Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 19 de Julio de 2019

PonenteHarry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución19 de Julio de 2019
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

En grado de apelación, ingresa a la S. Penal la Sentencia 1ra. N°30 de dieciséis (16) de octubre de dos mil diecisiete (2017), por medio de la cual el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial declaró penalmente responsables a los señores E.J.G.F., V.A.C.B. y J.A.S.P., e impuso sanción de veintiséis (26) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de diez (10) años, una vez cumplida la pena principal, por los delitos de homicidio doloso agravado en grado de tentativa y robo agravado consumado, en perjuicio de F.V. y el Súper 99 de Puerto Escondido, C..

Contra dicha medida judicial, los licenciados A.J.A.H. y A.A.H.C., anunciaron y sustentaron en tiempo oportuno recursos de apelación.

Los recursos fueron concedidos en el efecto suspensivo, por lo que corresponde a esta superioridad resolver la alzada.

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE LOS SEÑORES VIALI A.C.B.Y.J.A.S. PACHECO (FS. 1169-1174).

Sustenta el licenciado A.J.A.H. su escrito de apelación, aduciendo en lo medular que a sus representados se les condenó a la pena de veintiséis (26) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de diez (10) años, a pesar de que la norma exige que se establezcan las disposiciones legales infringidas y su correspondiente sanción, tomando en cuenta las prerrogativas procesales, atenuantes, grados de participación y dosificación de penas.

Cuestiona el apelante la sanción impuesta, a pesar de no existir la certeza probatoria de quién fue el sujeto que disparó al S.S.F.V., toda vez que el señor J.A.S.P. no se encontraba en el lugar de los hechos, sino que estaba en un vehículo afuera del supermercado. Respecto del señor V.A.C.B., señala el letrado que el mismo no pudo haber estado involucrado en el tiroteo, pues de haber estado presente en ese momento, hubiera salido lesionado o lo hubieran capturado, pues había fuerte presencia policial en el lugar de los hechos. Añade, que no existen testimonios en los antecedentes que ubiquen a los señores V.A.C.B. y J.A.S.P. en el momento del tiroteo, ni como las personas que efectuaron los disparos. Además, la sentencia recurrida no especifica la conducta desplegada por sus mandantes, ni la agravante, ni el por qué de la misma.

Aduce que a sus patrocinados se les condenó como responsables del delito de robo consumado, sin embargo discrepa con la motivación del Tribunal A-Quo al declarar que los mismos tenían indicios de mala justificación, ya que no existen pruebas que establezcan que el delito de robo fue consumado, ni se probó el faltante de dinero, considerando que el tipo penal que encuadra la actuación de sus representados es la de robo en grado de tentativa, al no lograrse el objetivo del robo, situación que no fue tomada en cuenta al momento de dosificar la pena. La participación de sus mandantes se debió clasificar tomando en cuenta el número de personas que intervinieron como autores, presencia de coautores, concurso necesario o concurso eventual.

Por último, estima que la normativa penal utilizada en la sentencia no era la vigente para la fecha de comisión del hecho punible, específicamente la normativa referente a la unidad y pluralidad de hechos punibles, que indica que estamos en presencia de concurso real de delitos, establecida en el código penal en su artículo 86. En ese sentido, arguye no era viable jurídicamente agravar el delito de homicidio, por lo que se debió reconocer el homicidio en grado de tentativa simple, más no agravado.

Culmina su escrito solicitando se modifique la pena impuesta con base en sus consideraciones.

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA TÉCNICA DEL SEÑOR E.J.G.F. (FS. 1175-1178).

El licenciado A.A.H.C. sustenta su libelo de apelación, cuestionando que el Segundo Tribunal Superior tomó como único indicio en contra de su representado que el mismo portaba chaleco antibalas, motivando la condena basándose en esto, y que por el hecho de portar chaleco antibalas tenía conocimiento de que era un hecho probable que, producto del asalto, alguna persona pudiera salir herida o perder la vida. Además, no se tomó en consideración que su representado se mostró confeso de haber participado en la comisión del delito y enunció su arrepentimiento.

Estima se desprende de la declaración del menor de edad A.G.B., que ninguno de ellos participó del hecho, y que la actuación del señor V.A.C.B. fue un acto reflejo, en respuesta a los disparos propinados por los agentes de policía. Señala que su representado nunca portó armas de fuego, nunca prestó ayuda alguna para que el señor V.A.C.B. disparara.

