en sus efectos. VII. INTERVENCIÓN DE TERCEROS Como parte del procedimiento para este tipo de causas, se incorporaron los terceros intervinientes, representados por la sociedad denominada Generadora del Istmo, S.A. (GENISA), cuyos apoderados judiciales son la firma forense Mejía & Asociados. Para ello, incorporan escrito de oposición a la demanda instaurada, aceptando unos hechos y negando otros, reforzando su argumento en que ninguna de las normas consideradas infringidas por los actores, se ha vulnerado. VIII. PRUEBAS PERICIALES D. cumplimiento al Auto de Pruebas N° 106 de 23 de mayo de 2013 (fs.220-231), se apersonó a esta S., el señor L.G.G. (f.249), para realizar una diligencia de reconocimiento y ratificación de documento, manteniéndose en que el documento identificado como Adjunto N° 1, efectivamente se ratifica del mismo; y cuya firma, número de cédula y sello de idoneidad, corresponde a las áreas afectadas con la construcción y operación del proyecto hidroléctrico B.B., en las áreas anexas a la Comarca Ngöbe Buglé. También, se presentó ante esta instancia judicial, el señor B.Z.Z., a rendir su respectiva declaración, la cual consta a fojas 252 y 253. En la misma, el declarante manifestó que fungió como Director de Evaluación y Ordenamiento Ambiental dentro de la Autoridad Nacional de Ambiente, que reconoce la firma que aparece en la Resolución impugnada, así como cada una de las fojas que la componen; y que a su vez, se dio a la tarea de verificar que todos los documentos señalados en dicha Resolución, constaran en el expediente administrativo y que éstos eran revisados por Asesoría Legal. Declaró, que se cumplieron con todos los términos y solicitudes de acuerdo a la norma vigente. Que la consulta pública se realizó, de acuerdo a la norma legal vigente para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. En diligencia signada el día 28 de junio de 2013 (f.257), tomaron posesión como peritos, los señores I.R.G. (perito de la parte actora); así como los señores L.E.G.R. y J.L.L. (peritos designados por los terceros), para la realización de un informe pericial, dentro de la presente controversia. En el Informe Pericial, calendado el 17 de julio de 2013 (fs.266 a 269), el perito L.G.R., de la firma L.G.I., S.A., en su condición de perito de los terceros, manifiesta en sentido general, lo siguiente: · El área de influencia del proyecto B.B. es de 258.67 hectáreas. · Esta área es el total que ocupa el embalse del proyecto, incluyendo el desarrollo de la obra civil del mismo. · Del total de la incidencia directa, el 2% del embalse es incidido en el área anexa de la Comarca Gnöbé Buglé. · En relación al área de influencia indirecta, la misma corresponde a los corregimientos de Tolé, Bella Vista, Veladero, y C.V. (distrito de Tolé); y el corregimiento de Bakana del distrito de Muná, área anexa a la Comarca Gnöbé Buglé. · Reconoce el documento señalado como Anexo N° 1 de las pruebas aportadas con la oposición a la demanda, y se ratifica del mismo. · La ubicación del proyecto Hidroeléctrico B.B., está sobre el río Tabasará, dentro de los corregimientos de Bella Vista, Veladero, y C.V. (distrito de Tolé); y el corregimiento de Bakana del distrito de Muná, área anexa a la Comarca Gnöbé Buglé. · La presa B.B., está situada en las coordenadas Este=434514.259, y Norte=908127.844, aproximadamente sobre el eje de la Presa, y la cola del embalse en el río Cuvibora, en las coordenadas Este=431090.112, y Norte=914316.957, y la cola del Embalse en el río Tabasará, en las coordenadas Este=431247.115, y Norte=914381.512, aproximadamente. · Los accidentes topográficos del área, son generalmente ondulados, con la presencia de quebradas, y con planicies en las riveras del río Tabasará. · Existe una influencia directa en la Comarca Gnöbé Buglé, la cual según las estimaciones, es de 6.68 hectáreas, en los predios N° 24, 25, 28 y 30, en las áreas Cuvibora y Cerro Plata. · A modo de conclusión, dispone que todos los trabajos fueron realizados en el sistema de coordenadas WGS84, proyección UTM Zona 17 Norte, y su basificación fue el punto geodésico Escuela de Tolé, correspondiente al Instituto Geodésico Tommy Guardia. · Señaló que en las riveras del Río Cuvíbora no hay afectación, y que sólo se afecta la confluencia "Y" del Río Tabasará y del Río Cuvíbora, con una cota de 103.00. · Sostuvo igualmente, que sus conocimientos por más de cincuenta (50) años en la construcción de hidroeléctricas, le permite determinar que la incidencia directa de este proyecto es de 3% aproximadamente, 6.67 hectáreas de un total de 258 hectáreas. De los datos recabados en el Informe en mención, el perito G.R., se ratifica en Diligencia de Peritos, realizada el día 24 de julio de 2013 (fs.270-273). Igualmente, el perito del tercero, J.L.L., sostuvo en su Informe Pericial, consultable a fojas 293 y 294 del expediente judicial, lo siguiente: · El EsIA presentado, cumple con los contenidos mínimos establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 209 de 2006, para la Categoría III. · En el Capítulo 6 del EsIA, se incluyó un inventario de fauna y flora. La posible afectación a estas especies, debe generar medidas de prevención, mitigación y/o compensación. · Acorde al Decreto Ejecutivo N° 209 de 2006, no se incumplieron los tiempos de la presentación de ampliaciones por parte de la empresa GENISA. · En el EsIA, se describe el área de influencia directa y su respectivo alcance. · De acuerdo al expediente, el promotor utilizó varios medios de información para la convocatoria para participar en el Foro público; a saber: los municipios directamente relacionados con el proyecto; medios de comunicación radial; y distribución de volantes informativas. · De acuerdo al EsIA, se realizaron consultas en las áreas de influencia. · De acuerdo a la información presente en el expediente administrativo, el promotor publicó en las Alcaldías de Tolé y en la Alcaldía Municipal de M., el extracto del EsIA. Los mismos se realizaron de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 209 de 2006. · En el Decreto Ejecutivo N° 209 de 2006, ni en el Capítulo IV, D.P. de Consulta Formal, o en el Capítulo V, Del Foro Público, en ninguno de sus artículos, se establece los acuerdos escritos entre los promotores y la Autoridad Nacional de Ambiente, en cuanto a la selección del medio lectivo de divulgación, de la consulta pública o foro. En el Informe Pericial del Centro de Incidencia Ambiental (fs.276-292), demandante en este proceso, el perito I.R.G., señala lo siguiente: · El EsIA no cumplió con la totalidad de los contenidos mínimos, ya que no se presentó en los mismos aspectos de Foro Público, que corresponde al Punto 8.3.1. de la Lista taxativa del Decreto Ejecutivo N° 209, en su artículo 27. · El tema no incluido dentro del EsIA, fue el Punto 8.3.1. de la Lista taxativa del Decreto Ejecutivo N° 209. · Entre los problemas ambientales críticos que no fueron desarrollados, ni valorados en la jerarquización correspondiente de los impactos adversos derivados de la ejecución del proyecto hidroeléctrico B.B., se encuentran los análisis de las implicaciones del cambio de un ecosistema lótico a uno léntico. ... · Uno de los principales problemas ambientales críticos que podría generar el proyecto durante sus fases, es que no se lleve a cabo una debida divulgación de las acciones que emprenderá el proyecto, teniendo en cuanta que en el área de influencia se da la presencia de Grupo de la etnia Ngöbe. · Que sí se presentó una lista de especies que se podrían verse afectadas. · La ausencia de información relevante en diferentes temas técnicos y ambientales, que sustentan el proyecto, aunado al hecho que este EsIA no se hace una análisis completo de los posibles escenarios y situaciones, así como de los riesgos ambientales que debieron ser evaluados con mayor profundidad en sus diferentes etapas, e incluyéndose una debida comunicación y retroalimentación con los afectados/beneficiados por el proyecto, demostraban que el mismo No debía ser aprobado, dado que su viabilidad ambiental a lo largo de lo expuesto en el documento, no se sustentaba. · Los comentarios y ampliaciones presentados por la Empresa Generadora del Istmo, S.A., cumplieron con los tiempos de entrega establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 209. No obstante, manifiesta que la Regional de Chiriquí, como la Dirección Integrada de Cuencas Hidrográficas no se sentían satisfechos con las respuestas presentadas por el promotor luego de las tres ampliaciones solicitadas. · De acuerdo a la información presentada en el EsIA y sus correspondientes ampliaciones, que