Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 18 de Julio de 2019

PonenteHarry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución18 de Julio de 2019
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema, de los recursos de apelación presentados por el licenciado J.R.P., apoderado judicial del señor CID AGUILERA AYALA (querellante) y la licenciada M.R.M., defensora pública del señor F.V., contra la Sentencia de 1ra. I.. Nº9 de 8 de febrero de 2019, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial– Sala Transitoria-, la cual condenó al señor V. a la pena de treinta (30) años de prisión y cinco (5) años para la inhabilitación en el ejercicio de funciones públicas, una vez cumpla la pena principal, como autor del Delito de Homicidio Agravado en detrimento de R.A.M. (q.e.p.d.).

ANTECEDENTES

El 26 de junio de 2014, la Agencia de I.rucción de la Fiscalía Auxiliar, se trasladó hasta la Policlínica Generoso Guardia, donde se encontraba el cuerpo sin vida del joven R.M.A., que de acuerdo con el Protocolo de Necropsia, murió debido a: “….heridas por proyectiles de arma de fuego en cuello, la muerte se debió al daño de de (sic) la arteria carótida derecha. Los orificios de entrada tienen características compatibles con los disparos a larga distancia” (Cfr.fs.104-112).

Se conoció que el día de los hechos el joven occiso iba en carro con su padre y otros amigos, cuando pasaban por el sector de Santa Librada- La Fula (en tranque), su padre escuchó un ruido extraño en la parte trasera del vehículo, miró hacia atrás y observó cuando el vidrio de la puerta donde iba sentido su hijo estalló, se dio de cuenta que le estaban disparando y al intentar salir colisionó otro vehículo, luego se percata que su hijo estaba herido, trasladándolo a la policlínica, pero ya era demasiado tarde (Cfr.fs.198-200).

A través de los informes realizados por la Dirección de Investigación Judicial, donde conversaron con moradores del lugar, éstos les señalaron que en el sector operan grupos delincuenciales que tienen rivalidades entre sí y que el día de los hechos un sujeto conocido con el apodo de “TOTOI” iba a realizar disparos contra “MICHAEL” y “HENRY” que iban pasando por la calle, pero impactaron fue a los vehículos que transitaban (Cfr.fs.57-58,172, 400-401).

Con la declaración jurada y reconocimiento fotográfico que realizó el testigo protegido 20612088, se determinó que “TOTOI” responde al nombre de F.V., señalando que el día del hecho vio al sujeto “TOTOI” corriendo en dirección hacia La Fula con arma de fuego en mano, los moradores del sector decían que varios vehículos fueron impactados en el lugar donde había disparado (cfr.fs.195-200, 204-212).

Recabados los elementos de convicción, el Ministerio Público emite la Vista Fiscal Nº08 de 27 de febrero de 2015, solicitando el llamamiento a juicio del señor F.V., petición que fue acogida por el Segundo Tribunal Superior-Sala Transitoria, mediante el Auto Nº22 de diciembre de 2015, donde abre causa criminal contra el prenombrado, fijando la audiencia bajo un jurado de conciencia (424-430, 437-446).

Es así, como el 20 de marzo de 2017, se realizó el juicio contra el procesado V., el cual fue declarado CULPABLE por el jurado de conciencia, correspondiendo al tribunal de la causa establecer la sanción penal mediante Sentencia de 1ra. I. Nº9 de 8 de febrero de 2018, donde se le condenó a la pena de treinta (30) años de prisión y cinco (5) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, una vez cumpla la pena principal (Cfr.fs.490-492, 495-502).

RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO A FAVOR DEL QUERELLANTE

No conforme con la pena aplicada, el licenciado J.R.P., en representación de la familia de la víctima, solicita a la Sala Penal, el aumento de misma.

Considera la aplicación del numeral 1 del artículo 88 del Código Penal, toda vez que el prenombrado disparó el arma de fuego contra las personas que transitaban por el sector de La Fula, no permitiéndoles defenderse de la injusta agresión, amenazando a las personas para facilitar su huida del lugar de los hechos, aprovechándose de la inferioridad del menor fallecido que estaba dentro del vehículo.

