Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 4 de Enero de 2019

Ponente:Jerónimo Mejía E.
Fecha de Resolución: 4 de Enero de 2019
Emisor:Segunda de lo Penal

VISTOS:

Por celebrada la audiencia oral y pública del incidente de objeciones formalizado por el doctor A.O.D.S. que fue sustentado por el licenciado A.O.D. DE LEÓN, apoderados judiciales del ciudadano de nacionalidad guatemalteca R.E.S. DE LA ROCA, contra la Resolución Ministerial Nº 1425 de 30 de agosto de 2018, por la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores estima procedente la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de la República de Guatemala contra el requerido con fundamento en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y en la Convención sobre Extradición de Montevideo de 1993, corresponde a la S. Segunda de lo Penal resolver el presente negocio.

  1. LOS HECHOS

    El Gobierno de la República de Guatemala solicitó al Gobierno de la República de Panamá la extradición de R.E. DE LA ROCA, quien es requerido por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal para procesos de M.R. “A” del Departamento de Guatemala, por la presunta comisión de los Delitos de Asociación Ilícita, Lavado de Dinero u otros activos y Uso de Documentos Falsificados.

    Por lo anterior, la Embajada de Guatemala con sede en Panamá tramitó la solicitud de detención preventiva a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Autoridad Central para los procesos de extradición. De dicha pretensión se le dio traslado a la F.ía Superior de Asuntos Internacionales, entidad que emitió la Resolución N° 83-17 de 10 de marzo de 2017 por la cual se ordenó la aprehensión de R.E.J. DE LA ROCA.

    Posteriormente, el 18 de julio de 2017 se llevó a cabo la audiencia de control de Legalización de Aprehensión ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, el cual ordenó la detención provisional con fines de extradición, fijando el plazo de sesenta (60) días para que el Estado requirente formalizara la solicitud de extradición.

    La Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó a las autoridades guatemaltecas que el plazo para formalizar la solicitud de extradición contra JUÁREZ DE LA ROCA vencía el 15 de septiembre de 2017 y, dentro del plazo, mediante Nota NV-AJ-MIRE-2018-14376 de 28 de junio de 2018, solicitó a la Embajada de Guatemala en Panamá información adicional relacionada al proceso de extradición, consistente en la siguiente documentación:

    Copia autenticada o apostillada de la orden de arresto y del auto de enjuiciamiento o de prisión preventiva relacionada al caso del señor J. De La Roca. Sobre el particular, tenemos a bien resaltar que en la solicitud de detención preventiva con fines de extradición remitida por la Embajada de Guatemala se adjuntó la Orden de Aprehensión C-01077-2009-2510-Cf.5°, emitida por la licenciada C.P.F.P., Juez Primero de Primera Instancia Penal de M.R. “A”, sin embargo este documento no fue apostillado o autenticado como es exigido en el artículo 522 del Código Procesal Penal de la República de Panamá.

    Se solicita copia autenticada o apostillada del Código Penal (Decreto 17-73) del Congreso de la República de Guatemala) donde se establece la pena para el delito de falsificación de documentos. Sobre el particular, tenemos a bien resaltar que tanto la solicitud de detención preventiva con fines de extradición como la solicitud formal de extradición citan el artículo 325 del Código Penal de la República de Guatemala, el cual establece que la persona que usa documentos falsificados será sancionado con igual pena que la correspondiente al autor de la falsificación pero no se menciona la pena a la que se hace referencia.

    Agrega la misiva que la información adicional debería ser suministrada dentro del término de treinta (30), días contados a partir de la entrega de la misma a la Embajada de Guatemala, en seguimiento a lo establecido en el artículo 524 del Código Procesal Penal.

    La mencionada nota fue reiterada a través de la NV-AJ-MIRE-2018-17388 de 27 de julio de 2018, en la cual se señala que el término de treinta (30) días comenzó a partir del día 3 de julio de 2018 cuando la nota NV-AJ-MIRE-2018-14376 fue entregada a la Embajada de Guatemala y se indicó que “la no entrega de la información solicitada, implicará el levantamiento de la detención provisional ordenada en contra del señor J. De La Roca en concordancia con lo establecido en el artículo 526 del Código Procesal Penal”.

    Con base en lo anterior, la Embajada de Guatemala en Panamá remitió la documentación solicitada a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados el 2 de agosto de 2018, mediante correo electrónico enviado a las siete y cincuenta de la noche (7:50 P.M.).

