Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 16 de Noviembre de 2009

PonenteWinston Spadafora Franco
Fecha de Resolución16 de Noviembre de 2009
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El licenciado J.L.M., actuando en nombre propio, ha propuesto demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nulo, por ilegal, el Acuerdo No. 12 de 22 de marzo de 1996, emitido por el Consejo Municipal del Distrito de Barú.

  1. CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO

    A través del acto impugnado, el Consejo Municipal de Barú en uso de sus facultades, acordó:

    ARTÍCULO PRIMERO: Crear el sello de servicio turístico, en el distrito de Barú, en el Puesto Fronterizo de Paso Canoas y en los Puertos Terminales de Puerto Armuelles y Petro Terminal, cuyo valor nominal será de B/.1.00 por sello.

    ARTÍCULO SEGUNDO: Este valor será adherido al pasaporte, salvo conducto o permiso de salida de nacional o extranjera que pase por el puesto fronterizo de Paso toda persona Canoas Internacional, y en los Puertos de Charco Azul y A., a quienes desembarquen y requieran sus papeles o de no se entregará un recibo numerado, a objeto de que se tome las medidas de control fiscal. (Ver f. 1 del expediente contencioso).

    ...".

  2. DISPOSICIONES VULNERADAS Y EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN

    El demandante señala como violados los artículos 76 y 79 de la Ley No. 106 de 8 de octubre de 1973, que regula el régimen municipal, modificada por la Ley 52 de 1984.

    "Artículo 76. Los Municipios fijarán y cobrarán derechos y tasas sobre la prestación de los servicios siguientes:

    1. Tasas de administración por los documentos que expidan las autoridades municipales a instancias de parte;

    2. Concesión de placas y otros distintivos análogos que impongan o autoricen los Acuerdos Municipales;

    3. Participaciones que conceden las leyes o los municipios en las licencias de caza y pesca y otros análogas;

    4. Licencias para construcciones de obras;

    5. Inspección de casas de baño;

    6. Pesas y medidas y aparatos para medir energía, líquidos, gas y otras especies;

    7. Desinfección a domicilio requerida por los interesados;

    8. Servicios de mataderos, zahurdas y mercados y acarreos de carnes,

    9. Recolección de basuras de los domicilios particulares y limpieza de pozos sépticos;

    10. Servicio de alcantarillado;

    11. Colocación de tuberías, hilos conductores y cables en postes y galerías del Municipio;

    12. Los servicios para extinción de incendios cuando la organización fuere municipal;

    13. Conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres organizados por el Municipio;

    14. Cementerios municipales;

    15. Asistencia en dispensarios, farmacias y boticas de carácter municipal salvo la prestación de los primeros auxilios;

    16. Enseñanza técnica o especial en establecimientos municipales;

    17. Visitas a museos y exposiciones municipales;

    18. Servicios de transporte, colectivo y de carga, sean éstas terrestres, fluviales, marítimos o aéreos;

    19. Anuncios fijos, carteleras o instalaciones análogos en la vía pública o en terrenos municipales;

    20. Enarenado de las vías públicas a solicitud particular;

    21. Expedición de carnet de alternadoras; y

    22. Cualquier otro de naturaleza análoga.

    Estarán exentos de derechos y tasas: La Nación, la Asociación Intermunicipal de la que forme parte del Municipio que lo impone y los pobres de solemnidad".

    Sostiene el demandante, que la potestad tributaria municipal solamente puede darse con sujeción de la ley, y el acto impugnado de ilegal rebasa el marco de la legalidad toda vez que la actividad de tránsito de personas gravada con una tasa, no está configurada en la ley como las que puedan ser objeto de tal. Además señala, que la misma norma que utiliza el Consejo Municipal de Barú de soporte jurídico al acuerdo acusado dispone prístinamente que la facultad tributaria municipal solamente puede darse con sujeción a la ley. (f. 5 del expediente contencioso).

    Articulo 79 - Las cosas, objetos y servicios ya gravados por la Noción no pueden ser materia de impuestos, derechos y tasas municipales sin que la Ley autorice especialmente su establecimiento.

    Alega quien recurre que el Consejo Municipal del distrito de Barú rebasó el marco de la legalidad al dictar el acto impugnado obviando que las entradas y salidas del país tanto de panameños como de extranjeros ya están gravadas por la Nación a través del Decreto Ley No.16 de 30 de junio de 1960 (Ley de Migración) por lo que se produce una violación directa, por omisión de la disposición señalada. (f. 4 del expediente contencioso).

  3. INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA

    En este sentido, de acuerdo a lo contemplado con el artículo 33 de la Ley 1946, el señor presidente del Consejo Municipal de Barú, rinde el informe explicativo de conducta, a través del escrito que se lee de fojas 15 a 19, haciendo un recuento detallado de su actuación frente a las pretensiones del demandante.

    En el mismo destaca que la creación del sello de servicio turístico, busca crear una autogestión para el mantenimiento de los predios y el fomento de Turismo, adecuando con ello controles de salubridad, asistencia social; funciones inherentes al cargo de las autoridades locales, con fundamento en el artículo 17, numeral 21 de la Ley 106 de 1973, modificada por las leyes 52 de 1984 y Ley 5 de 11 de enero de 2007, que establece que los Consejos Municipales tendrán entre otras funciones competencia para dictar medidas a fin de proteger y conservar el medio ambiente. De igual forma, señala que el artículo 72, numeral 5 de la misma excerta legal, dispone que el tesoro municipal lo componen sin que ello contribuya limitación las tasas por el uso de sus bienes o servicios.

    Explica que el ingreso de esta prestación de servicio no constituye doble tributación, ya que no estamos gravando la entrada o salida del país, sino el uso de las terminales ubicadas en nuestro territorio municipal a nivel nacional, para procurar su mantenimiento y conservación, tal como se produce en otras terminales a nivel nacional.

    En relación a lo señalado por el demandante en cuanto a que el sello turístico equivalente a un balboa (B/.1.00), se cancela por ingresar y salir del país, sostiene que es incorrecto, pues dicho ingreso municipal corriente, se encuentra contemplado dentro de los ingresos no tributarios municipales, que son aquellos ingresos proveniente de la prestación de un servicio o explotación de actividades. En cuyo caso se realiza la explotación turística en el distrito de Barú, a través de atractivos turísticos, adaptación de áreas verdes, servicio de recolección de basura, guía geográfica, señalamientos, vallas y rótulos de las actividades propias de las poblaciones que integran el Distrito de Barú.

  4. OPINIÓN DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN

    A través de la Vista No. 038 de 22 de enero de 2008, tal y como se advierte de fojas 27 a 30, el señor P. de la Administración, estima que la demanda de nulidad interpuesta en contra del Acuerdo No. 12 de 22 de marzo de 1996, deviene sin objeto, toda vez que la materia de que trata ha sido regulada íntegramente por un acuerdo posterior, promulgado por el mismo ente edilicio, configurándose así el fenómeno jurídico de sustracción de materia.

    Por lo que solicita a este Tribunal se sirvan declarar sustracción de materia en la presente causa y en consecuencia ordenar el archivo del presente expediente.

  5. DECISIÓN DE LA SALA TERCERA

    Cumplidos los trámites establecidos para este proceso, el Tribunal se apresta a decidir la litis.

    Como bien se ha advertido, mediante la demanda contencioso administrativa de nulidad, se pretende que la Sala declare la ilegalidad del Acuerdo No.12 de 22 de marzo de 1996, emitido por el Consejo Municipal del Distrito de Barú, a través de la cual se acordó crear el sello de servicio turístico en el distrito de Barú, en el Puesto Fronterizo de Puerto Armuelles y Petro Terminal, cuyo valor nominal será de B/.1.00 por sello a todo turista que ingrese al país y a los nacionales que salgan del país.

    La Sala concluye al igual que el Procurador de la Administración que el acuerdo municipal impugnado ha dejado de surtir efecto, pero en virtud del Acuerdo No. 11 de 12 de marzo de 2008, emitido posteriormente por el Consejo Municipal del Puerto Armuelles, Distrito de Barú, promulgado en la Gaceta Oficial No. 26,290 de 27 de mayo de 2009.

    Es de resaltar que de conformidad con el artículo 15 de la Ley 106 de 1973, los acuerdos, resoluciones y demás actos de los Consejos Municipales pueden ser reformados, suspendidos y anulados por el mismo órgano o autoridad que lo dictó y mediante la misma formalidad, sobre lo cual pese a que el acto produzca efecto general, permite que el acto sea aplicable mientras este no sean suspendidos sus efectos, ni sean declarados contrario a la Constitución o la Ley.

    El Acuerdo No. 11 de 12 de marzo de 2008, en referencia dispone lo que a continuación detallamos:

    "...

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Derogar, como en efecto se deroga el Acuerdo No. 12 del 22 de marzo de 1996 y el Acuerdo No. 78 del 27 de octubre de 2004, así como cualquier otra norma que le sea contraria;

ARTICULO SEGUNDO: Crear el impuesto por el uso de las terminales de entrada y salida ubicadas en los siguientes puntos del Distrito de Barú: Paso Canoas Internacional, Puerto Armuelles, C.A., Limones y cualesquiera otras que se creen en el futuro;

ARTÍCULO TERCERO: Para efectos de realizar el cobro del precitado impuesto se crea el sello de Un Balboa (B/.1.00) por el uso de las terminales de entrada y salida ubicadas en los siguientes puntos del Distrito de Barú: Paso Canoas Internacional, Puerto Armuelles, C.A., Limones y cualesquiera otras que se creen en el futuro cuyo valor nominal será de B/.1.00 por sello;

ARTÍCULO CUARTO: El sistema de cobro del sello de Un Balboa (B/.1.00) descrito en el Artículo Tercero de este Acuerdo, está reglamentado mediante Decreto Alcaldicio.

ARTICULO QUINTO: Este Decreto rige a partir de su aprobación y promulgación.

DADO EN EL SALON DE ACTOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARU A LOS DIEZ (10) DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO (2008). El subrayado es de la Sala.

Tal como podemos advertir del artículo primero del acuerdo en cuestión, se deroga tanto el Acuerdo No. 12 del 22 de marzo de 1996 (acto impugnado), como el Acuerdo No. 78 del 27 de octubre de 2004, este último que vale acotar que fue declarado ilegal por esta Sala en Sentencia del 21 de abril de 2009.

En este sentido, de acuerdo a los antes expuesto, este Tribunal se ve imposibilitado a emitir un pronunciamiento de fondo sobre la pretensión planteada por la parte actora, ya que el acto impugnado desapareció del mundo jurídico, en consecuencia, en cumplimiento del artículo 992 del Código Judicial, y lo establecido por la doctrina nacional, lo viable en el presente caso es decretar que se ha producido el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Contencioso Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA SUSTRACCIÓN DE MATERIA en la presente acción contencioso administrativa de nulidad, presentada por el licenciado J.L.M., en nombre propio contra el Acuerdo No. 12 de 22 de marzo de 1996, emitido por el Consejo Municipal del Distrito de Barú, y ORDENA el archivo del expediente.

N..

WINSTON SPADAFORA FRANCO

ADÁN ARNULFO ARJONA L. -- VICTOR L. BENAVIDES P.

JANINA SMALL (Secretaria)

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