Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 15 de Octubre de 2019

Ponente:Luis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución:15 de Octubre de 2019
Emisor:Primera de lo Civil

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Luis Ramón Fábrega Sánchez

Fecha: 15 de octubre de 2019

Materia: Acción contenciosa administrativa

Nulidad

Expediente: 401-17

VISTOS:

El Licenciado E.E.P.I., actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Demanda Contenciosa Administrativa de Nulidad, para que se declare nula por ilegal la Resolución N°ARAPM-IA-954 de 22 de diciembre de 2010, emitida por el Ministerio de Ambiente, (antes La Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental de la Autoridad Nacional de Ambiente) y su modificación.

La presente demanda fue admitida, por medio de la Resolución de 19 de marzo de 2018 (f.39), se le envió copia de la misma a la Directora de Evaluación y Ordenamiento Ambiental del Ministerio de Ambiente, para que rindiera su informe explicativo de conducta y se le corrió traslado de la misma al Procurador de la Administración.

LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO

Dicha demanda solicita se declare nula por ilegal la Resolución N°ARAPM-IA-954 de 22 de diciembre de 2010, emitida por el Ministerio de Ambiente, (antes La Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental de la Autoridad Nacional de Ambiente) y su modificación.

Sostiene el demandante que es ilegal la Resolución N°ARAPM-IA-954 de 22 de diciembre de 2010, emitida por el Ministerio de Ambiente, (antes La Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental de la Autoridad Nacional de Ambiente) su modificación, a través de la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I, que contiene el análisis para la aprobación del Estudio sobre un proyecto de construcción de un complejo edificio tipo torre conformado por dos (2) de cuarenta y un (41) treinta y nueve (39) pisos con una totalidad de 119 apartamentos, a desarrollarse sobre una superficie de 2,540.49 m2, sobre la Finca 227022, Documento 518685, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, ubicada en el Corregimiento de San Francisco, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, elaborado por los Consultores ambientales Marcial Mendoza y O.F..

Entre las razones del recurrente se encuentra que aparece como complemento del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Desarrollo Pacific Point-Torre 409, no son vecinos del área y mucho menos se encuentra afectados por el mencionado proyecto, por lo tanto, las encuestas y entrevistas fueron efectuadas a ciudadanos ocasionales, pero en ningún caso menciona cuales de este listado que presenta como entrevista, afecta directamente, siendo esto una obligación del Promotor del Proyecto.

La Resolución N°ARAPM-IA-954 de 22 de diciembre de 2010, emitida por el Ministerio de Ambiente, (antes La Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental de la Autoridad Nacional de Ambiente), modificada por la Resolución DIEORA N°IAM-022-16 de 22 de junio de 2016.

En el estudio de impacto ambiental sometido a consideración de la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental del Proyecto Desarrollo Pacific Torre 400, en su página 68 señala "AVISO" de la reunión informativa que se realizó el 20 de noviembre de 2010, a las 2:00 P.M en el área de Reuniones del Desarrollo Pacific Point, sobre el proyecto Pacific Point-Torre 400, en sus páginas 69-70 ilustra con unas fotografías a un grupo de personas sobre una mesa, sin detallar de quiénes se trata, si son vecinos o no del área de influencia del proyecto en mención y que participan en una reunión informativa sobre el proyecto. De igual manera, en dicho estudio de impacto ambiental, de la página 71 a la 86, tienen un formato de encuesta-Consulta Comunitaria-Proyecto Desarrollo Pacific Point 400, con las características siguientes: escrito a mano bajo un mismo tipo de letra, las personas firman la encuesta con nombre y sin identificación alguna (número de cédula), no determinan si son vecinos del área.

El Decreto Ejecutivo N°123 de 14 de agosto de 2009, señala que los Estudios Categoría I, debe constar con la descripción de la manera en que involucra la comunidad que será afectada directamente. Igualmente, dicho Decreto en su artículo 29 trata sobre la participación ciudadana en los Estudios de Impactos Ambientales, no es ajeno a lo preceptuado en la Ley 6 de 22 de enero de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública y se debe permitir la participación ciudadana en todos los actos de la administración pública, mediante la modalidad de participación ciudadana, regulada en la normativa sobre el ambiente, como institución adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.

NORMAS LEGALES VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE SU VIOLACIÓN

La parte actora considera que la resolución acusada infringe las normas siguientes:

· El artículo 34 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, quebrantada de forma directa por omisión, toda vez que, esta normativa menciona el factor eficiencia garantizando así la realización oportuna de la función administrativa, respetando el debido proceso con objetividad. Y con apego al principio de legalidad.