    Vencido el plazo de formalización de la extradición, el 25 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la audiencia en la cual el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial dictó la Orden de Arresto contra R.E.J. DE LA ROCA por un término de sesenta (60) días para que el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunciara definitivamente respecto del pedido de extradición.

    El 4 de octubre de 2017 la defensa técnica de R.E.J. DE LA ROCA interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia una acción de hábeas corpus contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue resuelta mediante Sentencia de 28 de mayo de 2018, resolución en la cual se declaró legal la medida cautelar privativa de la libertad corporal.

    Luego, el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante la Resolución Ministerial Nº 1425 de 30 de agosto de 2018, accedió a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de la República de Guatemala, con fundamento en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención sobre Extradición de Montevideo de 1993, el Código Penal y el Código Procesal Penal de la República de Panamá.

  2. EL INCIDENTISTA

    El doctor A.O.D.S. presentó en tiempo oportuno ante la S. de lo Penal el incidente de objeciones a favor de R.E.S. DE LA ROCA con base en el artículo 532 y los numerales 2, 3 y 4 del artículo 533, ambos del Código Procesal Penal, indicando en lo medular de su pretensión que “se puede advertir con suma claridad alteraciones en el procedimiento que establecen las normas para la materia que nos ocupa” y que el recurso básico y fundamental del hábeas corpus que le “fue negado en razón de que las instancias anteriores y previas, incumplieron los términos para los debidos apostillamientos de los documentos remitidos en copias simples por la Honorable Embajada de Guatemala”.

    En el Acto de Audiencia efectuado el 19 de noviembre de 2018, actuó como abogado sustituto el licenciado A.O.D. DE LEÓN, quien manifestó que la incidencia propuesta la sustentaba en la causal contenida en el numeral 2 del artículo 533 del Código Procesal Penal, que establece la improcedencia de la solicitud de extradición por los defectos de forma de que adolezcan los documentos presentados.

    En ese sentido, el incidentista alega que se han violado las garantías del señor R.E.S. DE LA ROCA, haciendo referencia en primer lugar a que la Embajada de Guatemala con sede en nuestro país presentó la solicitud de extradición aportando documentos en copias simples, no estaban debidamente autenticados ni apostillados, lo que motivó que se interpusiera una acción de hábeas corpus a favor de su mandante y la Corte respondió que consideraba que los documentos estaban autenticados o apostillados y se declaró legal la detención preventiva con fines de extradición.

    Explica que le llama mucho la atención que luego de que las partes fueran notificadas de la decisión de esa acción constitucional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con base en el artículo 524 del Código Procesal Penal “le extiende un término de 30 días a la Embajada de Guatemala a fin de que subsane el hecho de que los documentos con los que estaban sustentando su solicitud de extradición no estaban debidamente autenticados ni apostillados”, por tal motivo les solicitan dos documentos, los cuales son: 1. Copia certificada de la orden de aprehensión girada con fecha 2 de diciembre de 2013 por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de M.R. “A” con relación al proceso seguido al sindicado R.E.J. DE LA ROCA por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y uso de documentos falsificados, y, 2. F. certificada de los preceptos legales que regulan las figuras delictivas por las cuales se solicita su extradición.

    Indica el censor que esta nota fue puesta en conocimiento de la Embajada de Guatemala el día 3 de julio de 2018 y fue hasta el último día del término, 2 de agosto de 2018, que remitió o envió vía electrónica un correo anexando los dos documentos requeridos. En esos documentos adjuntos cumplieron con certificar la orden de aprehensión por el secretario del Juzgado Primero y con la fotocopia de los artículos que regulan los delitos en Guatemala, que fueron impresos de la Página del Diario de Centroamérica que trabaja ligada al Ministerio de Gobierno de Guatemala y fue certificado por la secretaria de dicha institución.

    Luego, mediante una nota fechada 2 de agosto de 2018, la licenciada V.P., F. de la Sección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Guatemala le remite un oficio al S. General, R.E.L.C. a fin de autenticar esa firma y subsanar la documentación que no estaban apostillados ni autenticados.

    Agrega que dichos documentos sí fueron autenticados y certificados por las autoridades de la República pero no están debidamente autenticados o apostillados, solamente apostillaron la nota del S. General del Ministerio Público por la cual remite los documentos solicitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá para completar la solicitud de extradición, por lo que estima se han vulnerado las garantías contenidas en el artículo 17 de la Constitución Política que establece que el Estado debe velar por los derechos de los nacionales al igual que los derechos de los extranjeros; el artículo 22 de la Constitución Política y el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como los artículos 13 y 14 de la Constitución Política de Guatemala, referentes a la Presunción de Inocencia y el Derecho de Defensa.