constan en el expediente administrativo de evaluación, sólo se menciona el área de influencia sin hacer diferenciación entre las áreas de influencia directa y las de influencia indirecta. · Manifiesta que no consta en el expediente administrativo, que las comunidades dentro del área de influencia directa e indirecta del proyecto Hidroeléctrico B.B., recibieron invitación a la convocatoria para participar en el Foro Público. · En el expediente administrativo, no se presente evidencia escrita que fueran convocadas las autoridades municipales y las comarcales para la realización del Foro. · De la revisión del expediente administrativo, se obtiene que el promotor del proyecto B.B., publicó dos (2) extractos en los avisos de consulta pública, para el proceso de participación ciudadana, de envío de comentarios a la autoridad competente, los cuales corresponden a las fojas 111 y 112 de dicho expediente. El primero, foja 111, corresponde al Aviso de Consulta Pública fijado en el Distrito de M., Comarca Ngöbe-Bugle el día 2 de febrero de 2008 y desfijado el 15 de febrero de 2008. El segundo, en foja 112, corresponde al Aviso de Consulta Pública fijado en el Distrito de Tolé el 4 de febrero de 2008 y desfijado el 8 de marzo de 2008. Ambas fojas presentan debidamente los sellos y firmas correspondientes, y fueron publicadas en los Municipios que correspondían, así como dentro de los plazos establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 209 del 6 de septiembre de 2006. De estos dos (2) últimos informes periciales, la S. realizó Diligencia de Peritos, el día 31 de julio de 2013 (fs.299-305), en donde los peritos L.L., por una parte; y por la otra, el perito R.G., se ratifican de lo actuado en sus respectivas diligencias. IX. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Conforme lo dispone el artículo 61 de la Ley N° 135 de 1943, en su último párrafo: "las partes pueden presentar, dentro de los cinco días siguientes al término fijado para practicar las pruebas, un alegato escrito respecto del litigio"; siendo esto así, tanto la parte actora, representados judicialmente por las licenciadas T.A.B. y L.A.A.; como los apoderados judiciales de la sociedad denominada GENISA, S.A., actuando en el proceso como terceros interventores, incorporan escritos de alegatos, en el cual elaboran un estudio fáctico-jurídico sobre el la controversia planteada. En resumen, la parte actora refuta en su líbelo de alegaciones finales, que la resolución impugnada no se encuentre vigente, destacan la importancia de los foros públicos o el proceso de consulta pública y participación ciudadana, que se deben dar en este tipo de procesos, habiéndose incumplido los mismos, así como también, la no realización de éstos en base a estándares internacionales imperantes. Los terceros interesados con los resultados de esta encuesta jurídica, sostuvieron fundamentalmente en su escrito de alegatos finales, que se ha demostrado que la ANAM cumplió con la publicación y difusión del Estudio de Impacto Ambiental, concretándose el mismo en un diario de circulación nacional, los días 3, 4 y 5 de febrero de 2008, así como la expedición y colocación de Edictos en los Municipios relacionados con el proyecto, y los recibos de pago por la difusión del mismo en Radio Ancón y Mega Mix, incluyendo el volanteo realizado en las Comunidades. Sostienen los terceros, que al no existir una estructura administrativa y técnica apropiada que permitiera que la Regional de la ANAM de la Comarca Ngobé Buglé diera su opinión sobre este proyecto, se canalizó a través de la Regional de ANAM Chiriquí, a efectos que procediera a la consulta respectiva, por lo que existen notas de 7 y 8 de febrero de 2008, del denominado "Movimiento 10 de Abril", en las cuales manifestaron su oposición a la realización del Proyecto Hidroeléctrico B.B., siendo una de las firmantes ADELAIDA MIRANDA, la cual ha sido una de las proponentes de la demanda contencioso administrativa de nulidad. Los mismos pueden ser consultables, de fojas 307 a 329 del infolio judicial. X. DECISIÓN DE LA SALA TERCERA Luego de surtidas las etapas procesales, la S. procede a resolverlo en el fondo, previo a las siguientes consideraciones. Este Tribunal Colegiado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 206, numeral 2, de la Constitución Política, en concordancia con el texto del artículo 97, numerales 1 y 2 del Código Judicial y el artículo 42b de la Ley N° 135 de 1943, conforme fue reformado por la Ley N° 33 de 1946, es competente para conocer este tipo de acciones. 1. REFLEXIONES PREVIAS Este Tribunal Colegiado considera pertinente establecer unas reflexiones iniciales, en torno a la responsabilidad por daño ambiental. La vida humana, per se, se encuentra inmersa en una dimensión ambiental. Es así que, a partir de la Revolución Industrial, etapa del desarrollo del mundo en la cual comienza la explotación sistemática de la naturaleza, en detrimento de la calidad de vida de las personas, se hizo necesario la regulación de las actividades humanas que involucrasen la utilización de recursos naturales e interacción con el ambiente, dando pie al surgimiento del Derecho Ambiental. El Derecho Ambiental es una rama del derecho social, cuyo propósito es regular la relación entre el ser humano y la naturaleza, de manera que se permita la continuación de la vida en todas sus formas. En el año 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas convocó a una conferencia mundial, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, contando con la participación de ciento setenta y nueve (179) Jefes de Estado y de Gobierno. En esta conferencia, se expidió la "Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo", que en su contenido desarrolla veintisiete (27) principios entre los cuales destaca aquél que reza "quien contamina paga". Este principio enfoca desde un plano económico, los costos por contaminación, y respalda la aplicación de la responsabilidad objetiva por daño ambiental. Según expresa la licenciada T.A., "el fundamento del principio contaminador-pagador se basa en el deber que tiene quien desarrolla una tecnología, proceso o producto de cerciorarse que sus actividades sean seguras y no generen contaminación, de lo contrario, responderá por los daños derivados de su actividad. De otra manera, la sociedad no podría contar con mecanismos vinculantes para responsabilizar a los contaminadores por el deterioro causado al ambiente". (A.B., T.. "La Responsabilidad Objetiva por Daño Ambiental en la nueva Ley General de Ambiente". Trabajo de Graduación, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, p. 29-30). En este sentido, la la Ley General de Ambiente de la República de Panamá, adoptada en 1998, establece ciertos instrumentos de gestión ambiental, entre los que podemos mencionar el proceso de evaluación de impacto ambiental que incorpora el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) como requisito previo para el inicio de la ejecución de cualquier obra o actividad realizada. De igual forma, establece responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales, a quienes causen daños al ambiente o a la salud, por el incumplimiento de las medidas de conservación ambiental establecidas para garantizar el desarrollo de los bienes ambientales del Estado de una manera sostenible y evitando causar el menor daño posible a las áreas naturales de nuestro país. Cabe indicar, que el Decreto Ejecutivo N° 209 de 2006 que reglamenta el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), obliga a que el mismo sea un requisito a cumplirse para toda aquella actividad, obra o proyecto nuevo que por sus efectos o ubicación pueda generar un riesgo ambiental y causar un daño al entorno natural donde se desarrolla, o simplemente ponerlo en riesgo ambiental. De ahí que el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) como instrumento de gestión ambiental, se le haya dado el carácter de requisito previo, por cuanto debe ser presentado antes de causar una presunta afectación ambiental por ser esta la manera como deben preservarse los bienes ambientales, sin menoscabar el desarrollo de actividades de interés social como es la explotación de recursos naturales. Como bien se conoce, los bienes ambientales del Estado son bienes de dominio público, por tanto, su explotación requiere la aprobación o autorización previa del Estado quien está obligado a garantizar y a fiscalizar que la misma se desarrolle, de forma que afecte en el menor grado posible, la sostenibilidad de los recursos ambientales o naturales que forman parte del patrimonio público y cuyo aprovechamiento