· El artículo 36 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, quebrantado de forma directa por comisión, pues el acto administrativo demandado se ha emitido infringiendo los ordenamientos jurídicos vigentes, dentro de ellos la Ley N°41 de 1 de julio de 1998, por cuanto no ha cumplido su reglamentación sobre la inspección de campo sobre el proyecto presentado.

· El artículo 25 de la Ley N°6 de 22 de enero de 2002, quebrantado de forma directa por omisión, en cuanto a que las instituciones públicas, es decir el Ministerio de Ambiente, se encontraba en la obligación y por mandato legal publicar la participación ciudadana y ofrecer alternativas y propuestas al estudio de impacto ambiental.

· El artículo 29 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, infringido de manera directa por omisión del artículo 29 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, pues el acto demandado vulnera el Decreto Ejecutivo 123 de 14 de agosto de 2009 y sus modificaciones, ya que dicho acto administrativo vulnera la reglamentación de la Ley 41 de 1 de julio de 1998 de manera directa y por omisión del artículo 29, al no involucrar de manera directa a la comunidad.

EL INFORME DE CONDUCTA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

A través de la nota DIEORA-011-2018 de 27 de marzo de 2018, la Directora de Evaluación y Ordenamiento Ambiental del Ministerio de Ambiente, M.d.R.R.M., señaló que el señor E.G., representante legal de Pacific Coast Development,S.A. presentó documentación para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Categoría I, del Proyecto denominado "Desarrollo Pacific Point-Torre 400. Posteriormente, presentó escrito de corrección de coordenadas de ubicación del proyecto por parte del consultor y auditor ambiental Marcial Mendoza.

El Informe secretarial de 16 de diciembre de 2010, la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental del ANAM hoy Ministerio de Ambiente, recomendó aprobar la solicitud del Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I, del Proyecto denominado Desarrollo Pacific Point Torre 400, consistente en la construcción de un complejo edificio tipo torre conformado por dos (2) de cuarenta y un (41) treinta y nueve (39) pisos con una totalidad de 119 apartamentos, a desarrollarse sobre una superficie de 2,540.49 m2, sobre la Finca 227022, Documento 518685, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, ubicada en el Corregimiento de San Francisco, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, elaborado por los Consultores ambientales Marcial Mendoza y O.F..

El 20 de abril de 2016, la sociedad PACIFIC COAST DEVELOPMENT,S.A. a través de su representante legal , el señor E.G., presentó solicitud de cambio de promotor del estudio de impacto ambiental, correspondiente al proyecto denominado DESARROLLO PACIFIC POINT TORRE 400, hacia el nuevo promotor denominado PUNTO EN EL PACIFICO DEVELOPMENT CORP.

El memorando DEIA-0240-2013-16 de 28 de abril de 2016, la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental solicitó a la Dirección de Protección a la calidad ambiental la vigencia del proyecto.

El Memorando DIPROCA-DCCA-265-2016, recibido el 2 de junio de 2016, la Dirección de Protección de Calidad ambiental, da respuesta al Memorando DEIA-0240-2103-16 de 28 de abril de 2016, indicando que el citado proyecto se encuentra vigente. Mediante nota DIEORA-DEIA-NC-0244-0606-16 de 6 de junio de 2016, se le solicito al promotor aportar copia debidamente autenticada por notario público de la Escritura Pública 14, 679 de 29 de junio de 2011, por la cual las sociedades PACIFIC COAST DEVELOPMENT,S.A. y PUNTO EN EL PACIFICO DEVELOPMENT CORP, celebran convenio de fusión por absorción.

A través de la nota S/N de 14 de junio de 2016, el promotor hizo entrega de la información solicitada por la nota DIEORA-DEIA-NC-0244-0606-16 de 6 de junio de 2016 y entonces se considera la solicitud de cambio de promotor de dicho estudio de impacto ambiental.

La Resolución DIEORA IAM-022-16 de 22 de junio de 2016, notificada el 27 de junio de 2016, aprueba el cambio de promotor del Estudio de Impacto Ambiental.

Se presentó ante el Ministerio de Ambiente escrito suscrito por el D.D.A.S.G., al cual se le dio el trámite correspondiente, finalizando en la Resolución DM-0570-2017 de 13 de noviembre de 2017, notificada el 11 de diciembre de 2017, el Ministerio de Ambiente rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por el D.D.S.G., en contra de la Resolución DM-0420-2017 de 23 de agosto de 2017, rechaza la solicitud de revocatoria contra las Resoluciones IA-954-2010 de 22 de diciembre de 2010 y DIEORA-IAM-022-2016 de 22 de junio de 2016, correspondiente al Estudio Categoría I, del proyecto denominado Desarrollo Pacific Point Tower 400. Adicionalmente, confirma el contenido de la Resolución DM-0420-2017 DE 23 de agosto de 2017, que rechaza la solicitud de Revocatoria contra las Resoluciones IA-954-2010 de 22 de diciembre de 2010 y DIEORA-IAM-022-2016 de 22 de junio de 2016, igualmente debe mantener en todas sus partes las Resoluciones IA-954-2010 de 22 de diciembre de 2010 y DIEORA-IAM-022-2016 de 22 de junio de 2016, correspondiente al citado estudio de impacto ambiental.

TERCERO INTERESADO

A foja 56, se tiene a la firma Forense Fábrega Molino, como apoderados judiciales de la sociedad Punto en el Pacífico Development Corp, como tercero interesado dentro de la demanda Contenciosa Administrativa de Nulidad, para que se declare nula por ilegal la Resolución N°ARAPM-IA-954 de 22 de diciembre de 2010, emitida por el Ministerio de Ambiente, antes (La Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental de la Autoridad Nacional de Ambiente) su modificación y se hagan otras declaraciones. Indica que, acepta lo relacionado con la existencia del acto demandado, el resto del ordinal hace referencia a un hecho de manera imprecisa, por lo que lo niegan. En el ordinal tercero, indica que el contenido de este ordinal es un hecho, es un cumulo de señalamiento insidiosos, carentes de elementos fácticos. Acerca de la primera norma infringida, manifiesta que la acusación del demandante, parte de la premisa no comprobada, de que no realizó una inspección por parte de la autoridad demandada y no puede aplicarse esta norma.

LA VISTA DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN

A foja 88 del expediente, consta la Vista Número 053 de 11 de enero de 2019, a través de la cual Procurador de la Administración, indica que la Autoridad Nacional del Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, emitió la Resolución IA-954-2010 de 22 de diciembre de 2010, mediante la cual se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Categoría I, correspondiente al proyecto denominado "Desarrollo Pacific Point Tower 400, ubicado en el corregimiento de San Francisco, distrito y provincia de Panamá. La disconformidad del demandante radica en que el acto acusado fue emitido sin contemplar la participación ciudadana, el cual es un requisito sine quanon para la aprobación de un estudio de impacto ambiental.

El Decreto Ejecutivo 123 de 14 de agosto de 2009, que reglamentó el Capítulo II del Título IV de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, sobre estudios de impacto ambiental, señala en su artículo 24, que el estudio de impacto ambiental categoría I, es el documento de análisis aplicable a los proyectos, obras o actividades incluidos en una lista taxativa que pueden generar impactos negativos no significativos y que no conllevan riesgos ambientales significativos.

El Ministerio de Ambiente, en su informe de conducta señaló que el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I, de Punto en el Pacifico Development Corp, cumplía con todos los requisitos para la aprobación de un estudio de esta categoría, sin embargo, en el expediente no hay constancias de reuniones, entrevistas, encuestas que haya realizado el promotor con la categoría de participación ciudadana, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto Ejecutivo 123 de 14 de agosto de 2009, que reglamentó el Capítulo II del Título IV de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, sobre estudios de impacto ambiental. Asimismo, la citada excerta legal en su artículo 2, definió el concepto de Participación ciudadana: Acción directa o indirecta de un ciudadano o de la sociedad civil en los procesos de toma de decisión estatal o municipal, en la formulación de políticas públicas, valoración de las acciones de los agentes económicos y en el análisis del entorno por parte del Estado y los Municipios, a través de mecanismos diversos que incluyen, pero no se limitan a, la consulta pública, las audiencias públicas, los foros de discusión, la participación directa en instancias institucionales estatales o semiestatales, al acceso a información, la acción judicial, la denuncia ante autoridad competente, vigilancia ciudadana, sugerencias y la representación indirecta en instancias públicas.

Los residentes directamente afectados pueden conocer y emitir una opinión respecto al proyecto, incumpliendo con el requisito de la participación ciudadana en el Estudio de Impacto Ambiental, por lo tanto, es ilegal la Resolución IA-954-2010 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2010, emitida por la Autoridad Nacional del Ambiente, hoy Ministerio de ambiente.

DECISIÓN DE LA SALA.