    Estima que R.E.J. DE LA ROCA quedó en indefensión, porque no se le ha permitido tener acceso a las piezas procesales a sus apoderados judiciales en su país y que “esta defensa ha hecho a ciegas” su gestión en lo que corresponde al proceso de extradición. Considera que es viable negar la extradición con base en las causales facultativas que señala el numeral 12 del artículo 520 del Código Procesal Penal que establece que “la persona buscada no tenga las garantías mínimas de un juicio justo en los procesos penales en el Estado solicitante”.

    En ese sentido, apunta que en la génesis del proceso se señala que JUAREZ DE LA ROCA es testaferro y mantiene antecedentes penales, pero consta que el historial policivo está limpio, no ha sido procesado ni sancionado por procesos penales anteriores y como se indica que es un testaferro también se presentó certificación registral debidamente apostillada que no mantiene propiedades inscritas a su nombre.

    Por tanto, solicita que se revoque la Resolución Ministerial N° 1425 de 30 de agosto de 2018, por los defectos de forma de que adolezcan los documentos presentados, en vista de que no se adjuntaron los documentos debidamente apostillados.

  3. LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

    En la audiencia intervino, en representación del Ministerio Público, el F. Adjunto de la F.ía Superior de Asuntos Internacionales, licenciado A.A.C., quien manifestó que las causales de objeción alegadas por el incidentista no prosperan, con base en los siguientes planteamientos:

    La Corte Suprema de Justicia al resolver la acción de Hábeas Corpus lo hizo negando el mismo porque considero que se habían cumplido con todos los requisitos legales para la extradición: los documentos fueron presentados en debida forma y debidamente apostillado.

    Agrega que por lo anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores antes de pronunciarse definitivamente sobre el pedido de extradición solicitó información adicional conforme al artículo 524 CPP y la Embajada de Guatemala con sede en nuestro país mediante Nota Verbal N° 434/02/18 de 2 de agosto de 2018, presenta la documentación solicitada debidamente apostillada, tal como consta en el documento de apostilla aportado con dicha documentación cuya copia también fue remitida a la F.ía Superior de Asuntos Internacionales mediante la nota AJMIRE- 2018-1849 del 3 de agosto de 2018.

    Indica que la documentación que está debidamente apostillada es la firma del licenciado R.E.L.C., S. General del Ministerio Público, por la República de Guatemala, específicamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, con base en la Convención de la Apostilla, de la cual es parte la República de Panamá como la República de Guatemala.

    Respecto de la alegada violación a la presunción de inocencia y el debido proceso aducida con base en el numeral 2 del artículo 520 del Código Procesal penal, el F.A. CASTILLO señala que no hay constancia dentro del cuadernillo, solo se cuenta con las argumentaciones de la defensa de estas posibles violaciones. Expresa que JUAREZ DE LA ROCA no es perseguido político ni está siendo juzgado por ninguno delito que sea considerado de ésta índole, pues está siendo requerido para responder por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y falsedad de documentos.

    Concluye señalando que nuestro proceso de extradición no tiene como propósito juzgar a la persona dentro del territorio nacional sino que ésta tendrá la posibilidad de ejercer su derecho de defensa dentro del Estado que lo está solicitando, toda vez que se trata de un proceso de extradición por juzgamiento y siendo una facultad del Ejecutivo negar la extradición con base en el numeral 12 del artículo 520, no corresponde a la S. de lo Penal pronunciarse sobre esta potestad facultativa del Ministerio de relaciones Exteriores de conceder o no la extradición.

  4. CONSIDERACIONES DE LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL

    El proceso de extradición se rige por los tratados en los que la República de Panamá sea parte y en esta oportunidad el Estado requirente aduce como fundamento de derecho la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en Palermo, Italia, y la Convención sobre Extradición, suscrita el 26 de diciembre de 1933, en la Séptima Conferencia Internacional Americana, celebrada en Montevideo, Uruguay, instrumentos internacionales de los que son Estados Parte la República de Panamá$ y la República de Guatemala.

    La Convención sobre extradición de Montevideo señala en su artículo 8 que “el pedido de extradición será resuelto de acuerdo con la legislación interior del Estado requerido; y, ya corresponda, según el poder judicial o al poder administrativo. El individuo cuya extradición se solicite podrá usar todas las instancias y recursos que aquella legislación autorice”.