está sujeto a la reglamentaciones respectivas. La Corte ha de destacar, que al presentarse la acción contencioso administrativa de nulidad, se incorporó por parte de los actores, una medida cautelar para que fuesen suspendidos provisionalmente los efectos de la Resolución demandada. Los recurrentes arguyeron en su momento, que se debía suspender dicha resolución, debido a que se evitaría con ello un perjuicio notoriamente grave, ya que de no darse, implicaría un significativo impacto en la Cuenca Hidrográfica del Río Tabasará. Por otra parte, adujeron una apariencia de buen derecho, ya que el Estudio de Impacto ambiental se aprobó incumpliendo con los principios de estricta legalidad y del debido proceso legal, ya que la ANAM no cumplió con lo normado en el Decreto Ejecutivo 209; y por último, sostuvieron que la resolución demandada no había sido debidamente motivada. De otro lado, los terceros interventores Generadora del Istmo, S.A. (GENISA), se opusieron a estos argumentos alegando que tanto la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) como la empresa Generadora del Istmo, S.A. (GENISA), cumplieron con los procedimientos establecidos en las normas legales para ejecución de los proyectos hidroeléctricos que se desarrollan en la República de Panamá, sin menoscabar así con las exigencias consagradas en nuestra Constitución Política. Sin embargo, la S. Tercera en pleno no accedió a dicha solicitud en resolución de 17 de octubre de 2011, señalando que no se observaba una prueba sumaria que de modo claro y ostensible, acreditaran los cargos de ilegalidad expuestos por los recurrentes, lo que imposibilitaba efectuar un ponderado y ecuánime análisis de las violaciones jurídicas alegadas. También, esta resolución planteó la necesidad de que la S. se adentrara en el examen de cuestiones de hecho y derecho, merecedores de un minucioso análisis en el momento procesal en que deba dictarse la decisión de fondo, y no en la etapa procesal de admisibilidad. 2. SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS HIDROELÉCTRICAS EN EL PAÍS 2.1. Concepto: El Diccionario Esencial de la Lengua Española, Espasa-Calpe, S.A., Segunda Edición. 2006. P.. 772, define el término "Hidroeléctrica" como: "Adj. Perteneciente o relativo a la hidroelectricidad" Por su parte, el término "Hidroelectricidad", es definido por este mismo G., como: "F. Energía eléctrica obtenida por fuerza hidráulica". En su ensayo titulado "Las Hidroeléctricas existentes en Panamá", publicado el 26 de julio de 2011, la autora D.L., define las hidroeléctricas como: "...aquella que utiliza la energía del agua almacenada y la convierte, primero en energía mecánica, y después en eléctrica". Agrega esta autora, que la misma "funciona en base a una caída de agua, ya que el caudal del río varía a lo largo del año, es necesario formar un embalse par mantener la generación, aunque disminuya el caudal". Además, señala que "el agua en su caída, entra en dos (2) niveles del cauce, se hace pasar por una turbina hidráulica, la cual transmite la energía a un generador donde se transforma en energía eléctrica" (portal web: http://clubensayos.com/Tecnolog%C3%ADa/Las-Hidroelectricas-Existentes-En-Panama/33239.html). 2.2. Breve Reseña Histórica sobre la Creación de Hidroeléctricas en Panamá: El desarrollo e instalación de centrales hidroeléctricas se inició en Panamá, básicamente, con la construcción del Canal de Panamá en 1915, que permitió utilizar los embalses de los lagos de Gatún y M.. La capacidad instalada fue de 60.0 MW. Posteriormente en la provincia de Chiriquí, la empresa Chiriquí Eléctrica instaló en el distrito de D., la capacidad 3.1 MW y la hidroeléctrica Macho Monte en 1938 con una capacidad de 2.4 MW. En el año 1974, pasaron a formar parte del Sistema Eléctrico del otrora Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE). Con la creación del antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), como empresa estatal en el año de 1961, se concretó la planificación de una serie de proyectos hidroeléctricos de pequeña y mediana envergadura. En el año 1967, se instalan 6.0 MW de capacidad en la Yeguada provincia de Veraguas, y en el año 1973 se le adiciona 1.0 MW. En el año 1972, se inició la nacionalización del sector eléctrico pasando todos los sistemas eléctricos al IRHE. En etapas más recientes (1976), se construyó la hidroeléctrica de B. en la provincia de Panamá, con una capacidad de 150.0MW, la Estrella y Los Valles con una potencia de 90.0 MW en el año 1979 y La Fortuna con capacidad de 300.0 MW en el año 1984 ubicadas en la provincia de Chiriquí. En el año 1997, a través de la Ley N° 6 del 3 de febrero, que dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad, se separan las actividades de generación (con cuatro empresas o sociedades anónimas), distribución (tres empresas) y transmisión (una empresa). De las empresas de generación y distribución se vendió parte del paquete accionario al sector privado. En esta nueva fase se construyó la hidroeléctrica Estí con capacidad de 120 MW en la provincia de Chiriquí y se instaló una nueva turbina en la Hidroeléctrica de B. de 86.0 MW, la hidro Panamá en el Valle de A. provincia de Coclé con capacidad de 2.8.MW. En la actualidad existe en el país una potencia instalada, en Centrales Hidroeléctricas de 821.3 MW. En reciente data, se han pretendido construir nuevas centrales hidroeléctricas para satisfacer la creciente demanda eléctrica nacional, encontrando resistencia de ciertos grupos originarios, así como la de ambientalistas, que estiman una afectación ambiental con la creación de nuevos embalses en estas zonas. 2.3. Etapas del Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Como parte de la ejecución de la obra "Proyecto Hidroeléctrico B.B.", la sociedad Generadora del Istmo, S.A. (GENISA), tuvo que someterse al examen de los elementos legales que le exigió la Ley Ambiental Panameña, para poder hacerse acreedora de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Categoría III. Con ello, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) debía verificar el cumplimiento de los requerimientos concentrados en el artículo 27 del Decreto Ejecutivo N° 209 de 2006, además del requisito de participación ciudadana, a través de los Capítulos II, III, IV y V del Título IV del Decreto N° 209 de 2006 en mención, el cual reglamenta los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA). Verificados estos requerimientos, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), procede a aprobar o rechazar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) presentados a su consideración. Aprecia la Corte, que en efecto, la empresa Generadora del Istmo, S.A. (GENISA), cumplió con los requerimientos mínimos que impone el Decreto Ejecutivo N° 209 de 2006 para ejercitar las acciones referente a la "Construcción y Operación del Proyecto Hidroeléctrico denominado B.B."; mismo que fue materializado por medio de la resolución demandada. 2.4. Estudios Realizados para le Ejecución del Proyecto denominado "Construcción y Operación Proyecto Hidroeléctrico B.B.": Ahora bien, la Ley General de Ambiente, Ley N° 41 de 1 de julio de 1998, y el Decreto de Evaluación de Estudio de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo N° 209 de 5 de septiembre de 2006, establecen que el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), es el documento que describe las características de una acción humana, y proporciona antecedentes fundados, para la predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales, y describe, además las medidas para evitar, reducir, corregir, compensar, y controlar los impactos adversos significativos. El artículo 3 del Decreto de Evaluación de Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), contempla qué son los nuevos proyectos de inversión público y privados, obras o actividades, de carácter nacional, regional o local, y sus modificaciones que estén incluidas en la lista taxativa contenida en el artículo 16 de este Reglamento, que deben someterse al proceso de evaluación de estudio de impacto ambiental. Por otro lado, el artículo 23 de la Ley General de Ambiente, es claro en señalar que el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), es un requerimiento previo al inicio de ejecución de la actividad, obra o proyecto (público o privado), que por su naturaleza o características, puedan causar riesgo ambiental. En concordancia con lo anterior, la S. observa que las verificaciones realizadas para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de este Proyecto, han constituido acciones complejas del saber humano, las