Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 8 de Marzo de 2018

Ponente:Cecilio A. Cedalise Riquelme
Fecha de Resolución: 8 de Marzo de 2018
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 

VISTOS:

La firma forense Morgan & Morgan, actuando en nombre y representación de la ASOCIACIÓN DE RESIDENTES DE LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL GOLF, LOMA ALEGRE Y ÁREAS ALEDAÑAS, ha promovido ante esta Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sendas DEMANDAS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS DE NULIDAD, para que se declaren nulos, por ilegales, los actos administrativos que se detallan a continuación:

Resolución N° 389-2014 de 23 de junio de 2014, emitida por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT); impugnada mediante la acción de nulidad con Entrada N° 914-15.

Permiso de Construcción N° P.P.I. 697-2015 TPCI -211 de 21 de julio de 2015, expedido por la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá; impugnado mediante la acción de nulidad con Entrada N° 142-16.

Permiso de Construcción N° P.P.F. 697-15 TPCF-152 de 9 de octubre de 2015, expedido por la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá; impugnado mediante la acción de nulidad con Entrada N° 548-16.

Permiso de Ocupación N° 2222-16 de 14 de octubre de 2016, expedido por la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá; impugnado mediante la acción de nulidad con Entrada N° 791-16.

Dentro de cada una de las acciones de nulidad previamente descritas, se encontraba inserta expresamente la solicitud de la parte actora para lograr que se suspendieran provisionalmente los efectos de los actos administrativos tachados de ilegales; por ende, luego de haberse efectuado el examen de rigor correspondiente, respecto a la concurrencia de los presupuestos jurídicos necesarios para dichas peticiones cautelares, está Sala Tercera se pronunció accediendo a cada una de ellas, mediante la Resolución de 26 de mayo de 2016 (Exp. 914-15), la Resolución de 3 de junio de 2016 (Exp. 142-16), la Resolución de 4 de octubre de 2016 (Exp. 548-16) y la Resolución de 18 de abril de 2017 (Exp. 791-16), respectivamente.

Ante este escenario, amerita señalar que mediante la Resolución fechada seis (6) de enero de 2017, se admitieron y acumularon las Entradas 914-15 y 142-16; posteriormente a través de la Resolución de tres (3) de febrero de 2017, se acumuló la Entrada 548-16 (la cual se encontraba admitida con antelación); y finalmente, al dictarse la Resolución de veinticuatro (24) de agosto de 2017, se admitió y acumuló la Entrada 791-16; procediéndose también a admitir como terceros interesados, a las sociedades MIDA CORPORATION, S.A., y DESARROLLO KADIMA, S.A., las cuales a través de su representación judicial, solicitaron formalmente que se levanten las suspensiones provisionales que se encuentran restringiendo los efectos de los actos administrativos que fueron tachados de ilegales por la parte actora, con sus correspondientes demandas de nulidad.

Por tanto, habiéndose admitido las precitadas demandas de nulidad, y encontrándose acumuladas al proceso más antiguo (Entrada N° 914-15), se precisa en virtud del Principio de Economía Procesal, efectuar un examen unificado respecto a las solicitudes de levantamiento de medida cautelar, promovidas por las mencionadas sociedades que figuran como terceros interesados en los procesos descritos con antelación; considerando que dichas peticiones están sustentadas con los argumentos resumidos a continuación.

FUNDAMENTO DEL LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SUSPENSIÓN.

La firma forense Camarena, M. & Vega, en su condición de apoderados judiciales de los precitados terceros interesados, solicitó el levantamiento de las medidas de suspensión provisional sobre los efectos de los correspondientes actos administrativos demandados; siendo que la sociedad MIDA CORPORATION, S.A., es propietaria de la Finca N° 14754, ubicada en esquina de la Avenida Santa Elena y la C.G.B.T., en el Corregimiento de San Francisco, Distrito y Provincia de Panamá, sobre la cual, la empresa DESARROLLO KADIMA, S.A., construyó una estructura comercial de baja densidad denominada "Santa Elena Strip".

Al respecto, manifiesta que algunos moradores de Altos del Golf, que no residen en las cercanías del proyecto en mención, promovieron demandas de nulidad en contra de todos los trámites y permisos que se habían obtenido para desarrollarlo, los cuales fueron suspendidos provisionalmente por la Sala Tercera, considerando las preocupaciones expuestas en aquel momento, como que la comunidad de Altos del Golf se caracteriza por ser una zona residencial de baja densidad y que dicha construcción originaría la existencia de bares y otros negocios que perturbarían a los vecinos; y también se refirió a la existencia de una resolución del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) que ordenaba suspender, en sede administrativa, los cambios de zona en los sectores de Altos del Golf y V.L..

En ese sentido, indica que en la Resolución N° 389-2014 de 23 de junio de 2014, emitida por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), se aprobó el cambio de código de zona para la Finca N° 14754, estableciéndose la escasa dimensión de la construcción a desarrollarse sobre la misma, pues en un radio menor a los 200 metros de dicha finca, ya existía actividad comercial de alta densidad, incluso mayor a la pretendida por el desarrollo propuesto, aunado a que dicha construcción tendría una altura de 12 metros, estando por debajo de la altura existente en ese sector, a lo largo de ese tramo de la Avenida Santa Elena, hasta una distancia lineal de 500 metros, internándose sobre la misma Avenida, en dirección a Parque Lefevre.

En relación con lo anterior, alude a la inexistencia de los peligros que fueron considerados para aplicar dichas medidas cautelares, al fundamentarse en hechos que padecen una notable variación, por lo que éstas deben quedar sin efecto, al estar ocasionándoles graves e irreparables perjuicios. Por tanto, alega que el proyecto "Santa Elena Strip" no está situado en el centro de la zona residencial de Altos del Golf, sino próximo a la Avenida Santa Elena, en donde ya existen edificaciones comerciales antiguas, incluyendo una estación de combustible; aunado a que es una plaza comercial pequeña, de baja densidad, desarrollada en una superficie total de aproximadamente 2 mil metros cuadrados, cuyo diseño no permite albergar comercios grandes, que acojan multitudes de personas, sino comercios pequeños de servicio vecinal, por lo que no califica como centro de perturbaciones públicas.

En cuanto a la Resolución N° 486-2014 de 22 de agosto de 2014, también emitida por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), por la cual se suspendía en sede administrativa, los cambios de zonificación de los sectores de Altos del Golf y V.L., manifiesta que la misma se encuentra a la vez suspendida provisionalmente por la Sala Tercera, mediante su Auto de 24 de mayo de 2016, por lo que no tiene vigencia jurídica para mantener suspendida una pluralidad de actos administrativos.