Cumplidos los trámites legales, la S. procede a resolver la presente controversia.

El fundamento de la presente demanda radica en el hecho que se declare nula por ilegal la Resolución ARAPM-IA-954 de 22 de diciembre de 2010, emitida por el Ministerio de Ambiente, (antes La Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental de la Autoridad Nacional de Ambiente) y su modificación.El Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I, que contiene el análisis para la aprobación del Estudio sobre un proyecto de construcción de un complejo edificio tipo torre conformado por dos (2) de cuarenta y un (41) y treinta y nueve (39) pisos con una totalidad de 119 apartamentos, a desarrollarse sobre una superficie de 2,540.49 m2, sobre la Finca 227022, Documento 518685, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, ubicada en el Corregimiento de San Francisco, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, elaborado por los Consultores ambientales Marcial Mendoza y O.F..

La Resolución N°ARAPM-IA-954 de 22 de diciembre de 2010, emitida por el Ministerio de Ambiente, (antes La Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental de la Autoridad Nacional de Ambiente), modificada por la Resolución DIEORA N°IAM-022-16 de 22 de junio de 2016. En el estudio de impacto ambiental sometido a consideración de la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental del Proyecto Desarrollo Pacific Torre 400, en su página 68 señala "AVISO" de la reunión informativa que se realizó el 20 de noviembre de 2010, a las 2:00 P.M en el área de Reuniones del Desarrollo Pacific Point, sobre el proyecto Pacific Point-Torre 400, en sus páginas 69-70 ilustra unas fotografías de un grupo de personas sobre una mesa sin detallar de quienes se trata, si son vecino o no del área de influencia del proyecto en mención y que participan en una reunión informativa sobre el proyecto. De igual manera, en dicho estudio de impacto ambiental, de la página 71 a la 86, tienen un formato de encuesta-Consulta Comunitaria-Proyecto Desarrollo Pacific Point 400, con las características siguientes: escrito a mano bajo un mismo tipo de letra, las personas firman la encuesta con nombre y sin identificación alguna (número de cédula), no determinan si son vecinos del área.

El Decreto Ejecutivo N°123 de 14 de agosto de 2009, señala que los Estudios Categoría I, debe constar con la descripción de la manera en que involucra la comunidad que será afectada directamente. Igualmente, dicho Decreto en su artículo 29 trata sobre la participación ciudadana en los Estudios de Impactos Ambientales, no es ajeno a lo preceptuado en la Ley 6 de 22 de enero de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública y se debe permitir la participación ciudadana en todos los actos de la administración pública, mediante la modalidad de participación ciudadana, regulada en la normativa sobre el ambiente, como institución adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.

Es importante destacar que, el requisito de la participación ciudadana es un pilar importante en este tipo de procesos, aunado a ello, el artículo 35 de la Ley 6 de 1 de febrero de 2006 y 21 del Decreto Ejecutivo Nº23 de 16 de mayo de 2007, modificado por el Decreto Ejecutivo 782 de 22 de diciembre de 2010, establece que es obligación de la autoridad urbanística, no sólo de permitir la participación ciudadana, cuando sus actos administrativos afecten los intereses o derechos de grupos de ciudadanos, sino también, publicar por su cuenta tales actos administrativos en un diario de circulación nacional por el término de tres (3) días consecutivos, con treinta (30) días hábiles de antelación, los cuales se contaran a partir del tercer día de su publicación en un periódico de circulación nacional, en formato legible el cual será pagado por la autoridad urbanística, el o los interesados según sea el caso y caso y contendrá los requisitos citados en el artículo anterior, entre ellos la identificación del acto, la modalidad de participación, la identificación clara de las razones que sustentan la solicitud de la consulta pública, el plazo para que los ciudadanos u organizaciones sociales presenten sus opiniones, propuestas o sugerencias y la fecha, lugar y hora en que se celebrará la modalidad de participación según corresponda.

Es importante resaltar el hecho que las autoridades urbanísticas deberán adelantar concertaciones con los propietarios, residentes, usuarios e inversores privados para los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus funciones y establecer mecanismos que informen a la ciudadanía sobre los avances que se logren en la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial y permitan su medición, facilitando la participación de la comunidad en el control del cumplimiento de las normas urbanas.

Respecto a este tema, la doctrina de acuerdo al autor J.J.M.A. en su obra "Consulta Previa: Un Derecho Fundamental", indica que "Las consultas deben hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo, las partes involucradas deben buscar establecer un dialogo que le permita encontrar soluciones adecuadas en un ambiente de respeto mutuo y participación plena. La consulta efectiva es aquella en que los interesados tienen la oportunidad de influir la decisión adoptada. Esto significa una consulta real y oportuna." (M.A., J.J., La Consulta Previa: Un derecho fundamental, Segunda Edición Doctrina y Ley, Bogotá, Colombia, pág 49).

El artículo 21 del Decreto Ejecutivo 23 de 16 de mayo de 2007, modificado por el Decreto Ejecutivo 782 de 22 de diciembre de 2010, establece que la participación de la población y de asociaciones representativas de los diferentes sectores de la comunidad, incluye propietarios, residentes, usuarios e inversionistas privados, gremios y sociedad civil en general, en el diagnóstico estratégico y la propuesta final de los planes, programas y proyectos de desarrollo urbano y se adoptan los mecanismos de participación ciudadana.

De igual manera, la Ley 6 de 2002, en sus artículos 24 y 25, establece lo siguiente:

"Artículo 24. Las instituciones del Estado en el ámbito nacional y local tendrán la obligación de permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de la administración pública que puedan afectar los intereses y derechos de grupos de ciudadanos, mediante las modalidades de participación ciudadano que al efecto establece la presente Ley. Estos actos son, entre otros, los relativos a construcción de infraestructuras, tasas de valoración zonificación y fijación de tarifas y tasas por servicios."

"Artículo 25: Sin perjuicio de las contempladas en otras leyes, se establece como modalidades de participación ciudadana en los actos de la administración pública, las siguientes:

  1. Consulta pública. Consiste en el acto mediante el cual la entidad estatal pone a disposición del público en general información base sobre un tema específico y solicita opiniones, propuestas o sugerencias de los ciudadanos y/o de organizaciones sociales.

  2. Audiencia pública. Similar a la consulta pública, excepto el acto de recibir sugerencias, opiniones o propuestas se realiza en forma personal ante la autoridad que corresponda, de acuerdo con el tema que se trate.

  3. Foro o talleres. Reunión selectiva o pública de actores relevantes o afectados junto con la autoridad competente, que permita el conocimiento profundo sobre un tema o sirva de mecanismo de obtención de consenso o resolución de conflictos.

  4. Participación directa o instancias institucionales. Actuación de ciudadanos o representantes de organizaciones sociales en las instituciones públicas de consulta o toma de decisiones específicas.

    PARAGRAFO. Las instituciones de la administración pública están obligadas a publicar, antes de la celebración cualquiera de los actos administrativos sujetos a participación ciudadana, la modalidad de participación ciudadana que adoptara en cumplimiento del presente artículo." (El subrayado es nuestro)

    Los resultados de la consulta pública en sus diversas modalidades deberán ser evaluados y considerados por las autoridades urbanísticas mediante criterios técnicos y legales, los cuales deben ser debidamente motivados.

    Dentro del expediente administrativo consta que se llevó a cabo el procedimiento establecido en las citadas normas. En el Anexo del Estudio de Impacto Ambiental, se incluye un apartado para la participación ciudadana, a foja 93 del antecedente consta un aviso en una hoja de papel que indica lo siguiente:

    "AVISO

    SE LE INVITA A ASISTIR A UNA REUNIÓN INFORMATIVA QUE SE REALIZARA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2010 A LAS 2:OO P.M EN EL ÁREA DE REUNIONES DEL DESARROLLO PACIFIC POINT, PUNTA PACIFICA, CIUDAD DE PANAMÁ, SOBRE EL PROYECTO DESARROLLO PACIFIC POINT-TORRE 400

    INVITAN CONSULTORES AMBIENTALES DEL EIA"

    Asimismo, a foja 94 y 95, constan fotos que fueron citadas como "VISTAS DE LA REUNION INFORMATIVA SOBRE EL PROYECYO", a foja 96 consta un modelo de encuesta utilizado y de foja 97 a 111, se indican solo los nombres de las personas, más no sus cédulas, ni se indica si son residentes del área.

    En relación a lo anterior, los artículos 2,3, 4 y 5 de la Resolución 4-2009 de 20 de enero de 2009, que establece los procedimiento y los requisitos para la tramitación de las solicitudes relacionadas con el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano, de acuerdo a la Ley 9 de 25 de enero de 1973 y a la Ley 6 de 1º de febrero de 2006 y su Decreto Reglamentario N° 23 de 16 de mayo de 2007, establecen lo siguiente:

    ARTÍCULO 21: De conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley N° 6 del 1 de febrero de 2006, la participación de la población y de asociaciones representativas de los diferentes sectores de la comunidad, que incluye propietarios, residentes, usuarios e inversionistas privados, gremios y sociedad civil en general, en el diagnóstico estratégico y la propuesta final de los planes, programas y proyectos de desarrollo urbano, se adoptan los mecanismos de participación ciudadana mediante las modalidades, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, y su parágrafo, del artículo 25 de la Ley 6 del 22 de Enero del 2002.