Respecto del delito de robo, a su juicio yerra nuevamente el Tribunal al momento de imponer la sanción, al interpretar erróneamente el numeral 1 del artículo 86 del Código Penal de 2007, en vista de que debió aplicarse el principio de consunción o absorción, que tiene lugar cuando el precepto de mayor importancia y alcance prevalece sobre el asunto de menor entidad, por lo que debe reconocerse esto en favor de su representado. Añade se aplicó erróneamente la agravante por uso de arma de fuego al delito de robo agravado, por lo que no es factible agravar dos veces el delito de homicidio por razón de este mismo factor.

Por último, cuestiona que los magistrados del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial consideraron la confesión de su representado extemporánea e inoportuna, siendo su declaración indagatoria su primer acto de defensa, por lo que era el momento más propicio para emitir una confesión de manera libre y espontánea.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Advertida la disconformidad de la defensa técnica de los justiciables, corresponde a esta Superioridad analizar y decidir sobre las apelaciones interpuestas, sólo sobre los puntos de la resolución a que se refirieron los recurrentes, de conformidad con el artículo 2424 del Código Judicial.

Ambos defensores formalizaron en tiempo oportuno recursos de apelación, expresándose en sentido similar respecto a la calificación de los tipos penales aplicados y la individualización de la pena, por lo que el examen de los dos libelos de apelación se dividirá en tres sentidos: SITUACIÓN DE LOS PROCESADOS J.A.S.P.Y.V.A.C.B.; SITUACIÓN DEL PROCESADO E.J.G.F. y SOBRE LOS DELITOS DE ROBO AGRAVADO CONSUMADO Y HOMICIDIO DOLOSO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA

SITUACIÓN DE LOS PROCESADOS J.A.S.P.Y.V.A.C.B..

Se aprecia en primer lugar, con relación al señor J.A.S.P., que la disconformidad del recurrente recae sobre la vinculación de éste con el delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa, a pesar de no encontrarse en el supermercado al momento de los disparos.

Al respecto se pronunció el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en los siguientes términos:

Es un hecho notorio que el procesado no tiene participación directa en la ejecución de este delito, pues los justiciables coinciden en que J.S., se quedó en el vehículo esperando para facilitar el escape luego de que se lograra cometer el ilícito; sin embargo, no se puede soslayar que se desprende de su declaración indagatoria, tenía conocimiento que dos de los tres procesados que ingresaron al Súper 99 portaban armas de fuego, lo que en condiciones comunes permite colegir que S.P., tenía suficiente capacidad para prever que de utilizarse las mismas no solo se podía lesionar a una persona, sino ocasionarle la muerte

.

En ese sentido, esta Corporación de Justicia disiente de lo expuesto por el defensor técnico de J.A.S.P., toda vez que se desprende, incluso de su propia declaración indagatoria, que sabía que tanto V.A.C.B. como otro de los abordaron el vehículo para cometer el robo, iban armados, por lo que si bien no tenía dominio sobre los hechos al ser la persona que se quedó fuera del establecimiento, dentro del vehículo, mientras se efectuaba el robo, tenía conciencia que dichas armas podían dispararse en un momento determinado, lo que significa que debió prever, como resultado posible, que el uso de las mismas por parte de sus compañeros daría como resultado la lesión de un tercero.

Con relación a la vinculación del señor V.A.C.B. con el delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa, destaca el letrado que su defendido fue la primera persona en salir antes de iniciar el intercambio de disparos, por lo que no puede ser vinculado con dicho tiroteo. Observa esta Corporación de Justicia que su participación, contrario a lo expuesto por el abogado defensor, queda acreditada con los siguientes elementos de prueba:

Declaración indagatoria del menor de edad A.G.B., quien al rendir sus descargos señaló, que al recibir disparos por parte de la policía, CALLENDER disparó y salió del supermercado (fs. 441).

Declaración indagatoria del señor E.J.G.F., quien señala al señor V.A.C.B. como la persona que planeó el robo al Super 99 de Puerto Escondido, y relata que, justo cuando C.B. bajó por la escalera, fue que se escucharon detonaciones de arma de fuego (fs. 144-145).

Informes de Novedad suscritos por el Sargento Segundo 20697 L.M. y Cabo Segundo 20728 S.A., quienes expresan que la persona que efectuó las detonaciones que finalmente impactaron al sargento F.V., era un sujeto de tez morena, vestía un suéter celeste y blanco con rayas horizontales, con pantalón jeans azul y zapatillas blancas (fs. 92 y 94).

Vistas fotográficas obtenidas del sistema de videovigilancia Intellex aportadas por el señor E. Fuentes Murcia, donde a fojas 229, 241, 246, 254, 282 y 291 se aprecia claramente a un sujeto que coincide con la descripción brindada por los agentes L.M. y S.A., quien fue posteriormente identificado como V.A.C.B..

Todo este caudal probatorio demuestra, existen múltiples elementos que vinculan al señor V.A.C.B. con el delito de marras, por lo que no prospera este cargo endilgado contra la sentencia de primera instancia.

Siguiendo con el examen del libelo de apelación, la S. estima no prosperan las objeciones formuladas al fallo de instancia, relativas a la supuesta inexistencia de algún medio que evidencie un faltante de dinero. Al respecto, a fojas 44 a 48 se tiene Diligencia de Inspección Ocular y Conteo, y seguido, a fojas 52 y 53 del infolio penal, informe suscrito por el licenciado V.M.C.J., auditor, dirigido a la señora A.M., Contralora de Importadora Ricamar, S. A. (Súper 99), donde se desglosa la cifra de dinero sustraída producto del delito, constando en dicho informe que se registró un faltante de ciento veintisiete mil seiscientos dieciocho balboas con trece centavos (B/.127,618.13).

Por último, se cuestionan los grados de participación de los señores S.P. y C.B.. Se aprecia la sentencia apelada condenó al señor J.A.S.P. como cómplice primario, y al señor V.A.C.B. como autor, por los delitos de homicidio doloso agravado en grado de tentativa y robo agravado consumado.

A juicio de esta Corporación de Justicia, y de acuerdo a lo ya desarrollado en los párrafos precedentes, pone de relieve que las conductas desplegadas por los prenombrados evidencian ampliamente los grados de participación aplicados por el Tribunal Superior, específicamente en cuando a la vinculación del señor J.A.S.P., fundamentalmente, porque: 1. tomó parte en la realización del hecho punible; 2. Consintió ejecutar el robo del vehículo, con el empleo de un arma de fuego, situación que llevaba implícita la intención de utilizarla para facilitar o consumar el hecho, como en efecto aconteció; y 3. prestó un auxilio al autor en la ejecución de la conducta.

Los anteriores razonamientos demuestran que la censura del licenciado A.J.A.H., respecto a la vinculación de sus defendidos con los delitos que nos ocupan, debe desestimarse.

SITUACIÓN DEL PROCESADO E.J.G.F.

En lo medular, la primera disconformidad del licenciado A.A.H.C. radica en la escasa vinculación de su representado con el ilícito, afirmando que únicamente fue condenado por portar un chaleco antibalas. Al respecto, si bien se determinó que no portaba armas de fuego, en su contra existen los señalamientos directos del menor de edad A.G.B. y de los señores VIALI CALLENDER y J.A.S.P., quienes lo implican como uno de los participantes en el robo. Por otro lado, el Tribunal A-Quo no basa su condena únicamente en la presencia del chaleco antibalas, sino que utiliza la presencia del chaleco antibalas como indicio de mala justificación en su contra, toda vez que el uso del mismo permite apreciar, que el señor E.J.G.F. previó como resultado probable que se emitieran disparos, al saber que tanto CALLENDER como el menor de edad A.G.B. portaban armas de fuego. Esto queda claramente desarrollado en la sentencia apelada, de la siguiente manera (v. f. 1103):

Protegerse con un chaleco antibalas evidencia esta tesis, ya que es el indicativo de la disposición que tenían a utilizar las armas de fuego y con el blindaje quieren evitar ser lesionados.

Siguiendo el análisis del recurso que nos ocupa, el letrado censura que la sentencia apelada no tomó en consideración que su representado se mostró confeso de haber participado en la comisión del delito y enunció su arrepentimiento.

Al respecto, numerosa jurisprudencia de esta Corporación de Justicia ha sostenido que esta circunstancia de atenuación concurre cuando el sujeto activo del delito manifiesta su actuar doloso de forma espontánea y oportuna. La espontaneidad tiene lugar cuando el agente después de haber cometido el hecho ilícito, comparece voluntariamente a las autoridades para poner en conocimiento lo ocurrido. El segundo elemento, referente a la oportunidad, se produce cuando el sujeto colabora con la investigación de manera eficaz, lo que permite aclarar los hechos acontecidos, ante la carencia de otras pruebas.