    Por su parte, la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional establece en el numeral 7, artículo 16, que “la extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición”.

    Con base en lo anterior, para los fines de resolver la incidencia propuesta, resultan aplicables las disposiciones del Código Procesal Penal relativas a la extradición pasiva.

    En ese sentido, la causal de objeción alegada por el licenciado DAWKINS DE LEÓN en el acto de audiencia radica en “Los defectos de forma de que adolezcan los documentos presentados”, descrita en el numeral 2, artículo 533 del Código de procedimiento penal, argumentando que la documentación aportada, esto es, la copia de la orden de aprehensión girada el 2 de diciembre de 2013 por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de M.R. “A” y la fotocopia de los preceptos legales que regulan las figuras delictivas por las cuales se solicita su extradición, no cumplen con las formalidades legales de haber sido debidamente apostilladas o autenticadas, porque “solamente apostillaron la nota del S. General del Ministerio Público por la cual remite los documentos solicitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá para completar la solicitud de extradición”.

    Respecto de ello, el artículo 522 de la ley procesal penal que regula la autenticación prevé que “la solicitud de extradición y los documentos que la apoyan, así como cualquier documento u otros materiales suministrados en el proceso por la autoridad requirente, deberán estar autenticados por el agente consular panameño correspondiente o con la legalización impresa por la vía de la apostilla, cuando ello sea posible”.

    Es decir, la autenticación tiene dos procedimientos distintos: 1. El trámite de autenticación por el agente consular panameño correspondiente; o, 2. la legalización impresa por la vía de la apostilla.

    El Gobierno de la República de Guatemala aportó la documentación adicional requerida por las autoridades panameña con la legalización impresa por la vía de la apostilla, lo que nos remite a la ley 6 de 1990, “Por la cual se aprueba el Convenio por el que se suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros”$, de la cual el Estado panameño también es parte.

    La excerta legal en cita indica que “se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado contratante” entre los cuales se enlistan en el literal a) del artículo 1 “los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del ministerio público, o de un secretario, oficial o agente judicial;…”.

    Además, el artículo 2 señala lo siguiente:

    Cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique el presente Convenio y que deban ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido del presente Convenio, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente.

    En el caso en estudio se advierte que la documentación apostillada proviene del S. General del Ministerio Público de la República de Guatemala, doctor R.E.L.C., quien con su firma refrendó la Nota identificada como REF. EXTRADICIÓN 026-2016 ACTIVA REPÚBLICA DE PANAMÁ, de 2 de agosto de 2018, por la cual la F. de Sección de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, licenciada V.E.P.V., manifestó lo siguiente:

    Adjunto a la presente, en expediente compuesto de catorce (14) folios, encontrará las actuaciones que se detallan a continuación, las cuales resultan necesarias para ser incorporadas a nuestro pedido formal de extradición del ciudadano guatemalteco R.E.J. DE LA ROCA, dirigido a la República de Panamá, con fundamento en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y en la Convención sobre Extradición (Montevideo de 1933), a quien se reclama para que enfrente proceso penal por los delitos de Asociación Ilícita, Lavado de Dinero u Otros Activos y Uso de Documentos Falsificados. Las actuaciones se remiten para la legalización de la firma de la suscrita F. de Sección Encargada, para así proceder a su envío a la autoridad requerida. La documentación relacionada consiste en:

    Copia certificada de la orden de aprehensión girada con fecha 02 de diciembre de 2003, por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal para Procesos de M.R. “A”, en contra del sindicado R.E.J. de la Roca por los delitos de Asociación Ilícita, Lavado de Dinero u Otros Activos y Uso de Documentos Falsificados, emitida por la Secretaria de la citada judicatura con fecha -02 de agosto de 2018.

    F. certificadas de los preceptos legales que regulan las figuras delictivas por las que se requiere la formal extradición de R.E.J. de la Roca (Asociación Ilícita, Lavado de Dinero u Otros Activos y Uso de Documentos Falsificados); las cuales fueron incorporadas mediante oficio No. OF-DGDCAyTN-SG-0148-2018/M-ar de fecha 31 de julio de 2018 de la Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional (F.1138).

    La S. observa que la orden de aprehensión cuenta con la firma del S. del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal para Procesos de M.R. “A”, licenciado J.L.R.F., quien certifica la originalidad y autenticidad del documento, y con los sellos de dicha dependencia (F.1143).

