Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 8 de Julio de 2019

PonenteHarry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución 8 de Julio de 2019
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

En grado de apelación ingresa a esta Superioridad, la Sentencia de Primera Instancia No. 11 de quince (15) de marzo de 2018, mediante la cual el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, declaró penalmente responsable al señor E.E.L., condenándolo a la pena de treinta (30) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de diez (10) años, a partir del cumplimiento de la pena principal, en calidad de autor del delito de Homicidio Agravado, cometido en perjuicio del señor L.A.A.C. (q.e.p.d.).

ANTECEDENTES

De acuerdo a las constancias, el 30 de julio de 2010 a las 11:55 de la mañana, la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, realizó la diligencia de inspección, reconocimiento y levantamiento de un cadáver en la 24 de diciembre, específicamente en el local comercial Materiales y Ferretería Casa Liao. Determinando que la víctima se trataba del señor L.A.A.C. (q.e.p.d.). (fs. 2-7).

En el protocolo de necropsia se estableció como causas de muerte “A- PERFORACIÓN CARDIACA Y PULMONAR. B- HERIDA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN TORAX”. En las consideraciones médicas se indicó que: “Se trata del cadáver de un varón adulto joven, de tez mestiza, con adecuado desarrollo físico y en buen estado nutricional, el cual sufrió el paso de proyectil balístico con trayecto torácico, siendo las lesiones a órganos vitales (pulmones, corazón), aunado a la pérdida masiva de sangre, como la causa primaria e irreversible de la muerte.

La trayectoria de la herida por proyectil de arma de fuego descrita en tronco cursa la siguiente trayectoria: de Abajo hacia Arriba, de Izquierda a Derecha y de Atrás hacia Adelante.”.(fs. 37-45).

Adelantadas las diligencias probatorias, la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial, emitió la resolución de fecha once (11) de febrero de 2011, mediante la cual dispuso recibirle declaración indagatoria al señor E.E.L., por su presunta participación en la comisión del delito Contra la Vida y la Integridad Personal (Homicidio) tipificado en el Capítulo I, Título I, Libro Segundo del Código Penal, en perjuicio del señor L.A.A.C. (q.e.p.d.). (fs. 115-119).

Agotada la fase de instrucción, la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial, emitió la Vista Fiscal No. 48 de 29 de abril de 2011, mediante la cual solicitó un Auto de Llamamiento a Juicio contra el señor E.E.L., como presunto infractor de las disposiciones penales contenidas en el Título I, Capítulo I, del Libro Segundo del Código Penal, (fs. 157-162). Cargos por los cuales fue llamado a juicio por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante Auto de 1ra. Instancia No. 301 del 2 de noviembre de 2011, (fs. 175-178).

El 18 de enero de 2018, el procesado E.E.L. fue juzgado en audiencia con intervención de Jurados, con veredicto de CULPABLE. (fs. 275-279).

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, emitió la Sentencia de Primera Instancia No. 11 de quince (15) de marzo de 2018, mediante la cual condenó al señor E.E.L., a la pena de TREINTA (30) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de diez (10) años una vez cumplida la pena principal, como autor del delito de Homicidio Agravado, en perjuicio del señor L.A.A.C. (q.e.p.d.). (fs. 286-289).

El licenciado M.M.O., defensor particular del sentenciado, sustentó recurso de apelación contra la Sentencia. (fs. 296-298).

En atención al artículo 2426 del Código Judicial se concedió el recurso en efecto suspensivo.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE.

El recurrente muestra su desconformidad con la Sentencia de Primera Instancia No. 11 de quince (15) de marzo de 2018, en cuanto a la imposición de la pena por delito de Homicidio Agravado; según expone, se debió sancionar a su representado por delito de Homicidio Simple, al no cumplirse lo establecido en numeral 10 del artículo 132 del Código Penal; toda vez, que no se acreditó que en el sitio donde ocurrieron los hechos, existe una parada de autobús o taxi, por la que transitan a diario personas, como lo establece la Sentencia.

Refiere, que para aplicar lo establecido en el numeral 10 del artículo 132 del Código Penal se debe utilizar un arma de fuego en un lugar concurrido o frecuentado por personas en el momento en que se ejecuta el hecho, no que sea una vía pública por la que a diario transitan personas del sector, como lo expresa la Sentencia. Añadió, que no se logró acreditar que en el sitio exista una parada de autobús o taxi, mucho menos, que al ocurrir el hecho se encontraban personas en el lugar, por lo que no tiene sustento legal la aplicación del tipo penal agravado y ante ello, solicita se aplique el tipo penal simple establecido en el artículo 131 del Código Penal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA PENAL

Luego de esbozar de manera sucinta la disconformidad del apelante, corresponde a la S. analizar y decidir el recurso de apelación sólo sobre los puntos de la resolución a que se refiere el recurrente, de conformidad a lo establecido en el artículo 2424 del Código Judicial.

Al consultar el expediente, se observa que la audiencia de fondo del procesado E.E.L. se celebró bajo el trámite del juicio con jurados de conciencia, cuerpo colegiado que profirió un veredicto de culpabilidad en su contra (fs.275-279).

Reitera la S., que al haberse surtido el juicio por jurado de conciencia, este Cuerpo Colegiado no puede entrar a conocer las piezas que determinan su culpabilidad, ya que esa tarea le correspondió a las personas que integraron el Jurado, quienes emitieron veredicto de culpabilidad contra el procesado por delito de homicidio, en perjuicio del señor L.A.A.C. (q.e.p.d.), conducta punible por la cual fue llamado a juicio a través del Auto de Primera Instancia No.301 de 2 de noviembre de 2011, emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Lo antes señalado tiene su fundamento en las normas de procedimiento penal, específicamente en el artículo 2385 del Código Judicial, en el que se señala que cuando se declara culpable al sindicado, sólo puede apelarse la decisión del Tribunal Superior. En tal sentido se advierte que esta Superioridad se encuentra impedida para evaluar nuevamente ese aspecto, toda vez que el Jurado de Conciencia es el ente en el que nuestro ordenamiento jurídico hace descansar la responsabilidad de condenar o absolver al procesado.

Aclarado lo anterior, debemos referirnos a lo planteado por el recurrente en cuanto a la pena impuesta por el Tribunal de Primera Instancia, que como se indica en líneas anteriores, impuso la pena de treinta (30) años de prisión, por el delito de Homicidio Agravado, conforme el numeral 10 del artículo 132 del Código Penal, expresando en la Sentencia lo siguiente:

En lo que al juicio de tipicidad se refiere, la S. concluye que el comportamiento objeto del veredicto de culpabilidad de esta causa, encuentra adecuación bajo lo preceptuado en el artículo 132 del Código penal, que sanciona con pena de vente (20) a treinta (30) años de prisión, la figura del homicidio agravado.

Lo anterior en virtud de que examinado el acervo probatorio, las piezas procesales indican que se trata del delito de Homicidio en su modalidad agravada, de conformidad al numeral 10 del artículo 132 del Código Penal, ello es así, pues el procesado utilizó un arma de fuego contra el occiso, en una parada de autobuses y taxis (vía pública) por lo que a diario transitan moradores del sector, incluso se observa que se trata de la vía principal de la Interamericana, lo que da por demostrado a través de la Diligencia de Inspección Ocular, con participación de la perito D.G. de P.F., sin que mediara un motivo lícito. No existe causa de justificación alguna en su actuar.

Sobre el particular, de fojas 93 a 103 reposa informe pericial del Servicio de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual se anexan vistas fotográficas del lugar donde ocurrieron los hechos; reposa además, informe suscrito por el investigador E.A.S., el cual entrevistó a empleados del Local Comercial de Materiales y Ferretería Casa Liao, quienes afirman haber escuchado los disparos, se desprende además del informe, que frente al referido local comercial, se ubica un restaurante, donde se entrevistaron personas que también escucharon los disparos. Elementos de prueba que acreditan que el área donde se cometió el hecho, es un área rodeada de locales comerciales y residencias, pues se trata de una vía principal y frecuentada por personas; es de anotar además, que el hecho se dio en horas de la mañana, por lo que indicar, que pese a que es una vía pública, al momento del hecho no era concurrida, no se compadece con la realidad probatoria.

Adicionalmente, de fojas 16 a 19, consta la declaración jurada rendida por el señor F.F., en la cual textualmente indica: “…yo estaba con LUIS en la parada de la piquera de taxi Millenium, esperando un bus para irnos al trabajo, eran como las 8:30 o 9:00 de la mañana…..” De manera, que el testigo presencial, aclara el sitio y la hora en que se dieron los hechos.

De lo anterior se desprende, que los disparos que los disparos fueron realizados en un área frecuentada por personas, ya que no solo estaba el señor L.A.A.C. (q.e.p.d.), sino también el señor F.F., y dentro de los locales comerciales, personas que escucharon las detonaciones, tratándose además de un área comercial y residencial; por lo cual, el Juzgador de Primera Instancia lo considera una conducta agravada, decisión que comparte esta S..

Por otro lado, cabe aclarar que ha sido criterio reiterado de la S. Penal considerar que el juzgador puede fijar discrecionalmente la pena base, dentro del intervalo penal, es decir, entre un mínimo y un máximo determinado y en atención a los criterios que recoge el artículo 79 del Código Penal. (Fallo de S. Penal de 20 de enero de 2003, 16 de julio de 2002 y 8 de octubre de 2001). De igual forma, la S. tiene establecido que en aras de garantizar la independencia judicial y en respeto a la discrecionalidad del Tribunal de Primera Instancia, la pena base impuesta, por regla general, no es modificable, salvo que se observen visos de ilegalidad manifiesta (Fallo de S. Penal de 13 de diciembre de 2002, 11 de octubre de 2000 y 8 de septiembre de 2003).

Observa la S., que el Tribunal de Primera Instancia al momento de individualizar la pena, tomó en consideración que la norma penal infringida, conlleva sanción de 20 a 30 años de prisión y en atención a los presupuestos contenidos en el artículo 79 del Código Penal, estableció una pena base de 30 años de prisión, la cual está dentro de los parámetros que contempla la norma penal infringida, por lo que no resulta desproporcional la pena base impuesta, la cual, como indicamos en líneas anteriores, su fijación, es una discrecionalidad del J. de la causa que debe respetarse.

En consecuencia, al no observar visos de ilegalidad en la sanción impuesta al señor E.E.L., lo que en derecho corresponde es confirmar la sentencia apelada, y a ello se procede.

PARTE RESOLUTIVA

Por las consideraciones anteriores, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA, la Sentencia de Primera Instancia No.11 de quince (15) de marzo de 2018, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso penal seguido al señor E.E.L., por delito de Homicidio Agravado, cometido en perjuicio del señor L.A.A.C. (q.e.p.d.).

N.,

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ

JERÓNIMO MEJÍA E. -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria)