Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Marzo de 2019

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución14 de Marzo de 2019
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Ingresa a la S. Penal de la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, el proceso seguido a B.A.G., declarado penalmente responsable y DAVIS G.O.S., absuelto de los cargos formulados por la comisión del delito de Homicidio, en grado de Tentativa, en perjuicio de SONY FERNÁNDEZ, A.G. Y ALEXANDER CHUNA.

ANTECEDENTES

PRIMERO

Mediante Auto 1ra. N°206 del 28 de agosto de 2014, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, llamó a juicio a B.A.G. y D.G.O.S., como presuntos infractores del delito contemplado en el Título I, Capítulo I, del Libro II, en concordancia con el Título II, C.V., Libro I del Código Penal, es decir, por el delito de Homicidio, en grado de Tentativa, en perjuicio de SONY FERNÁNDEZ, A.G. Y ALEXANDER CHUNA, según se aprecia de fojas 737 a 752 del expediente.

La Audiencia Oral se realizó el día 28 de septiembre de 2015, la cual fue en derecho ante los Magistrados de la S. (fs. 803 a 810).

SEGUNDO

Posteriormente, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá dictó la SENTENCIA 1ra. N°07 del 10 de mayo de 2016, imponiendo a B.A.G. la pena principal de Veintiún (21) años de prisión y, accesoriamente, inhabilitándolo para el ejercicio de funciones públicas, por el término de cinco (5) años, a partir de que quede ejecutoriada la resolución, como autor de los delitos de homicidio simple, en grado de tentativa, en perjuicio de SONY FERNÁNDEZ, A.G.Y.A.C., pero absolvió a D.G.O.S. de los cargos formulados en su contra (fs. 812 a 826).

TERCERO

Es así que, el 9 de junio de 2016, se notificó el F.C. Superior y anunció apelación, cuya sustentación presentó el día 13 de junio de 2016. El 25 de julio de 2016, el Licenciado J.M.M., defensor particular de D.O., presentó escrito de oposición a la apelación de la fiscalía (fs. 851-853). Para el 25 de julio de 2016, se notificó el sentenciado B.A., a través de Centro de Comunicaciones Judiciales, en el Centro Penal y anunció recurso de apelación (f. 854). Luego se notificó su defensor particular, Licenciado C.G.V., anunciando y sustentando, en tiempo oportuno, recurso de apelación (fs. 826 reverso, 862-866).

LA SENTENCIA RECURRIDA

En la sentencia impugnada, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá señaló que el material probatorio incorporado al proceso le permitió emitir una declaración de culpabilidad contra B.A.G., frente al cargo formulado por haber intentado causar la muerte de los señores SONY FERNÁNDEZ, A.G. Y ALEXANDER CHUNA, no así, respecto a D.O.S., quien fue absuelto de los cargos formulados.

En lo referente a A.G., tomó en consideración su admisión de culpabilidad; el señalamiento hecho en su contra por las víctimas, al acusarlo de ser la persona que les ocasionó las heridas con un cuchillo; la declaración del co imputado, D.O.S., quien dijo que fue su compañero, B.A., quien hirió a los ofendidos; que el cuchillo con doble hoja filosa fue encontrado en su posesión al momento de ser aprehendido por las unidades policiales, luego de darle persecución, según se observa en el informe de novedad suscrito por el Sargento S.M., del cual se ratificó mediante declaración jurada.

La absolución de D.G.O.S. giró en torno a que, si bien inició una pelea con J.L.G., no puede perderse de vista que, ni siquiera los ofendidos, lo vinculan como la persona que les causó las heridas y, aun cuando surgieron distintas versiones, todas coincidían en que las lesiones de las víctimas fueron causadas por B.A., lo cual, incluso éste, confirma, alegando que lo hizo en defensa de ORTEGA y de sí mismo.

El Ministerio Público alegó la presencia de dos armas blancas en el hecho investigado; sin embargo, ello no se consideró probado, pues en ninguna de las declaraciones que constan en el sumario se indica que vieron a D.O. con un arma blanca y el único que lo dijo en su primera declaración, luego dijo que no lo vio, sino que, más bien, supuso que así había sido, cuando se percató de que tenía una cortada en su cuerpo. De allí que sólo se acreditó la existencia del arma blanca encontrada en poder de B.A..