Por otro lado, alude a la declaración notariada de M.C.Q., como vecino exactamente adyacente a la Finca N° 14754, y también se refiere al informe de sustentación urbanística del proyecto Santa Elena Strip, realizado por el arquitecto U.V.E.M.; además, manifiesta que existen evidencias sobre los graves perjuicios millonarios que le acarrearía el continuar con las suspensiones provisionales in comento, por lo que aporta las declaraciones notariadas de I.S., representante de la sociedad MIDA CORPORATION, S.A., y de R.L., gerente de proyectos de la sociedad DESARROLLO KADIMA, S.A.

De igual modo, aporta el Informe de Inspección N° 5 de 1 de agosto de 2016 realizado por la Corporación de Ingenieros Asociados, S.A., para acreditar que la construcción sobre la Finca N° 14754, actualmente se encuentra culminada, representando un desembolso de B/.2,868,750.00; por lo que al no permitirse su operación, se generan graves daños y perjuicios económicos. Además, aporta copias notariadas tanto del Certificado de Ocupación N° 6967 de 27 de junio de 2016, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, como del Permiso de Ocupación N° 2222-16 de 14 de octubre de 2016, expedido por la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá; alegando que no tiene sentido mantener la suspensión provisional de los efectos de la resolución por la cual se aprobó el cambio del código de zona correspondiente, ni tampoco restringir los efectos de los consecuentes permisos de construcción. Adicionalmente, acompaña tres (3) contratos de arrendamiento que la sociedad MIDA CORPORATION, S.A., suscribió con personas jurídicas que operarán locales comerciales en dicho proyecto comercial, con lo cual acredita la afectación que tendrán terceros ajenos al proceso, siendo comercios pequeños que ofrecen servicios básicos, y no negocios que perturben la tranquilidad de algún vecino.

También alega la inexistencia de la apariencia de buen derecho invocada por la demandante, ya que expresa que la Resolución N° 389-2014 de 23 de junio de 2014, emitida por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), derivó del cumplimiento de todos los requisitos legales respecto a la solicitud efectuada por "Inversiones La Visitación, S.A.", no mediando una nueva petición ampliada, ni complementada, por parte de la sociedad MIDA CORPORATION, S.A., que supusiera el agotamiento de nuevas u otras formalidades legales distintas a las ya cumplidas en el trámite de la solicitud inicial. De igual modo, los permisos de construcción inicial y final, fueron emitidos por la Dirección de Obras y Construcciones Municipales del Municipio de Panamá, cumpliéndose con todos y cada uno de los requisitos contemplados para su correspondiente expedición, con el consecuente pago del impuesto de construcción fijado por dicha entidad municipal. Por ende, manifiesta que no existe la apariencia de buen derecho, ni flagrante desviación de poder, como presupuestos requeridos para suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos demandados.

Adicionalmente, solicita que en este examen se valore la particular forma de censura de un minúsculo grupo de personas que dicen ser residentes de Altos del Golf, señalando que realmente los moviliza el interés de obstaculizar, a toda costa, la operación de un negocio lícito, que desarrolla un pequeño empresario panameño, más que demostrar la ocurrencia de alguna ilegalidad en los trámites respecto al proyecto comercial en referencia; con lo que se busca perjudicarle y no defender la legalidad de los actos demandados, pues resulta virtualmente imposible que todo lo relacionado con el proyecto en referencia, se haya obtenido bajo el manto de la ilegalidad, siendo que esto debe llamar la atención de esta Superioridad, para que advierta la injusticia y el abuso que se está cometiendo en contra de un pequeño proyecto comercial.

En cuanto a la suspensión provisional de los efectos del Permiso de Ocupación N° 2222-16 de 14 de octubre de 2016, expedido por la Dirección de Obras y Construcciones Municipales del Municipio de Panamá, ordenada por la Sala Tercera mediante su Resolución de 18 de abril de 2016, se solicitó formalmente el levantamiento de dicha medida, conforme el libelo visible de fojas 768 a la 773 del expediente judicial; argumentando que su aplicación estaba fundamentada en las medidas cautelares que previamente se habían ordenado en las anteriores demandas de nulidad promovidas por la misma asociación demandante, en contra de los demás actos administrativos relacionados; por lo que reitera los graves e irreparables daños y perjuicios que le está causando dicha situación, aunado a que actualmente, el sustento del periculum in mora y fummus bonus iuris ha perdido vigencia, ya que para suspender los efectos de un acto administrativo, se debe constatar la apariencia de buen derecho de la demanda, que revele la clara y notoria violación del ordenamiento jurídico nacional; que exista una flagrante desviación de poder y que se demuestre la existencia de un daño grave e irreparable; por lo que haberse dictado la medida cautelar previamente en otros actos, no constituye uno de estos presupuestos.

Para lo anterior, resulta indispensable determinar qué precepto o disposición normativa aplicable al trámite de obtención del permiso de ocupación resultó omitido o infringido, lo cual no ha sido identificado en el trámite de suspensión provisional; que en caso tal debía invocarse lo concerniente a los requisitos y procedimientos consignados en el Capítulo XVI del Acuerdo N° 193 de 21 de diciembre de 2015, del Concejo Municipal de Panamá, "Por medio del cual se dictan disposiciones sobre los procesos de revisión y registro de documentos para la construcción y obtención de los permisos para nuevas construcciones, mejoras, adiciones, demoliciones y movimientos de tierra dentro del Distrito de Panamá", que es el instrumento legal vigente y aplicable a dicho acto. Por ende, se devela que no existe la aludida clara y notoria violación del ordenamiento jurídico nacional, ni una flagrante desviación de poder, ya que el análisis de la normativa aplicable a la expedición del acto acusado es lo que determinará una presumible infracción legal, lo que no ha ocurrido, ya que cumplieron con cada uno de los requisitos de la normativa ut supra.

Finalmente, reitera la inconveniencia de dichas medidas cautelares y los graves perjuicios que le están produciendo en materia económica, financiera, laboral, legal y todas las obligaciones que surgen al tener que responder por los pasivos laborales, los créditos bancarios y los procesos legales que eventualmente acarrearía el cumplimiento de cada uno de estos aspectos; por lo que solicita el levantamiento de las medidas de suspensión provisional de los actos administrativos impugnados, adoptadas por la Sala Tercera mediante la Resolución de veintiséis (26) de mayo de 2016, la Resolución de tres (3) de junio de 2016, la Resolución de cuatro (4) de octubre de 2016 y la Resolución de dieciocho (18) de abril de 2017.

OPOSICIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE.

La representación judicial de la asociación demandante se opuso formalmente a la petición de levantamiento de las medidas de suspensión provisional, decretadas en los procesos de nulidad con entradas 914-15, 142-16 y 548-16, conforme su libelo de oposición visible de fojas 574 a la 581 del expediente judicial; en cuyo texto solicita que sean rechazadas plano dichas peticiones, por carecer de fundamentación jurídica y procesal, manifestando que el proyecto comercial en referencia, se viene construyendo a contrapelo de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, reguladoras en materia de construcciones de obras civiles en áreas urbanas en la ciudad de Panamá; y prueba de ello son las suspensiones provisionales emitidas por la Sala Tercera, las cuales se pretenden enervar en esta ocasión.

En ese sentido, señala que la sola expedición de las medidas de suspensión provisional, que ahora son atacadas, demuestra que fueron emitidas respetando la apariencia de buen derecho y el peligro del daño inminente; aunado a que fueron dictadas dentro de determinados procesos contencioso-administrativos, promovidos por una entidad jurídica sin fines de lucro, y no por personas naturales.

Adicionalmente, indica que en la Gaceta Oficial de fecha 29 de marzo de 2017, aparece una resolución por lo cual el Concejo Municipal de Panamá, ordena a la Dirección de Obras y Construcciones Municipales del Municipio de Panamá, que declare una moratoria provisional para la aprobación de ante-proyectos de construcción a desarrollarse en cuatro barrios del Corregimiento de San Francisco, que es donde precisamente está ubicado el proyecto comercial objeto de debate.

Por otro lado, manifiesta que no solamente fueron las preocupaciones comprensibles que fueron valoradas por la Sala Tercera, las que fundamentaron las suspensiones provisionales ahora cuestionadas, sino también la observación y el respeto del ordenamiento legal objetivo, como propósito fundamental de los operadores jurisdiccionales en los procesos contenciosos-administrativos.

En lo que respecta a los argumentos sobre la aludida ubicación del proyecto comercial en referencia, y que éste no califica como un centro de perturbación pública, señala que estas no fueron las motivaciones jurídicas que propiciaron la expedición de las órdenes de suspensión sobre las que recaen las peticiones de levantamiento de las medidas de suspensión provisional; y en cuanto a la alegada falta de vigencia jurídica de la resolución que ordenó suspender los cambios de zona, manifiesta que la misma fue apelada, por lo que no existe tal suspensión provisional de la Resolución N° 486-2014 del 22 de agosto de 2014, cuyo efecto radicaba en una prohibición que fue violentada por la empresa que solicitó y obtuvo el cambio de uso de suelo para la Finca N° 14754, iniciándose una cadena de actos administrativos que se encuentran actualmente suspendidos provisionalmente.

Por otro lado, desestima la declaración jurada notarial de un solo vecino de la finca en referencia, ya que ni siquiera se ha abierto a pruebas el proceso, por lo que indica que dicha declaración unilateral tiene poco o ningún valor, conforme las reglas del contradictorio, siendo una prueba ineficaz procesalmente hablando, característica que igualmente se traslada al supuesto de hecho comentado. De igual modo señala que ocurre con el informe de sustentación urbanística del proyecto Santa Elena Strip Mall, el cual reúne las mismas características de ineficacia de la declaración anterior, trasladándosele igualmente al supuesto de hecho expuesto.

Respecto a las evidencias aportadas, se opone manifestando que son documentos privados emanados de parte interesada, careciendo de mérito alguno; además, señala que el informe de inspección aludido, se aportó con un recurso de reconsideración que fue rechazado de plano, develándose una mera expectativa con este remedio probatorio, que no ha sufrido los cánones del contradictorio.

En cuanto al permiso de ocupación expedido por el Cuerpo de Bomberos y al permiso de ocupación de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales, éste último fue demandado igualmente, peticionándose también la suspensión provisional de sus efectos, por lo que mal pueden derivarse efectos de los mismos, para enervar decisiones jurisdiccionales.

En lo referente a los tres contratos de arrendamiento aportados, señala que los mismos carecen de la aprobación de la Dirección de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y en caso que las tengan, de todos modos alega que esa circunstancia no permite el levantamiento cautelar solicitado.

Concluye señalando que la aludida inexistencia de la apariencia de buen derecho, se observa dentro de los actos administrativos demandados, y es por ello, que se encuentran suspendidos provisionalmente; además rechaza enfáticamente, las manifestaciones expresadas en contra de las resoluciones por las cuales se aplicaron dichas medidas cautelares, por lo que añade anotaciones respecto al origen, ubicación y alcance urbanístico del proyecto comercial en referencia, las cuales fueron consignadas, de igual modo, en cada una de las acciones de nulidad que promovió.

CRITERIO Y DECISIÓN DE LA SALA.

El presente examen respecto a las solicitudes de levantamiento de las medidas cautelares aplicadas en los procesos acumulados en referencia, propiciado por la representación judicial de los terceros interesados y reconocidos en dichas causas, invocando circunstancias no consideradas al momento de suspender provisionalmente los efectos de los respectivos actos administrativos demandados; ha servido para que sean revisados de manera prolija, los argumentos expuestos por las partes, solamente para lo que en esta etapa procesal nos compete, que es la revisión de las medidas cautelares aplicadas, por lo que esto no implica valoraciones adelantadas respecto al mérito de fondo de los procesos de nulidad correspondientes.

Por consiguiente, amerita iniciar advirtiendo que al momento en que fue presentada la demanda contencioso administrativa de nulidad, en contra de la Resolución N° 389-2014 de 23 de junio de 2014, había transcurrido aproximadamente un año y medio después de su emisión, por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), lo que indiscutiblemente acarreaba la inmediata y efectiva vigencia jurídica respecto a sus efectos, conforme lo consagran los principios fundamentales de legalidad y ejecutabilidad, que revisten a los actos administrativos.