    Respecto de las fotocopias de los preceptos legales, se aprecia la nota OF-DGDCAyTN-SG-0148-2018/M-ar., que es la certificación extendida por la Secretaria General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional del Ministerio de Gobernación de la República de Guatemala, con una firma ilegible y debajo un sello a nombre de I.M., en la cual se da respuesta a la nota de 27 de julio de 2018 REF. UNIDAD ESPECIALIZADA DE ASUNTOS INTERNACIONALES EXTRADICIÓN 026-2016 ACTIVA REPÚBLICA DE PANAMÁ, que indica que adjunta lo siguiente:

    F. certificada de la publicación en el Diario de Centro América número 21-2006 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Contra la Delincuencia Organizada, específicamente el artículo 4.

    F. certificada de la publicación en el Diario de Centro América del Decreto número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, Código Penal, específicamente el artículo 322.

    F. certificada de la publicación en el Diario de Centro América número 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala, específicamente de los artículos 2 y 4.

    La mencionada información mantiene un sello de recibido de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de 31 de julio de 2013 y cada una de las disposiciones legales cuenta con la certificación extendida por la Secretaria General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional, del Ministerio de Gobernación de la República de Guatemala (Fs.1144-1152).

    Tanto la orden de aprehensión como las fotocopias de las disposiciones legales cuenta con las certificaciones de las autoridades judiciales y administrativas encargadas de la custodia de dichos documentos públicos, fueron aportadas por el Ministerio Público y remitidas a través de la vía diplomática, por lo que se utilizó el conducto oficial para el envío de la documentación y por razón de la apostilla, como lo establece el artículo 2 de la Ley 6 de 1990, toda la documentación queda eximida de legalización por parte de las autoridades panameñas.

    Por consiguiente, los documentos cumplen con las formalidades legales para su validez en el Estado panameño, lo que hace improcedente el vicio alegado por el incidentista a través de la causal del numeral 2 del artículo 533 del Código Procesal Penal.

    La S. procede a analizar los argumentos del censor sobre las aplicación del numeral 12 del artículo 520 del Código Procesal Penal, que establece como causal para negar el pedido de extradición que “la persona buscada no tenga las garantías mínimas de un juicio justo en los procesos penales en el Estado solicitante”. De acuerdo al recurrente el señor R.E.J. DE LA ROCA quedó en indefensión porque no se le ha permitido tener acceso a las piezas procesales a sus apoderados judiciales en su país y que “esta defensa ha hecho a ciegas” su gestión en lo que corresponde al proceso de extradición.

    Respecto de lo anterior, la Corte expresa que las causales para negar la extradición a que hace referencia el mencionado artículo 520 son facultativas del Órgano Ejecutivo, es decir, no son reclamables jurisdiccionalmente a través de un incidente de objeciones, pues su reconocimiento y aplicación competen exclusivamente al Órgano Ejecutivo.

    En mérito de todo lo expuesto se concluye que la solicitud de extradición cumple con los presupuestos que hacen viable acceder a lo pedido por el Gobierno de la República de Guatemala, lo que hace procedente la entrega del señor R.E.J. DE LA ROCA para que comparezca ante la autoridades para su juzgamiento, en donde podrá ejercer su derecho de defensa conforme a los recursos y acciones que contemple el derecho interno del Estado requirente.

  5. PARTE RESOLUTIVA

    En consecuencia, la Corte Suprema, S. Segunda de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA el incidente de objeciones formalizado por el doctor A.O.D.S., contra la Resolución Ministerial Nº 1425 de 30 de agosto de 2018, por la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores estima procedente la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de la República de Guatemala contra el ciudadano de nacionalidad guatemalteca R.E.S. DE LA ROCA, sindicado por la presunta comisión de los Delitos de Asociación Ilícita, Lavado de Dinero u otros activos y Uso de Documentos Falsificados.

    N..

    JERÓNIMO MEJÍA E.

    JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ

    JOSE ISRAEL CORREA GARCIA (Directora de la Oficina Judicial)

    $ Ley 23 de 2004, publicada el 16 de julio de 2004 en la Gaceta Oficial 25095 y Ley 4 de 1938, publicada el 27 de septiembre de 1938, Gaceta Oficial N° 7881 de 5 de octubre de 1938, respectivamente.

    $ Publicada el 3 de julio de 1990 en la Gaceta Oficial N° 21571.