Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Septiembre de 2015

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:17 de Septiembre de 2015
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 

VISTOS:

Dentro de la demanda contenciosos administrativa de nulidad, interpuesta por el licenciado O.A.W.J., en representación de ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO LAS LAJAS contra la Resolución N° D.N.2-26-23 del 17 de diciembre de 2007, emitida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el licenciado W. ha presentado solicitud de ejecución de la Sentencia de 4 de febrero de 2014, proferida por este tribunal,

En el escrito de ejecución de sentencia, se aprecia que el apoderado judicial de la parte actora requiere que se ordene al Director del Registro Público de Panamá, que se inscriba la Sentencia No.4 de 14 de febrero de 2014, y al Director de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras que se ejecute la sentencia antes descrita. Se señala como fundamento de lo pedido, que le corresponde al Magistrado Ponente del caso remitir a los correspondientes oficios con copia autenticada de la sentencia al Director Nacional del Registro Público para su correspondiente inscripción y proceda a la cancelación de todos los actos de segregación, asiento y nuevas fincas que se hayan segregado de la Finca No.43230, que corresponde al Globo A, cuya adjudicación fue declarada nula por la Sentencia que se pretende ejecutar; y al Administrador General de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), para que proceda a la anulación y suspensión de toda obra civil ajena a la inversión estatal que se haya construido o que estén en fase de construcción, no pertenecientes a la Asociación demandante, que tiene reservado el uso exclusivo de estas tierras y aguas. Concluye el apoderado del actor que la presente solicitud se hace porque a pesar de que la Sentencia señalada fue enviada a la ANATI y al Registro Público, estas Instituciones siguen emitiendo certificaciones a título personal, como dueños de las Tierras de la Nación, cedidas a favor de los agricultores.

La Sentencia de 4 de febrero de 2014, proferida por este tribunal, en su parte resolutiva declara:

"Por lo que antecede, la Corte Suprema de Justicia, S. Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES NULA, POR ILEGAL, la Resolución No. D.N.2-2623 de 17 de diciembre de 2007, emitida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en lo que respecta a la adjudicación definitiva a título oneroso a R.A.J., del GLOBO A: que tiene una superficie de CIENTO TREINTA Y CUATRO HECTÁREAS MAS CINCO MIL VEINTIDÓS METROS CUADRADOS CON TREINTA Y CUATRO HECTÁREAS MAS CINCO MIL VEINTIDÓS METROS CUADRADOS CON TREINTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS (134 Hás+5022.34M2), comprendidas dentro de los siguientes linderos generales:

NORTE: AGROGANADERA GIVET, S. A.

SUR: BENILDA DÍAZ DE CONTE Y R.L.

ESTE: SERVIDUMBRE EXISTENTE A PENONOMÉ Y B.G..

OESTE: CARRATERA PANAMERICANA A COCLÉ Y A PENONOMÉ.

En cuanto a lo demás la declara legal."(SIC)

Mediante Resolución de cinco (5) de junio de 2014, luego de presentada solicitud de aclaración de Sentencia, este Tribunal accede a la misma, señalando:

"En consecuencia, la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PROCEDE A ACLARAR la parte resolutiva de la sentencia de 4 de febrero de 2014, la cual quedará asi:

Por lo que antecede, la Corte Suprema de Justicia, S. Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES NULA, POR ILEGAL, la Resolución No. D.N.2-2623 de 17 de diciembre de 2007, emitida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en lo que respecta a la adjudicación definitiva a título oneroso a R.A.J., del GLOBO A: que tiene una superficie de CIENTO TREINTA Y CUATRO HECTÁREAS MAS CINCO MIL VEINTIDÓS METROS CUADRADOS CON TREINTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS (134 Hás+5022.34M2), comprendidas dentro de los siguientes linderos generales:

NORTE: AGROGANADERA GIVET, S.A.

SUR: BENILDA DÍAZ DE CONTE Y R.L.

ESTE: SERVIDUMBRE EXISTENTE A PENONOMÉ Y B.G..

OESTE: CARRATERA PANAMERICANA A COCLÉ Y A PENONOMÉ.

En cuanto a lo demás la declara legal.

Con respecto, al cumplimiento y la ejecución de fallos, la Ley 135 de 1943 no contempla un procedimiento de ejecución de sentencia, y sólo señala en el artículo 98 que las sentencias en firmes deben ser comunicadas de acuerdo con el artículo 65 de dicha ley, y en el artículo 99 a las obligaciones de las autoridades demandadas, de adoptar las medidas necesarias a fin de que se de debido cumplimiento de la sentencia. El contenido de esta normas es el siguiente:

ARTÏCULO 98. Las sentencias firmes dictadas por el Tribunal de lo Contencioso-administrativo se comunica como se previene en el artículo 65.

ARTÍCULO 65.Una vez firme, la sentencia debe comunicarse, con copia íntegra de su texto, para su ejecución y cumplimiento, a la autoridad correspondiente, si fuere el caso

ARTÍCULO 99: Las autoridades, corporaciones o funcionarios de todo orden a los cuales corresponda la ejecución de una sentencia del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, dictarán cuando sea el caso, dentro del término de cinco días, contados desde la fecha en que el Tribunal se la comunique, las medidas necesarias para el debido cumplimiento de lo resuelto.

En observancia del orden legal citado, se aprecia a foja 862 del expediente que, mediante Oficio No.1493 de 27 de junio de 2014 la Secretaría de esta S. remitió al Administrador de la Autoridad Nacional de Tierras (autoridad que sustituyó a la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario), las copias autenticadas de las Resoluciones de 4 de febrero y 5 de junio de 2014, dictadas en el presente proceso, que resuelven el fondo de la controversia y la aclaración de sentencia, respectivamente, recibidas, según consta en sello, el 30 de junio de 2014. Igualmente, a través de Oficio No.2817 de 27 de noviembre de 2014 se remitió a dicha autoridad copia autenticada de la Resolución de 30 de octubre de 2014, dictada por este tribunal y que rechaza la solicitud de corrección de Sentencia. (Cfr. Fojas 862 y 884 del expediente)

Ahora bien, remitida la sentencia en firme a la autoridad que debe ejecutarla, atañe verificar las solicitudes realizadas, por lo que ante la ausencia de procedimiento de ejecución de sentencia en la ley 135 de 1943, por disposición del artículo 57C de la dicha ley, que señala que los vacíos en el procedimiento establecidos en la ley contencioso administrativas serán llenados con las disposiciones del Código Judicial y leyes especiales que lo adicionen y reformen, en cuantos sean compatibles a la naturaleza de este proceso, procede la aplicación del artículo 1047 del Código Judicial, como fuente supletoria en relación con el trámite de ejecución de sentencia en contra de una entidad pública o del Estado, norma contenida el Capítulo VI del libro Segundo del Código Judicial. La norma señala lo siguiente:

"Artículo 1047. Si la sentencia en que se condena a pagar una suma de dinero ha sido dictada contra el Estado, el municipio o cualquier otra entidad descentralizada, autónoma o semiautónoma, el juez enviará copia autenticada de ella al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro, o al representante legal de la entidad de que se trate, para que proceda a darle cumplimiento, si está dentro de sus facultades. Si no lo está, la autoridad a quien haya sido comunicada la sentencia, dará cuenta de ella dentro de los treinta días siguientes al recibo de la comunicación del juzgado, al Consejo de Gabinete o al Concejo Municipal o a la corporación correspondiente, según el caso, para que disponga lo conveniente a fin de que el fallo sea cumplido.

Si transcurrido un año desde la fecha en que se envió la comunicación, no se ha dado cumplimiento a la sentencia, el tribunal solicitará, por conducto del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, al Presidente de la República, al Alcalde del Distrito o al Presidente de la Corporación de que se trate, que se disponga lo necesario para el cumplimiento de aquélla." (lo resaltado es nuestro)

(Se aclara que el artículo 14 de la Ley 97 de 21 de diciembre de 1998 dispone que en cualquier disposición en que se haga referencia al Ministerio de Hacienda y Tesoro o Ministerio de Planificación y Política Económica deberá entenderse que se refiere al Ministerio de Economía y Finanzas)

En ese sentido, es importante mencionar que parte de la tutela judicial efectiva es el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales adoptadas por los tribunales. Sobre el tema de la efectividad del cumplimiento o ejecución de la sentencia en firmes, el Doctor en Derecho F.C.B. nos dice que la ejecución o cumplimiento de la Sentencia es uno de los elementos que integran la tutela judicial efectiva por parte de los Tribunales, como al respecto expresa:

"El cumplimiento de las Sentencias y resoluciones judiciales firmes forman parte del complejo contenido del derecho a la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales ... ya que es un corolario obligado de la misma. De nada serviría haber tenido acceso a la jurisdicción, al proceso y a una resolución fundada en Derecho si luego ésta quedara sin cumplir.

Tan importante es este aspecto de la tutela judicial efectiva que el TC llega a decir que "...difícilmente puede hablarse de la existencia de un Estado de Derecho cuando no se cumplen con la Sentencias y resoluciones judiciales firmes..."

A ese derecho a la ejecución también le es aplicable el principio pro actione: no puede denegarse la ejecución si no es en virtud de una norma legal, interpretada en el sentido más favorable y por resolución motivada, sin interpretación restrictiva. Por ello, el Juez debe apurar la posibilidad de ejecución total de la Sentencia y de ahí que la inembargabilidad de este derecho a la ejecución." (C.B., F.. La Tutela Judicial Efectiva. Barcelona, España. BOSCH, Casa Editorial, S.A.1994. P.. 303-304.)

En este orden de ideas, el profesor y jurista peruano G.F.P. Posada, al señalar los lineamientos para la tutela del derecho a la efectividad de la tutela jurisdiccional, en cuanto a la efectividad de la misma nos comenta:

"El derecho a la realización plena de los efectos de las resoluciones judiciales. Este derecho ha sido normalmente predicado respecto de las sentencias de condena, a través de la necesidad de ejecución de las resoluciones judiciales como parte esencial de la tutela jurisdiccional efectiva. Pero este derecho no se restringe a ellas, pues alcanza también a las resoluciones meramente declarativas y a las constitutivas que, aunque de modo distinto a las resoluciones de condena, protegen de igual modo a los derechos materiales.

Si bien es verdad la efectividad de las resoluciones de condena pueden ser fácilmente atendidas a través de la ejecución de resoluciones judiciales (con toda la complejidad que ello supone atendiendo a la diversidad de las obligaciones que deben ser realizadas y los derechos satisfechos), no menos importante resulta ser atender la efectividad de los demás tipos de resoluciones. (PRIORI POSADA, G.F.L. para a tutela del derecho a la efectividad de la tutela jurisdiccional. P. expuesta en Cuarto Seminario Internacional de Derecho Procesal: Proceso y Constitución, publicada en el libro Proceso y Constitución, Efectividad y ejecución de las resoluciones judiciales, G.P.P.C.. Perú, Mayo 2014. 1er. Ed. Palestra Editores, S.P..173-182)

- En atención a lo anotado, es preciso analizar las solicitudes presentadas como parte de la ejecución de la sentencia, y si las mismas guardan relación con lo decidido en la sentencia y si son las medidas que deben adoptarse por parte de este Tribunal para hacer efectivo su cumplimiento, en atención al derecho de recibir respuesta a las inquietudes que presenta ante este Tribunal. En concreto las solicitudes hechas giran en torno a dos puntos:que se ordene al Director del Registro Público de Panamá, que se inscriba la Sentencia No.4 de 14 de febrero de 2014, para su correspondiente inscripción y proceda a la cancelación de todos los actos de segregación, asiento y nuevas fincas que se hayan segregado de la Finca No.43230, que corresponde al Globo A, cuya adjudicación fue declarada nula por la Sentencia que se pretende ejecutarque se ordene al Administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras que se ejecute la sentencia antes descrita, para que proceda a la anulación y suspensión de toda obra civil ajena a la inversión estatal que se haya construido o que estén en fase de construcción, no pertenecientes a la Asociación demandante, que tiene reservado el uso exclusivo de estas tierras y aguas.