De este modo, ha quedado totalmente disipado el carácter de "urgencia" o "peligro inminente" que ameritaba la aplicación de la suspensión provisional in comento, para evitar un perjuicio notoriamente grave (periculum in mora), como presupuesto que sostuvo la petición de medida cautelar aplicada contra los efectos del precitado acto acusado, tal como se detalla cronológicamente a continuación:

El 23 de junio de 2014, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) emitió la Resolución N° 389-2014, aprobando el cambio de código de zona de la Finca N° 14754, para una edificación de tipo comercial; la cual surtía sus efectos desde el momento que quedó en firme y ejecutoriada, toda vez que hasta el presente examen, no se evidencia que se hubiese recurrido oportunamente en su contra, para ejercer un control de legalidad que agotara la vía gubernativa, a pesar que la demandante en esta ocasión, expresó en el hecho sexto de su libelo de demanda, que se había opuesto formalmente al mencionado cambio de zonificación, ante dicha sede administrativa, antes que se emitiera el citado acto administrativo, que ahora se demanda (Cfr. Foja 33 del antecedente administrativo aportado).

Al año siguiente, el 21 de julio de 2015, la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, expide el Permiso de Construcción N° P.P.I. 697-2015 TPCI-211, estableciéndose que se trataba del permiso preliminar inicial, para la construcción correspondiente.

Posteriormente, el 9 de octubre de 2015, se expide el Permiso de Construcción N° P.P.F. 697-2015 TPCF-152, como autorización final de la precitada entidad municipal, respecto a la construcción correspondiente.

No es hasta el día 23 de diciembre de 2015 (aproximadamente un año y medio después de la emisión del primer acto administrativo acusado), que se presenta una acción popular, pretendiéndose la declaratoria de nulidad, por ilegal, de la resolución del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT); cuando para ese entonces, ya se encontraban surtiendo sus efectos los permisos de construcción (inicial y final), sin que hasta ese momento, mediara impugnación alguna, en contra de ninguna de estas dos autorizaciones municipales.

En cuanto a la apariencia de buen derecho (fumus bonis iuris), que se consideró para aplicar la medida cautelar que recae en los efectos de la Resolución N° 389-2014 de 23 de junio de 2014, emitida por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), se observa que la representación judicial de las sociedades que solicitan su levantamiento, trae a colación un nuevo elemento procesal para ser considerado en este examen, al invocar entre sus argumentos, la restricción cautelar contenida en el Auto fechado 24 de mayo de 2016, mediante el cual la Sala Tercera suspendió provisionalmente los efectos de la Resolución N° 486-2014 de 22 de agosto de 2014, también proferida por dicha entidad ministerial demandada, cuya finalidad radicaba en suspender los cambios de zonificación que previamente ella misma había aprobado, entre los que se encontraba el concerniente al acto administrativo impugnado en este negocio (cambio del código de zona de la Finca 14754).

Al respecto, se precisa indicar que la demandante se opuso a este nuevo elemento formal traído para el presente examen, manifestando que el mencionado Auto de 24 de mayo de 2016 (medida cautelar que recae sobre la precitada Resolución N° 486-2014 de 22 de agosto de 2014), dictado por la Sala Tercera en otro proceso, actualmente se encuentra recurrido en apelación, por lo que alega que el mismo no tiene vigencia jurídica para ser tomado en cuenta en el presente proceso; sin embargo, observa este Tribunal que tal aseveración carece de elementos probatorios que hayan sido aportados con el libelo de oposición respectivo, en el cual tampoco se aducen, por lo menos, indicios para verificar que dicha medida cautelar se hubiese levantado; máxime que la resolución aludida, es de las dictadas por la Sala Tercera en pleno, por lo que se devela como no recurrible en alzada, y en consecuencia, se desestima este argumento de oposición.

Por tanto, se infiere que el mencionado presupuesto cautelar (fumus bonis iuris), ha perdido consistencia con la nueva circunstancia jurídica acaecida y allegada al presente proceso; siendo esta situación considerada, en conjunto con la previamente explicada carencia del peligro inminente (periculum in mora), para colegir que deviene en un contrasentido mantener la suspensión provisional de la Resolución N° 389-2014 de 23 de junio de 2014, emitida por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), por lo que procede su levantamiento.

De igual modo, se observa que la existencia de la aludida Resolución N° 486-2014 de 22 de agosto de 2014, se constituyó también en el presupuesto cautelar cardinal de la demandante, para fundamentar la apariencia de buen derecho (fumus bonis iuris) de sus solicitudes de aplicación de medidas cautelares dentro de sus acciones promovidas en contra del Permiso de Construcción N° P.P.I. 697-2015 TPCI-211 (inicial) y del Permiso de Construcción N° P.P.F. 697-2015 TPCF-152 (final), ambos expedidos por la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá; por ende, al traerse a colación el contenido del auto de 24 de mayo de 2016, dictado por la Sala Tercera, por parte de quienes solicitan los levantamientos respectivos, se devela la inaplicabilidad de la resolución ministerial restringida en sus efectos jurídicos, para sustentar las acciones cautelares cuestionadas, máxime que no consta en el presente proceso, evidencia alguna que demuestre el levantamiento de dicha orden judicial.

En lo concerniente al presupuesto del "periculum in mora", que soporta las medidas cautelares que recaen sobre los precitados permisos de construcción, se precisa continuar con la cronología de los hechos que han develado la inexistencia del carácter urgente, e intrínseco al peligro aludido, el cual debe ser actual e inminente, y que implique un perjuicio notoriamente grave, como consecuencia de la emisión de cada acto administrativo objeto de reparo; circunstancia que dista de acontecer en esta ocasión, tal como se constata seguidamente:

El día 21 de julio de 2015, la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, expidió el Permiso de Construcción N° P.P.I. 697-2015 TPCI-211 (inicial).

Posteriormente, el 9 octubre de 2015, la misma entidad municipal expide el Permiso de Construcción N° P.P.F. 697-2015 TPCF-152 (final).

No es hasta aproximadamente ocho (8) meses después de expedido el precitado permiso de construcción preliminar inicial, que se presenta una demanda en contra del mismo, siendo dicha acción de nulidad interpuesta el día 14 marzo de 2016; denotándose que para esa fecha, ya se había expedido el subsiguiente permiso de construcción final, siendo éste último demandado el día 25 de agosto de 2016, por lo que tampoco puede existir una urgencia notoria, cuando se advierte que tal impugnación fue efectuada diez (10) meses después de haberse expedido esta última autorización municipal; sin olvidar que la demandante mantenía un conocimiento previo de la causa en conflicto, toda vez que es la misma parte actora que había promovido dos acciones de nulidad previas ante esta sede jurisdiccional, una contra la resolución de cambio de zonificación y la otra contra el permiso de construcción inicial; aunado a que consta en el antecedente administrativo, que desde el inicio se opuso formalmente en la esfera administrativa, a la solicitud de cambio de zonificación respectiva.