    En cuanto a lo establecido en el parágrafo de la citada Ley, para ser efectiva la modalidad de la participación ciudadana, la autoridad urbanística responsable, deberá publicar por tres días consecutivos con una antelación por lo menos de 30 días hábiles contados a partir de la tercera publicación en un periódico de circulación nacional, en formato legible el cual será pagado por la autoridad urbanística, el o los interesados según sea el caso y contendrá lo siguiente:

    1. Identificación del acto.

    2.- Modalidad de participación.

    3.- Identificación clara de las razones que sustentan la solicitud de la consulta pública.

    4.- Plazo para que los ciudadanos u organizaciones sociales presenten sus opiniones, propuestas o sugerencias.

    5.- Fecha, lugar y hora en que se celebrará la modalidad de participación según corresponda.

    Además de lo anterior, las autoridades urbanísticas deberán:a. Adelantar concertaciones con los propietarios, residentes, usuarios e inversores privados para los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus funciones.b. Establecer mecanismos que informen a la ciudadanía sobre los avances que se logren en la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial y permitan su medición.c. Facilitar la participación de la comunidad en el control del cumplimiento de las normas urbanas.

    PARÁGRAFO:

    A los grupos de ciudadanos que puedan sentirse afectados con las actuaciones de las Autoridades Urbanísticas se les permitirá la participación en las consultas ciudadanas a través de representantes debidamente legitimados y las opiniones profesionales que presenten deberán ser suscritas por personas idóneas.

    Los resultados de la consulta pública en sus diversas modalidades deberán ser evaluadas y consideradas por las autoridades urbanísticas mediante criterios técnicos y legales, los cuales deben verse reflejados en la motivación del acto administrativo que se emita.

    Entonces, al examinar los antecedentes aportados, no consta en el expediente, que se haya cumplido con lo mencionado en el citado artículo es decir, la participación de la población (comunidad directamente afectada) y de asociaciones representativas de los diferentes sectores de la comunidad, que incluye propietarios, residentes, usuarios e inversionistas privados, gremios y sociedad civil en general; además que la autoridad urbanística responsable, deberá publicar por tres días consecutivos con una antelación por lo menos de 30 días hábiles contados a partir de la tercera publicación en un periódico de circulación nacional, en formato legible el cual será pagado por la autoridad urbanística, el o los interesados según sea el caso y contendrá lo siguiente, en el presente caso se hizo el anuncio como se citó en párrafos anteriores, pero no consta la publicación el periódico, con el período de antelación por lo menos de 30 días hábiles contados a partir de la tercera publicación en un periódico de circulación nacional, debía especificarse la modalidad de participación, identificación clara de las razones que sustentan la solicitud de la consulta pública, además de establecer un plazo para que los ciudadanos u organizaciones sociales presenten sus opiniones, propuestas o sugerencia y los resultados de la consulta pública en sus diversas modalidades deberán ser evaluadas y consideradas por las autoridades urbanísticas mediante criterios técnicos y legales, los cuales deben verse reflejados en la motivación del acto administrativo que se emita.

    Ante la falta de los requisitos citados, no se cumple con el debido proceso para estos casos, es decir, los artículos 2,3, 4 y 5 de la Resolución 4-2009 de 20 de enero de 2009, que establece los procedimiento y los requisitos para la tramitación de las solicitudes relacionadas con el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano, de acuerdo a la Ley 9 de 25 de enero de 1973 y a la Ley 6 de 1º de febrero de 2006 y su Decreto Reglamentario N° 23 de 16 de mayo de 2007.

    En este punto, es evidente que, no se involucró a la comunidad directamente afectada, a pesar que en el expediente consta la encuesta realizada.

    Al incumplirse parcialmente con dicha formalidad de involucrar a la comunidad afectada, se encuentran probados los cargos de violación del artículo 29 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, alegado por el demandante.

    Respecto a la posición planteada, esta S. se ha pronunciado de la siguiente manera:

    "DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO J.L.P. EN REPRESENTACIÓN DE S.P.K., MARIO A. YEARWOOD, J.S.Y.R.L., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.360-2008 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2008, EMITIDA POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. PONENTE: V.L.B.P.P., NUEVE (9) DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE (2015).