Frente a las solicitudes presentadas, debe observarse que la ejecución se presenta dentro de una demanda contencioso administrativa de nulidad, acción cuya finalidad, es la declaratoria de nulidad, por motivos de vicios de legalidad, de una situación jurídica de carácter general, en la mayoría de los casos y excepcionalmente en situaciones jurídicas concreta. Esto presupone que, a diferencia de las acciones de plena jurisdicción, este tipo de demandas no tiene dentro de sus pretensiones el restablecimiento de un derecho subjetivo.

Consecuentemente, la declaratoria de nulidad del acto demandado, en el caso de las acciones de nulidad, no presupone que la Administración deba necesariamente colocar al demandante en una determinada posición jurídica, sino más bien, la consecuencia jurídica directa de la nulidad es la de invalidar el acto administrativo viciado de tal manera que desaparezca de la vida jurídica, y se restablezca el orden legal. En algunos casos, la consecuencia jurídica de la nulidad traerá como efecto que la Administración deba adoptar medidas pertinentes para que se haga efectiva tal decisión.

En atención a lo expuesto, con respecto a la solicitud de la parte actora que se ordene al Administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, que proceda a la anulación y suspensión de toda obra civil ajena a la inversión estatal que se haya construido o que estén en fase de construcción, no pertenecientes a la Asociación demandante, en el globo de terreno cuya adjudicación fue anulada, esta S. es del criterio de que dicha solicitud es improcedente.

Esto es así, porque la Sentencia cuya ejecución se solicita, a parte de la nulidad del acto administrativo demandado, mediante el cual se da la adjudicación de un bien inmueble a una tercera persona en contravención con la ley, no ha señalado otros efectos ni ordenado la ejecución de alguna medida en particular, es decir, solo se anula el reconocimiento de un derecho subjetivo a un tercero y aunque se podría suponer que la entidad puede en ciertos casos adoptar medidas de reparación para restablecer el orden jurídico violado, la solicitud realizada no podría ser considerada como una de ellas. Lo anterior se sustenta en que dentro de las pretensiones de la demanda, y por ende, de lo reconocido y resuelto en la sentencia, no se contempla ningún pronunciamiento ni reconocimiento relativo a la construcción de obras civiles de un tercero en el globo de terreno en cuestión, temas que no se encuentran relacionados con la adjudicación y que competen a otra jurisdicción, por tratarse de reivindicación de derechos civiles.

Por tanto, al ser improcedente la solicitud que nos ocupa, con relación a la Autoridad Nacional de Tierras, y al no señalar la parte actora qué otras medidas directamente relacionadas con lo resuelto en la demanda a omitido adoptar dicha institución, para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia, no queda acreditado el incumplimiento de esta entidad que permita la posibilidad de una ejecución. Tampoco se ha cumplido el término de un año que dispone el artículo 1047 del Código Judicial para que se active el procedimiento de ejecución de sentencia allí establecido.

Con respeto a la solicitud de que se imparta ordenes al Director del Registro Público de Panamá, para que se inscriba la Sentencia No.4 de 14 de febrero de 2014,y proceda a la cancelación de todos los actos de segregación, asiento y nuevas fincas que se hayan segregado de la Finca No.43230, que corresponde al Globo A, cuya adjudicación fue declarada nula por la Sentencia que se pretende ejecutar, es criterio de esta S. que dicha solicitud también resulta improcedente.

En primer lugar, la sentencia que se solicita ejecutar de ninguna manera contempla dentro de sus efectos ni resolvió como parte de las pretensiones que se le impartiera órdenes al Director del Registro Público de canelar, rectificar o anular inscripciones registrales, pues no constituyó este tema como parte de la litis examinada dentro de este proceso. En segundo lugar, la competencia de esta S., sólo alcanza el tema de la adjudicación de tierras realizada por una entidad administrativa, ya que no es competente para cancelar, rectificar o anular inscripciones registrales; este tema ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta S., donde se ha manifestado que dicho tema es competencia de los tribunales ordinarios.

Tal como se aprecia en la Sentencia de 27 de julio de 2006, emitida por la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por P.V.D. contra la Resolución No. 28 del 28 de enero de 1997, emitida por la Junta Comunal del Corregimiento de Veracruz del Distrito de Arraiján, los pronunciamientos han mantenido el criterio siguiente:

"...

En tal sentido, solamente los Tribunales de la Jurisdicción Ordinaria pueden reconocer limitaciones de dominio sobre los bienes inmuebles. Según se desprende de la lectura del artículo 1784 del Código Civil, la inscripción de un título de propiedad en el Registro Público no puede desconocerse, ni alterarse o invalidarse, sino mediante Auto ejecutoriado o sentencia en firme, pues lo contrario supondría desconocer la certeza jurídica de que gozan las inscripciones registrales de bienes inmuebles. De lo expuesto, queda claro que solamente los Tribunales Ordinarios mediante Auto o sentencia ejecutoriada pueden llevar a cabo medidas como la solicitada por la parte. Las circunstancias descritas impiden a la S. proferir un pronunciamiento favorable a la aspiración del solicitante.

Las circunstancias descritas impiden a la S. proferir un pronunciamiento favorable a la aspiración del solicitante. Sobre la improcedencia de la solicitud ante circunstancias como las advertidas esta Corporación ya se ha manifestado, externando el siguiente criterio:

"...esta S. considera que no puede accederse a la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo, pues la jurisdicción contencioso administrativa sólo permite como medida cautelar, la suspensión de los efectos del acto administrativo acusado de ilegal, que en este caso, es el Acuerdo Municipal Nº53 de 2000, cuyos efectos jurídicos ya se surtieron, concretándose en la inscripción de la Finca mencionada en el párrafo anterior en el Registro Público, situación que escapa de la esfera administrativa.

En ese sentido las normas registrales son claras al especificar que habrá inscripciones provisionales en las diferentes secciones del Registro Público cuando se trate de documentos o actos judiciales, entre los que se menciona: 'Las demandas sobre dominio de bienes inmuebles y cualesquiera otras que versen sobre propiedad de derechos reales, o en las cuales se pida la constitución, declaración, modificación, limitación o extinción de cualquier derecho real sobre inmuebles;'(artículo 1778, numeral 1, Código Civil).

Seguidamente el artículo 1784 del Código Civil establece que no se cancelará una inscripción sino en virtud de auto o sentencia ejecutoriada.

De la normas citadas se desprende que sólo aquellos Tribunales Jurisdiccionales que conozcan de las demandas a que hacen alusión el artículo 1778 del Código Civil, podrán, como medida cautelar, ordenarse que la Finca Nº6048, de la provincia de Bocas del Toro, Código 1101, asiento 1, documento Nº154317 de la sección de D., sea sacada del comercio.

Tal como ya lo hemos señalado, la única medida cautelar de que dispone la jurisdicción contencioso administrativa es la suspensión de los efectos del acto administrativo, con la finalidad de que el mismo no se ejecute. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el acto administrativo ya surtió sus efectos.

Resalta la S., que sobre este tema ya se ha pronunciado reiteradamente. A manera de ejemplo veamos lo expresado en la Resolución de fecha 27 de octubre de 1999:

'La S. debe señalar a la petente que la única medida cautelar establecida en nuestra legislación contencioso administrativa es la suspensión de los efectos del acto acusado, el cual ya se consumó y por ello no puede ser suspendido, tal como se explicó en el auto dictado por la S. Tercera el 21 de septiembre de 1999, mediante el cual se niega la solicitud de suspensión provisional presentada dentro del presente proceso por la señora F. Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas el 26 de agosto de 1999. En aquella ocasión la S. también se refirió a la solicitud de la inscripción marginal de secuestro sobre la finca Nº18,816 de propiedad de Iguana Beach Holding, señalando:

'Debe negarse también la petición de la demandante de que se saque del comercio o se secuestre la finca que nació al inscribirse el acto impugnado, porque es una medida cautelar no contemplada en nuestra legislación contencioso administrativa'

Por lo anterior, es procedente reiterar que esta S. no puede ordenar una medida cautelar no establecida por nuestra legislación contencioso administrativa y en consecuencia no es posible acceder a la solicitud presentada." (Auto de 2 de octubre de 2001)

Conforme lo trascrito, la línea jurisprudencial de la S. Tercera ha sido sistemática y reiterativa en relación al tema; para los efectos también son consultables los Autos de 22 de marzo de 2001 y 27 de octubre de 2000.