En contraposición, la parte opositora a dichas peticiones de levantamiento, invoca la existencia de una resolución publicada en la gaceta oficial del 29 de marzo de 2017, mediante la cual se le ordena a la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, que declare una moratoria provisional para la aprobación de anteproyectos de construcción a desarrollarse en ciertos sectores del Corregimiento de San Francisco; no obstante, éste Tribunal advierte que dicha disposición (Resolución N° 10 de 31 de enero de 2017, dictada por el Consejo Municipal de Panamá), fue publicada en la Gaceta Oficial N° 28,247 de 29 de marzo de 2017, expresando taxativamente que su campo de aplicación corresponde a cuatro barrios de dicho corregimiento, siendo estos, Punta Paitilla, Punta Pacífica, C. delM. y Viña del Mar, por lo que evidentemente no guarda relación alguna con la presente demanda, al no mencionarse siquiera a la Urbanización Altos del Golf en su texto, como sitio donde se menciona que se ubica la edificación comercial a la que se hace referencia en la causa en estudio, tal como lo manifestó la asociación demandante en su libelo de oposición.

Además, se aportó un documento denominado "Informe de Inspección N° 5", fechado 1 de agosto de 2016, con el cual se evidencia que para esa fecha, la construcción se encontraba culminada en su totalidad (100% de avance de la obra); mientras que la demanda de nulidad en referencia fue presentada posteriormente, específicamente el 25 de agosto de 2016, solicitando la suspensión provisional de los efectos de un permiso de construcción "final", que había sido expedido el año anterior, es decir, diez (10) meses atrás, siendo ésta fecha, el 9 de octubre de 2015, tal como se detalló en los párrafos precedentes; en consecuencia, se ha constatado el desvanecimiento tanto de la urgencia inminente (periculum in mora), como de la apariencia de buen derecho (fumus bonis iuris), que como presupuestos cautelares, sustentaron las suspensiones provisionales aplicadas en contra de los efectos del Permiso de Construcción N° P.P.I. 697-2015 TPCI-211 (inicial) y del Permiso de Construcción N° P.P.F. 697-2015 TPCF-152 (final), siendo inminente el levantamiento de tales medidas cautelares que recaen sobre ambas autorizaciones municipales.

Vale aclarar, que si bien, en la oposición manifestada por la asociación demandante, se cuestiona la validez probatoria del informe en cuestión, señalando que el mismo fue aportado con un recurso de reconsideración promovido infructuosamente, previamente en este mismo proceso, lo cierto es que en el presente examen, solo se ha considerado la documentación adjuntada con el libelo de solicitud de levantamiento, específicamente la que guarda relación con la revisión de las medidas cautelares en referencia; por lo que no se valoraron otros documentos que hayan sido anexados con otros libelos que no correspondan al presente análisis cautelar, los cuales deberán ser examinados en la etapa probatoria respectiva.

Por otro lado, también se pretende el levantamiento de la suspensión provisional de los efectos del Permiso de Ocupación N° 2222-16 de 14 de octubre de 2016, expedido por la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, siendo sustentada dicha medida cautelar, en la apariencia de buen derecho (fumus bonis iuris) dimanada de decisiones cautelares previas, aplicadas a los tres actos administrativos previamente descritos, cuya relación intrínseca propició su actual acumulación en un solo proceso; mientras que lo concerniente al perjuicio notoriamente grave (periculum in mora), derivó de la intención de la entidad municipal demandada, en proseguir con actuaciones que influirían en la situación jurídica cuyo mérito sería examinado a través de las correspondientes acciones de nulidad, a pesar que los efectos de los respectivos actos impugnados, se encontraban suspendidos provisionalmente.

Es preciso acotar, que si bien la asociación demandante se opuso formalmente a la petición de levantamiento de las medidas cautelares que recaen sobre los tres primeros actos administrativos demandados, lo cierto es que contra la solicitud de levantamiento de la suspensión provisional de los efectos del precitado permiso de ocupación, expedido por la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, no consta una oposición formal presentada por la dicha parte opositora.

De ahí que, luego de revisar las circunstancias traídas a colación por quien pretende el levantamiento cautelar, se ha constatado que la demandante no desarrolló la concurrencia del peligro notoriamente grave, ni de la apariencia de buen derecho, específicamente respecto al permiso de ocupación demandado y tampoco se acompañaron piezas probatorias que realmente demostraran que dicho acto acusado, por sí mismo, denotaba una clara violación al ordenamiento jurídico nacional, ni que este evidenciara perjuicio alguno, para que le fuera restringido en sus efectos, propios de la presunción de validez y ejecutividad de todo acto administrativo; sino que fue sustentado en la existencia de suspensiones provisionales previamente aplicadas a otros actos administrativos distintos, los cuales también fueron demandados por el mismo peticionario de la actual medida cautelar; no obstante, cada acto amerita un examen de legalidad individual, al margen de la relación sustancial demostrada en lo que va del proceso, por tanto, se diluyen los presupuestos cautelares considerados respecto al Permiso de Ocupación N° 2222-16 de 14 de octubre de 2016, y en consecuencia, se colige que lo procedente es levantar la medida cautelar que recae sobre dicha autorización municipal.

Aunado a lo anterior, no es menos importante señalar que dentro de las respectivas peticiones de levantamiento de las suspensiones provisionales de los efectos de los actos demandados, se añade una nueva circunstancia a tomar en consideración, respecto a las posibles y eventuales afectaciones por daños y perjuicios que pudieran sobrevenir de la aplicación de las medidas cautelares en referencia, cuyos efectos fáctico-jurídicos derivados, alcanzarían no solamente a quienes figuran como terceros reconocidos en este proceso, sino también a personas naturales o jurídicas que de alguna manera se encuentran vinculadas por el espectro funcional de cada acto administrativo que se encuentre cautelado en sus efectos.

Respecto al escenario expuesto, amerita señalar que el marco jurídico de la jurisdicción contencioso-administrativa panameña, no establece como requisito legal, que se caucione la petición de suspender provisionalmente los efectos del acto administrativo acusado, para asegurar el resarcimiento de las posibles afectaciones económicas derivadas de la aplicación de la medida cautelar, contemplada para los procesos que son de su competencia, tal como sí ocurre en los negocios ventilados en la jurisdicción civil ordinaria; siendo esta circunstancia prevista en legislaciones de otros países, en los que se encuentra una solución jurídica para evitar el accionar judicial temerario o alejado de la finalidad jurídica propia del instrumento procesal utilizado.