cuales propenden la actuación sobre la naturaleza, sin dañar la misma, a fin de lograr el mayor beneficio para nuestro país. En dicho informe, se ha incorporado toda la experiencia en las materias de botánica, zoología; y ha incluido un estudio y análisis pormenorizado sobre el pueblo originario que habita el área a ser afectada. Igualmente, observamos resultados por áreas, tales como: flora y fauna, geología, ecología, y los aportes realizados en cada uno de ellos en forma sucinta. Esta serie de informaciones fueron recabadas en las investigaciones de campo logradas en las áreas donde se realizará el proyecto hidroeléctrico, así como un inventario de las especies vegetales y animales existentes, pudiéndose verificar su afectación por la construcción de esta hidroeléctrica, y las medidas a adoptarse para tal fin. Cabe destacar, que en cuanto a la flora y fauna, no se apreciaba una mayor afectación, pues la mayoría del área a ser afectada, desde hace una buena cantidad de años, no existe una población tal, que les afectara por la inundación de la zona estudiada. Estos elementos fueron examinados, posteriormente, en el peritaje internacional independiente, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y publicado el día 5 de septiembre de 2013 (Cfr. el Resumen Ejecutivo Consolidado, del Peritaje Independiente de la Represa B.B., Panamá). 3. EXAMEN DE LA LEGALIDAD DE LAS NORMAS ADUCIDAS COMO VULNERADAS Examinadas las violaciones alegadas y los argumentos en que se sustentan, conjuntamente al caudal probatario incorporado al proceso, la S. es del criterio que la razón no le asiste a la parte actora. Veamos el por qué. La parte actora enfila sus pretensiones, para tratar de enervar el acto impugnado, en que el mismo fue dictado con prescindencia de consulta pública. Para ello, invoca la infracción de los artículos 34; 36; 37; 12; 13, literal b; 30; 29; 41; 42; 43; 52; 8, literales d, e, f, g, h, j, k, del Decreto Ejecutivo N° 209 de 5 de septiembre de 2006; artículo 27 de la Ley N° 41 de 1 de julio de 1998; artículo 48 de la Ley N° 10 de 7 de marzo de 1997; y el artículo 52 de la Ley N° 38 de 31 de julio de 2000. El demandante alega como violadas de manera directa, por omisión, los artículos expresados, puesto que en su opinión, el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Generadora del Istmo, S.A. (GENISA), no fue puesto a conocimiento público ni se cumplió con el principio de consulta pública. La S. desestima la violación que en ese sentido se señala, toda vez que consta en el infolio judicial, copia autenticada del Informe de Foro Público N° 01-02-08, en donde claramente se expone, que se cumplió con el proceso de consulta ciudadana a través de la ejecución del FORO PÚBLICO coordinado con la Administración Regional de Chiriquí. Además, se adjunta copia de los Listados de Asistencia (cfr. fs. 48-62). Igualmente, se acentúa esta aseveración, con la copia autenticada del Aviso de Consulta Pública (f.63); la Factura N° 29838-0041-235174 de 24 de enero de 2008 (f.64), en la cual se cancela un paquete de publicidad mensual por parte de Radio Ancón; la copia autenticada de un Aviso de Consulta Pública (f.67-72), publicado en un diario de la localidad; un Informe Resumen de Consulta Pública (f.73); un documento certificado denominado Propuesta de Intención entre las Autoridades de La Comarca Ngobé Bugle y B.B. (f.74); y por último, a foja 75 se aprecia un Certificado del Cacique General sobre el Estudio Ambiental a Generadora del Istmo, S.A., sobre B.B., fechado el 22 de diciembre de 2007. Por estas consideraciones, se desestiman los cargos. Aunado a lo anterior, la S. observa que una vez establecida la veracidad del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), cuya validez es cuestionada, es del criterio que la Resolución N° DIEORA-IA-332-2008 de 9 de mayo de 2008, expedida por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) que lo aprueba, no sólo contempla medidas de mitigación a lo largo de su articulado, sino que conmina a la empresa a su forzoso cumplimiento, y de igual manera le advierte que "suspenderá" el proyecto por el incumplimiento de lo establecido en la esa resolución, el Estudio de Impacto Ambiental y por la violación de las normas que regulan el uso, protección de los recursos naturales y del ambiente en general. 4. CONSIDERACIONES FINALES La corte advierte, que es innegable que todo lo concerniente a la utilización de los recursos naturales, impacta positiva o negativamente, sobre el futuro de nuestro país, y como corolario de este señalamiento, es indispensable que cada uno de nosotros estemos debidamente informados sobre el tema, para que cada uno de nosotros actuemos en debida forma, al momento de exigirse nuestra participación. En el asunto en cuestión, como hemos dicho, no se constata la violación de las normas legales alegadas. Pues se ha verificado en el infolio que la autoridad ciertamente cumplió con los cánones establecidos en la ley para el cumplimiento de la participación pública. En particular, se observaron los medios de participación señalados en la Ley 41 de 1998 y el Decreto Ejecutivo N° 209 de 2006. Ahora bien, la S. debe precisar en adición dos aspectos. En primer término, es importante señalar que de acuerdo a los elementos de autos no solamente se cumplió con el proceso de estudio de impacto ambiental en cuanto al agotamiento de los mecanismos de participación pública, sino también en lo que respecta a la formalidad del procedimiento, como puede ser en lo que concierne al idioma o la lengua utilizada en el desarrollo del proceso de participación. En este sentido, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el artículo 7 y 82 de la Constitución Política el idioma de curso legal en Panamá es el español, mismo que conforme a disposiciones del Código Administrativo es el que corresponde en el desarrollo de las distintas actuaciones de los poderes públicos. Tanto es así que conforme a los artículos 492 y 877 del Código Judicial para que los actos de la administración pública tengan plena validez y valor probatorio en procesos judiciales, éstos deben estar redactados en español, y en el caso de que consten en lengua diferente, la norma procesal exige que sean traducidos mediante traductor oficial al idioma constitucionalmente consagrado en Panamá. La S. es conciente que entre la población de los corregimientos y comunidades de la Comarca Ngöbe-Buglé interesadas en las resultas del proceso de estudio de impacto ambiental referente al proyecto de "Construcción y Operación del Proyecto Hidroeléctrico B.B.", se habla en buena parte las lenguas de la comarca, las cuales precisan de un debido respeto en virtud del principio de interculturalidad y libre determinación de los pueblos que se deduce del ordenamiento legal de la Comarca como de la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. No obstante lo anterior, la S. no puede dejar de observar que éstas lenguas como otras reconocidas en nuestro país confluyen al mismo tiempo que el español, y si bien éstas no son de menor importancia que el idioma latino lo cierto es que de conformidad con el carácter intercultural y bilingüe reconocido en la Ley 10 de 7 de marzo de 1997, que crea la Comarca Ngöbe-Buglé y el Decreto Ejecutivo 194 de 25 de agosto de 1999, que adopta la Carta Orgánica Administrativa de la Comarca, el castellano no deja de ser el idioma oficial y de uso tanto por los poderes públicos ordinarios como por las autoridades tradicionales y oficiales debidamente reconocidas dentro del territorio de la Comarca Ngöbe-Buglé y sus áreas Anexas. Por tal motivo, si bien es de reconocer que la autoridad debe extremar en las exigencias establecidas para el cumplimiento satisfactorio del período de consultas, lo cierto es que el acto acusado como las actuaciones que dieron lugar a su emisión no han hecho más que desarrollarse dentro de los parámetros legalmente establecidos, entre los cuales está el uso de no otra lengua que la oficialmente establecida; y que dicho sea de paso garantiza seguridad jurídica a las partes dentro del procedimiento administrativo. Por lo demás, como consta en autos la Cacique de la Comarca Ngöbe-Buglé, certificó haber comunicado a los miembros de la comunidad sobre la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico B.B.. Este aspecto confirma lo aquí expresado en tanto que demuestra que la actuación demandada cumplió, sin que el uso de una lengua u otra impidiera tal comunicación, con el período de divulgación y de participación ciudadana requerido en el proceso de estudio de impacto ambiental. T. presente que de acuerdo con la