Respecto a la manifestación de la representante del Ministerio Público en cuanto a que D.O. azuzó a B.A. para que usara el arma blanca el día del incidente, tampoco se consideró probado, pues siendo algo tan relevante, se pregunta el A quo cómo es que ninguno de los declarantes lo mencionara, además de que el co procesado D.O. manifestó no tener conocimiento que su compañero tuviese un arma, con lo cual coincidieron varios compañeros de trabajo del procesado, cuando rindieron declaración jurada en el expediente.

Al dosificar la pena del sentenciado B.A., se aplicó el artículo 131 del Código Penal, vigente al momento que se cometió el delito, donde se sanciona de 10 a 20 años de prisión a quien cause la muerte de otro y, al tratarse de la modalidad imperfecta del delito, se aplicó el artículo 82 del Código Penal. Lo anterior implica que el Segundo Tribunal calificó como simple, el homicidio tentado cometido en perjuicio de tres víctimas.

El Ministerio Público solicitó, se adecuara el hecho a un homicidio agravado, alegando la agravante de motivo intrascendente, lo cual se consideró no acreditado, pues existen versiones encontradas en torno a las razones que motivaron el hecho investigado, por lo que siendo ello así, no pueden tenerse como probados los motivos intrascendentes.

Para fijar la pena base, la sentencia se basó en los numerales 2, 5 y 7 del artículo 79 del Código Penal, referentes al valor o la importancia del bien que, en este caso, es el bien jurídico de mayor tutela en nuestra legislación, por ser la vida humana; las circunstancias de modo que acompañaron la ejecución del hecho investigado, en donde una persona, auxiliada por un cuchillo de doble hoja, agredió a otras y fue quien mantuvo el dominio del hecho durante todo el suceso, pues era el único armado; las demás condiciones personales del sujeto activo o pasivo, cuando la ley no las considere elementos del delito o circunstancias especiales, que en el presente caso, el sujeto no tenía problemas psiquiátricos o psicológicos, es imputable y no tiene antecedentes penales.

También señaló que no cabía aplicar los artículos 88 y 90 del Código Penal.

Además, por tratarse de un concurso real o material de delitos, pues el sujeto ejerció tres acciones distintas o independientes, al herir a tres personas que estaban ubicadas en posiciones distintas, se aplicó el numeral 1 del artículo 86 del Código Penal, en concordancia con el tercer párrafo del artículo 52 de la misma norma, procediendo a adicionar y acumular las tres penas. Es así que la pena base para cada caso, quedó en Siete (7) años de prisión, por lo que, al sumarlas, le queda por cumplir una pena de Veintiún (21) años de prisión y como pena accesoria, la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de Cinco (5) años, una vez cumplida la pena principal.

Con todo esto el Tribunal Superior estableció y justificó la pena impuesta.

DISCONFORMIDAD DE LOS APELANTES

Se trata de tres apelaciones, una donde el Ministerio Público manifiesta su desacuerdo con la absolución de D.O.; las otras dos son del procesado B.A. y su defensor particular, Licenciado C.G.V..

Dentro del término procesalmente hábil, la M.A.B.F., F. Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, sustentó el recurso de apelación promovido contra la sentencia de grado, manifestando su desacuerdo con la absolución del procesado, D.G.O.S., solicitando, se dicte una sentencia condenatoria en su contra por el delito imputado, pues considera que se probó su participación en el hecho punible.

Señala que fue D.G.O.S. quien provocó la situación que generó el Homicidio Doloso Agravado, en grado de Tentativa, sólo para crear el ambiente de confrontación con las víctimas que, pacíficamente se retiraban a sus residencias, lo cual hizo iniciando una pelea con J.L.G., pero, al ver que estaba en desventaja, pidió a su compañero B.A. que sacara el cuchillo y lo agrediera, por lo que desencadenó la sangrienta escena que no culminó en muerte por la rápida acción policial, pero sí ocasionó severos daños internos y físicos de gran envergadura a las víctimas.

Además, según manifestó en su declaración la víctima A.E.G.B., en el momento en que ANDRADES saca el cuchillo de doble filo, para agredir a otra de las víctimas, él trata de ayudarlo, pero DAVIS se mete en el medio para evitar que él interviniera, resultando finalmente heridos J. y su persona, por lo que DAVIS tuvo participación activa en el delito investigado, ya que además, azuzó a su compañero y co procesado.

Por todo ello, solicita la Revocatoria de la Sentencia 1ra. Instancia N°07 del 10 de mayo de 2016, únicamente respecto a la Absolución de D.G.O.S., condenándolo por el delito de Homicidio Doloso Agravado, en grado de Tentativa (fs. 828-835).

Por su parte, tanto el sentenciado B.A., como su defensor LIC. C.G. presentaron, por separado, escritos de apelación contra la sentencia de primera instancia, manifestando su desacuerdo con la pena impuesta.

Ambos basan su apelación en que el procesado se declaró culpable durante el acto de audiencia y no cuenta con antecedentes penales, lo que se debió tomar como atenuante al dosificar la pena, partiendo de la mínima, indicando todos los perjuicios que sufrirá el sentenciado en la cárcel, durante el largo tiempo de su condena (fs. 857-861 y 862-866, respectivamente).

OPOSICIÓN A LOS RECURSOS DE APELACIÓN

El Licenciado J.M.M., defensor particular de D.G.O.S., manifestó su desacuerdo con la apelación de la F.ía, alegando que comparte las conclusiones del Tribunal A-quo, pues las constancias procesales indican que, si bien su representado inició una pelea con J.L.G., ninguna de las víctimas lo señala como la persona que provocó las heridas o que portara el arma blanca el día de los hechos; señala que, ni siquiera J.G. lo hace.

En cuanto a que su representado incitaba a su compañero B.A. a que sacara el arma y agrediera a las víctimas, considera que asiste razón al Tribunal Superior cuando señaló en la sentencia apelada su impresión porque, un hecho tan relevante como el azuzamiento, no fuese mencionado por todos los involucrados, ya que se encontraban allí; indica además, que su representado dijo en su indagatoria que no tenía conocimiento de que su compañero tuviera arma, pues nunca lo había visto con una.

Respecto a la existencia de dos armas blancas, indica que, si en algún momento de la investigación se habló de ello, sólo se encontró como evidencia una, la que estaba en poder de B.A., quien así lo aceptó. Además, D.O. fue aprehendido en el lugar de los hechos, pues no huyó y no se le encontró en posesión de arma alguna.

De allí que, aunque se aprecie con claridad por qué sucedieron los hechos, sí hay contundencia en apreciar que su representado no fue quien causó las heridas a las víctimas, sino que fue el co procesado, lo cual se confirma con su propia declaración de culpabilidad y con lo que fue declarado por las víctimas a lo largo de la instrucción sumarial. Por ello solicita, se confirme la sentencia apelada (fs. 851-853).

No se recibió escrito de oposición, respecto a los recursos de apelación promovidos por B.A. y su defensor.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Analizados los argumentos planteados por los recurrentes, en confrontación con las constancias procesales y la propia decisión apelada, corresponde a la S., conforme lo establece el artículo 2424 del Código Judicial, verificar lo pretendido por la censora.

El desacuerdo del Ministerio Público gira en torno a la absolución del procesado D.O., señalando que fue él quien provocó la situación objeto del presente proceso, pues, sin ninguna justificación, creó el ambiente de confrontación contra las víctimas y azuzó a su compañero para que sacara el arma blanca y agrediera a los ofendidos.

Al respecto, debemos coincidir con lo señalado en la sentencia, en cuanto a que ello no fue probado, pues, si bien este procesado inició la pelea, no ha quedado claro el porqué de la misma. En cuanto a que azuzó a su compañero para que sacara el cuchillo y agrediera a las víctimas, tampoco consta en las declaraciones de los ofendidos; es más, B.A. tampoco lo dijo; antes bien, sostuvo que sacó el arma para defenderse él y a su compañero, pero no dijo que éste le dijera que lo hiciera.

Respecto a la existencia de dos cuchillos en la escena, esto tampoco se probó, pues todas las víctimas hablan de un cuchillo y que el agresor era uno de los procesados, A.G.. Ello, aunado a que sólo hay como evidencia un cuchillo, que fue encontrado en poder de A.G. cuando huía de la escena del crimen y así fue aceptado por éste. Aun cuando uno de los agredidos hizo referencia en su primera declaración a una cortada, de la que se percató cuando estaba en el hospital con sus amigos, no se puede obviar que en otra declaración dijo que supuso que lo había cortado DAVIS, pero que no le vio ninguna cuchilla, sólo pensó que había sido él porque era con quien peleaba. De igual manera, en los informes policiales de aprehensión sólo se indica la presencia de un arma blanca, que es un cuchillo de doble filo y que no se encontró en poder de D.O., sino del otro procesado. De allí, la ausencia de elementos que acrediten la existencia de una segunda arma blanca.

Si bien, ambos procesados actuaron juntos en el hecho investigado, no se ha probado que D.O. fuera quien agredió a las víctimas y como nos encontramos frente a un caso de Tentativa de Homicidio, es necesario que ejecutara actos tendientes a causar la muerte a esas personas, lo cual no se probó, ya que se probó que quien lo hizo fue B.A., por lo que es correcta la apreciación y conclusión a la que llegó el Tribunal A-quo.

La señora F. se refiere a que el delito en estudio es Homicidio Doloso Agravado, en grado de Tentativa. Al respecto debemos recordar, que el Tribunal Superior explicó en la sentencia, que no se trata de un delito agravado, pues la circunstancia agravante específica alegada por la F.ía Superior, es decir, que el homicidio hubiese ocurrido por motivos intrascendentes, no fue acreditada con la investigación, pues existen versiones encontradas en torno a las razones que motivaron el hecho investigado. Es por ello, que al no tenerse demostrada con claridad la motivación que generó el presente proceso, mal se puede tener por demostrados los motivos intrascendentes.

Sobre esto, debemos tener claro qué es un motivo intrascendente o fútil. Es así que, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define el término Intrascendente como: “Que carece de importancia o gravedad.”; y el término Fútil: “De poco aprecio o importancia.”

Se observa entonces que, al hacer alusión a estos términos, nos referimos a situaciones que carecen de importancia y consistencia, que no guardan proporción con el delito cometido, por lo que, la calidad de los motivos no resultan ser una causa de justificación.

En cuanto a la doctrina y la jurisprudencia nacional, la obra Derecho Penal, Parte Especial, de la Doctora Aura Emérita Guerra de V., cita al autor P.P., quien da un concepto de lo que es un motivo fútil, diciendo que: “Son motivos fútiles los que frente al bien jurídico tutelado, tienen poca o ninguna importancia, tal es el caso de quien mata porque le contraría la presencia física del sujeto pasivo, su forma de caminar, reír, etc. (pág. 36)”

Por otro lado, ya esta S. se ha pronunciado sobre el tema en diversas ocasiones, por lo que sólo se mencionarán dos fallos.

El del 16 de noviembre de 2015: “El Motivo intrascendente se da por la ausencia de justificación válida que lleve al agente a lesionar el bien jurídico tutelado.”

En Fallo del 6 de diciembre de 2005 la S. Penal sostuvo que: “el motivo fútil es un elemento calificador del homicidio agravado, conceptuado por otras legislaciones como causa nimia, o ausencia de motivo real atendible, es el factor móvil de poca importancia o poca seriedad que determina a la voluntad del agente para que haga o no haga alguna cosa.”

De acuerdo a lo arriba señalado, se observa que, en este proceso, si bien da la impresión que los hechos acontecieron por un motivo fútil o intrascendente, no menos cierto es, que no se logró saber cuáles fueron los motivos que iniciaron la situación conflictiva que concluyó con las lesiones calificadas en homicidio en grado de tentativa que generaron la presente investigación, por lo que no es posible calificar el hecho como agravado, con base en dicha circunstancia específica. De allí, que asista la razón al Tribunal Superior cuando indica en la sentencia, que no se trata de un delito agravado conforme a la causal de motivo intrascendente, pues ello no fue probado con la investigación.

Para que se configure la agravante solicitada por el Ministerio Público, se necesitaría la existencia de pruebas que demuestren que todo sucedió por gusto, o por ejemplo, porque algo que hizo alguno de los miembros del grupo, o todos, le molestó al atacante, o que era un requisito para ingresar a una pandilla, o alguna otra excusa baladí, sin importancia suficiente para justificar lo acontecido; nada de lo cual se probó que hubiese sucedido en el presente caso, pues nunca quedó claramente establecida la causa que llevó al salvaje ataque sufrido por las víctimas. De allí que no sea acertado su reclamo, pues fue correcta la decisión del Tribunal Superior.

Por otra parte, en cuanto a las censuras ejercidas por el procesado B.A. y su defensor técnico, si bien los argumentos giran en torno a la penalidad impuesta, alegando que no se tomaron en cuenta elementos beneficiosos al procesado, al examinar el expediente y la sentencia recurrida, se observa que el planteamiento hecho por el Segundo Tribunal Superior referente a la vinculación tanto objetiva como subjetiva del procesado fue acorde a derecho y a la sana crítica, con lo cual llegó al quantum de la sanción impuesta, tomando en cuenta que se trata de un concurso real de delitos, lo cual fue claramente explicado en la sentencia.

Se observa además, que la pretensión de ambos recurrentes gira en torno a que se reconozcan como atenuantes a favor de B.A., aspectos que nada tienen que ver con circunstancias agravantes comunes, sino con situaciones que, en todo caso serían susceptibles de evaluación al verificar los parámetros que, de conformidad con el artículo 79 del Código Penal, deben atenderse al individualizar judicialmente la pena.

Sin embargo, en cuanto a la dosificación de la pena, se debe recordar que esta S. se ha pronunciado en numerosas ocasiones, indicando que ésta se realiza conforme a un ejercicio discrecional del juzgador de grado, tal como se constata de los extractos jurisprudenciales que se citan a continuación:

... debe respetarse la discrecionalidad del juez al fijar la pena base dentro del intervalo penal contentivo de la punibilidad aplicable al delito, o sea, la individualización judicial por antonomasia que hace el juez de la causa en uso de sus facultades legales, considerando los elementos de juicio del proceso respecto de la persona del sujeto activo del delito (Fallo del 4 de marzo de 1997).

En este contexto se precisa que la operación jurídica dirigida a dosificar la pena, forma parte de las funciones del órgano juzgador, quien esta investido de la facultad y responsabilidad legal para fijar discrecionalmente la pena base imponible, dentro de los límites fijados para cada delito, siendo indispensable que este ejercicio sea contruido con una adecuada motivación, en atención a los factores previstos en el artículo 79 del Código Penal vigente desde el año 2008, en función de las particularidades del sujeto responsable o de las circunstancias del hecho punible...

En este sentido, el examen jurídico que puede realizar el tribunal de Apelación respecto a la dosificación de la pena, debe respetar la potestad del juzgador de instancia, y solamente cuando se acrediten censuras que acrediten la existencia de visos de ilegalidad, puede resultar meritorio proceder con una rectificación de este ejercicio jurídico (Fallo del 23 de junio de 2009).

Siendo todo esto así, los argumentos de los recurrentes no revisten la fortaleza suficiente para demostrar que el Segundo Tribunal Superior de Justicia erró en la ponderación del caudal probatorio, constatándose que la decisión recurrida fue correcta y conforme a derecho, así como la sanción aplicada, por lo que lo correspondiente en derecho será confirmar la decisión impugnada en todas sus partes, y a ello se procede.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA en todas sus partes, la SENTENCIA 1ra. N°07 del 10 de mayo de 2016, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del proceso seguido a B.A.G., declarado penalmente responsable y DAVIS G.O.S., absuelto de los cargos formulados, por la comisión del delito de Homicidio en grado de Tentativa, en perjuicio de SONY FERNÁNDEZ, A.G. Y ALEXANDER CHUNA.

N. y Cúmplase,

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E.

ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria Judicial)

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