En ese sentido, resulta imperativo señalar que el examen valorativo de la necesidad de la aplicación una medida cautelar que restrinja los efectos de un acto administrativo, suspendiendo provisionalmente su presunción de legalidad y ejecutividad, descansa en la discrecionalidad atribuida a esta Corporación de Justicia, a través de su normativa orgánica legal y especial, siendo esta facultad desarrollada jurisprudencialmente y a través de la doctrina especializada, tal como lo decanta el reconocido jurista Dr. E.M.M., cuando expresa que "...El juez puede decidir si suspende o no el acto administrativo y el hecho de que se haya interpuesto un recurso vía jurisdiccional con solicitud de suspensión no interrumpe la ejecutividad del acto, que por ser firme, sólo la decisión que tome el juez, podrá suspenderlo, lo contrario sería darle al administrado la facultad de suspender él la ejecutividad de los actos administrativos con sólo presentar la solicitud de suspensión, que no es, por lo menos en nuestro derecho, inadmitida por requisitos formales, que no se exigen." (MOLINO MOLA, E.. "Legislación Contenciosa Administrativa - Actualizada y Comentada". Segunda Edición. Imprenta Universal Books. Panamá, 2001. P.. 186).

Así se tiene que, el fundamento legal que permite a esta Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo tachado de ilegal, se encuentra instituido en el Capítulo V (De la Suspensión Provisional) de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, como una atribución consagrada específicamente en su artículo 73, el cual se transcribe seguidamente:

"Artículo 73. El Tribunal de lo contencioso-administrativo en pleno puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, si a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave." (Resaltado por la Sala Tercera)

Tal como se observa, dicha atribución discrecional permite que esta Sala Tercera, examine la concurrencia de los presupuestos propios de los instrumentos cautelares, siendo que debe primar la urgencia de su aplicación, derivada del peligro inminente que pudiera causar un perjuicio notoriamente grave (periculum in mora) y que sean explicadas las normas que a simple vista, se vislumbren como vulneradas, develándose la apariencia de buen derecho (fumus bonis iuris), inclusive aportando los elementos probatorios necesarios para ello; todo lo cual "Significa que para que la Sala pueda acceder a la suspensión, el acto impugnado debe ser ostensiblemente ilegal o al menos con una apariencia real de ilegalidad, pues ocurre con frecuencia que se recurre y se solicita suspensión con el único propósito de demorar o impedir la ejecución del acto pero sin ninguna probabilidad de obtener una sentencia favorable por razón de un notoria impugnación infundada" (MOLINO MOLA, E.. Op Cit. P.. 187).

Ahora bien, la facultad legal a la que nos referimos, no solamente opera para los efectos de analizar la necesidad de cautelar los efectos de los actos administrativos impugnados, sino que también se aplica para examinar las peticiones que busquen levantar la medida de suspensión provisional correspondiente, fundamentada en nuevos elementos o circunstancias traídas al proceso, dándole un carácter de revisable a la medida cautelar que se encuentre vigente, conforme se he venido decantando en una línea jurisprudencial sentada, de la cual se trae a colación el auto fechado 9 de mayo de 2008, cuyo texto pertinente se transcribe seguidamente:

"De conformidad con todo lo transcrito y luego de haber realizado un análisis detallado e integral de las solicitudes de levantamiento de medida de suspensión provisional decretada en este proceso, a la luz del contenido del Acto Administrativo demandado y en relación a las normas legales y reglamentarias citadas como infringidas en la demanda que da inicio a este proceso, esta Corporación participa del criterio que en caso subjudice se han aportado nuevos argumentos o elementos que conducen a este Tribunal, efectivamente, a levantar la suspensión provisional de los actos demandados, dado que no se dan presentes en esta causa, los elementos o requisitos necesarios para proceder en consecuencia, al artículo 73 de la ley 135 de 1943.

Con miras a sentar los fundamentos teóricos de la conclusión arriba expuesta, resulta pertinente, en primer lugar, señalar los conceptos que el letrado español F.R.P. ha manifestado en torno a la modificación de la decisión cautelar de suspensión provisional. En este sentido, el referido autor, manifiesta que el principio de modificalidad de la medida cautelar tiene su base en el carácter provisional de la misma, y por tanto, cabe su revocación o revisión a lo largo del procedimiento, pero debe ser por cambio de las circunstancias en virtud de las cuales se hubiera adoptado, es decir, por cambio de las circunstancias inicialmente valoradas por el Tribunal. (cf. R.P., F.L., Las Medidas Cautelares en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pág. 87, Ediciones Aranzadi, Navarra, España)." (Sic)(Resaltado por la Sala Tercera)

De igual modo, no se puede soslayar la importancia que resulta de examinar la concurrencia de los presupuestos cautelares generales, previamente explicados, y de otros elementos inherentes a la particularidad de la tutela cautelar en la jurisdicción contencioso-administrativa; en aras que dicha restricción esté sujeta a circunstancias notoriamente comprobables y revisables por su carácter provisional, ante esta sede jurisdiccional; toda vez que las actuaciones de la Administración Pública se encausan en un principio administrativo de seguridad jurídica, que intrínsecamente está vinculado con la presunción "iuris tantum" que supone su legalidad, así como la ejecutividad que asegura el cumplimiento de los fines con los que se origina cada acto administrativo expedido, siendo esta parte dinámica, la que asegura el cumplimiento efectivo del carácter sustancial del mismo, lo que algunos autores definen como la ejecutividad de los actos administrativos, al señalar que "...Esta ejecutoriedad de los actos administrativos responde a la necesidad de cumplir con el cometido de la Administración, que es la satisfacción del interés público. Según apunta D. (1997) la ejecutoriedad es un elemento inescindible del poder y se fundamenta en: "...la relación dialógica de mando y obediencia, de prerrogativa y garantía, por lo cual el contenido y alcance de la ejecutoriedad dependerá del ordenamiento político-institucional que le sirve de sustento." (ÁBREGO CABALLERO, M.. "La Jurisdicción Contencioso Administrativa en Panamá y la Tutela Cautelar". Universal Books. Pág. 249).

Es por ello que la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, obliga a un examen extendido respecto a su eficacia y necesidad, para restringir la ejecución del acto administrativo demandado, tal como continúa señalando la autora M.Á., al aportar al desarrollo doctrinal, lo siguiente:

"La contrapartida de la ejecutoriedad del acto administrativo es la suspensión de su ejecución, lo cual, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, se declara en sede jurisdiccional a través de una solicitud expresa y formal, formulada por el demandante, de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado de ilegal.

En cuanto a la ejecutoriedad del acto administrativo y la suspensión provisional del acto, A. (2004) afirma que:

"El Acto Administrativo descansa sobre su presunción de validez y ejecutoriedad que hacen de su cumplimiento práctico, por regla general, se surta inmediatamente. Esta eficacia que se le reconoce al Acto Administrativo de ningún modo se ve afectada o interrumpida por el hecho de que contra el mismo se entable una acción impugnativa ante la jurisdicción Contencioso Administrativa (p.5)

Es así, que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico que el administrado cuando considere que una decisión es injusta o ilegal, dictada por la administración, debe solicitar a las autoridades judiciales una suspensión del acto administrativo impugnado, que implica que este acto no goza de la ejecutoriedad, no posee la fuerza de obligar, de manera que, hasta tanto no se decida el fondo de la pretensión ante la jurisdicción contencioso administrativa, la decisión ejecutiva de la administración ha de interpretarse restrictivamente." (ÁBREGO CABALLERO, M.. Op. Cit. P.. 98 y 99).

De igual modo, en la doctrina administrativista internacional, se pondera la estabilidad de los actos administrativos, al señalar que "...Entonces, los actos administrativos son en principio, irrevocables debido a la seguridad jurídica y a la buena fe que ampara las situaciones por ellos creadas. Pero no por esto la Administración queda atada a la irrevocabilidad, sino que cuando el interés público reclama una rectificación, puede acudir al Órgano Judicial para que anule el acto lesivo". (DROMI, R.. "Derecho Administrativo". 12ª Edición. Buenos Aires-Madrid-Mexico. 2009. Página 368). (Resaltado por la Sala Tercera).

Tal como se ha expuesto, la emisión de un acto administrativo no implica que sea inimpugnable, sino que está sujeto al examen peticionado por la parte interesada, en caso que se alegue un peligro notoriamente grave, de difícil reparación y que concurra el principio de apariencia de buen derecho; sin perjuicio del control de legalidad que se pueda instar en la sede administrativa, mediante los recursos correspondientes. Por otro lado, en lo concerniente a los procesos contenciosos de nulidad, contra actos administrativos de carácter general o reglamentarios, este Tribunal ha mantenido un criterio sostenido respecto a que la suspensión provisional de los efectos de los actos demandados, resulta viable cuando el acto acusado infringe palmariamente el principio de separación de poderes o puede entrañar un perjuicio a la integridad del ordenamiento jurídico por violar, de forma manifiesta, normas de superior jerarquía.

En este sentido, tal como se ha venido decantando, dicha medida cautelar se caracteriza por ser discrecional y responde a la finalidad de preservar el ordenamiento jurídico o la legalidad abstracta, tal como se ha expuesto en pronunciamientos previos, como el contenido en la Resolución de 15 de abril de 2015, cuya parte resolutiva se expresa en los siguientes términos:

"Conforme a lo previsto en el artículo 73 de la Ley N°135 de 1943 y la línea jurisprudencial sistemática de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la suspensión provisional del acto administrativo es una medida discrecional y que puede adoptar el Tribunal; sea esta Sala, si a su juicio ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave o una infracción manifiesta al ordenamiento legal, en razón del principio periculum in mora que consiste en el peligro de daño irreversible que puede derivarse por el trascurso del tiempo que toma es surtirse el proceso.

En este orden de ideas, el autor colombiano G. De Enterría considera la suspensión provisional como "...una medida de carácter provisional y cautelar, llamada a asegurar la integridad del objeto litigioso (suspensión en vía de recurso) o a garantizar la imposición del criterio del ente u órgano superior que ostente la tutela o el control sobre el autor del acto (suspensión como medida de tutela o control) en tanto se produce una decisión definitiva sobre la validez del mismo". (citado por J.F.P., Medidas Cautelares, E.J.G.I., Colombia, 1998, Pág. 347).

Desarrollando otro aspecto de ese postulado, puede decirse que, esta máxima Corporación de Justicia ha sostenido inveteradamente, que la suspensión de los efectos del acto impugnado en las demandas de nulidad procede con la finalidad de evitar la ilusoriedad del proceso y de brindar una solución no sólo eficaz, sino la más ajustada a derecho, en aquellos casos en que el acto acusado se evidencie, prima facie, de forma clara y manifiesta, violaciones ostensibles al ordenamiento jurídico en abstracto, o, cuando el acto represente la producción de un perjuicio notoriamente grave.

De lo antes narrado, se ha verificado que no se aportan elementos que justifiquen la adopción urgente de la medida solicitada, máxime cuando el actor solo se limita a enunciar las formas en que sustenta la vulneración del ordenamiento legal, circunstancias que precisamente deben ser determinadas luego de un análisis de fondo, para adoptar la decisión del negocio jurídico planteado, y esta labor se va a hacer luego del ejercicio valorativo del caudal probatorio, por lo que tampoco se ha acreditado la apariencia de ilegalidad que en estos casos se solicita, aunado al hecho de que, a prima facie, el acto demandado se encuentra dictado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, organismo encargado de la regulación y fiscalización de los servicios públicos y entre ellos del servicio de electricidad.

Todo lo anterior, de la lectura del acto administrativo demandado se aprecia que, el artículo cuya nulidad se solicita es el fundamento de la cesión de la licencia de generación termoeléctrica de la empresa TÉRMICA DEL CARIBE, S.A. a la empresa VALLEY RISE INVESTMENT, CORP., formalizada por medio de la Resolución AN #1442 Elec de 15 de febrero de 2014, dictada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, que constituye a su vez, el acto modificatorio del acto que contiene la disposición demandada. Por lo que, al evaluar la procedencia de la medida cautelar solicitada, de suspensión provisional de dicho artículo, debe considerarse que lo solicitado puede afectar los derechos de terceros.

En este sentido, esta S. no puede perder de vista que la medida cautelar solicitada podría afectar las operaciones de la planta de generación El Giral Power, situación que podría ocasionar inestabilidad jurídica a la nueva empresa que ostenta la licencia de generación y perjuicios notoriamente graves en la prestación del servicio público de electricidad, y con ello a los usuarios del mismo; es decir, afectar también los intereses de la colectividad, y el interés público de que se brinde el servicio de electricidad, siendo un hecho público y notorio, que su generación se ha visto afectada los últimos años, ante la gran demanda energética, de la cual somos conscientes y tenemos conocimiento los usuarios de este servicio público.

No está demás señalar, que el ejercicio de la discrecionalidad que contempla el artículo 73 de la Ley N°135 de 1943, que es el que otorga al Tribunal competencia para la adopción de la medida cautelar de suspensión provisional, es un deber para la Sala ponderar si frente a lo solicitado hay la afectación de intereses de terceros y sobre todo, si hay afectación de un interés público tutelado.

