Sentencia Generales de Supreme Court (Panama), Sala 4ª de Negocios Generales, 14 de Marzo de 2008

PonenteEsmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha de Resolución14 de Marzo de 2008
EmisorSala Cuarta de Negocios Generales

VISTOS:

La Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Civil, remitió a esta Superioridad el expediente contentivo del recurso de apelación interpuesto por la licenciada MÁRYLA A. CHAVARRÍA U., contra la Resolución No.368-2005 de 24 de enero de 2006, dictada por dicha Comisión de Personal para establecer la lista de los aspirantes seleccionables y no seleccionables al cargo de Oficial Mayor IV de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, para que se surta la alzada.

La recurrente, a través de su apoderado judicial el licenciado N.A.L.B.U., basó su disconformidad con la resolución impugnada en lo siguiente:

PRIMERO

Su representada participó e el Concurso No.368-2005 (Mixto) para la posición 2369 de Oficial Mayor IV de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia; cargo que ocupa en la actualidad.

SEGUNDO

Mediante resolución No.368-2005 de 24 de enero de 2006, la Comisión de Personal estableció la lista de aspirantes seleccionables y no seleccionables a dicho cargos; su representada fue incluida en la lista de aspirantes no seleccionables, otorgándole un puntaje de 33.42.

TERCERO

Que luego de revisar la hoja de evaluación de su representada, en el rubro de nivel académico la Comisión de Personal, le otorgó 10 puntos bajo el título de Técnico.

...En ningún momento presentó un título que la acreditara como técnico en alguna materia; el artículo 24 del Reglamento de Carrera Judicial establece que, a los títulos de licenciatura se le otorga un valor, en materia aplicable al cargo de 30 puntos. Por tal razón, el valorar como técnico un título de licenciatura le resta a su representada 20 puntos, de la evaluación final.

Se le debe otorgar a su representada la puntuación correspondiente al título de Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, lo que incrementaría su puntuación de 33.42 a 53.42 puntos, y la ubicaría dentro de la lista de seleccionables del cargo en mención.

Las repetidas actuaciones de las Comisiones de Personal en lo referente a la calificación de los presupuestos mínimos exigidos para diversos cargos, sin ponderar otros títulos de los aspirantes so pretexto de equidad, deja de lado la oportunidad a otros concursantes de que aparezcan en la lista de primera selección y pasar a la siguiente etapa en la cual tendrán la oportunidad de demostrar su capacidad y habilidad, así como también le impide a la autoridad nominadora, al momento de las entrevistas, captar el recurso humano realmente idóneo para el cargo.

La Dirección de Recursos Humanos emitió la siguiente opinión:

" ... Se trata de un cargo no profesional dirigido a quienes detenten el título de técnico en instrucción sumarial o estudiantes de derecho que se encuentren en la etapa final de su carrera. El artículo 24 del Reglamento de Carrera Judicial contiene una tabla de valoración, que permite asignar un puntaje al nivel académico, experiencia laboral, cursos y seminarios y ejecutorías que presenten los aspirantes.

... La posición no está diseñada para abogados, pues las funciones propias del cargo no requieren las destrezas, competencias y experiencias adquiridas y requeridas a un abogado. Sin embargo, en el caso que un abogado aspire a la misma, el título de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas no será evaluado, en atención a que el mismo no es requerido para ocupar el cargo de O.M.I., lo cual garantiza el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades a todos los concursantes, que en caso contrario de accederse a su evaluación el resto de los aspirantes que cumplan con el requisito mínimo de nivel académico se encontrarían en situaciones de desventaja.

Por lo tanto, no hay lugar para valorar el título de

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas presentado por la concursante. Sobre la posibilidad de ampliar el listado

de seleccionables, es necesario señalar que la Comisión de Personal está

facultada para elegir el sistema que utilizará para determinar los listados de

seleccionables y no seleccionables de los concursos. Esta facultad es de

naturaleza autónoma, y aún cuando no se encuentre expresamente regulada en el

Reglamento de Carrera Judicial, la Sala de Negocios Generales en reiterados

fallos ha enfatizado la autonomía y discrecionalidad con que la Comisión de

Personal debe emplear los sistemas de selección, luego de analizar una serie de

factores tales como: el número de aspirantes al concurso, los requisitos

mínimos exigidos, los requisitos especiales y si el concurso es de tipo interno

o mixto.

...Esta Dirección conceptúa que se debe mantener el contenido de la Resolución No.368-05 de 24 de enero de 2006, que resuelve escoger el listado de seleccionables y no seleccionables del Concurso No.368-2005 (Mixto) para la posición 2369 de Oficial Mayor IV de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia y concede la apelación en subsidio.

La Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Civil, mediante resolución de 13 de febrero de 2007, niega el recurso de Reconsideración interpuesto por la licenciada MARYLA A. CHAVARRÍA contra la resolución No.368-2005 de 24 de enero de 2006 y Concede el recurso de Apelación en Subsidio.

DECISIÓN DE LA SALA

Corresponde a la Sala decidir sobre la impugnación presentada por la recurrente contra la citada Resolución expresando las consideraciones al respecto.

La primera disconformidad, radica en que se le valoró como técnico un título de licenciatura, restándole veinte (20) puntos de la evaluación final, con lo que se incrementaría su puntuación de 33.42 a 53.42 puntos, y la ubicaría dentro de la lista de seleccionables al cargo objeto del concurso.

Considera la Sala que le asiste razón a la recurrente, en el sentido que el artículo 24 del Reglamento de Carrera Judicial no señala disminución alguna en la aplicación de la tabla de valoración, al título de licenciatura y no contiene ningún tipo de regulación que impida a un abogado ejercer el cargo de O.M..

Resulta oportuno citar reciente fallo de esta Sala

de Negocio Generales, de 2 de agosto de 2007dentro del recurso de apelación en

subsidio interpuesto por la licenciada M.P. contra la Resolución

No.302-05 de 25 de octubre de 2005, y el fechado 10 de diciembre de 2002,

dentro del Recurso de Apelación Interpuesto por L.M.S., contra

la resolución No.327-01, del 4 de abril de 2002, de la Comisión de Personal del

Primer Distrito Judicial, Ramo Civil, que a la letra estableció lo siguiente:

" ....nuestro sistema de valoración asigna al Título de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, una puntuación de treinta (30) puntos, los cuales son asignables a cualquier puesto para el que se requiera ser abogado y a los cuales se les reconoce la idoneidad profesional, en este caso el puesto de O.M.. Y ello es así, pues lo ha establecido esta Sala Cuarta de Negocios Generales en reiterados fallos; uno de estos de 16 de diciembre de 1999, bajo la ponencia del Magistrado FABIAN ECHEVERS; lo que derivó que el legislador patrio por medio de las últimas reformas al Código Judicial, contemplase en el artículo 83 que: "...Se reconoce a los oficiales mayores que tengan idoneidad para ejercer la abogacía en Panamá, la experiencia en el ejercicio del cargo al momento de aspirar a una posición que requiera experiencia profesional de abogado...".

...en cuanto a lo plasmado por la recurrente, en relación

a la desigualdad que a su criterio provoca que se tome en cuenta el Título de

Derecho a puestos que no lo requieren como requisitos mínimos, debemos dejar

claro que el sistema y fin de la Carrera Judicial, es valorar el desarrollo

educativo, profesional y ético de los aspirantes, con el objeto de que en un

momento dado se opten (sic) a los que presenten las mejores aptitudes para los

distintos puestos. Lo cual queda de manifiesto por ejemplo: al presentarse

concursos para los distintos puestos de Jueces o Magistrados, donde sólo se

exige como requisito mínimo la licenciatura; sin embargo apreciamos que no se

deja de valorar alguna especialidad que presenten, llámese maestría o

doctorado, mismas que lo colocan con una puntuación superior a los que sólo

presenten los requisitos mínimos; lo cual en ningún momento puede verse como

una desigualdad, sino como un reconocimiento al esfuerzo en el desarrollo

profesional, que básicamente es lo que propugna la Carrera Judicial."

En ese sentido, la Sala de Negocios Generales estima que a la recurrente MÁRYLA A. CHAVARRÍA U., se le debe valorar los 30 puntos que le corresponden por el Título de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas.

Los oficiales mayores forman parte del personal

técnico que integran un despacho judicial, más aún cuando en principio se

permite que esta posición la ocupen estudiantes regulares de la carrera de

derecho de los dos (2) últimos años.

Por otro lado, los oficiales mayores son llamados a ocupar las vacantes

temporales de los Secretarios Judiciales, cargo que es desempeñado por un

abogado y que en la generalidad de los casos debe contar con los mismos

requisitos de idoneidad propios del titular del despacho.

Sobre el particular, remitimos a la lectura del artículo 190 y el artículo 183 del Código Judicial, este último que enumera las funciones que deben desempeñar los Secretarios Judiciales, las cuales son realizadas en sus ausencias por los oficiales mayores, tal como lo establece el artículo 187 del Código Judicial, que a la letra dice lo siguiente:

Artículo 187. Los

oficiales mayores reemplazaran a los secretarios en sus faltas incidentales y

accidentales, y en las temporales y absolutas, mientras se hace el nombramiento

y se posesiona el individuo a quien se nombre. Podrán, asimismo, en cualquier caso, sustituirlos en audiencias

y diligencias.

El criterio de esta Superioridad, ha sido el de reconocer el título académico a los Oficiales Mayores que posean Certificado de Idoneidad para el ejercicio de la abogacía en la República de Panamá expedido por la Sala de Negocios Generales, ya que aunque no sean exigidos determinados títulos para una posición sometida a concurso, si uno o más aspirantes los poseen, no puede omitirse su valoración. Esto no significa que quien no posea el título de Licenciado (a) en Derecho, no esté capacitado para desempeñar el cargo de Oficial Mayor toda vez que el artículo 83 del Código Judicial, establece como requisitos para desempeñar el cargo de Oficial Mayor únicamente: ser panameño y por los menos ser estudiante de Derecho de los dos (2) últimos años y atendiendo la lectura del cuarto párrafo del artículo 83 del Código Judicial, se desprende lo siguiente:

...Se reconoce a los oficiales mayores que

tengan la idoneidad para ejercer la abogacía en Panamá, la experiencia en el

ejercicio del cargo al momento de aspirar a una posición que requiera

experiencia profesional de abogado.

El estudio de dicha norma denota que el legislador no fijó como presupuesto taxativo del cargo el hecho que el aspirante fuera estudiante de derecho, sino que utiliza la expresión por lo menos lo que denota que se trata de un requisito mínimo, que no excluye que una persona que detente un grado académico superior pueda optar por el puesto, y más aún que se le otorgue una puntuación por un grado académico distinto.

Sabiamente el legislador patrio, en las reformas judiciales introducidas mediante la ley 23 de 2001, establece en el citado artículo 83, el reconocimiento a los oficiales mayores con idoneidad para ejercer la profesión de abogado, la experiencia adquirida en esa función; una correcta interpretación de la norma, permite colegir que la misma admite la posibilidad de que un abogado con idoneidad ocupe el cargo de oficial mayor, desvirtuando totalmente el criterio vertido por la Dirección de Recursos Humanos.

Además, no se puede soslayar que, aún cuando se insiste en que el cargo de oficial mayor puede ser ocupado por un Técnico en Instrucción Sumarial, grado académico de rango superior (universitario) y que no está descrito en la ley, sino en reglamento de la institución; no resulta lógico, pero sobre todo jurídico, cuestionar a los abogados por optar por el cargo y encima señalar que fue diseñado para estudiantes de derecho, pues una cosa es ser estudiante de derecho y otra técnico, lo que se contrapone.

En el universo normativo existen reglas jurídicas de diversas categorías y alcance dispuestas en forma vertical, de manera que aquellas en posición de altas jerarquías no pueden ser ignoradas por otras de rango inferior. La pirámide de Kelsen, ilustra el orden de prelación de las disposiciones legales, situando a la constitución en la cima y en forma descendente las normas jurídicas de menor jerarquía.

El acuerdo que regula la carrera judicial, es un reglamento que bajo ninguna circunstancia puede cercenar, atenuar o desconocer lo que dice la ley.

Si la carrera judicial es un sistema científico de selección de personal, que pretende proveer a la institución del recurso humano más idóneo, resulta un contrasentido, desconocerle o no valor a un licenciado en derecho, el grado académico que le corresponde, para un cargo de técnico, que insistimos, no en pocas ocasiones reclama ejercer atribuciones que corresponden a servidores judiciales a quienes se les requiere efectivamente el título de abogado. Avalar el criterio de recursos humanos, significaría desconocer lo establecido en el artículo 83 del Código Judicial.

Otra situación que es

importante resaltar, es la posición arbitraria que asume la comisión al otorgarle puntuación a un título

académico inexistente. Esto, porque una

cosa es el título de técnico y otra es un título de licenciatura, maestría y

doctorado, y no se puede otorgar una puntuación a la aspirante por un grado

académico universitario que no se posee, la comisión no se ajusta a estricta

legalidad, pues aún cuando pretenda ampararse en una discrecionalidad para

ponderar los títulos y al ubicación de las personas en la lista de

seleccionables, esa tarea no es del todo absoluta, pues está comprendida en los

parámetros establecidos por el Reglamento de Carrera Judicial. Siendo así, la comisión no puede ubicar ni aplicar puntuación por

títulos inexistentes y mucho menos pretender cuestionar o atenuar el grado

académico de licenciado, el título que se emite por una entidad pública como es

la Universidad de Panamá.

En consecuencia, la evaluación asignada a la Licenciada MARYLA A. CHAVARRÍA U., debe rectificarse a efectos de reconocerle a la Licenciatura en Derecho treinta puntos (30.00 ptos.), que comprende en derecho en lugar de 10.00 que originalmente se le otorgó y en consecuencia, modifica su puntaje de treinta y tres puntos con cuarenta y dos centésimas (33.42 ptos.) a cincuenta y tres puntos con cuarenta y dos centésimas (53.42 ptos.).

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, LA SALA DE NEGOCIOS GENERALESDE LA CORTE SUPREMA administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, MODIFICA la Resolución No.368-2005- R.C., de 13 de febrero de 2007 dictada por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Civil, en el sentido de reconocerle a la Licenciada MÁRYLA A. CHAVARRÍA U., una valoración de CINCUENTA Y TRES puntos con CUARENTA Y DOS CENTÉSIMAS (53.42 pts.) en la lista de aspirantes seleccionables al cargo de O.M.I., de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, dentro del Concurso No.368-05 para dicha posición.

Devuélvase el expediente a la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Penal, una vez ejecutoriada la presente resolución.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

VICTOR L. BENAVIDES P. -- HARLEY J. MITCHELL D.

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

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