normativa de la Comarca Ngöbe-Buglé, en especial el artículo 24, 25 y 27 de la Ley 10 de 7 de marzo de 1997, la Cacique General actúa como máxima autoridad tradicional y representante de la Comarca. Por consiguiente, su intervención en dicho proceso asegura los canales de comunicación de las autoridades públicas con los miembros de la comunidad indígena. En segundo término, y ya para finalizar, es de notar que aun cuando en este asunto se ha podido determinar la validez jurídica del Estudio de Impacto Ambiental demandado, no puede dejar de recordarse que en este tipo de materias, de notable sensibilidad socio-ambiental y cultural, es una obligación de las autoridades públicas de ejecución: la de garantizar a las comunidades indígenas los procedimientos necesarios para el logro efectivo del bienestar económico y social de éstos (artículo 127 de la Constitución Política). Esto supone que el Estado está en la obligación de adoptar las medidas que se hagan precisas con el fin de procurar el no desmejoramiento de la calidad de vida de la comunidad indígena en caso que se vea afectada directa o indirectamente y con mayor o menor intensidad por el aprovechamiento y/o concesión de los recursos naturales que forman parte del territorio comarcal. Desde esta perspectiva, las autoridades públicas no sólo están obligados a cumplir con los procedimiento administrativos establecidos en la ley y con la garantía legal de acceso a la información ambiental y de participación pública, sino que también están vinculados a crear medidas y políticas de indemnización, de integración social, de desarrollo económico y ambiental, de participación en los beneficios, y de reubicación adecuadas en el caso de que se haga imprescindible el traslado de las poblaciones o personas a causa de los planes o proyectos de desarrollo. En estos casos, tal y como lo dispone el artículo 48 y demás disposiciones de la Ley 10 de 7 de marzo de 1997 y de conformidad con el artículo 225 del Decreto Ejecutivo 194 de 25 de agosto de 1999, la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente, y el artículo 10 de la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, según el cual "Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso": La autoridad tiene la obligación constitucional y legal de velar por el cumplimiento y realización de todas aquellas medidas que permitan un desarrollo sostenible y sustentable de la comunidad indígena, que por una parte guarde proporción con las necesidades de desarrollo del país, y por la otra, atienda las necesidades locales de desarrollo humano y de conservación de los recursos naturales. Dicho de otro modo, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso S. vs.S.: "La segunda garantía que el Estado debe cumplir al considerar los planes de desarrollo dentro del territorio S. es aquella de compartir, razonablemente, los beneficios del proyecto con el pueblo S.. Se puede decir que el concepto de compartir los beneficios, el cual puede encontrarse en varios instrumentos internacionales respecto de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, es inherente al derecho de indemnización reconocido en el artículo 21.2 de la Convención, el cual establece que [n]inguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos según las formas establecidas por la ley. La Corte considera que el derecho a recibir el pago de una indemnización conforme al artículo 21.2 de la Convención se extiende no sólo a la total privación de un título de propiedad por medio de una expropiación por parte del Estado, por ejemplo, sino que también comprende la privación del uso y goce regular de dicha propiedad. En el presente caso, el derecho a obtener el pago de una "indemnización justa" conforme al artículo 21.2 de la Convención se traduce en el derecho de los miembros del pueblo S. a participar, en forma razonable, de los beneficios derivados de la restricción o privación del derecho al uso o goce de sus tierras tradicionales y de aquellos recursos naturales necesarios para su supervivencia" (Cfr. Corte IDH. Caso del P.S. vs.S.. Sentencia de 28 de noviembre de 2007 (Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas), párr. 138-139). R., queda claro que los elementos aportados no dan margen a otra cosa que estimar que el acto acusado está desprovisto de vicios que hagan merito a que la S. declare su ilegalidad y consecuente anulación. Aun así, para la S. resulta de común acuerdo que para la garantía efectiva de los derechos e interés legales puestos en discusión se hace imprescindible que las autoridades pongan en práctica y desarrollen mecanismos que permitan responder adecuadamente a las legitimas exigencias de desarrollo socio-ambiental de la comunidad indígena. Es así que, aun cuando no es una atribución de esta jurisdicción, resulta conveniente recordar que las autoridades del Órgano Ejecutivo están compelidas a asegurar y hacer cumplir las medidas legales necesarias para compensar a la comunidad indígena y garantizar a éstos los beneficios que resulten del desarrollo del proyecto visto. Siendo esta una obligación constitucional, precisa de su aseguramiento en los términos que nuestro ordenamiento jurídico contempla. En consecuencia, la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° DIEORA IA-332-2008 de 9 de mayo de 2010, dictada por Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM); y en consecuencia, NO ACCEDE a las pretensiones contenidas en el líbelo de demanda. N., VICTOR L. BENAVIDES P. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- A.A.Z. (Con Salvamento de Voto) KATIA ROSAS (Secretaria) SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO A.A.Z. Con el debido respeto, me veo en la necesidad de expresar mi desacuerdo con la decisión de mayoría, por las razones que a continuación preciso: La resolución emitida, con la ponencia del Magistrado V.B., decide declarar que no es ilegal la Resolución DIEORA IA-332-2008 de 9 mayo de 2008, dictada por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), mediante la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO BARRO BLANCO", a desarrollarse próximo a la comunidad de Bocalatún, Corregimientos de Veladero y Bella Vista, Distrito de Tolé, Provincia de Chiriquí, por considerar que se cumplieron con los requerimientos legales y reglamentarios necesarios para la aprobación del estudio de impacto ambiental en cuestión. En ese sentido, resulta conveniente realizar un breve análisis de las implicaciones de las evaluaciones de impacto ambiental, tanto a nivel legal como jurisprudencial, las cuales a mi criterio impiden reconocer la legalidad del acto administrativo atacado en esta oportunidad. En primer término, como bien lo indica la resolución demandada, la Evaluación de Impacto Ambiental es un sistema de advertencia temprana que opera a través de un proceso de análisis continuo y que, mediante un conjunto ordenado, coherente y reproducible de antecedentes, permite tomar decisiones preventivas sobre la protección del ambiente. (artículo 2 de la Ley N° 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá). De esta forma, dicho proceso de evaluación comprende la presentación del estudio de impacto ambiental ante la Autoridad ambiental, su evaluación por parte de ésta ultima, así como el seguimiento, control, fiscalización y evaluación de la resolución que aprueba el estudio sometido. Por otro lado, el mismo artículo 2 de la Ley N° 41 de 1998, define el estudio de impacto ambiental de la siguiente forma: "Estudio de Impacto Ambiental. Documento que describe las características de una acción humana y proporciona antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales, y describe, además, las medidas para evitar, reducir, corregir, compensar y controlar los impactos adversos significativos". Cabe señalar, que el estudio de impacto ambiental categoría III (dentro de la cual se encuentra el Proyecto Central Hidroeléctrica B.B.), involucra aquellos proyectos cuya ejecución puede producir impactos ambientales negativos de significación cuantitativa o cualitativa que ameriten un análisis más profundo para evaluarlos y para proponer el correspondiente plan de manejo (artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 209 de 5 de septiembre de 2006). Para su aprobación requieren del cumplimiento de una serie de requisitos como lo son que el promotor del proyecto, ya sea público o privado, involucre a los miembros de la comunidad en forma temprana con la finalidad de que se les incorpore al proceso de toma de decisiones ambientales, elaborando y ejecutando un plan de participación ciudadana así como también que recabe