...".

De la misma forma en Sentencia de 30 de septiembre de 2014 de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, interpuesta por la Asociación Afro-Darienita Forestal de Zapallal, para que se declarara nulo, por ilegal, el acto de inscripción de la finca No.1711, que consta en el Registro Público, se sostuvo lo siguiente:

"No obstante, cabe señalar que la competencia de la S. Tercera dispuesta en el artículo 97 del Código Judicial, sólo alcanza la adjudicación de tierras. Debe quedar claro que la S. en reiteradas ocasiones ha anotado que las cuestiones sobre anulación de inscripciones de títulos de propiedad en el Registro Público, no pueden ser examinadas por la S., porque ello es competencia de la jurisdicción civil.

Sobre el tema, consideramos oportuno citar la Resolución de 16 de diciembre de 2011, en donde se expone lo siguiente:

Si bien el acto demandado es dictado por una autoridad administrativa en ejercicio de la función administrativa, y el artículo 97 del Código Judicial le atribuye a la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia los procesos que se originen, por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que se ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando de ejercerlas los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades autónomas o semiautónomas; los actos registrales efectuados por el Registro Público se rigen por una regulación especial que le atribuye a la jurisdicción ordinaria la competencia privativa para atender las impugnaciones de estos actos.

Así, se observa que en los artículos 1788 y 1795 del Código Civil se le atribuyen al Director del Registro Público, respectivamente, las facultad de rectificar por sí y bajo su responsabilidad, los errores u omisiones contenidos en los asientos principales de inscripción, cuando en su despacho exista algún título y, a calificar la legalidad de los títulos que se presenten para su inscripción y, en consecuencia para negarla o suspenderla. Por su parte, el artículo 1790 del mismo Código, señala que cuando se trate de un error que no se puede rectificar el registrador o director pondrá una nota marginal de advertencia, pero esto no anula ni cancela la inscripción.

De acuerdo con el artículo 1784 del cuerpo legal en mención, la cancelación de una inscripción no procede sino en virtud de auto o sentencia ejecutoriada o de escritura o documento auténtico en el cual expresen su consentimiento para la cancelación, la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción.

Por su parte, cabe señalar que, de acuerdo en el numeral 2 del artículo 93 del Código Judicial se le atribuye a la S. Primera de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para conocer de las apelaciones contra las resoluciones que dicta el Director General del Registro Público.

Ante lo expuesto, la S. Tercera ha concluido que la cancelación o anulación de inscripciones registrales es competencia de la jurisdicción ordinaria, ya que solo los tribunales de la jurisdicción ordinaria pueden reconocer las limitaciones de dominio sobre los inmuebles.

Pese a que el artículo 159 del Código Judicial expresamente no le atribuye la competencia a los jueces de circuito de cancelar o anular las inscripciones en el Registro Público, podemos ubicarlo dentro de lo estipulado en el numeral 14 de esa norma que dispone que es competencia de dichos funcionarios judiciales conocer en primera instancia de los procesos civiles que no están atribuidos expresamente a otra autoridad.

Siendo así las cosas este Tribunal debe concluir que la controversia en cuestión para que se anulen las inscripciones de unos títulos de propiedad no pueden ser examinadas por esta S., ya que por su naturaleza es una materia de competencia de la vía ordinaria civil".

En consecuencia, frente al análisis expuesto, las solicitudes realizadas por el apoderado judicial de la asociación demandante para que se ejecute la sentencia dictada en este proceso no son procedentes, ni se ha manifestado alguna otra circunstancia que acredite el incumplimiento de lo decidido por esta Superioridad, por lo que se debe rechazar la solicitud presentada.

En mérito de lo expuesto, la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO la solicitud de ejecución de la Sentencia de 4 de febrero de 2014, presentada por el licenciado O.A.W.J., en representación de la Asociación de Usuarios del Sistema de Riego de las Lajas.

N.,

ABEL AUGUSTO ZAMORANO

NELLY CEDEÑO DE PAREDES-- EFRÉN C. TELLO C. (Voto Razonado)

KATIA ROSAS (Secretaria)