    ... En otras palabras, se ha dejado en evidencia que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO (ahora Dirección de Ordenamiento Territorial) del Ministerio de Vivienda de la República de Panamá, ha desatendido su deber de observar las formalidades básicas que, procedimentalmente se requieren cumplir para que las actuaciones y solicitudes de ocurrentes que ante ella se presenten, tengan lugar a ser atendidas con resultados precisos.

    Bien, en cuanto al fondo de la controversia que nos ocupa -y como ya manifestáramos en párrafos precedentes-, es preciso anotar que en efecto, hemos corroborado que se han infringido todas las disposiciones invocadas, pues la DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO (ahora Dirección de Ordenamiento Territorial) del Ministerio de Vivienda de la República de Panamá, no cumplió con su deber por mandato de la Ley, esto es, tanto de la observancia que debió tener, respecto de las falencias que esta S. hoy le ha señalado en los dos (2) párrafos anteriores, como en lo referente a casos, especialmente, de zonificación territorial, donde, entre otros, se le impone el deber de realizar por su cuenta las publicaciones de lugar, es decir, como se establece, particularmente, en el artículo 21 del Decreto Ejecutivo Nº23 de 16 de mayo de 2007, mismo que a la letra dice:

    ARTICULO 21: De conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley N° 6 del 1 de febrero de 2006, la participación de la población y de asociaciones representativas de los diferentes sectores de la comunidad, que incluye propietarios, residentes, usuarios e inversionistas privados, gremios y sociedad civil en general, en el diagnóstico estratégico y la propuesta final de los planes, programas y proyectos de desarrollo urbano, se adoptan los mecanismos de participación ciudadana mediante las modalidades, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, y su parágrafo, del artículo 25 de la Ley 6 del 22 de Enero del 2002.

    En cuanto a lo establecido en el parágrafo de la citada Ley, para ser efectiva la modalidad de la participación ciudadana, la autoridad urbanística responsable, deberá publicar por tres días consecutivos con una antelación por lo menos de 30 días hábiles contados a partir de la tercera publicación en un periódico de circulación nacional, en formato legible el cual será pagado por la autoridad urbanística, el o los interesados según sea el caso y contendrá lo siguiente:

  5. Identificación del acto.

  6. - Modalidad de participación.

  7. - Identificación clara de las razones que sustentan la solicitud de la consulta pública.

  8. - Plazo para que los ciudadanos u organizaciones sociales presenten sus opiniones, propuestas o sugerencias.

  9. - Fecha, lugar y hora en que se celebrará la modalidad de participación según corresponda.

    Además de lo anterior, las autoridades urbanísticas deberán: a. Adelantar concertaciones con los propietarios, residentes, usuarios e inversores privados para los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus funciones. b. Establecer mecanismos que informen a la ciudadanía sobre los avances que se logren en la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial y permitan su medición. c. Facilitar la participación de las unidades en el control del cumplimiento de las normas urbanas.

    PARÁGRAFO:

    A los grupos de ciudadanos que puedan sentirse afectados con las actuaciones de las Autoridades Urbanísticas se les permitirá la participación en las consultas ciudadanas a través de representantes debidamente legitimados y las opiniones profesionales que presenten deberán ser suscritas por personas idóneas.

    Los resultados de la consulta pública en sus diversas modalidades deberán ser evaluadas y consideradas por las autoridades urbanísticas mediante criterios técnicos y legales, los cuales deben verse reflejados en la motivación del acto administrativo que se emita (El subrayado, la cursiva y negrilla son de esta S.).

    Asimismo, vemos que no se cumplió con el deber de llevar a cabo la consulta pública en los términos previstos en tal artículo, esto es, posterior a los treinta (30) días hábiles, contados desde que se hubiere realizado la última publicación de tal convocatoria, por tanto, resulta importante y oportuno para esta M. anotar que, de haberse iniciado la construcción del proyecto en cuestión, la misma -siempre que no hubiere finalizado- tendrá que ser paralizada hasta tanto, no solo se sanee el procedimiento debido y atiendan todas las observaciones que a través de este fallo se anotan, sino que se cumpla con todas las formalidades legales existentes y vigentes a la fecha, pero en el evento que la obra hubiere finalizado, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVOT), tendrá que realizar, a través de sus dependencias, una revisión íntegra de todas la documentación, planos y demás, a efectos de que se salvaguarden los intereses y derechos de los residentes de la Comunidad de Playa Corona, Corregimiento del Higo, Distrito de S.C., es decir, que todo se adecue conforme a lo prescrito por la Ley de uso de suelo y por aquéllas leyes, decretos y demás normas legales dictadas en materia de edificaciones estructurales como la que se refiere en el presente caso.

