Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Octubre de 2015

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:12 de Octubre de 2015
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: El señor L.L.B.M. a través de su apoderado judicial ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad para que se declare nula por ilegal la Resolución No.DIEORA-IA-001-2008 de 2 de enero de 2008, mediante la cual la AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE aprueba el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría II, DENOMINADO "Planta de Molienda de Clinker, Almacenamiento y Expendio de Cemento" presentado por las empresas PARQUE INDUSTRIAL MARÍTIMO DE PANAMÁ, S.A. y PANCEM, S.A. I. PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA Las pretensiones planteadas por la apoderada judicial de la parte actora son las siguientes: "Que es nula, por ilegal la Resolución No.DIEORA-IA-001-2008 de 2 de enero de 2008, mediante la cual la AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE (ANAM) aprueba el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría II, denominado "Planta de Molienda de Clinker, Almacenamiento y Expendio de Cemento" presentado por las empresas PARQUE INDUSTRIAL MARÍTIMO DE PANAMÁ, S.A. y PANCEM, S.A. y preparado por la consultora ambiental USR HOLDING CORP." II. DISPOSICIONES QUE FIGURAN COMO INFRINGIDAS POR LA RESOLUCIÓN DEMANDADA A. En primer lugar, se citan como infringidos los artículos 2, 4, 24, literales d, d.4, d.4.5., 51 y 54 del Decreto Ejecutivo N°59 de 16 de marzo de 2000, referentes al concepto de Resolución Ambiental, a los requisitos generales para someterse al Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, a los contenidos mínimos de identificación y caracterización de los impactos positivos y negativos de carácter significativo derivados de la planificación, construcción, operación y abandono del proyecto de inversión, que deben tener los Estudios de Impacto Ambiental categoría II, a los plazos para realizar consulta formal a la comunidad y a las circunstancias relevantes de rechazo de un Estudio de Impacto Ambiental. A juicio del apoderado judicial del demandante la Resolución No.DIEORA-IA-001-2008 de 2 de enero de 2008, viola en forma directa por omisión el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No.59 de 2000 que establece que la resolución por la cual la ANAM aprueba un Estudio de Impacto Ambiental debe certificar que dicho documento cumple con los requisitos previstos en la Ley y sus reglamentos; que la actividad, obra o proyecto no tiene ningún impedimento para iniciar su ejecución y es que consideran que la Resolución ambiental demandada fue expedida por la ANAM sin que el Estudio de Impacto Ambiental Categoría II presentado por PIMPSA/PANCEM cumpliera con el Uso de Suelo aprobado por el Ministerio de Vivienda, que es uno de los requisitos legales establecidos en el Decreto Ejecutivo N°59 de 16 de marzo de 2000 (que reglamenta el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental). Estima el apoderado judicial del señor L.L.B. que la Resolución demandada también viola en forma directa por omisión el artículo 4 del Decreto Ejecutivo citado, que establece que ningún proyecto afecto a la exigencia de someterse al Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental podrá ser aprobado sin cumplir con los requisitos legales y administrativos previstos en la legislación vigente. Además, manifiesta el accionante que la Resolución demandada fue expedida por la ANAM sin que el Estudio de Impacto Ambiental Categoría II presentado por PIMPSA/PANCEM, cumpliera con el Uso de Suelo aprobado por el Ministerio de Vivienda, que es uno de los requisitos legales establecidos en el Decreto Ejecutivo N°59 de 16 de marzo de 2000 (que reglamenta el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental); por lo tanto, al omitirse la aplicación de la disposición citada, se ha violado la misma en forma directa. Afirma el apoderado judicial del demandante que la Resolución N°DIEORA-IA-001-2008 de 2 de enero de 2008, viola en forma directa por omisión la disposición establecida en el artículo 24 del Decreto No.59 de 2000, que establece que aquellos Estudios de Impacto Ambiental que no satisfagan las exigencias y requerimientos establecidos en este Decreto, serán calificados desfavorablemente y rechazados; que a pesar de lo establecido en la disposición en comento, la ANAM procedió a aprobar el EIA Categoría II presentado por PIMPSA/PANCEM sin que dicho documento cumpliera con el Uso de Suelo aprobado por el Ministerio de Vivienda, que es