Al respecto, reiteramos la necesidad de que sea debidamente sustentada la solicitud de medida cautelar, ya que se hace necesario para el Tribunal, analizar la necesidad urgente de la medida, con ello los elementos de apariencia de buen derecho y el peligro en la demora, y hacer la debida ponderación de los intereses en conflicto, dentro de los cuales se encuentra los intereses de terceros y el interés general; en este caso en particular, se ve representado por el interés de los usuarios y beneficiarios del servicio público de electricidad.

En ilación con lo plasmado, tal como se detalló en párrafos precedentes, el presupuesto de "urgencia" actual e inminente, que fue considerado en su momento para aplicar las medidas cautelares en referencia, fue desestimado con las nuevas circunstancias ponderadas en el presente análisis, toda vez que a pesar que la parte demandante tenía conocimiento del procedimiento surtido en la esfera administrativa, antes que se profiriera el primer acto administrativo demandado, omitió ejercer los mecanismos de impugnación a los que tenía derecho, a sabiendas que esa decisión se constituía en el paso inicial, para continuar con otros procedimientos administrativos consecutivos, en otras instancias, que permitieran la consecución de la construcción comercial a la que se hace referencia en las demandas acumuladas; no obstante, fue mucho después, utilizando una acción popular de nulidad, que se procede a demandar dicho acto, invocando tal presupuesto cautelar, para lograr las suspensiones provisionales correspondientes, como ente sensor oficioso de la tutela de derechos colectivos de la comunidad que representan, considerando que dichos intereses son reclamables ante este Tribunal, a través de las acciones de nulidad correspondientes, cuando las mismas estén sustentadas en la infracción del ordenamiento jurídico objetivo.

De igual modo, en la Resolución de 24 de junio de 2016 se ponderan los elementos previamente explicados, además en ella se insertan, a manera de referencia, la fecha de otros autos judiciales que sostienen la línea de pensamiento desarrollada por la Sala Tercera en ese sentido, tal como se expresa a continuación:

"Sentado lo anterior, resulta imperante señalar que, conforme a la línea jurisprudencial de la Sala Tercera, al adoptarse la medida de suspensión provisional, su solicitud de levantamiento solo procede cuando se presenten a la consideración del tribunal nuevas circunstancias que así lo ameriten, o el interés público así lo requiera, considerando que esta es una medida que se adopta "in oída parte", y generalmente en la fase inicial del proceso, por lo que en el trascurso del mismo pueden surgir nuevos elementos que sustenten un cambio de la medida. (Cfr. Autos de 8 de mayo de 1998; 14 de octubre de 1999; 4 de mayo de 2000; 2 de octubre de 2000; y, 21 de diciembre de 2001, entre otros).

[...]

Estos nuevos argumentos y el marco regulatorio expuesto llevan a esta Sala a evaluar la medida adoptada, puesto que el artículo 19 mencionado si bien señala que los municipios podrán sustituir los planes por esquemas de ordenamiento territorial no establece de forma expresa que sea una competencia exclusiva de dicha autoridad, circunstancia que precisamente debe ser determinada, luego de un análisis de fondo para adoptar la decisión del negocio jurídico planteado, ya que este es el problema de ilegalidad en que se centra la demanda, labor que debe realizarse en el momento procesal oportuno, luego del ejercicio valorativo de las pruebas y normas que rigen la materia.

Por otra parte, es importante que sean ponderados los perjuicios que alega el solicitante está sufriendo y las afectaciones al interés público que podría estar causando la medida, elementos que también deben ser evaluados por este Tribunal.

[...]

En mérito de lo expuesto, la Sala es de la opinión ante el hecho de que no persiste la apariencia de buen derecho que sustentó la adopción de la medida, lo procedente es ordenar el levantamiento de la medida de suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 36-2009 de 21 de enero de 2009." (Sic)(Resaltado por la Sala Tercera)

Así, se ha de develado con el presente examen, toda una serie de elementos y argumentos a los que alude la parte actora en sus respectivas demandas, así como las posiciones contrarias expresadas por los terceros reconocidos en el proceso, respecto al contenido textual de las resoluciones tachas de ilegales, como de sus respectivos antecedentes, sobre los aspectos técnicos y subjetivos del proyecto de construcción aludido, y sobre el cumplimiento de requisitos legales, además de las afectaciones alegadas por las partes, y en fin, el examen que le corresponde a los actos administrativos impugnados, el cual será efectuado bajo el prisma de la legalidad objetiva, alejada de las consideraciones subjetivas, siendo todas estas situaciones las que deberán ser comprobadas durante el presente proceso, agotando todas las etapas procesales de rigor, por lo que no resulta pertinente externar un criterio de mérito en relación con los actos administrativos demandados y todas las aristas indiciarias manifestadas por las partes concurrentes en la presente causa.

Por ende, de conformidad con todo lo previamente expuesto, se infiere que procede el levantamiento de las medidas cautelares que recaen sobre los cuatro actos administrativos demandados y acumulados en el presente proceso contencioso administrativo de nulidad, al comprobarse que los presupuestos cautelares que las soportaban, se han diluido con las nuevas circunstancias examinadas esta ocasión, mediante las respectivas peticiones para que fuesen levantadas dichas suspensiones provisionales, instadas inicialmente por la asociación demandante y que fueron decididas inoída parte; aunado a los nuevos elementos probatorios allegados para lograr el levantamiento correspondiente, por lo que en ese sentido, procede a pronunciarse esta Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo.

Para concluir, reviste de importancia señalar que la decisión ponderada en el presente examen, no implica un criterio adelantado o definitivo respecto al mérito de las causas acumuladas, las que serán valoradas conforme la consecución del trámite respectivo y el análisis de rigor de todas las piezas procesales y los elementos probatorios, fácticos y jurídicos que las integran.

PARTE RESOLUTIVA.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS EFECTOS de los siguientes actos administrativos: Resolución N° 389-2014 de 23 de junio de 2014, emitida por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT); Permiso de Construcción N° P.P.I. 697-2015 TPCI -211 de 21 de julio de 2015; Permiso de Construcción N° P.P.F. 697-15 TPCF-152 de 9 de octubre de 2015 y Permiso de Ocupación N° 2222-16 de 14 de octubre de 2016, éstos tres últimos expedidos por la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá.

N.,

CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

EFRÉN C. TELLO C.-- ABEL AUGUSTO ZAMORANO

KATIA ROSAS (Secretaria)