En ese sentido se ha pronunciado esta Superioridad, y al respecto y ha sostenido:

"Sobre la circunstancias atenuante establecida en el numeral 5 de dicha excerta legal, esta S. ha manifestado que "Para que pueda ser considerada esta atenuante hay que tomar en cuenta dos elementos: las circunstancias de la presentación del sujeto activo ante la autoridad y el estado de las investigaciones al momento de la confesión. Estos dos elementos son importantes porque denotan si efectivamente se dio una confesión espontánea y oportuna." (Sentencia de 22 de julio de 1992)

"...la espontaneidad radica en que, al momento de confesar, el sujeto no esté obligado a ello por las circunstancias o factores relacionados con el hecho, sino que dicha confesión se realice sin presión alguna, y sin que haya nada que lo incrimine" (Sentencia de 29 de abril de 2003).

"... la oportunidad de la confesión, "significa que debe ser la única forma de conocer la verdad material del hecho, lo que deviene en una colaboración importante para el funcionario de instrucción" (Resoluciones de 29 de abril de 2003, 19 de diciembre de 2002, 9 de agosto de 2002, y 13 de septiembre de 1996).

"En primer lugar, la entrega del imputado no fue voluntaria, no asistió ante la autoridad por sus propios medios a confesar lo sucedido y, en segundo lugar, en el momento en que fue conducido por la autoridad y relató los hechos, ya existían en su contra un elemento probatorio vinculante, tal como lo es la denuncia presentada ante el Juzgado Nocturno por Z.R. de G., concubina del occiso. Estos dos aspectos hacen que desaparezca la espontaneidad y la oportunidad de la confesión de N.J., quien si bien es cierto relató lo sucedido, no lo hizo con la prontitud y voluntad requerida por la ley". (Fallo 7 de diciembre de 1993, S. Penal Mgda. A.E.G. de V.).

Planteados los conceptos relativos a la confesión espontánea y oportuna, esta S. considera no le asiste razón a la representación legal del señor E.J.G.F. cuando indica debió reconocerse su confesión como válida, y la reconozca como una atenuante al momento de la dosificación de la pena. Así, advierte esta S. que el reconocimiento y arrepentimiento reconocido por el sindicado -que no es igual a la confesión oportuna y espontánea- se dieron luego de haber sido aprehendido, además ya existían datos que apuntaba a determinar la participación de los otros implicados en el ilícito.

Por tanto, se desestiman los argumentos expuesto por la defensa técnica del señor E.J.G.F..

SOBRE LOS DELITOS DE ROBO AGRAVADO CONSUMADO Y HOMICIDIO DOLOSO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA

Tanto el licenciado A.J.A.H. como el licenciado A.A.H.C., censuran en sus libelos de apelación la aplicación de circunstancias agravantes al delito de robo, así como la calificación del delito como consumado, toda vez que, a sus juicios, el delito no llegó a perfeccionarse, por lo que nos encontramos, ante un delito inacabado o en tentativa.

Con relación a la agravante del delito de robo, se desprende de la sentencia objeto de estudio, que dicho delito fue individualizado de forma independiente al concurrir circunstancias autónomas para éste. Así, se aprecia en la sentencia apelada lo siguiente:

También se produjo el delito de Robo Consumado, que tiene una pena que oscila entre 5 y 8 años de prisión. En el caso que nos ocupa se desarrolló en su modalidad agravada, lo que aumenta la pena hasta la mitad, por cuando el apoderamiento del dinero fue cometido con la intervención de cuatro (4) personas y usando armas de fuego. Se aplicará la pena máxima (8) años aumentada a la mitad (4 años), lo que totaliza doce (12) años.

Como quiera que, de conformidad al artículo 80 del Código Penal de 2007, tanto al autor como al cómplice primario se le impone la pena que la Ley señala al hecho punible, la misma quedará fijada de igual forma para todos los procesados así:

Para el delito de Homicidio Agravado en Grado de Tentativa, se impone la sanción de VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, al que se le adicionará un aumento de SEIS (6) AÑOS que corresponde a la mitad de doce (12) años de prisión por el delito de Robo Agravado Consumado, conforme al artículo 86 numeral 1 del Código Penal de 2007, quedando una pena líquida a cumplir de VEINTE SEIS (sic) (26) AÑOS DE PRISIÓN.

(El resaltado es de la S.).

En ese mismo orden de ideas, el párrafo precitado nos permite colegir que el Tribunal Superior aplicó correctamente lo dispuesto en el artículo 86 del Código Penal vigente al momento de los hechos, que dispone, en su numeral 1, que si son dos los hechos punibles se le impondrá la pena por el más grave, con un aumento de un sexto hasta la mitad de la pena que le correspondería por el otro. No puede la S. Penal, como pretenden los recurrentes, desconocer las circunstancias agravantes del delito de robo, toda vez que como se aprecia de párrafos anteriores, el delito de robo fue cometido utilizando armas y por dos o más personas, con lo que se cumplen con las agravantes contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 213 del Código Penal de 2007, que tipifica el delito de robo agravado.

Sobre el argumento esgrimido por el letrado A.H. respecto del yerro en que incurre el Tribunal Superior, al condenar por delito de robo en su modalidad consumada, debe añadir la S. que las constancias procesales indican, sin lugar a dudas, que nos encontramos ante un delito consumado, tal como se desprende de las declaraciones de O.P.R. (fs. 9-15), quien relata en su declaración, que los sujetos que entraron a la bóveda recogieron todo el dinero que había en ella y las bolsas selladas, que contenían dinero, y de la diligencia de inspección ocular al sistema de videovigilancia Intellex, donde se aprecia claramente cuando se produce el ingreso al cuarto de la bóveda y que, mientras un sujeto que vestía suéter azul claro sometía a la señora O.P.R., otros dos sujetos ingresaban a la bóveda y salían con bolsas blancas, cargadas con dinero (v. fs. 39-41 y fs. 201-378). Por ende, al haberse acreditado el apoderamiento del dinero, se aprecia de forma ineludible, que el delito fue consumado.

En ese mismo orden de ideas, con relación al uso de la normativa penal vigente, respecto a que el Tribunal de Instancia debió condenar por homicidio simple en grado de tentativa, considera esta S. oportuno anotar, que un delito de homicidio doloso puede ser calificado de simple o agravado de acuerdo a las circunstancias que hayan influido en su comisión. De allí que coincidamos con el criterio vertido por el Tribunal A-Quo, cuando indica se han acreditado las circunstancias agravantes del delito de homicidio en grado de tentativa, cumpliendo la presente causa con la agravante establecida en el numeral 10 de artículo 131 del Código Penal vigente al momento en que se cometieron los hechos. Ello es así, ya que su configuración requiere la ocurrencia de tres elementos: el primero de ellos la ejecución del delito a través de un arma de fuego, lo cual ha quedado acreditado con las deposiciones bajo juramento de la víctima y los agentes de policía L.M., J.M. y S.A., quienes se encontraban presentes cuando el señor V.A.C.B., efectuó detonaciones hacia F.V..

Tampoco se pueden ignorar las consideraciones médico legal del examen practicado a la víctima, visible de fojas 563 a 564, que concluyen lo siguiente:

“El señor F.H. (sic) recibió tres (3) heridas por proyectil de arma de fuego en su cuerpo. La herida a nivel del abdomen causó fractura de vértebra lumbar, sin compromiso medular. Como secuela del hecho presentó dolor tipo neurítico a nivel lumbar, el cual debería ser manejado de forma conservadora.

Objeto: Proyectil de arma de fuego.

SE PUSO EN PELIGRO LA VIDA.

INCAPACIDAD DEFINITIVA: Sesenta (60) días a partir de la fecha del incidente, salvo complicaciones.

Como segunda exigencia de la agravante antes citada, tenemos que el hecho se realice en un lugar frecuentado por personas al momento de su perpetración, lo cual se ha probado no sólo con los testimonios de O.P.R. (fs. 9-15), N.D.L.D. (fs. 16-20) y G.B.C. (fs. 25-28), todos trabajadores del Súper 99, sino que se trata de un supermercado, sitio frecuentado por la población, que acude a diario a realizar sus compras.

Un tercer elemento es la ausencia de un motivo lícito para efectuar disparos en contra de otro. Esta circunstancia se puede acreditar, con los señalamientos de los testigos antes mencionados quienes coinciden en señalar que las personas que irrumpieron a la bóveda del Súper 99 lo hacían con la intención de robar una gran cantidad de dinero. De allí que se estima debidamente probada la agravante aplicada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Anotados los criterios anteriores, la S. estima que no le asiste razón a los recurrentes, por lo que concluye que la resolución impugnada debe ser confirmada.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia 1ra. N°30 de dieciséis (16) de octubre de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso penal seguido a los señores E.J.G.F., V.A.C.B. y J.A.S.P., por los delitos de homicidio doloso agravado en grado de tentativa y robo agravado consumado, en perjuicio de F.V. y el Súper 99 de Puerto Escondido, C..

N. y Cúmplase,

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ

JERÓNIMO MEJÍA E. -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria)