Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 28 de Julio de 2019

PonenteLuis Mario Carrasco M.
Fecha de Resolución28 de Julio de 2019
EmisorSegunda de lo Penal

Vistos:

Procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, se recibe en la S. Penal el Recurso de Apelación interpuesto por el L.. L.O.S.F., contra la Sentencia de 1ra instancia N° 15 fechada 4 de julio de 2016, por la cual se condena a E.E.F. DE LEÓN a la pena de quince (15) años de prisión, como autor del delito de Homicidio, en perjuicio de A.C. (q.e.p.d.).

El Ministerio Público ha estado representado por la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mientras que la defensa de E.E.F. DE LEÓN está a cargo del L.. L.O.S.F., por tanto, surtidos los trámites procesales, el recurso se concedió en el efecto suspensivo, sin que la contraparte haya hecho uso de su derecho a oponerse. (fs.388)

De acuerdo a los hechos narrados por el testigo presencial O.A.V.R. el 26 de septiembre de 2013, como a las nueve de la mañana se encontraba en el apartamento 4D ubicado en el sexto piso de la Multi N° 4 de B., cuando llegó a visitarlo su amigo A.C. quien lo invitó a su casa a fumar, por lo que se dirigieron al piso 12 de la Multi N° 5 y al llegar se cambió de ropa y de inmediato bajaron, pero al encontrarse en el piso siete fueron emboscados por dos personas que salieron del pasillo, a los que conoce como G. y C.N., este último menor de edad, como de 15 años, quienes tenían pistolas en sus manos, los sujetos comenzaron a dispararle a su amigo quien les respondió con su arma 9mm.

Cuando comenzaron a tirar bala C.N. lo comenzó a perseguir (al testigo) hasta el piso 8 y la mamá de C. le abrió la puerta, informándole él que habían abaleado su hijo por lo que bajaron hasta el piso 7 y su amigo estaba tirado en el piso, todavía consiente, él le informó a la policía quienes eran los responsables de agredir a su amigo y les dijo los lugares donde podían haberse escondido, resultando él amenazado de muerte cuando estuvo en la sub estación de policía.

De acuerdo al testigo la agresión se produjo por rivalidad entre pandillas, peleando territorio, los agresores son de la pandilla calor calor, mientras que él y su amigo difunto son B.D..

DISCONFORMIDAD DEL RECURRENTE.

Mediante memorial presentado en forma oportuna el L.. L.O.S.F. sustenta el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia N° 15 fechada 4 de julio de 2016, que declara Culpable a E.E. FORBES DE LEÓN y lo condena a la pena de quince (15) años de prisión, como autor del delito de Homicidio.

La audiencia se desarrolló con jurado de conciencia, quienes determinaron la responsabilidad de FORBES DE LEÓN con la muerte de A.C. y profirieron un veredicto de culpabilidad en su contra, correspondiendo al Tribunal únicamente la imposición de la pena, previa valoración de los factores señalados en la ley para ese efecto.

Conforme expone el apelante su disconformidad está relacionada con el monto de la pena fijada en doce años de prisión, habiendo considerado el Tribunal los factores contenidos en los numerales 1 y 2 del artículo 79 del Código Penal, que se refieren a la magnitud de la lesión en razón de que se privó de la vida a una persona lesionando el bien más importante para un individuo, y las circunstancias de modo tiempo y lugar debido a que también se puso en peligro la vida del testigo presencial cuando el sindicado dispara contra la víctima en presencia del testigo.

Por otro lado, el Tribunal tomó en cuenta también para la fijación de la pena el historial penal y policivo de FORBES DE LEÓN, en el cual se apreciaba una condena anterior del Juzgado Segundo Municipal de Panamá, por delito contra el patrimonio, impuesta el 23 de julio de 2007, es decir que a la fecha de la comisión de este nuevo delito (26 de septiembre de 2013) no han transcurrido los 10 años a que se refiere 102 del Código Penal, por lo que en atención a su condición de reincidente se le adiciona una cuarta parte que corresponde a tres años, resultando que debe cumplir una pena total de quince años de prisión.

El apelante se encuentra disconforme con ambos argumentos, porque el artículo 131 del Código Penal establece para este delito pena mínima de 10 años de prisión, que a su juicio es la que se debió aplicar porque es la que estableció el legislador para castigar la violación de este bien jurídico protegido y con este monto se cumplen los fines de la pena.