uno de los requisitos o exigencias mínimas establecidos en el Decreto Ejecutivo N°59 de 16 de marzo de 2000 (que reglamenta el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental). Asevera el demandante que el Foro Público celebrado por PIMPSA /PANCEM el 18 de septiembre de 2007, dentro del Proceso de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Categoría II, denominado "Planta de Molienda de Clinker, Almacenamiento y Expendio de Cemento", fue realizado con posterioridad al término de tres (3) meses fijado por la ANAM para la realización de dicho acto administrativo de consulta pública, con lo cual se viola lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto Ejecutivo No.59 de 2000. En ese sentido, señala también que el artículo 54 del precitado Decreto ambiental es vulnerado por la Autoridad, ya que a pesar de las supuestas violaciones alegadas, dicho Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado. Asimismo, considera que la Autoridad Nacional del ambiente violó el artículo 83 del Decreto Ejecutivo No.209 de 5 de septiembre 2006, al omitir o ignorar la ley aplicable al proceso, aprobando el EIA Categoría II presentado por PIMPSA/PANCEM sin que dicho documento cumpliera con el Uso de Suelo aprobado por el Ministerio de Vivienda, que es uno de los requisitos o exigencias mínimas establecidos en el citado Decreto Ejecutivo; por lo tanto, al omitirse la aplicación de la disposición citada, se ha violado la misma en forma directa. B. En segundo lugar considera como vulnerados los artículos 34 y 202 de la Ley No.38 de 31 de julio de 2000, referentes al debido proceso administrativo y a los vacíos procedimentales. En cuanto a estos artículos considera el demandante que se vulneran los artículos 34 y 202 de la Ley No.38 de 2000, puesto que el Foro Público celebrado por PIMPSA/PANCEM el 18 de septiembre de 2007, dentro del Proceso de Evaluación del Estudio de IMPACTO Ambiental Categoría II, denominado "Planta Molienda de Clinker, Almacenamiento y Expendio de Cemento", fue realizado un (1) mes y cinco (5) días después del 12 de agosto de 2007, fecha en que venció el término fatal de tres (3) meses fijado por la propia Institución para que PIMPSA/PANCEM llevara a cabo dicho acto de consulta formal y porque la ANAM procedió a aprobar el EIA Categoría II presentado por PIMPSA/PANCEM, sin que dicho documento cumpliera con el Uso de Suelo aprobado por el Ministerio de Vivienda. Concluye señalando que a pesar de no existir una norma administrativa aplicable a la suspensión o prórroga de dicho término, la ANAM no aplicó supletoriamente las disposiciones del Libro Segundo del Código Judicial que regulan la materia, con lo cual se configura la infracción directa de la Ley por omisión de lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley N°38 de 2000. C. En tercer lugar estima violados los artículos 508 y 510 del Código Judicial. Lo anterior,porque considera que la ANAM procedió a aprobar el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría II presentado por PIMPSA/PANCEM aún cuando el Foro Público realizado por las promotoras y la expedición del permiso de compatibilidad por parte de la Autoridad del Canal de Panamá fueron extemporáneos; es decir, habiendo vencido el término de tres (3) meses fijado por dicha Institución para cumplir con estos requisitos por lo tanto, entonces considera que la Resolución Ambiental es ilegal al haberse omitido la aplicación supletoria del artículo 508 y 510 del Código Judicial. D. Finalmente estima vulnerado el artículo 7, numeral 6 de la Ley No.41 de 1998. Considera el demandante que dicho artículo se vulnera porque la ANAM omitió la aplicación de dicha disposición legal al no cumplir con su obligación de acatar lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No.59 de 2000, sin que se cumpliera con el uso de suelo aprobado por el Ministerio de Vivienda. III. INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA De la demanda instaurada se le corrió traslado, mediante providencia de admisión de 26 de febrero de 2009, a la Administradora General de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), a fin de que rindiera un informe explicativo de su actuación, el cual fue remitido mediante Nota AG-0640-2009 de 10 de marzo de 2009 que consta de fojas 171 a 181 del expediente, en la cual se hace un recuento del trámite seguido por la Autoridad Nacional del Ambiente producto del proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental "Planta de Molienda de Clinker, Almacenamiento y Expendio de Cemento" presentado por las empresas Parque Industrial Marítimo de Panamá, S.A. y PANCEM, S.A., y se señala entre otros aspectos: "Es necesario precisar que la emisión de la Resolución Ambiental deviene, de acuerdo con lo establecido dentro del Manual Operativo de Evaluación de Impacto Ambiental, parte integral del Decreto Ejecutivo No.59 de 2000, de un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental el cual no constituye por sí solo un instrumento de decisión, sino un sistema de advertencia temprana que opera a través de un proceso de análisis continuo y que, mediante un conjunto ordenado, coherente y reproducible de antecedentes, permite tomar decisiones preventivas sobre la protección del ambiente, por lo tanto, permiten al promotor de un proyecto, a la autoridad competente y a la ciudadanía, en cada caso, tomar decisiones informadas y certeras. Todo ello se hace posible cuando el Promotor presenta una evaluación ambiental y la autoridad respectiva lo somete a un proceso participativo de revisión para calificar la calidad del análisis presentado..." Finalmente indican en su informe que solicitan a esta Superioridad que no se atienda la solicitud de nulidad presentada en contra de la Resolución No.DIEORA-IA-001-2008 de 2 de enero de 2008, hasta tanto haya un pronunciamiento judicial en torno a la efectividad de las Resoluciones 09-2007 y 010-2007, emitidas por el Ministerio de Vivienda. IV. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN Mediante Vista No.751 de 22 de julio de 2009, el representante del Ministerio Público solicita a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que se sirva declarar que no es nula, por ilegal la Resolución No.DIEORA-IA-001-2008 de 2 de enero de 2008, a través de la cual la Autoridad Nacional del Ambiente aprobó el estudio de impacto ambiental, categoría II, denominado "Planta de molienda de clínker, almacenamiento y expendio de cemento" presentado por las empresas Parque Industrial Marítimo de Panamá, S.A y PANCEM, S.A., proferida por la Autoridad Nacional del Ambiente. A su criterio, la actuación de la entidad pública se efectuó ciñéndose a los parámetros legales, de manera que no han sido infringidas ninguna de las normas invocadas por la parte demandante. V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Una vez cumplidos los trámites previstos para estos procesos, corresponde a los integrantes de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia pasar a dirimir el fondo del presente litigio. El acto demandado de ilegal es la Resolución No.DIEORA-IA-001-2008 de 2 de enero de 2008, mediante la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental Categoría II, denominado "Planta de Molienda de Clinker, Almacenamiento y Expendio de Cemento" presentado por la empresas PARQUE INDUSTRIAL MARÍTIMO DE PANAMÁ, S.A. y PANCEM, S.A. y preparado por la consultora ambiental URS HOLDING CORP. El problema jurídico planteado por el demandante radica en el procedimiento administrativo seguido por la Autoridad Nacional del Ambiente, para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental en cuestión. Dicho procedimiento administrativo será examinado por esta Sala de la Corte ya que la parte actora sostiene básicamente que la autoridad administrativa en materia ambiental aprobó el Estudio de Impacto Ambiental sin que éste cumpliera con varios de los requisitos como lo el uso de suelo aprobado por el Ministerio de Vivienda y el permiso de compatibilidad de la Autoridad del Canal de Panamá, además alegan la extemporaneidad en la realización del foro público; aspectos que serán evaluados por esta Corporación de Justicia, a fin de determinar si efectivamente la Resolución objeto del presente negocio jurídico en cuestión es nula por ilegal o si la misma fue proferida en la observancia de los preceptos jurídicos vigentes. Consta dentro del expediente administrativo en cuestión que el 24 de febrero de 2006, las empresas Parque Industrial Marítimo de Panamá, S.A., y PANCEM, S.A., presentan para evaluación el Estudio de Impacto Ambiental denominado "Planta de Molienda de Clinker, Almacenamiento y Expendio de Cemento", luego de pasar por el proceso de evaluación de impacto ambiental, dicho estudio fue aprobado mediante Resolución No.DIEORA-IA-001-2008 de 2 de enero de 2008. Dentro de la Resolución que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental precitado, se resuelve en su artículo 2 lo siguiente: "Artículo 2: Advertir al representante legal de la empresa PARQUE INDUSTRIAL MARÍTIMO DE PANAMA, S.A. (PIMPSA)/PANCEM S.A. que no podrá iniciar la ejecución del proyecto "PLANTA DE MOLIENDA DE CLINKER, ALMACENAMIENTO Y EXPENDIO DE CEMENTO" hasta tanto, la Corte Suprema de Justicia levante la suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 010-2007 y la Resolución No.09-2007." En ese orden de ideas, consta en el expediente que esta Superioridad emitió el Auto de 25 de mayo de 2007, mediante el cual se SUSPENDE PROVISIONALMENTE los efectos de la Resolución No.09-2007 de 26 de febrero de 2007 y la Resolución No.10-2007, emitidas por el Director General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda. Siendo así las cosas, este Tribunal Colegiado puede evidenciar que el acto administrativo que se demanda de ilegal; es decir que la Resolución No.DIEORA-IA-001-2008 de 2 de enero de 2008, tenía condicionada su eficacia a que la Sala Tercera levantara la Suspensión Provisional que pendía sobre las Resoluciones No.09-2007 y No.10-2007, lo que produce la ilegalidad de la misma al haber sido aprobada, tomando como fundamento actos administrativos que habían sido suspendidos por la Corte Suprema de Justicia, en violación de lo que establece la normativa jurídica que rige para tales efectos. Los artículos 2, 4, 24 y 54 del Decreto Ejecutivo No.59 de 16 de marzo de 2000, por la cual se reglamenta el proceso para la evaluación de estudios de impacto ambiental dentro de la Autoridad Nacional del Ambiente, guardan estricta relación con los requisitos previos con los que debe cumplir un Estudio de Impacto Ambiental para ser aprobado en la Autoridad Nacional del Ambiente, los mismos son del tenor siguiente: "Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento regirán los siguientes términos y definiciones: ...................................................................................... Resolución Ambiental: acto administrativo mediante el cual la Autoridad Nacional del Ambiente aprueba o rechaza el Estudio de Impacto Ambiental de una actividad, obra o proyecto, y certifica que dicho estudio cumple o no con los requisitos previstos en la Ley y sus reglamentos y que no tiene, desde el punto de vista ambiental, ningún impedimento para iniciar su ejecución." "Artículo 4. Ninguno de los proyectos afectos a la exigencia de someterse al Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental podrá ser aprobado, autorizado, permitido, concedido o habilitado por autoridad alguna, sin contar con la constancia escrita de la presentación de la Declaración Jurada Notariada para los Estudios de Impacto Ambiental Categoría I y con la Resolución Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente, para los estudios de Impacto Ambiental Categoría II y III y sin cumplir con los demás requisitos legales y administrativos previstos en la legislación vigente." "Artículo 24. Los Estudios de Impacto Ambiental Categoría II, deberán considerar como mínimo los siguientes contenidos:................................................. d. Una identificación y caracterización de los impactos positivos y negativos de carácter significativo derivados de la planificación, construcción, operación y abandono del proyecto de inversión, si esta última etapa fuese procedente. En la identificación y caracterización de los impactos positivos y negativos de carácter significativo, el Promotor del proyecto debe velar porque:d.4. La identificación y análisis de los impactos, debe realizarse sobre los siguientes aspectos: d.4.5. El uso del suelo, incluida la tenencia, la capacidad de uso y la clasificación del suelo según aptitud; la inserción, en algún plan de ordenamiento territorial o en un área bajo protección oficial........................................................................."Artículo 54. En el caso que la Autoridad Ambiental defina que el Estudio de Impacto Ambiental no satisface las exigencias y requerimientos previstos en este reglamento, procederá a calificarlo desfavorablemente y a rechazarlo." (lo resaltado es de la SALA) De lo citado por los artículos de referencia se colige que la Autoridad Nacional del Ambiente, no puede emitir una Resolución de Impacto Ambiental aprobatoria, si no cumple con los requisitos previos establecidos para los Estudios de Impacto Ambiental y si no puede iniciarse la ejecución del mismo, situación que no coincide con lo realizado por la misma al aprobarse el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "PLANTA DE MOLIENDA DE CLINKER, ALMACENAMIENTO Y EXPENDIO DE CEMENTO", el cual no podía ejecutarse porque pendía sobre el mismo una restricción que dependía de otro Órgano del Estado. La Autoridad Nacional del Ambiente al confirmar la existencia, previa a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental en cuestión, de la suspensión provisional de los actos que asignaban uso de suelo industrial a los polígonos de la base naval de R. (No.009-2007 y No.010-2007), no debió emitir una Resolución aprobatoria al mismo, toda vez que estos actos no podían surtir efectos jurídicos como fundamento legal o prerrequisito de otro proceso, como lo es el proceso de evaluación de estudio de impacto ambiental. Sobre los actos que suspendían provisionalmente el uso de suelo aprobado por el MIVI, la Autoridad Nacional del Ambiente, en su informe de conducta visible de foja 171 a la 180 del expediente administrativa, expresa lo siguiente: "Finalmente, esboza el demandante que el Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado sin haber cumplido con el uso de suelo del MIVI en violación del artículo 24, literales d, d.4 y d.4.5.del Decreto Ejecutivo No.59 como requisito mínimo. Indican que en este caso específico, no es posible indicar un incumplimiento a la normativa aplicable, en virtud de que a la fecha de los términos dispuestos, las empresas promotoras se encontraban cumpliendo a cabalidad con la presentación de este requisito mínimo y como resultado de la acción cautelar emitida por la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia se suspende provisionalmente los efectos de las Resoluciones emitidas por el Ministerio de Vivienda que otorgan el uso de suelo. El establecimiento de esta medida precautoria, no limita el grado de efectividad de las Resoluciones anterior a la emisión del presente fallo, ni posterior a éste hasta tanto se de un pronunciamiento definitivo respecto a su validez, por lo cual, nuestra entidad consideró necesario, como medida reiterativa de la emitida por la Sala, acotar dentro de la Resolución de viabilidad ambiental la suspensión de los efectos de la misma, hasta tanto se decida la cuestión recurrida ante dicho despacho..." No concuerda esta Superioridad con el criterio establecido por la Autoridad Nacional del Ambiente de que la medida precautoria no limita el grado de efectividad de las Resoluciones anteriormente emitidas, hasta tanto se de el fallo o pronunciamiento definitivo, puesto que ha sido expuesto tanto doctrinal como jurisprudencialmente que la medida cautelar de suspensión provisional pretende garantizar el objeto del litigio y brindar protección a la seguridad jurídica, la cual debe tener como norte la eficacia de la resolución final, cuyo objeto no es más que se preserven los derechos del accionante para que no resulte una sentencia ilusoria o inefectiva para los derechos de éste. En el negocio jurídico en particular si se aprueba un Estudio de Impacto Ambiental en un "Uso de Suelo" distinto al cual fue determinado por la Autoridad competente, las consecuencias ambientales pueden ser graves, ya que de acuerdo al tipo, uso y calidad de suelo, las medidas de control, compensación y mitigación que se deban adoptar varían. En este apartado cabe destacar el principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo que establece que "cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente" Este principio rector del Derecho Ambiental insta a que dentro de las finalidades ambientales que trata de alcanzar la evaluación previa que se realiza a través de los Estudios de Impacto Ambiental para la promoción, actividad o instalación de algún proyecto de desarrollo, se verifique el cumplimiento de determinadas exigencias y se pondere los efectos medioambientales de aquellas que se constituyen como requisito previo a la obtención de la correspondiente autorización administrativa para la ejecución de los mismos, lo que finalmente coadyuva a la materialización de los objetivos que conforman la planificación urbanística y el ordenamiento ambiental del territorio. Así lo señala y destaca la Sentencia de 25 de enero de 2011, mediante la cual la SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, resuelve DECLARAR NULAS POR ILEGALES las Resoluciones No.09-2007 de 26 de febrero de 2007 y No.10-2007 de 27 de febrero de 2007, emitidas por el Director General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda: "...Además por tratarse de áreas que presentan condiciones críticas para la protección del medio ambiente a fin de garantizar el recurso hídrico suficiente para atender las necesidades de agua de la población y actividades del Canal de Panamá, la instalación en las riberas del Canal de una Planta de Molienda de Clinker, Almacenamiento y Distribución de Cemento, puede llevar aparejados riesgos al entorno ambiental en las riberas del Canal, cuando los motivos de la ley que creó tales áreas fue precisamente proteger las mismas. A nuestro juicio la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Categoría II, para que se desarrolle el proyecto antes referido, mediante el acto demandado contrasta claramente con el hecho de que en las áreas en que se realizó dicho estudio son de aquellas en que está prohibida legalmente la realización de actividades de carácter industrial, motivada en los riesgos ambientales que ello pueda producir en el área canalera, de conformidad con la Ley 21 de 1997, con sus modificaciones, cuya área fue asignada por el Director de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda como de "Uso de Suelo Industrial", pese a que legalmente está prohibido cualquier actividad de tal carácter en esas áreas. Aunado a lo anterior, el artículo 24 del Decreto Ejecutivo 59 de 16 de marzo de 2000, que reglamenta el Capítulo II, Título IV de la Ley 41 de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá, aplicable al caso que nos ocupa en este examen de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 del Decreto Ejecutivo 209 de 5 de septiembre de 2006, que lo deroga establece entre los contenidos que deben considerarse como mínimo de los Estudios de Impacto Ambiental aprobado para la ejecución del acto demandado, al analizarse un suelo y dar la posibilidad a que se desarrolle un proyecto de nivel industrial en que está prohibida cualquier actividad de esta categoría, máxime tratándose de la cuenca del Canal de Panamá. Y es que es obvio que la industria del cemento trae aparejado una serie de consecuencias perjudiciales que deben ser valoradas, sopesadas y analizadas, con la finalidad de determinar la procedencia de la misma, y en ello juega un papel fundamental el sector y la población donde se planea realizar la actividad cementera. Como bien lo expuso uno de los demandantes el desarrollo industrial otorgado a los polígonos localizados en la antigua base naval de R., para la instalación de una planta de molienda de clinker, almacenamiento y ditribución de cemento puede causar perjuicios a la salud y al ambiente, siendo que dentro de las áreas afectadas por la influencia del proyecto se encuentran una serie de sitios en el pleno desarrollo turístico y residencial, además de la relevancia que adquiere su cercanía a la zona canalera. También debe tomarse en cuenta los graves peligros que correrían la flora y fauna de la región en la cual se le asignó el uso de suelo industrial para la instalación de una molienda de clinker, almacenamiento y distribución de cemento... Como vemos, de mantenerse las resoluciones No.09-2007 y No.10-2007, además de causarse lesión al ordenamiento jurídico denunciado como transgredido por estas resoluciones, se causaría graves perjuicios al medio ambiente, así como la ciudadanía que se vería afectada por la planta de molienda de clinker que se prentendía instalar." (lo resaltado es de la SALA). Esta Corporación de Justicia no puede obviar lo ya expresado en el fallo precitado, que guarda estricta relación con el uso de suelo asignado para ejecutar el proyecto de una Planta de Molienda de Clinker, Almacenamiento y Distribución de Cemento, en las riberas del Canal, por lo cual procederá a declarar su ilegalidad en virtud de la vulneración del principio de legalidad en sentido estricto, que indica que todo acto emitido por una autoridad pública debe tener fundamento en una norma jurídica vigente y, más allá, dicha norma jurídica debe encontrar su propio sustento en una norma superior. Por las anteriores consideraciones la Sala estima violados los artículos 2,4, 24 y 54 del Decreto Ejecutivo No.59 de 16 de marzo de 2000, por lo cual resulta innecesario pronunciarse sobre los restantes cargos de ilegalidad promovidos en la demanda de nulidad en cuestión. En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES NULA POR ILEGAL la Resolución No.DIEORA-IA-001-2008 de 2 de enero de 2008, mediante la cual la AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE (ANAM), "aprueba el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría II, DENOMINADO "Planta de Molienda de Clinker, Almacenamiento y Expendio de Cemento" presentado por las empresas PARQUE INDUSTRIAL MARÍTIMO DE PANAMÁ, S.A. y PANCEM, S.A." Fundamento de Derecho: Ley No.21 de 23 de diciembre de 1997, modificada por el artículo 1 de la Ley No.12 de 12 de febrero de 1997; Ley No.41 de 1 de julio de 1998; Artículos 2, 4, 24 y 54 del Decreto Ejecutivo No.59 de 16 de marzo de 2000. N., ABEL AUGUSTO ZAMORANO NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- OYDÉN ORTEGA DURÁN KATIA ROSAS (Secretaria)