De ese modo, el artículo 92 del texto penal, establece la existencia de circunstancias agravantes la cual da lugar al aumento de la pena entre una sexta a una tercera parte por cada una de ellas, en esa vía, la condena debe aumentarse por lo menos de cinco (5) a diez (10) años de prisión, quedando la misma en cuarenta (40) años de prisión.

RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO A FAVOR DE F.V.

Por su parte la defensora pública M.R.M., considera que tribunal A quo, al momento de establecer la responsabilidad de su patrocinado F.V., debió circunscribirse tanto a los elementos objetivos como en los subjetivos del delito; pero sólo se enfocó en el primer elemento, sin dar mayores explicaciones sobre la parte subjetiva de la conducta ilegal, específicamente en la antijuricidad, tal cual lo señala la teoría finalista que impera y dimana nuestro Código Penal.

Estima, que a su patrocinado se le debe aplicar la atenuante prevista en el numeral 7 del artículo 90 de la norma sustantiva, la cual recoge aquellas circunstancias no establecidas por la ley; la cual va encaminada a aquellos elementos sociales y culturales donde se desenvuelve la persona acusada o sancionada por un delito y que hubiera influido en su actuar. El caso en particular, su representado F.V., tiene escaso conocimiento educativo, ya que llegó hasta el sexto grado de primaria, con poca oportunidad de llevar una vida diferente, toda vez que el Estado ha fracasado en proteger a estos ciudadanos en riesgo, que con el trascurrir del tiempo vulneran la norma penal; cuando es una obligación estatal proporcionar los estudios hasta el noveno grado, como política criminal para evitar conductas infractoras de la normativa penal, proporcionándole así, otra forma de vida.

En atención a lo expresado, solicita a la Sala Penal, la reforma de la sentencia de primer grado, reconociéndole a su representado la atenuante prevista en el numeral 7 del artículo 90 del Código Penal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Conocidos los argumentos planteados por los apelantes, pasa la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a verter sus consideraciones sólo sobre los puntos atacados, tal como lo dispone el artículo 2424 del Código Judicial.

Como se dijo en líneas anteriores, el juicio fue surtido bajo un jurado de conciencia, el cual declaró culpable al señor F.V. del homicidio perpetrado en detrimento del joven R.A.M. (q.e.p.d.); dicha decisión tiene característica inmutable o inalterable, correspondiéndole al tribunal sólo establecer la sanción penal, siendo ésta vía por la cual los recurrentes basan sus pretensiones.

De esa forma, se hace indispensable conocer la fundamentación jurídica realizada por el tribunal de instancia para imponer la pena al procesado, la cual contiene el siguiente texto:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La presenta causa ha sido ventilada en base a lo dispuesto por el artículo 2385 del Código Judicial, este Tribunal Superior debe emitir la Sentencia correspondiente.

El hecho ocurrió el día 26 de junio de 2014, en el sector de La Fula, los padres del occiso, el señor CID AGUILERA y S.M., relataron que se dirigían al cine y a la altura de La Fula había un metrobus dejando pasajeros ocasionando un leve traque (sic), de repente escucharon varias detonaciones, no pudieron percatarse de quién disparaba, al mirar al asiento trasero del vehículo se percataron que su hijo estaba herido, procedieron a dar la vuelta para ir a la Policlínica colisionando un taxi en la maniobra, sin embargo, el mismo fallece en el trayecto.

Es por ello, que el hecho investigado, encuentra su adecuación típica bajo las previsiones del artículo 131 en concordancia con el artículo 132 del Código Penal, relativo al HOMICIDIO DOLOSO AGRAVADO, cuya penalidad oscila de veinte (20) a treinta (30) años de prisión, toda vez que se concluye que el delito se cometió con arma de fuego disparada en un lugar público frecuentado por muchas personas. Se advierte que el área donde ocurrió el hecho es un lugar abierto, en horas de la noche, donde se da la influencia de personas y el tránsito de vehículos.