En cuanto a la aplicación del numeral 2 del artículo 79 del Código Penal, el letrado pone de manifiesto su disconformidad en la consideración de este numeral para fijar la pena base, por la puesta en peligro de la vida del testigo presencial O.A.V., porque estima que no es aplicable debido a que en el proceso no hay elementos que indiquen que la vida del testigo estuvo en peligro, por lo que solicita que estos dos elementos del artículo 79 del Código Penal, no sean tomados en cuenta.

En torno a la segunda objeción formulada relativa a la consideración de la reincidencia de FORBES por una condena anterior, basado en lo preceptuado en el artículo 102 del Código Penal, el letrado indica que FORBES cumplió aquella pena de la manera que establece la ley por un hecho que no guarda relación con este homicidio, y la norma penal (artículo 102 CP) es clara al indicar que la persona debe ser considerada delincuente primario al transcurrir 10 años durante los cuales no debe ser sancionado o sentenciado; al contrario de lo que sustenta el juzgador quien dice que su representado cometió el hecho el 26 de septiembre de 2013, tomando la fecha de la comisión del delito para el cálculo de los diez años, cuando la fecha a tomarse en cuenta es la de la sentencia de su mandante y es necesario que la sentencia este en firme y ejecutoriada lo cuanlno ocurre así porque estamos en la etapa de la impugnación con el presente recurso de apelación.

A juicio del apelante con esta errónea interpretación de la ley se ha afectado el principio de estricta legalidad por que aplicó la sanción bajo un precepto no contemplado en la norma.

Finalmente indica el defensor que su mandante está dispuesto a asumir su responsabilidad y consecuentemente manifiesta su arrepentimiento y su deseo de pedir perdón a los familiares del occiso, pero objetan la cuantía de la pena aplicada y la dosificación, sobre todo porque el delito anterior por el que fue sancionado no era tan grave, se trataba de un delito de menor valor en cuanto al bien jurídico protegido y FORBES cumplió su condena como lo manda la ley.

Por lo anterior solicita que se reforme la sentencia y se establezca como sanción el mínimo establecido en el artículo 131 del Código penal.

SENTENCIA APELADA.

La sentencia condenatoria apelada N° 15 de 4 de julio de 2016 se avocó a la tarea de individualizar la pena aplicable a E.E.F. DE LEÓN, por el Homicidio de A.C., luego de transcribir el cuestionario que contiene el veredicto de Culpabilidad, emitido por el Jurado de Conciencia.

Para realizar esta tarea ubicaron los hechos en el artículo 131 del Código penal que sanciona con pena de diez (10) a veinte (20) años de prisión la conducta de causar la muerte a otra persona, habiendo descartado la existencia de modalidades agravadas del homicidio.

El Tribunal fija la pena base en doce (12) años, tomando en cuenta la magnitud de la lesión, atendiendo el hecho de que se le quitó la vida a una persona, con lo que se lesiona el bien jurídico más importante, como lo es la vida.

Tomo en consideración también las circunstancias de modo tiempo y lugar en razón de que cuando el procesado dispara contra la víctima el testigo estaba presente, por lo que también se puso en peligro la vida de éste. Estos factores corresponden a los numerales 1 y 2 del artículo 79 del Código penal.

Por otro lado, el Tribunal de instancia también consideró el historial penal y policivo del procesado en el cual se aprecia una condena anterior emitida por el Juzgado Segundo Municipal de Panamá, del 23 de julio de 2007, por delito contra el patrimonio, y a la fecha de la comisión del delito de homicidio que ahora juzgamos no han transcurrido los diez años, (art,102) por lo que en su condición de reincidente se le adiciona una cuarta parte que corresponde a tres (3) años, resultando que debe cumplir una pena de quince (15) años de prisión a la cual no se le aplicó ninguna de las circunstancias que en nuestra legislación son modificativas de la responsabilidad penal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA.

Conocidos los argumentos del apelante la S. entra a resolver la alzada sólo sobre los puntos censurados en el escrito de apelación, referentes a tres aspectos relacionados con la aplicación de los numerales 1 y 2 del artículo 79 del Código Penal y con la aplicación del artículo 102 que según el apelante fue mal interpretado y por tanto, mal aplicado en la determinación de la pena.

Con relación a la aplicación de los factores establecidos en el artículo 79 del Código penal, la S. ha realizado múltiples pronunciamientos en el sentido de que la aplicación de los mismos es discrecional del Tribunal de instancia, tal y como se define en la sentencia fechada 23 de abril de 2007 bajo la ponencia de la Magistrada G.D. en el proceso seguido por el delito de Homicidio a G.M. y otros:

Como se aprecia, el Tribunal Superior tomó en consideración la ausencia de antecedentes penales del imputado, al fijar la pena base, por lo que la tesis del recurrente, respecto a que la cualidad de delincuente primario debió conllevar a la imposición de la pena mínima prevista por el intervalo penal que consagra el artículo 132 del Código Penal, no tiene asidero jurídico, particularmente, porque, tal como hemos venido reiterando, el juzgador de la causa goza de discrecionalidad en la tarea de individualización de la pena, facultad que deriva del principio de independencia judicial.

Esa discrecionalidad, únicamente está limitada por los parámetros legales previstos para la dosificación de la pena, incorporados en el artículo 56 del Código Penal, los cuales fueron debidamente observados por el Tribunal.

(Nota: El artículo 56 del Código Penal de 1982, se corresponde con el artículo 79 del Código Penal de 2007).”

En otro proceso la S. se pronunció de la siguiente manera:

Ahora bien, el primer reclamo propuesto tiene que ver con la posibilidad de proceder con una disminución de la sanción aplicada, ya que se alega que a través de la individualización de la pena impuesta por el A-quo, no consideró a favor del sentenciado, su condición de delincuente primario.

Conforme se advierte, la pretensión del apelante se encuentra inmersa dentro del ejercicio jurisdiccional que efectúa el Tribunal de primera instancia, para individualizar la pena base aplicable al sujeto procesado. Por tal razón, resulta oportuno indicar que claramente se expresa en la ley penal, que el órgano juzgador está investido de facultades para fijar de forma discrecional la pena base imponible, dentro de los límites fijados para cada delito, siendo relevante además, que esta labor sea cimentada y explicada razonadamente, en atención a los parámetros de dosificación previstos en el artículo 56 del Código Penal anterior, en función de las particularidades del sujeto responsable o de las circunstancias del hecho punible

Lo anterior significa que el sustento de la individualización judicial, es un ejercicio de motivación específica que debe en todo momento desplegar el juez de la causa, enunciando con precisión los factores que considera aplicables a la situación jurídico procesal del sancionado y producto de esta labor, puede establecer la pena entre el mínimo y máximo contenido en el hecho antijurídico que se atribuye. Por tanto, resulta lógico que solamente en el evento que el juzgador, al aplicar los factores de dosificación de la pena, incurra en visos de ilegalidad significativos, podría resultar meritorio proceder en la alzada con una rectificación de este ejercicio jurídico. (Nota: El artículo 56 del Código Penal de 1982, se corresponde con el artículo 79 del Código Penal de 2007).

(El subrayado es de a S..)

En la causa bajo estudio el Tribunal colegiado de manera discrecional fijó la pena base en 12 años de prisión en consideración a los numerales 1 y 2 del artículo 79 del Código Penal, especificando textualmente que “para arribar a este monto el Tribunal ha tomado en consideración la magnitud de la lesión, en razón de que se le quitó la vida a una persona con lo que se lesiona el bien jurídico más importante de un individuo, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en razón de que conforme a las declaraciones del testigo presencial O.A.V.R., a plena luz del día (9:00 A.M.) el sindicado dispara contra la víctima cuando él (testigo) estaba presente poniendo en peligro igualmente la vida de éste. Los factores considerados corresponden a los numerales 1 y 2 del artículo 79 del Código Penal.”

Tal y como observamos, el Tribunal de instancia explicó los numerales que a su juicio justificaban la pena base de doce (12) años que impusieron, por lo que el juicio crítico expuesto por el apelante en su libelo constituye una apreciación muy subjetiva que no se compagina con el criterio del Tribunal que por estar enmarcado dentro de la legalidad, no amerita reforma alguna por parte de la S. Penal constituida en Tribunal de alzada.

En cuanto a la aplicación del último párrafo del artículo 102 del Código Penal que de acuerdo al apelante ha sido mal interpretado por el Ad Quo, cuando parte del 26 de septiembre de 2013 fecha de la comisión de este delito, como fecha para el cálculo de los diez años, cuando la fecha que debió tomar en cuenta es la fecha en que su mandante fue sentenciado, siendo necesario que esta sentencia este en firme y ejecutoriada, situación que no se produce debido a que la impugnación de la sentencia todavía está en curso, por tanto, no era posible aplicar la reincidencia justificando con ella el aumento de la pena en tres (3) años de prisión.

Para una mejor consideración trascribimos el último párrafo de la norma que alude a la reincidencia, artículo 102 del Código Penal.

Artículo 102: …………………………

Para los efectos de la ley penal, será considerado delincuente primario quien no ha sido sancionado o sentenciado por autoridad judicial competente dentro de los últimos diez años.

La norma citada parece estar incompleta debido a que no indica a partir de qué momento se empiezan a contar hacia atrás los últimos diez años, duda que desaparece si se examina esta norma en concordancia con el artículo 89 del mismo código que tipifica la reincidencia como una agravante que puede ser sancionada con una aumento de hasta una cuarta parte; el artículo 89 dice:

Artículo 89: Es reincidente quien después de haber cumplido una sentencia condenatoria sea declarado responsable por la ejecución de un nuevo hecho punible. En este caso, se le aplicará la sanción que corresponda al nuevo hecho aumentada hasta en una cuarta parte.

Sin embargo, la S. considera que el Tribunal Ad Quo erró al aplicar el aumento de la pena establecida por la reincidencia en una cuarta parte en el artículo 89 del Código Penal, haciendo referencia a los parámetros del artículo 102 que se refieren a la delincuencia primaria, siendo conceptos opuestos.

Para determinar si hubo o no reincidencia en atención a la condena anterior que de acuerdo a la certificación de antecedentes penales incorporada a folio 290 se produjo el 23 de julio de 2007, era necesario que se incorporara a este proceso una certificación del cumplimiento de la pena anterior, por cuanto el artículo 89 dice que es reincidente “quien después de haber cumplido una sentencia condenatoria sea declarado responsable por la ejecución de un nuevo hecho”; mientras que el artículo 102 dice que es delincuente primario quien no ha sido sancionado por autoridad judicial durante los últimos diez años, todo lo cual implica que para calcular los diez años que distancian al procesado de la delincuencia primaria debemos partir de la fecha en que se cumplió la primera pena, tal y como lo indica el artículo 89 citado, y contar hasta la fecha de la sentencia del nuevo hecho, la cual no es necesario que se encuentra en firme.

En el caso bajo estudio no se incorporó ningún documento que certifique en qué fecha se cumplió la pena que aparece descrita en la certificación de antecedentes penales incorporada al folio 290, información necesaria, máxime cuando en aquella oportunidad la pena de prisión fue convertida a días multa, según lo indica la misma certificación, pero no consta en autos constancia del cumplimiento de la pena, y esa fecha no puede ser deducida, debe ser acreditada documentalmente.

En ausencia de esa certificación el Tribunal no estaba en capacidad de determinar la reincidencia y por ello, tampoco estaba en capacidad de aumentar la pena en una cuarta parte, debiendo la S. proceder a dejar sin efecto el aumento de tres años de prisión a la pena base que fue fijada en doce años de prisión.

Por lo expuesto, considera la S. que resultan admisibles las alegaciones del impugnante en torno a la errónea aplicación de la agravante de reincidencia, de manera que la sentencia N° 15 de 4 de julio de 2016, debe ser REFORMADA, dejando sin efecto los tres años de prisión que fueron aumentados por la reincidencia, debido a que esta circunstancia no fue debidamente acreditada, quedando la pena líquida a cumplir en doce (12) años de prisión.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto la S. Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, REFORMA la Sentencia N° 15 de 4 de julio de 2016, CONDENA a E.E.F. DE LEÓN a la pena de doce (12) años de prisión, y CONFIRMA la sentencia en todo lo demás, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de A.C. (q.e.p.d.).

D..

MGDO. LUIS MARIO CARRASCO

MGDO. J.E.A.P.C.M.. HARRY A. DÍAZ

LCDA. E.V.D.O.

SECRETARIA

(fdo.) L.M.C.M.

(fdo.) J.E.A.P.C. (fdo.) H.A.D.G.

(fdo.) E.V.D.O.S.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR