Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 20 de Junio de 2013

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución20 de Junio de 2013
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: El Procurador de la Administración ha presentado recurso de apelación contra el auto de 13 de junio de 2011 que admite la demanda contencioso administrativa de nulidad, interpuesta por el licenciado M.B., en representación de A.H.S., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. D.N. 2-1316 de 9 de septiembre de 2005, dictada por la Dirección Nacional de Reforma Agraria. El Procurador de la Administración, por medio de la Vista No.557 de 29 de octubre de 2012 (fs.80-85), le solicitó al resto de los Magistrados que integran la S. Tercera que revoquen la resolución de 13 de junio de 2012 (f.53) que admite la presente demanda contencioso administrativa de nulidad, toda vez que el recurrente equivocó la vía para su interposición, puesto que lo procedente era promover una demanda de plena jurisdicción, ya que el acto acusado de ilegal, es decir, la resolución D.N. 2-1316 de 9 de septiembre de 2005, afecta los intereses que el hoy demandante ya planteó en la etapa administrativa, lo que puede traducirse en la infracción de los derechos subjetivos que reclama. Por su parte, el licenciado M.B., en su escrito de oposición al recurso de apelación, señala que si bien es cierto que su representado mantiene un interés directo, no se busca el restablecimiento de un derecho subjetivo, ni se pretenda que se resarza o se indemnice al señor A.H.S., si no que se declare nula una resolución que fue emitida contraria a derecho, primero porque se violentó el procedimiento y segundo porque la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, adjudicó un terreno que no le permitía adjudicar. Por su parte la licenciada G.G.C.P., Defensora de Ausente del señor D.V.S., se opone al recurso de apelación, pues los hechos consignados en el recurso, no les constan. Decisión del resto de la S.: Advierten quienes suscriben que la Resolución No. D.N. 2-1316 de 9 de septiembre de 2005, dictada por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, resuelve adjudicar definitivamente a título oneroso a D.V.S., una parcela de terreno baldía, ubicado en el Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, provincia de Coclé, con una superficie de cinco mil quinientos cuarenta y ocho metros cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados (0 HAS + 5548.18 m2) , comprendida dentro de los linderos que corresponden al Plano No. 205-09-6443 de 27 de abril de 1996, aprobado por la Dirección Nacional de Reforma Agraria. Una vez efectuado un análisis exhaustivo del expediente, el resto de los magistrados que conforman la S., consideran que no le asiste la razón al Procurador de la Administración, ya que se observa, claramente, que el recurrente interpuso una demanda contencioso administrativa de nulidad, frente a un acto administrativo general, impersonal y objetivo, y no frente a un acto individualizado y personal que lesione directamente los derechos particulares del afectado. En cuanto a la diferencia entre los procesos de nulidad y de plena jurisdicción, esta M. ha expresado en reiteradas ocasiones lo siguiente: "Dentro de este contexto es preciso destacar que, en principio la acción pública o de nulidad se refiere al interés público o social de la conservación del orden público y en la privada o de plena jurisdicción, hace relación al particular sujeto del derecho lesionado, como es el presente caso. Asimismo, por sus consecuencias, estas acciones se diferencian, en que la nulidad declarada en acción objetiva o pública, por la naturaleza impersonal del acto acusado, produce efectos "erga omnes", como se ha dicho, liquida jurídicamente el acto. Mientras que la nulidad que surge en la de plena jurisdicción o privada, no sólo destruye el acto demandado, sino que ordena el restablecimiento del derecho subjetivo lesionado. He aquí la diferencia. ..." (Fallo de 12 de enero de 2000) En efecto, como bien lo señalara el Magistrado Sustanciador de la causa, la parte actora estima que el acto impugnado afecta su derecho por ser ciudadano de la República de Panamá. De ahí que esta Superioridad conceptúe que el acto administrativo acusado de ilegal afecta, presuntamente, derechos subjetivos, por lo que, en ese sentido, el demandante incurre en el error de denominar la demanda contencioso administrativa de nulidad con