la opinión técnica de otras instituciones públicas relacionadas con los aspectos y/o impactos ambientales. En ese sentido, el Decreto Ejecutivo N° 209 de 5 de septiembre de 2006, mediante el cual se aprueba el Reglamento del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, y que fue utilizado como norma reglamentaria vigente para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica B.B., establece la obligación del promotor del proyecto de informar a la comunidad afectada por la actividad, respecto a las fases y tareas que se realizarán durante su ejecución. En el caso de los Estudios Categoría III, el artículo 30 del Decreto Ejecutivo N° 209 de 2006, señala lo siguiente: " ... Para los Estudios Categoría III: Además de los elementos indicados en los literales a), b) c) y d) del numeral anterior, deberá realizarse un foro público obligatorio, durante el proceso de evaluación, antes de la fase de decisión sobre el estudio de impacto ambiental correspondiente. La ANAM reglamentará mediante Resolución motivada la realización de los foros públicos". La importancia de la participación ciudadana en temas de desarrollo sostenible es vital para lograr soluciones duraderas, y que hayan garantizado la completa participación de todos los interesados o afectados por las actividades. De esta forma, como lo bien lo indicó la Organización de Estados Americanos (OEA) al formular la Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible, aprobada por el Consejo Interamericano para el Desarrollo Sostenible en abril de 2010, "se debe realizar esfuerzos especiales para incluir la participación del sector privado, y para crear igualdad de oportunidades para las mujeres, y los grupos vulnerables tales como las poblaciones indígenas, los jóvenes, minorías en desventaja racial o étnica ... y otros grupos tradicionalmente marginados". En este punto, es necesario traer a colación lo referente a las comunidades dentro de las cuales tiene incidencia el proyecto hidroeléctrico es estudio, para lo cual resulta relevante lo dictaminado por los peritos, tanto de la parte actora como del tercero interesado (representado en la figura de la empresa Generadora del Istmo, S.A.), con relación a la ubicación del proyecto. Así, de fojas 266 a 268 del expediente reposa el informe topográfico rendido por el Ingeniero L.G. (perito del tercero interesado, Generadora del Istmo, S.A.), mediante el cual describe cuál es el área de influencia directa e indirecta del Proyecto Central Hidroeléctrica B.B.. En lo medular de su informe, el perito señala lo siguiente: "El área de influencia directa del Proyecto B.B. es de 258.67 Hectáreas. Esta área es el total que ocupa el embalse del Proyecto y se incluye todo el desarrollo de la obra civil del mismo. De este total de incidencia directa, solo un 2% del embalse es incidido en el Área Anexa de la Comarca N.B.. En relación al área de influencia indirecta, la misma corresponde los corregimientos de Tolé, Bella Vista, y C.V. en el Distrito de Tolé, y el corregimiento de Bakama del Distrito de Muná, Área anexa a la Comarca N.B. ... Existe una influencia directa en la comarca N.B., la cual según nuestras estimaciones es de 6.68 Hectáreas en los predios No. 24, 25, 28 y 30, en las áreas Cuvibora y Cerro Plata". (lo resaltado es del suscrito) De lo anterior, se puede concluir que, evidentemente, el Proyecto Central Hidroeléctrica B.B. incide en áreas comprendidas dentro de la Comarca N.B., razón por la cual era necesario que se garantizara la participación ciudadana de las comunidades indígenas en la evaluación del estudio de impacto ambiental sometido a la ANAM. Ahora bien, retomando lo referente a los mecanismos de participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental Categoría III, expresado en párrafos anteriores, el artículo 38 del Decreto Ejecutivo N° 209 de 2006 señala expresamente lo siguiente: "Artículo 38. El Promotor del proyecto, obra o actividad tendrá la obligación de realizar un foro público a su costo, durante la etapa de revisión de los Estudios de Impacto Ambiental Categoría III, en una fecha coordinada con la ANAM, quien a su vez fungirá de moderador ... El foro público se realizará sobre la base de una exposición detallada de la acción propuesta y del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, por parte del Promotor del proyecto, obra o actividad o de quien él designe. El Promotor deberá acreditar la forma de convocatoria de los participantes, así como los mecanismos de difusión empleados; los que deberán garantizar una expedita participación de la comunidad. Asimismo, el foro público deberá brindar a la comunidad los espacios adecuados para la presentación de sus comentarios sobre el proyecto, obra o actividad y sobre el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente. La empresa Promotora debe remitir a la ANAM un informe sobre lo planteado durante la realización del foro el cual será incluido en el expediente. El foro deberá realizarse en la comunidad o el distrito donde se encuentra ubicado el proyecto, en caso contrario la ANAM deberá dar su aprobación formal". ( lo subrayado es del suscrito) En ese sentido, resulta relevante destacar lo planteado por los miembros de las comunidades vecinas al proyecto, durante la realización del Foro Público #01-02-08 de 8 de febrero de 2008, en realización al Estudio de Impacto Ambiental, Categoría III, Proyecto Central Hidroeléctrica B.B., celebrado en la Escuela de Veladero, Corregimiento de Veladero, Distrito de Tolé, Provincia de Chiriquí. Así, en las conclusiones de dicho Foro, visible a foja 53 del expediente, se estableció lo siguiente: "Conclusiones. · Se cumplió con el proceso de consulta ciudadana a través de la ejecución del FORO PÚBLICO coordinado con la Administración Regional de Chiriquí. · La comunidad y sociedad civil presente expresaron sus opiniones con respecto al proyecto. · Las comunidades indígenas solicitan la realización de otro foro en el área comarcal y manifestaron su inconformidad tanto del proceso de convocatoria al foro como el rechazo al proyecto. · El movimiento 10 de abril (M-10) manifiesta total oposición al Proyecto Hidroeléctrico B.B.". (lo resaltado es del suscrito) Es importante señalar que, a pesar que dentro de las recomendaciones del Foro Público #01-02-08 de 8 de febrero de 2008, se recogió "solicitar a la empresa promotora, la realización de un Foro Público en el área Comarcal, dado que el proyecto influye en este territorio, así como en la provincia de Chiriquí" (foja 53 del expediente), dicha diligencia no se adelantó, como se desprende de las constancias procesales, y la cual resultaba vital para el proceso de aprobación del estudio de impacto ambiental del Proyecto Hidroeléctrico B.B., dado que el mismo incidía directamente en áreas ocupadas por comunidades indígenas. De esta forma, de fojas 276 a 297 del expediente, reposa el informe pericial preparado para el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) elaborado por I.R.G. (licenciado en Biología), en su condición de perito de la parte actora, el cual se refiere a la falta de divulgación del proyecto en las áreas directamente afectadas. En ese sentido, el informe pericial señala en su parte medular lo siguiente: "e) Con relación al proceso de consulta requerido en el proceso de evaluación de impacto ambiental: 1) Si consta en el expediente administrativo que todas las comunidades dentro del área de influencia directa e indirecta del proyecto Hidroeléctrico B.B. recibieron invitación a la convocatoria para participar en el foro público, RESPUESTA: Dicha información no consta en el expediente administrativo y las razones de esta respuesta se detallan a continuación: · En foja 26 del Expediente Administrativo se presenta nota en donde Generadora del Istmo, S.A. invita a los moradores de los corregimientos de Bella Vista, Veladero, C.V. en Tolé, así como a los moradores de Bakama a participar de las "REUNIONES COMUNITARIAS" (la mayúscula es nuestra) que se estarían celebrando desde el día 7 y 8 de febrero de 2008 a partir de las 8:00 A.M. en la Escuela del Veladero para explicar el Proyecto Hidroeléctrico B.B.. En la misma No se indica que se realizará un Foro Público, se hablan de reuniones comunitarias, por lo que consideramos que el llamado utilizando esta volante no se ajustaba a lo que se realizaría el día 8 de febrero de 2008 y existía un desconocimiento con relación a la verdadera naturaleza del evento de quienes asistieron a ese sitio convocados por esta volante ... · Que debieron ser realizados dos Foros Públicos, uno en el área de la Administración Regional de Chiriquí y otro en el área de la Comarca bajo la Administración Regional Ngobe Bugle, como se indica en: - En la foja 36 del Expediente Administrativo correspondiente, donde mediante NOTA ARACH-482-02-07 se remite Informe de FORO PÚBLICO No 001-02-08 y en donde se dice Solicitar a la empresa promotora, la realización de un Foro Público en el área Comarcal, dado que el proyecto influye en este territorio así como en la provincia de Chiriquí. - En NOTA ARACH-568-02-08, la Administración Regional de Chiriquí de ANAM, remite el INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA NO 022-02-08. En la foja 75, entre las preguntas planteadas se encuentra la número 14 que dice "El Foro Público coordinado con la empresa promotora, se realizó el 08 de febrero en la Escuela de Veladero, entre los asistentes de la Comarca Ngobe-Bugle, reclaman que no se ha considerado la Comarca y hasta donde entienden el proyecto influye en su área, por lo que, debe ampliarse el Plan de Participación Ciudadana y de ser posible desarrollar la Consulta Pública en esta área de comprobarse que influye en la Comarca Ngobe-Bugle. Dicha solicitud no fue atendida por la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Territorial de la ANAM, a pesar que la formulación de recomendaciones es una de las obligaciones de las Administraciones Regionales de la ANAM, conforme a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 209 (artículo 9) en donde indica que su deber es es (sic) velar por el incumplimiento de los procedimientos administrativos y la concurrencia de los contenidos de los Estudios de Impacto Ambiental que deban someterse a su evaluación ... En síntesis, tanto el Expediente Administrativo como el EsIA del Proyecto Hidroeléctrico B.B., dejan en evidencia que áreas de la Comarca Ngobe-Bugle se encuentran dentro de dicho proyecto, por lo que se hacía necesaria la convocatoria de un Foro en la Comarca Ngobe-Bugle ...". (lo subrayado es del suscrito) Las consideraciones anteriores dejan en evidencia la violación de los artículos 30 y 38 del Decreto Ejecutivo N° 209 de 5 de septiembre de 2006, mediante el cual se aprueba el Reglamento del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, ante la falta de ejecución del mecanismo de participación ciudadana, específicamente el foro público, en el área de la Comarca N.B., donde impacta, de forma directa e indirectamente el Proyecto Central Hidroeléctrica B.B.. Aunado a lo anterior, resulta relevante destacar que si bien la propia Administración Regional de Chiriquí de la Autoridad Nacional del Ambiente, en su Informe de Inspección Técnica N° 022-02-08, visible de fojas 71 a 76 del expediente administrativo, al momento de calificar el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría III, Proyecto Central Hidroeléctrica B.B., estima como uno de los resultados de su evaluación la necesidad de participación ciudadana de la comunidad indígena afectada, la Autoridad ambiental procedió a aprobar el estudio de impacto ambiental en estudio, indicado que se habían cumplido con "los principales señalamientos para este tipo de proyecto" (foja 169 del expediente administrativo), obviando las evaluaciones técnicas, análisis y recomendaciones vertidas por las autoridades regionales de ambiente, que son las que examinan de primera mano las incidencias de los proyectos dentro de las áreas de su competencia territorial. En ese sentido, el Informe de Inspección Técnica N° 022-02-08 de la Administración Regional de Chiriquí de la Autoridad Nacional del Ambiente señaló, en su parte pertinente, lo siguiente: " ... 14. El Foro Público coordinado con la empresa promotora, se realizó el 08 de febrero en la Escuela de Veladero, entre los asistentes de la Comarca Ngobe Bugle, reclaman que no se ha considerado la Comarca y hasta donde entienden el proyecto influye en su área, por lo que, debe ampliarse el Plan de Participación Ciudadana y de ser posible desarrollar la Consulta Pública en esta área, de comprobarse que influye en la Comarca Ngobe Bugle". (lo subrayado es del suscrito) De esta forma, lo cierto es que se observan serias deficiencias en la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, Categoría III, Proyecto Central Hidroeléctrica B.B., que involucran las consideraciones realizadas por la sociedad civil y los pueblos en cuyos territorios impacta el proyecto hidroeléctrico, que debe servir de base para que la S. Tercera exija a las autoridades competentes el cumplimiento de reglas y principios básicos para el respeto de los derechos humanos especialmente de aquellos sectores más vulnerables como en este caso, los pueblos indígenas. Es preciso indicar que lo planteado en líneas anteriores, ya ha sido reconocido por esta Corporación de Justicia, a través de la Resolución de 27 de noviembre de 2008, con motivo del examen de legalidad de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, Categoría III del Proyecto Red Frog Beach Club, F.I.. En dicho pronunciamiento, la S. Tercera indicó lo siguiente: "A pesar de las exclusiones y modificaciones realizadas por la autoridad demandada para aprobar el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría III del Proyecto Red Frog Beach Club, F.I., consideramos que su aprobación se ha llevado a cabo desconociendo no sólo los intereses de la comunidad habitante en las áreas de la Isla B. y opiniones de otras entidades estatales relacionadas con los componentes sino aspectos trascendentales de los impactos a corto, mediano o largo plazo que originará la fase II del Proyecto Red Frog Beach Club. El desconocimiento de los dictámenes emitidos por un grupo de profesionales calificados para emitir un criterio cónsono con la afectación ecológica que causará dicho proyecto y, la implantación de un plan de manejo ambiental que no garantiza la mitigación de los daños a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Isla de B. y los efectos negativos sobre el mismo Parque; constituye un segundo aspecto que conlleva al incumplimiento de las normas que regulan la conservación del ambiente y aquéllas relacionadas con la aprobación de un estudio de impacto ambiental en beneficio de un interés particular y detrimento del interés público -entiéndase la conservación de la flora y fauna y el uso sostenible de los recursos naturales, que le corresponde preservar al Estado". En adición a lo anterior, la Ley N° 10 de 7 de marzo de 1997, por la cual se crea la Comarca N.B., señala en sus artículos 47 y 48 lo siguiente: "Artículo 47. El Estado está obligado a garantizar la adecuada indemnización, procurando el mejoramiento de la calidad de vida de los afectados, si se llegare a producir el traslado o reubicación de poblaciones o personas, causados por planes o proyectos de desarrollo. En tales casos, se promoverán los mecanismos de consulta, comunicación y participación necesarios, con las autoridades comárcales y la población. Artículo 48. La exploración y explotación de los recursos naturales, salinas, minas, aguas, canteras y yacimientos de minerales de toda clase, que se encuentren en la Comarca Ngöbe-Buglé, podrán llevarse a cabo en ejecución de los planes, y proyectos de desarrollo industrial, agropecuario, turístico, minero y energético, vial y de comunicación u otros, que beneficien al país de acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional. En estos casos, el Estado y el concesionario desarrollarán un programa de divulgación, de forma que las autoridades y las comunidades indígenas sean informadas y puedan plantear voluntariamente sus puntos de vista sobre dichos proyectos, los cuales deben garantizar los derechos de la población en beneficio y cumplimiento de los principios de desarrollo sostenible y protección ecológica, procurando su participación. En los casos en que sea factible la explotación, se requerirá un estudio de impacto ambiental previo, que incluya el impacto social, tomando en consideración las características culturales de la población afectada. El resultado del estudio deberá ser presentado a la autoridad competente, quien le dará copia a las autoridades indígenas, a través del Consejo de Coordinación Comarcal, a fin de que pueda presentar sus observaciones en un término no mayor de treinta días. Las relaciones laborales entre los concesionarios para la explotación de los recursos naturales y los trabajadores, se regirán por lo dispuesto en la Constitución Política y en las Leyes laborales vigentes. Parágrafo: Lo que dispone este Artículo será aplicable en los planes y los proyectos de desarrollo industrial, agropecuario, turístico, minero y energético, vial y de comunicación u otros que se encuentran en su totalidad dentro de la Comarca". Por otra parte, mediante Decreto Ejecutivo 480 de 23 de abril de 2013, se aprobó la Política Nacional de Recursos Hídricos de la República de Panamá, donde establece como principio la participación, señalando que reconoce la existencia de un deber compartido del Estado y todos los habitantes del territorio nacional, con igualdad de género respecto al manejo y la conservación del recurso hídrico. Dicha normativa fomenta la búsqueda de consensos entre la población y las autoridades gubernamentales que actúan sobre el territorio de la cuenca hidrográfica. Igualmente, contempla el principio de derecho a la prevención, el cual establece que la gestión integrada de recursos hídricos que las personas (nacionales o extranjeras) y comunidades vulnerables, así como los ecosistemas, tienen el derecho a que los procesos, planes y programas de desarrollo, dentro de las cuencas hidrográficas, se realicen tomando en cuenta las condiciones actuales de riesgo, y evitando la creación de nuevas amenazas y vulnerabilidad. Recordemos que, Panamá debe cumplir con los compromisos adquiridos al ser partícipe de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (13 de septiembre de 2007), que contiene ideales comunes para el acceso a la justicia de las personas vulnerables por su origen étnico o cultural, y ello apunta esencialmente al deber del Estado a través de sus entidades de garantizar a través de sus leyes y de sus autoridades la participación en todos los aspectos de relevancia nacional, y más aún cuando se trata de temas que puedan impactar su mundo y su relación con la tierra y sus recursos, que es esencial para su existencia física, cultural y colectiva. Así, es menester que las autoridades a través de sus actuaciones aseguren los mecanismos eficaces para la prevención contra todo acto que pueda ocasionar una enajenación o desmedro de sus tierras, territorios o recursos. Por otra parte, la Declaración de Río de 1992, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), y suscrita por la República de Panamá, establece los principios rectores del derecho ambiental, entre los cuales contempla en su artículo 22 que "las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales". Agrega dicha normativa que "los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible". Asimismo, el artículo 10 de la Declaración de Río de 1992, refiriéndose al principio de participación en materia ambiental, señala lo siguiente: "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes". De igual manera, la Ley N° 2 de 12 de enero de 1995, por la cual se aprueba el Convenio Sobre la Diversidad Biológica, celebrado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, establece en su artículo 8, lo siguiente: "Artículo 8. (Conservación in situ). Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente ...". En virtud de lo anterior, se concluye que, en este caso, la Autoridad requerida no garantizó a través de su deber funcional que la empresa cumpliera de manera satisfactoria con la debida publicación y transmisión del proyecto a los pueblos aledaños al mismo para conocer sus inquietudes y absolverlas en tiempo oportuno, incluyendo en los procesos de prevención, mitigación y responsabilidad los aportes de estos sectores vulnerables. F. que se trata de un grupo cuyo entorno étnico/cultural, lingüístico, educativo y económico, no se asimila al común de la sociedad, sino que se trata de una minoría y por ende es un sector especial por sus múltiples vulnerabilidades, las cuales debieron ser consideradas no sólo por la empresa, sino también por la Autoridad, y en esta ocasión no debieron pasar desapercibidas por la S. Tercera. En estos casos, no se puede la justicia conformar con el estricto cumplimiento o apego a la ley por parte de la Autoridad, sino que al ser parte de tratados, convenios y declaraciones internacionales en materia de derechos humanos, Panamá debe implementar prácticas efectivas y asegurar que se pusieron en ejecución los mecanismos o medidas de protección razonables para este tipo de situaciones, en donde se involucra a sectores vulnerables de la sociedad, y en este caso, a mi humilde criterio, ello no se cumplió, y esa es la razón por la cual es notoria la disconformidad de los pueblos indígenas que in situ ven cómo sus ríos, sus tierras y su entorno general se está viendo afectado por el impacto de este tipo de proyectos, aun cuando se sostenga que el impacto sólo llega a un mínimo porcentaje de sus tierras. Es oportuno citar en este espacio lo que manifestara la CIDH, cuando en varios pronunciamientos analiza el concepto de tierras y territorios, señalando lo que sigue: "40. La CIDH ha valorado positivamente la incorporación legislativa de "un concepto amplio de tierra y territorios indígenas, incluyendo dentro de esta última categoría, no solamente los espacios ocupados físicamente, sino también aquellos que son utilizados para sus actividades culturales o de subsistencia, tales como las vías de acceso"84, por considerar que "esta visión es acorde con la realidad cultural de los pueblos indígenas y su relación especial con la tierra y el territorio, así como los recursos naturales y el medio ambiente en general"85. La ocupación de un territorio por parte de un pueblo o comunidad indígena no se restringe al núcleo de sus casas de habitación; "por el contrario, el territorio incluye un área física conformada por un núcleo de casas, recursos naturales, cultivos, plantaciones y su entorno, ligados en lo posible a su tradición cultural"86. En esta misma medida, la relación entre los pueblos indígenas y sus territorios no se limita a las aldeas o asentamientos específicos; el uso y ocupación territorial por los pueblos indígenas y tribales "va más allá del establecimiento de aldeas específicas e incluye tierras que se utilizan para la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, el transporte, la cultura y otros fines"87; los derechos de los pueblos indígenas y tribales abarcan el territorio como un todo 88." (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales, Normas y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Doc. 56/09, 30 de diciembre de 2009. P. 14) Según ha recalcado este organismo internacional, los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la determinación de los daños ambientales causados por los proyectos de exploración, y explotación de recursos naturales que se encuentran en su entorno, así como en la determinación de las afectaciones a sus actividades básicas de subsistencia, también tiene derecho a participar en el proceso de determinación de la indemnización por los daños causados por tal exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios, según sus propias prioridades del desarrollo y es deber del Estado desarrollar las investigaciones necesarias para identificar los daños e imponer las sanciones correspondientes cuando se infrinja el derecho a la vida. Como bien lo indica la autora C.I.L., en su artículo titulado Conocimientos Tradicionales de la Biodiversidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, "estos derechos de participación se encuentran íntimamente relacionados con el conocimiento tradicional; los aportes de los diversos conocimientos de los Pueblos Indígenas, que responden a condiciones locales de adaptación al medio natural contribuye a la sustentabilidad". (Memorias del Segundo Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, Instituto Nacional de Ecología, México, 2004, págs. 363-364) Entonces, en este caso, considero que excusarse en el estricto cumplimiento de la ley por parte de los acusados -que según ha quedado demostrado fue examinada de forma superficial por la Autoridad ambiental-, al no adoptar las medidas necesarias para la debida protección de los derechos de sectores vulnerables, y acompañado de políticas y acciones de las autoridades que velen por la aplicación y cumplimiento efectivo de las normas, sería incurrir en un acto violatorio del ordenamiento jurídico nacional así como de derechos reconocidos internacionalmente, en perjuicio de una población que clama públicamente por la destrucción de su entorno. Fundado en lo anterior, estimo que la decisión debió acoger los argumentos planteados por los demandantes, declarándose nula, por ilegal, la Resolución DIEORA IA-332-2008 de 9 mayo de 2008, dictada por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), y como este no ha sido el criterio predominante en el seno de la S., no me queda otro camino que expresar de manera respetuosa que, SALVO EL VOTO. Fecha ut supra. A.A.Z. KATIA ROSAS SECRETARIA