El delito de HOMICIDIO DOLOSO AGRAVADO se encuentra acreditado en autos, mediante la diligencia de reconocimiento de un cadáver practicada por la Fiscalía Auxiliar de la República, realizada a las diez y cincuenta y siete de la noche (10:57 P.M.), del 26 de junio de 2014, en la Policlínica de la Caja de Seguro Social Generoso Guardia, ubicada en Santa Librada, el cadáver de una persona de sexo masculino, estatura aproximada 1.53 metros, peso aproximado 200 libras, cabello corto negro liso (fs.4); así como el certificado de defunción Nº10722899 (fs.261) y con el Protocolo de Necropsia Nº/014-06-27-291, practicado al cuerpo de R.A.M. que determinó como causa de muerte:

SECCIÓN DE ARTERIA CAROTIDA EXTERNA DERECHA.

HERIDA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN EL CUELLO.

CONSIDERACIONES MÉDICOS LEGALES: Se trata de cadáver de varón, adolescente con adecuado desarrollo físico y obeso, que presenta heridas por proyectiles de arma de fuego en cuello, la muerte se debió al daño de la arteria carótida derecha. Los orificios de entrada tienen características compatibles con los disparos a larga distancia. (fs.109).

Lo anterior quedó corroborado mediante las vistas fotográficas del cadáver, donde se observaron las heridas con arma de fuego en el cuello ocasionándole daño a la carótida derecha, inferidas en la anatomía del occiso R.A.M. (Q.E.P.D.), que causa la muerte del adolescente.

Para establecer la pena base aplicable a los hechos objeto de valoración de esta sentencia, este Tribunal concluye que la misma debe quedar establecida en TREINTA (30) AÑOS DE PRISIÓN, como autor del delito de HOMICIDIO DOLOSO AGRAVADO, por su participación personal y directa en la ejecución del hecho, tal como lo establece el artículo 43 del Código Penal.

Para dosificar la pena a imponer, se ha tomado en consideración los parámetros establecidos en el artículo 79 del Código Penal, atendiendo a lo señalado en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6 de la excerta legal citada, que establece:

La magnitud de la lesión o del peligro y la mayor o menor voluntad de dañar las lesiones que produjeron la muerte de la víctima fue a causa de la herida con arma de fuego recibido en el cuello, ocasionándole un daño a la carótida derecha, (num.1);

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar el actuar criminoso ubica al procesado en el lugar de los hechos, los hechos ocurrieron en horas de la noche, en un lugar público transitado por personas y vehículos, (num.2);

La calidad de los motivos determinantes durante la investigación se precisó que es un área donde existen rivalidades entre pandillas, y que la víctima viajaba en un automóvil con sus padres al regresar del cine y se hallaron con el cruce de disparos (num.3);

La conducta del agente inmediatamente anterior, simultánea y posterior al hecho el procesado ha negado su participación a pesar de las pruebas que lo incriminan, su actuar se desprende de una conducta peligrosa, ya que el hecho fue realizado con arma de fuego y sin reparo alguno realiza detonaciones (num.4);

El valor o importancia del bien se trata del bien jurídico más importante y supremo de toda legislación mundial, la vida humana, cegándole la vida a R.A.M. (Q.E.P.D.) de apenas 17 años de edad (num.5);

La condición de inferioridad o superioridad y las ventajas o desventajas existentes entre el agente y la víctima ha quedado probado que el agresor utilizó arma de fuego, realizó detonaciones contra muchas personas y vehículos que transitaban por el lugar, al pasar en esos momentos el automóvil en el que viajaban la víctima y sus padres quienes se dirigían hacia su casa procediendo del cine (num.6);

Las demás condiciones personales del sujeto activo o pasivo cuando la ley no las considere elementos del delito o circunstancias especiales, en cuanto al sujeto activo, el perfil de F.V., contaba con veintitrés (23) años de edad, con estudios hasta sexto grado de primaria, registra antecedentes penales visible a foja 272, es considerado imputable, pues, no se ha demostrado que de modo alguno se ubique dentro de las prerrogativas a que se refieren los artículos 25 y 36 del Código Penal vigente, por el contrario se trata de una persona con una buena condición física y psíquica en virtud de los (sic) cual puede atribuírsele el delito, porque tienen capacidad para entender y decidir. En cuanto al sujeto pasivo, la víctima era un joven de apenas 17 años de edad (num.7).