la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. En este orden de ideas, resulta evidente que, en el presente caso lo que cabía era la interposición de una demanda de plena jurisdicción pues nos encontramos ante una situación subjetiva, donde convergen intereses de carácter personal y no objetivos, de carácter general. Lo expresado en líneas precedentes, deja de manifiesto la afectación de derechos particulares, materia que no es propia de las acciones contencioso administrativas de nulidad, en las que su objeto se limita exclusivamente al examen de la legalidad del acto demandado. Estos criterios han sido vertidos por esta S. en innumerables precedentes, determinándose para estos casos en particular, su inadmisión. Por ello se hace pertinente transcribir los siguientes autos, que exponen en forma prolija el tema que nos ocupa: 1.Auto de 21 de enero de 2002 "... Por otro lado, en cuanto a la segunda deficiencia, se observa que el recurrente ha utilizado de manera incorrecta el recurso contencioso administrativo de nulidad, toda vez que en este caso no nos encontramos frente a un acto administrativo general, impersonal y objetivo, sino que el recurrente enerva un acto individualizado, personal y que lesiona directamente sus derechos particulares. En cuanto a la diferencia de los procesos de nulidad y plena jurisdicción, esta Corporación de Justicia ha expresado en reiteradas ocasiones lo siguiente: "Dentro de este contexto es preciso destacar que, en principio la acción pública o de nulidad se refiere al interés público o social de la conservación del orden público y en la privada o de plena jurisdicción, hace relación al particular sujeto del derecho lesionado, como es el presente caso. Asimismo, por sus consecuencias, estas acciones se diferencian, en que la nulidad declarada en acción objetiva o pública, por la naturaleza impersonal del acto acusado, produce efectos "erga omnes", como se ha dicho, liquida jurídicamente el acto. Mientras que la nulidad que surge en la de plena jurisdicción o privada, no sólo destruye el acto demandado, sino que ordena el restablecimiento del derecho subjetivo lesionado. He aquí la diferencia." (Fallo de 12 de enero de 2000) Por las razones expresada, esta Tribunal de Segunda Instancia estima que le asiste la razón a la Sustanciadora, por lo que no es posible darle curso legal a la presente demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943. En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la S. Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN el auto de 6 de agosto de 2001, que NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado O.A.A., en representación de ITZA MONTENEGRO MUÑOZ. ..." 2.Auto de 29 de octubre de 2004 "... Una vez analizados los argumentos que sustentan el recurso que nos ocupa y examinado el libelo de la demanda, el resto de los Magistrados que integran esta S. consideran que en el presente caso la parte actora escogió la vía incorrecta para hacer valer su pretensión, ya que lo procedente era interponer demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. Toda vez que en una demanda de plena jurisdicción se trata de una situación concreta en donde la persona afectada por el acto puede ejercer la acción; en el caso que nos ocupa, se observa que la sociedad EUROAMERICAN S. A. es la persona (jurídica) alcanzada en sus derechos subjetivos por el acto administrativo impugnado, dado que de conformidad con lo expresado en la demanda, Euroamerican S. A. es el propietario del globo de terreno que fue adjudicado por la Reforma Agraria a las señoras F.S.H. ó Florencia Cabrera y S.N.S. de S., viéndose afectado directamente por el acto administrativo atacado de ilegal. En relación con lo señalado previamente, la jurisprudencia de esta S. ha manifestado en numerosas ocasiones que las demandas contencioso administrativas de plena jurisdicción y de nulidad tienen diferencias tanto en los requisitos exigidos para su presentación, como en los efectos que las mismas producen. (Fallo de 12 de enero de 2000). Dentro de este contexto es preciso destacar que, la acción de plena jurisdicción puede proponerse contra actos administrativos individuales, personales, que afecten derechos subjetivos (acción privada); mientras que la acción de nulidad puede proponerse contra actos generales y puede ejercerse por cualquier persona, natural o jurídica, nacional o extranjera (acción pública). (v.g. Autos de 11 de noviembre de 1998 y 24 de septiembre de 1999). En virtud de las consideraciones explicadas, el auto venido en apelación debe confirmarse. En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la S. Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN el Auto de 29 de julio de 2004, corregido mediante Auto de 6 de agosto de 2004, que no admitió la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por la firma forense GERLI & CO, actuando en nombre y representación de EUROAMERICAN S.A. ..." 3.Auto de 23 de julio de 2007 "... El presente conflicto tiene como finalidad que esta Corporación de Justicia valore y dictamine si los individuos electos cumplen con los requisitos que estatuye la ley o si por el contrario se transgredieron las disposiciones que nuestro ordenamiento positivo establece en estos casos, lo que implica que la acción que puede ejercerse es la de nulidad. Sin embargo, el interés que muestre el demandante en las acciones contencioso-administrativas, constituye un elemento importante de diferenciación del tipo de acción que se debe ejercer, toda vez que la acción de nulidad, es de naturaleza enteramente objetiva y se interpone contra actos generales de carácter abstracto por un ciudadano que muestra interés de que los entes públicos actúen conforme al orden legal; en cambio, la acción de plena jurisdicción, que es de naturaleza subjetiva, es interpuesta cuando hay un derecho subjetivo lesionado o al menos un interés directo del agraviado por el acto administrativo impugnado, por lo que va encaminado a la reparación y al reconocimiento de determinada condición personal que sólo atañe al particular. En este sentido el Acta de Proclamación, aunque sea un acto condición, es un acto capaz de afectar derechos subjetivos de quienes no resultaron electos. De la revisión del libelo de la demanda presentada se desprende que el actor tiene un interés particular, ya que participó en una de las nominas electorales como candidato a uno de los cargos, cuya proclamación se impugna. Además, claramente manifiesta en su acción, que el hecho principal en que fundamenta la violación de las normas que considera infringidas, incide en detrimento suyo en el resultado de las elecciones, debido al estrecho margen en el porcentaje de votos recibidos. También hace referencia, cuando solicita la suspensión provisional del acto impugnado, a los graves perjuicios económicos que se le ocasionarían si el candidato electo asumía el cargo en disputa, ya que dejaría de percibir su salario. Así las cosas, efectivamente la acción que debió ejercer el profesor A.G., a través de su apoderado judicial, es la de plena jurisdicción y no la de nulidad. Si bien es cierto el error en la nominación de la acción no es suficiente para la inadmisión de la demanda, a la luz del artículo 474 del Código Judicial, es preciso recordar que el profesor A.G. también ejerció en tiempo oportuno la acción de plena jurisdicción contra este mismo acto, admitida mediante Providencia de 7 de diciembre de 2006, por lo que lo procedente es permitir que esa acción ejercida correctamente siga su curso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, y en razón de las consideraciones anotadas, la presente demanda es inadmisible y así debe declararse. En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la S. Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Panamá y por autoridad de la ley, REVOCAN el Auto de treinta y uno (31) de octubre de dos mil seis (2006) y NO ADMITEN la demanda contencioso-administrativa de nulidad, interpuesta por el Licenciado J.F.P. en representación de A.G., para que el Acta de Proclamación de Director (a) y Subdirector (a) Electo (a) del Centro Regional Universitario de Coclé 2006-2011 del 29 de agosto de 2006, emitido por el Organismo Electoral Universitario de la Universidad de Panamá, se declare nulo por ilegal. ..." En virtud de lo antes expuesto, lo procedente es confirmar el auto apelado. En consecuencia, el resto de los magistrados que integran la S. Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la resolución de 13 de junio de 2011 queADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad, interpuesta por el licenciado M.B., en representación de A.H.S., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. D.N. 2-1316 de 9 de septiembre de 2005, dictada por la Dirección Nacional de Reforma Agraria[41] . N., VICTOR L. BENAVIDES P. EFREB C. TELLO C. KATIA ROSAS (Secretaria) [41]

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