    En fin, vastas son las razones que llevan a esta S. a declarar la Nulidad del acto administrativo demandado, como en efecto lo hará seguidamente. Eso sí, no sin antes dejar clara anotación de que no es dable que las entidades -y sus representantes- que conforman la Administración Pública, desplieguen actuaciones mostrando actitudes de desinterés respecto de lo que deberían hacer como un buen pater familia; pues cómo olvidar que el Estado en su carácter de persona jurídica, tiene el deber imprescindible de cumplir con funciones específicas, como vienen a ser, entre otras, las administrativas que por Ley se le han atribuido. Todo lo cual nos lleva a entender y dejar sentado, que para que su organización gire en torno al conjunto de normas jurídicas existentes, mismas que han sido creadas para regular su competencia, relaciones jerárquicas y situación jurídica; es sumamente importante que sus formas de actuación y control como tal, sean ejecutadas cuidadosamente por quienes lo representen, entiéndase sus órganos y entes en ejercicio, en este caso, de la función administrativa.

    Así las cosas, esta S. recuerda para todos cuantos tenemos o tengamos el honor administrar la cosa pública, que este país espera de todos los funcionarios públicos eficiencia, dedicación, responsabilidad y sentido de pertenencia, para lo cual es oportuno instar a ello, y así, poder evitar encontrarnos con situaciones que podrían ser perjudiciales y que además, pudieran llegar a escorar en daños de difícil reparación y, que encima de ello, tengan que llegar a ser cargados con los fondos del erario público de este Estado.

    Decisión de la S.:

    Por lo expuesto, la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que ES ILEGAL y, por ende, NULA la Resolución Nº360-2008 de 15 de diciembre de 2008, dictada por la DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO (ahora Dirección de Ordenamiento Territorial) del Ministerio de Vivienda de la República de Panamá, misma que consta demandada por los señores S.P.K., MARIO A. YEARWOOD, J.S. y R.L., a través de la presente DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD y; en consecuencia, ORDENA que una vez en firme y debidamente ejecutoriada esta resolución se ARCHIVE el presente expediente, luego de la anotación de salida en el libro de lugar."

    En este caso, a pesar de haber realizado las encuestas y así haberlo demostrado en el expediente, no es óbice para ignorar lo citado anteriormente "a. Adelantar concertaciones con los propietarios, residentes, usuarios e inversores privados para los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus funciones.", por lo tanto no se involucró a la comunidad directamente afectada, configurándose probados los cargos de violación del artículo 29 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, alegado por el demandante.

    Los promotores y/o consultores del proyecto deben cumplir con el requisito de participación ciudadana no como un requisito de mero trámite para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, sino que el objetivo de la participación ciudadana era conocer las inquietudes de la comunidad, a fin de llegar a un dialogo y encontrar una solución adecuada; instrumento ambiental que hubiese permitido verificar las medidas de mitigación del proyecto.

    Como ya mencionamos, en los anexos del Estudio de Impacto Ambiental, consta formato de encuestas de consulta comunitaria del precitado proyecto efectuado a quince personas y cuatro fotografías de la reunión informativa, de las cuales se desprende fue efectuada el 20 de noviembre de 2010, a las 2:00 p.m, en el área de reuniones del Desarrollo Pacific Point Punta Pacifica, sin identificar a quienes fueron aplicadas dichas encuestas, a fin de acreditar que las personas encuestadas son actores claves dentro del área de influencia del proyecto, principalmente a los miembros de la comunidad, quienes son las personas directamente afectadas, a fin de conocer sus inquietudes.

    Por lo antes expuesto, lo procedente es declarar nula la Resolución N°ARAPM-IA-954 de 22 de diciembre de 2010, emitida por el Ministerio de Ambiente, antes (La Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental de la Autoridad Nacional de Ambiente).

    En consecuencia, la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES NULA, POR ILEGAL, la Resolución N°ARAPM-IA-954 de 22 de diciembre de 2010, emitida por el Ministerio de Ambiente, (antes La Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental de la Autoridad Nacional de Ambiente) y su modificación.

    N.,

    LUIS RAMÓN FÁBREGA S.

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- CECILIO CEDALISE RIQUELME

    KATIA ROSAS (Secretaria)