Con fundamento en lo expuesto, la Sala determina sancionar a F.V., a la pena de TREINTA (30) AÑOS DE PRISIÓN, y la pena de INHABILITACIÓN para el ejercicio de funciones públicas por un término de CINCO (5) AÑOS, que tendrá que cumplir una vez sea ejecutada la pena principal.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2412 del Código Judicial y el artículo 53 del Código Penal, el sancionado tiene derecho a que se le descuente de la pena de prisión impuesta el tiempo que han permanecido detenido preventivamente con relación a esta causal peal, es decir, desde el 2 de octubre de 2014 (fs.238)….

A pesar de la sanción impuesta al señor V., el licenciado J.R.P., abogado querellante, plantea el aumento de la misma, bajo la circunstancia prevista en el numeral 1 del artículo 88 del Código Penal, en conjunto con la aplicación del artículo 92 de la misma excerta legal, los cuales establecen:

Artículo 88. Son circunstancias agravantes comunes las siguientes:

Abusar de la superioridad o emplear medios que limiten o imposibiliten la defensa del ofendido

….

Las circunstancias previstas en este artículo sólo se aplicarán a tipos básicos que no tengan figuras agravantes específicas.

Artículo 92: La existencia de circunstancias agravantes da lugar al aumento de la pena de una sexta a una tercera parte por cada una de ellas. La pena así impuesta no podrá exceder más de la mitad de máximo de la pena fijada para el delito, sin rebasar los límites establecidos en los artículos 52, 54 y 59.

Sobre lo atendido, es prudente señalar lo que la copiosa jurisprudencia de la Sala Penal, ha dejado forjado en cuando a las circunstancias agravantes del artículo 88 del Código Penal, lo siguiente:

Sentencia 7 de marzo de 2017:

“El Tribunal Superior reconoció la existencia de una circunstancia agravante específicas del delito de homicidio, como es la premeditación, prevista por el numeral 4 del artículo 132 del Código Penal, y en virtud de ello, dispuso aplicar una pena de veinticinco (25) años de prisión al procesado, basado en los argumentos que se reproducen a continuación:

No obstante, antes de avanzar a la parte resolutiva, esta Superioridad estima necesario indicar que ha venido observando con relativa frecuencia, que en las sentencias de primer grado, dictadas en procesos penales adelantadas por delitos de homicidio, el Segundo Tribunal Superior ha estado incluyendo afirmaciones como la que se ve a foja 256 del expediente, y que, a la letra, reza:

4. Atenuantes o Agravantes: El Tribunal procede a revisar el listado de circunstancias de agravación genérica de la pena, que presenta el Artículo 88 del Código Penal, y concluye que no procede aplicar ninguna al caso. Tampoco procede reconocer circunstancias de atenuación, de acuerdo al Artículo 90 del Código Penal.

Debe advertirse al A quo que tratándose del delito de homicidio, no es necesario revisar el catálogo de circunstancias agravantes comunes o genéricas previstas en el Libro I del Código Penal, toda vez que el artículo 88 lex cit, es diáfano al prohibir de manera expresa la aplicación de agravantes comunes, a tipos que contengan figuras agravadas específicas, como es el caso del delito que nos ocupa…” (lo subrayado es nuestro).

Sentencia de 18 de noviembre de 2011:

En esta oportunidad no compartimos el criterio esgrimido por la representación de la Vindicta Pública, en cuanto a este punto. Es cierto que el artículo 88 del Código Penal, hace referencia a un listado de circunstancias que pueden ser consideradas como agravantes comunes, en la que se encuentran los numerales 1, 3 y 9, pero no hay que dejar de lado, que dichas circunstancias agravantes se aplicarán a tipos básicos que no tengan figuras agravadas específicas, tal como se señala en el último párrafo de dicha excerta legal.

La figura de homicidio, se desarrolla en el Título I, Capítulo I, Sección I, del Libro Segundo del Código Penal y, las agravantes, se encuentran previstas, de manera específica, en el artículo 132; por lo que al realizar un análisis de la sentencia proferida en primera instancia, se observa que las circunstancias agravantes, fueron analizadas en torno al contenido de este artículo; concluyéndose de esta manera que, al existir circunstancias agravantes para este tipo de delito (Homicidio), no es dado por parte de juzgador, aplicar las agravantes contenidas en el artículo 88 del Código Penal.

Lo anterior, deja sentado el criterio que las agravantes previstas en la disposición legal sometida en apelación, artículo 88 del Código Penal, son aplicables a tipos básicos que no tengan figuras agravadas específicas, tal como lo señala el último párrafo de dicha disposición, por ello, tampoco se configura la sanción de aumento prevista en el artículo 92 del Código Penal; dejando claro que la pena impuesta por el tribunal de la causa al sentenciado V., contempla la agravante prevista en el numeral 10 del artículo 132 de la norma sustantiva.

Es así, como la propuesta ensayada por el apelante no surte efecto correctivo a la sentencia proferida en primera instancia.

Con relación a la apelación impetrada por la licenciada R.M., vemos que hace énfasis en la valoración realizada por el tribunal de la causa al determinar la responsabilidad de su patrocinado, indicando que sólo se circunscribe a los elementos objetivos del delito, sin dar mayores explicaciones sobre el subjetivo; aunado al desconocimiento de la aplicación de la atenuante a favor de su representado, prevista en el numeral 7 del artículo 90 del Código Penal, a sabiendas que el mismo sólo tuvo escolaridad hasta sexto grado de primaria, soslayando en el fracaso social que ha tenido el Estado con respecto a no proteger a estos ciudadanos de riesgo social.

Antes de entrar en detalle, debemos hacer mención a la teoría finalista ensayada por la recurrente, surge en el siglo XX, cuyo propulsor fue HANDS WELZEL, su base radica en el análisis de la culpabilidad del delincuente, atendiendo a la finalidad para cometer el ilícito, de esa manera el dolo y la culpa matizan el actuar el hombre porque su acción tiene un fin al que se encamina su comportamiento. De hecho, la ilustre licenciada AURA EMÉRITA GUERRA, en su libro MANUAL DE DERECHO PENAL, explica lo reseñado por P.P., con relación a esta teoría:

Se establece en el proceso de consumación del hecho delictivo, un proceso causal externo (finalidad necesaria) y un proceso anímico subjetivo (dolo) que no son independiente entre sí. El concepto de acción delictiva, en un sentido restringido, designa una acción finalista del hombre y esta se convierte en el objeto básico del Derecho Penal

La teoría finalista, propone tener comprobado el elemento objetivo como el subjetivo, vinculado con la antijuricidad, valorados en base a la característica del hecho delictivo, así como aquellos supuestos que hacen determinar la voluntad del sujeto activo para actuar con intención, dolo o culpa, fundamentado su razón de ser en la subjetividad del acto, analizando los motivos y finalidad en el actuar del delincuente para deducir de ahí la culpabilidad de la persona.

A pesar del contexto de esta corriente, hemos advertido desde el inicio de nuestro análisis que la culpabilidad del señor F.V., fue atendida a través de un jurado de conciencia, basados en su convicción intima que hayan formado de la responsabilidad del acusado para con el hecho de sangre, decisión que es invariable y no puede ser modificada por esta vía ordinaria; siendo parte del tema propuesto por la apelante. Así lo hemos destacado en profusa jurisprudencia:

Sentencia de 6 de agosto de 2018:

"No obstante, como quiera que el artículo 2385 del Código Judicial establece que contra esta decisión no cabe recurso alguno y que las partes tienen derecho a apelar únicamente contra la sentencia, es decir, solo sobre los puntos a que se refirió el Tribunal Superior en la sentencia, que guarden relación con la calificación del delito y el grado de participación del procesado, la Sala no puede pronunciarse en cuanto a la decisión del jurado de conciencia, salvo que se advirtiesen vicios graves en el procedimiento que regula esta clase de juicios, lo cual no ocurre en el presente negocio." (Resolución de Sala Penal de 15 de septiembre de 2005).

Sentencia de 1 de febrero de 1993:

"En nuestra legislación, la decisión que emana del cuerpo de jurado de conciencia tiene la característica de inmutable, es decir no puede ser modificada, incluso por el tribunal de derecho. De ahí que no sea viable alegar en estos momentos criterios como que no fue posible vincular al sindicado con el hecho punible cometido, pues tal vinculación, aun cuando el peor de los eventos no sugiere de las constancias probatorias recopiladas en el proceso, viene entrelazado y se tiene como tal por la declaración de culpabilidad dictaminada soberanamente por la mayoría de las personas que integran el tribunal de jurado de conciencia, por lo que en esta condición el tribunal de derecho debe limitarse a imponer una sanción cónsona con esa declaratoria de culpabilidad y con los factores del artículo 56 del Código Penal". También es posible consultar las sentencias de la Sala Penal de 19 de agosto de 1993, 19 de septiembre de 1994, 18 de agosto de 1995, 27 de mayo de 1998, entre otras.

Para ser un poco más específicos, al momento que el tribunal impuso la pena al sentenciado, vemos que se basó en aquellos aspectos objetivos y subjetivos establecidos en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 79 del Código Penal, detallando con precisión la determinación cuantitativa y cualitativa hasta llegar a la pena justa dentro de los límites de la sanción contemplada para el delito de homicidio agravado.

Por ello, la connotación apelada por la defensora pública no tiene sustento alguno que hagan variar la sanción prevista por los juzgadores de instancia.

Mientras que la aplicación de la atenuante del numeral 7 del artículo 90 del Código Penal, que indica: “Cualquier otra circunstancia no preestablecida por la ley que, a juicio del Tribunal, deba ser apreciada”, la Sala Penal, ha señalado que su aplicación obedece cuando:

Sentencia de 9 de febrero de 2018:

…con respecto a la atenuante estipulada en el numeral 7 del artículo 90 del Código Penal "Cualquier otra circunstancia no preestablecida por la ley que, a juicio del Tribunal, deba ser apreciada"; si bien el mencionado artículo abre el compás al juzgador para que aplicando las reglas de la sana crítica, evalúe otras circunstancias que rodean el hecho bajo estudio, no concordamos con lo manifestado por la defensa, ya que son elementos constitutivos de responsabilidad que debieron ser debatidos en el acta de audiencia(resultado negativo de residuo de disparo, negación de la petición de rueda de detenidos, la distancia entre la víctima y victimario, y las versiones de la vestimenta del sentencia al momento del hecho), donde intervino un jurado de conciencia, decisión que tiene la característica de inmutable, resultando no dable a este Tribunal Colegiado, emitir una valorización con respecto a estos factores probatorios del juicio, salvo que se haya cometido una infracción al debido proceso o a una garantía fundamental, lo cual no se vislumbra en la presente causa.

Es decir, todo se subsume a la evaluado en audiencia oral, en aquellos elementos que evidencien, que la falta de escolaridad como dice la apelante, sea un factor determinante que conduzca al sentenciado a cometer actos delictivos, situación que nunca fue corroborado, ni algún dato científico o psicológico que demuestre su sensibilidad o falta de comprensión de dichos actos ilícitos, conllevando a que lo tratado de sustentar por la defensora pública, no surta efecto alguno en la sentencia de primer grado.

Basados en los fundamentos expuestos, en atención a los recursos de apelación presentados por los licenciados J.R.P. y la licenciada M.R.M., contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior; los mismos no son argumentos suficientes que enerven la sanción impuesta al sentenciado, procediendo la Sala Penal a confirmarla.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Sentencia de 1ra. I.. Nº9 de 8 de febrero de 2019, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial– Sala Transitoria-, la cual condenó al señor F.V., a la pena de treinta (30) años de prisión y cinco (5) años para la inhabilitación en el ejercicio de funciones públicas, una vez cumpla la pena principal, como autor del Delito de Homicidio Agravado en detrimento de R.A.M. (q.e.p.d.).

N. y devuélvase,

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ

JERÓNIMO MEJÍA E. -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria)