Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 28 de Marzo de 2019

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución28 de Marzo de 2019
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Ingresa a esta Superioridad, en grado de apelación, la Sentencia N° 3 P- P.I., de 6 de marzo de 2014, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se condenó a D.M.L., a la pena de quince (15) años de prisión y, accesoriamente, a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un lapso de tres (3) años, luego de cumplida la pena de prisión, como autor de del Delito de Homicidio Agravado en grado de Tentativa, en perjuicio de L.V.B..

El Licdo. L.C.T., Defensor Público de D.M.L., anunció y sustentó en tiempo oportuno, Recurso de Apelación contra la referida sentencia (Fs. 238-241).

DISCONFORMIDAD DE LA APELANTE

El Licdo. L.C.T., señaló que no comparte la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, toda vez que considera que adecuó la conducta e individualizó la pena de prisión por el delito de Homicidio Doloso agravado, en base al numeral 2 del artículo 132 del Código Penal, que actualmente se encuentra derogado, ya que la sentencia de instancia plantea que hubo una acción de violencia doméstica, porque la ofendida y el imputado convivieron por muchos años, pero se habían separado, razón por la cual consideraron que los hechos ocurrieron como consecuencia de un acto de violencia doméstica, en concordancia con el artículo 200 del Código Penal.

Agrega que al momento de dictarse la sentencia condenatoria, se encontraba vigente la Ley N° 82 de 24 de octubre de 2013, que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal tipificando el Femicidio y sancionando los hechos de violencia contra la mujer. Estableciendo la derogación de los numerales 2 y 8 del artículo 132 del Código Penal, la cual entraría a regir dos meses después de la publicación en la Gaceta Oficial 27403 de 25 de octubre de 2013.

Por lo que solicita que se reforme la sentencia impugnada, en el sentido de ubicar la conducta de su mandante en el delito de Homicidio Simple, contemplado en el artículo 131 del Código Penal, que establece pena de 10 a 20 años de prisión, penalidad que según su criterio, debía atenuarse por tratarse de un delito en grado de tentativa. Por lo que considera que la S. debía hacer una nueva reformulación de la individualización judicial de la pena, toda vez que la pena debe ser proporcional y justa al delito de homicidio doloso simple en grado de tentativa.

Solicita que en base al principio de favorabilidad se le reconozca la circunstancia atenuante común que se refiere a no haber tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad, y el arrepentimiento activo, ya que consta en la declaración de D.M., que se presentó al hospital para conocer el estado de la joven LORENA. Refiere además que salvo mejor criterio, se le imponga una pena que oscile entre ocho (8) a diez (10) años, por Homicidio Simple en grado de Tentativa, toda vez que existen fallos de la S. en ese sentido.

Concluye peticionando que se le imponga a su representado una pena de prisión mínima, justa, proporcional con objetivos de reinserción social, de acuerdo al tipo penal antes peticionado (fs. 238-241).

SENTENCIA APELADA

Dentro de este proceso, el Tribunal A-Quo efectuó una relación de los hechos y fundamentó su decisión de la siguiente manera:

Los hechos declarados probados son constitutivos del delito de Homicidio Doloso en grado de tentativa, en perjuicio de L.V.B., contemplado en el artículo 132, numeral 2, en concordancia del artículo 48, ambos del Texto Único del Código Penal; ya que se constató que el acto llevado a cabo por el agente era idóneo y encaminado a lograr la muerte del sujeto pasivo, dentro del seno familiar.

Es digno destacar que la agravante relativa a la violencia doméstica está plenamente establecida, toda vez que la intención de permanencia en la relación de pareja existente entre la ofendida y el agresor esta (sic) acreditada, a pesar de que la S.L.V.B., manifestó en su declaración que tenían un mes de haberse separado, pero tenían dos años y once meses de convivir juntos, incluso, el propio justiciable ha señalado que tenían cuatro años de estar juntos.

El artículo 200 del Código Penal, en su penúltimo párrafo, explica que se aplicarán las situaciones, es decir, los actos de violencia doméstica, aún cuando haya finalizado la relación de pareja, al momento de la agresión, y esto fue lo que ocurrió dentro de la relación sentimental entre la víctima L.V.B. y el sentenciado D.M.L..

La conducta endilgada a MARTÍNEZ LÓPEZ, configura dolo por cuanto que, al apuñalar a su cónyuge, lo hizo consciente que podía ocasionar la muerte de ésta, situación que no se dio por motivos ajenos a su voluntad como el hecho de que terceras personas se dieron cuenta de que la víctima estaba ensangrentada, por lo que llamaron a las autoridades para que recibiera atención, mientras que el agresor no mostraba interés en brindarle ayuda.

….

Como se señaló, se está ante un delito de homicidio agravado en grado de tentativa, de lo cual, el artículo 132 del Código Penal, prevee una sanción para el delito de homicidio en la modalidad agravada, de veinte (20) a treinta (30) años, no obstante, el artículo 82 de la misma excerta legal, mínimo, ni mayor de los dos tercio (sic) de la pena máxima, por lo que el resultado de dicha ecuación de la pena establecida para este delito, oscila en un parámetro de diez (10) a veinte (20) años.

SEXTO: Para la individualización judicial de la pena, debemos tomar en cuenta los (sic) preceptuado en el artículo 79 del Texto Único del Código Penal, en los numerales:

La magnitud de la lesión o del peligro y la mayor o menor voluntad de dañar. Observamos en el dossier que las heridas que le propinara a la señora L.V.B., se dio bajo ira en el autor, ya que la misma presentaba heridas punzo cortantes en diferentes partes de su anatomía, las cuales pusieron en peligro su vida.

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Se determinaron, pues se advierte que los hechos ocurrieron el día 22 de septiembre del año 2011, en horas de la tarde, en el área del E.J.D.A., Corregimiento de Curundú, agredió a su ex pareja sentimental.

En cuanto a la conducta del agente inmediatamente anterior, simultánea y posterior. En el cuaderno se observa a foja 166, los antecedentes penales del procesado D.M.L., del cual se refleja un amplio prontuario; se trata de una persona joven dado que cuenta con 35 años de edad y en el momento de los hechos tenía 32 años de edad, con estudios hasta primer año de secundaria.

La condición de superioridad del sindicado con la víctima, ya que se trata de una mujer indefensa.

Por todo lo anterior, tomando en cuenta que nos encontramos ante un delito de homicidio imperfecto, se partirá de la pena base de DOCE (12) AÑOS de prisión, la cual se incrementa en una cuarta parte, en base a lo estipulado en el artículo 89 del Código Penal, debido a su reincidencia en materia delictiva.

La cuarta parte de doce (12) años corresponde a tres (3) años, por tanto, la pena líquida a cumplir por MARTÍNEZ LÓPEZ, es de QUINCE (15) AÑOS de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de tres (3) años, luego de cumplir la pena de prisión impuesta (fs. 230-234).

HECHOS

El día 22 de septiembre de 2011, en horas de la tarde L.V.B., se dirigía a comprar un pescado frente al Estadio de béisbol en Curundú, cuando su ex pareja D.M.L., le colocó el cuchillo en las costillas, haciéndola caminar hasta la entrada principal del Estadio de Curundú, profiriéndole una cortada en el rostro y y posteriormente, la arrastró por el cabello dentro de todo el estadio, y, la amarró con una soga, colocándola boca abajo, metiéndole una puñalada por la espalda. Una vez, logró soltarse las manos, gritó porque le estaban saliendo coágulos de sangre por la boca, por lo que al verla su sobrino, N.P., de 8 años de edad, salió despavorido a buscar el Teniente que estaba en la tienda.

Mediante Evaluación medico legal, practicado a LORENA VILLARREAL, para el día 26 de septiembre de 2011, la Dra. I.M.B. concluyó de la siguiente manera:

Examen Físico:

Consciente, alerta, encamada, con sitio de venopunción en la cara lateral del tercio proximal del antebrazo izquierdo. Presenta:

Equimosis de coloración violácea – verdosa periorbitaria derecha que mide 6.0 cm x 3.5 cm.

Excoriación lineal con costra hemática en la mejilla izquierda que mide 1.5, 2.5 cm hacia la izquierda de la comisura labial izquierda.

T. pleural colocado en hemitorax izquierdo, cubierto con apósitos de gasa, drenando escaso material líquido serohemático.

Ápositos de grasa que cubren la región infraescupular izquierda, pendiente descripción de lesión.

Múltiples excoriaciones (sic) irregulares en la cara anterior de la rodilla izquierda, donde la mayor mide 2.0cm x 2,5 cm, y la menor pide 2.0x0.7 cm,.

Múltiples excoriaciones (sic) irregulares en la cara anterior anterior de la rodilla derecha.

Excoriación (sic) irregular con costra hemática en la cara medial del tobillo derecho que mide 1.0 x 0.3 cm.

Resto de su anatomía sin lesiones traumáticas visibles al momento de la evaluación.

Las lesiones sí pusieron en peligro su vida.

Objeto: punzocortante, contundente, contundente de superficie áspera.

Incapacidad provisional: treinta y cinco (35) días a partir del día del incidente.

Debe acudir al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses al ser dado de alta por sus médicos tratantes para evaluar su evolución, errar incapacidad y determinar por secuelas.

Debe acudir al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses dentro de noventa (90) días a partir del día del incidente, para determinar señal visible y permanente en el rostro.

C. declaración jurada de L.V.B., quien señaló que para el día 22 de septiembre de 2011, cuando salía del albergue temporal a comprar una soda en la tienda, su ex pareja D.M.L., alias “PORTILLO”, la abordó con un cuchillo de cacha celeste con amarillo. Indica que le colocó el cuchillo en el lado de las costillas, caminando hacia la entrada del Estadio de Curúndu. Refiere que en ese momento, le metió la primera puñalada en la cara y una muchacha de mal vivir, que vive en el estadio, le dijo que la dejara tranquila, y él le contestó que eso a ella no le importaba. La arrastró por el cabello, por todo el estadio hasta sacarla a la parte posterior donde practican béisbol, la amarró con una soga, la tiró al piso boca abajo y le metió la puñalada, con la punta del cuchillo. Continúa narrando que logró soltarse las manos, gritó, y éste con el cuchillo le soltó la soga que la tenía amarrada de los pies, por lo que se arrastró como pudo hasta donde juegan béisbol, ahí llegó la gente y su sobrino N.P. de 8 años de edad, quien fue a buscar a la policía. Agrega que a pedido de los vecinos, quienes le gritaban a DEIVIS, que la cargara, éste les indicó que ella podía caminar y que ella misma se había apuñalado en la espalda. Agrega que había tenido una relación de pareja con esta persona por el término de varios años y que tenían un mes de haberse separado (fs. 60-64).

Al hecho fue vinculado D.M.L., a quien se le formularon cargos, por el delito previsto en el Título I, Capítulo I, Sección 1era del Libro Segundo del Código Penal, en concordancia del capítulo VIII, Título II, del Libro Primero, de la misma excerta legal, respectivamente, es decir, por haber puesto en peligro real e inminente la vida de la señora L.V.B., cuando mediante su accionar con arma blanca (arma) (SIC) le lesiona su anatomía, hecho ocurrido en las instalaciones del Estado J.D.A., ubicado en Curundú (fs. 41-44).

Al rendir sus descargos, D.M.L. se declaró inocente de los cargos endilgados en su contra (fs. 138- 142).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Conocidos los argumentos de la apelante, la S. entrará a resolver la alzada sólo sobre los puntos censurados en el escrito de apelación, de conformidad con el artículo 2424 del Código Judicial.

Se observa que el recurrente, refirió que el Segundo Tribunal Superior, adecuó la conducta e individualizó la pena de prisión por el delito de Homicidio Doloso agravado, a su representado en base al numeral 2 del artículo 132 del Código Penal, que actualmente se encuentra derogado mediante la Ley N° 82 de 24 de octubre de 2013, publicada en Gaceta Oficial 27403 de 25 de octubre de 2013, que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal tipificando el Femicidio y sanciona los hechos de violencia contra la mujer. También el defensor, solicita se le reconozca la circunstancia atenuante común que se refiere a no haber tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad, y el arrepentimiento activo.

Ahora bien respecto a la disconformidad del letrado, con el hecho de que el tribunal de primera instancia ubicó la conducta del prenombrado dentro del numeral 2 del artículo 132 del Código Penal, calificándolo como un delito de Homicidio Doloso, Agravado, como consecuencia de un acto de violencia doméstica, efectuaremos el siguiente análisis.

En primer lugar, considera esta S. realizar algunas aproximaciones sobre el tema de la ley más favorable:

La jurisprudencia de la S. ha sostenido que el principio de la ley más favorable o favorabilidad, como se le conoce en la doctrina, establece que en las materias que guardan relación con el proceso penal y con los sujetos vinculados a estos procesos se aplicará preferentemente la ley favorable, incluso aún después de finalizado el proceso, constituyendo una excepción al principio de cosa juzgada.

Es decir, que este principio se relaciona de manera directa con los principios de Retroactividad y Ultraactividad de la ley penal, puesto que si una nueva ley es favorable al reo, debe aplicarse retroactivamente, pero si la norma positiva anterior favorece al procesado es esta última la que debe aplicarse (ultraactividad).

Tenemos que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, cada uno que: "Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello; y que tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito, si con posterioridad a la comisión del delito, la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. (num. 1, art. 15; art.9, respectivamente).

En nuestro ordenamiento jurídico el artículo 46 de la Constitución Política, en su párrafo final, establece que en materia criminal la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando hubiese sentencia ejecutoriada. Dichos preceptos han sido desarrollados en el artículo 14 del Texto Único del Código Penal de 2007 que señala que la ley favorable al imputado se aplicará retroactivamente. Agregando que, este principio rige también para los sancionados aun cuando medie sentencia ejecutoriada, siempre que no hayan cumplido totalmente la pena. El reconocimiento de esta garantía se hará de oficio o a petición de parte.

Entendiéndose que “en el transcurso de un proceso o a su culminación se produzca un cambio legislativo que implique la derogatoria o modificación de la disposición legal que describe la conducta, o bien se contemple una sanción más benigna para el hecho criminoso, correspondiéndole al juzgador seleccionar aquella que sea más favorable para el procesado o sentenciado, según el caso”.

En este orden de ideas, se constata que el hecho que nos ocupa, se perpetró para el día 26 de septiembre de 2011, cuando D.M.L., le atestó una puñalada a la altura del pulmón y una cortadura en el rostro a su ex pareja L.V.B., ocasionándole lesiones en su anatomía, por lo cual el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, le otorgó una incapacidad de treinta y cinco (35) días, indicando que dichas lesiones, pusieron en peligro la vida de la misma.

Ahora bien, en cuanto a lo aducido por el recurrente, tenemos que el artículo 17 del Código Penal establece que los delitos son penados de acuerdo con la ley vigente al tiempo de la acción u omisión, independientemente de cuándo se produzca el resultado. Es decir, que las normas del Código Penal, son aplicables en el tiempo de ocurrencia del delito, ya sea por acción u omisión; sin embargo, la propia norma establece la excepción de dicha regla, remitiéndonos al artículo 14 lex cit, la cual establece que la ley favorable al reo se aplicará retroactivamente y que este principio, rige también para los sancionados aun cuando medie sentencia ejecutoriada, siempre que no hayan cumplido totalmente la pena.

Tal como se constata en el infolio penal, se tiene que en el transcurso de la culminación de la presente causa, al proferirse la sentencia de instancia (6 de marzo de 2014), a través de la cual se condenó a D.M., como autor del delito de Homicidio Doloso Agravado, en grado de tentativa, se le aplicó como agravante la contenida en el numeral 2 del artículo 132 del Código Penal, siendo que a dicha fecha, ya había entrado en vigencia la Ley N° 82 de 24 de octubre de 2013, publicada en Gaceta Oficial 27,403 de 25 de octubre de 2013, mediante la cual se adoptaban medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reformaba el Código Penal tipificando el Femicidio y sancionando los hechos de violencia contra la mujer; derogando a través de su artículo 40, el numeral 2 del artículo 132 del Código Penal, que establecía:

Artículo 131: quien causa la muerte a otro será sancionado con prisión de diez a veinte años.

Artículo 132: El delito previsto en el artículo anterior será sancionado con pena de veinte a treinta años de prisión cuando se ejecute:

  1. ...

  2. como consecuencia de un acto de violencia doméstica.

    Por lo que al derogarse el referido numeral del artículo en mención, en virtud del principio de retroactividad, no podía aplicarse dicha agravante en los casos que nos ocupan, pues, los hechos si bien ocurrieron en el año 2011, en el transcurso del proceso, próximo a su culminación entró en vigencia la ley, que derogaba la agravante impuesta por el Tribunal primario, siendo que éste obvió el reconocimiento del artículo 14 del Código Penal, el cual establece el principio de retroactividad de la ley penal, a favor del procesado D.M.L..

    Así los hechos, esta S. es del criterio que de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Código Penal vigente, el cual establece el principio de retroactividad de la ley penal en favor del reo, principio recogido en Tratados y Convenios Internacionales, se hace necesario reformar la sentencia impugnada, de acuerdo al intervalo penal aplicable a la tentativa de homicidio simple, toda vez que, solo se aplicó por parte del Tribunal de instancia una agravante, la cual fue derogada, y esta S., en virtud de lo establecido en el artículo 2424, sólo le atribuye conocimiento del proceso, sobre los puntos de la resolución a que se refiere el recurrente, y a eso procederemos.

    Previo a ello, observamos que el recurrente hizo alusión a que en base al principio de favorabilidad se le reconozca la circunstancia atenuante común de no haber querido causar tanto mal, como el que se produjo y el arrepentimiento activo, ya que en declaración de D.M., indicó que se presentó al Hospital a conocer el estado de la joven L..

    Observa la S. que las circunstancias aludidas por el recurrente se encuentran establecidas en los numerales 2 y 4 del artículo 90 del Código Penal, en los siguientes términos:

    Artículo 90: Son circunstancias atenuantes comunes las siguientes:

    No haber tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que se produjo.

    El arrepentimiento, cuando por actos posteriores a la ejecución del hecho, el agente ha disminuido o intentado disminuir sus consecuencias.

    Respecto al numeral 2 del artículo antes descrito, la S. estima que las circunstancias en que se dieron los hechos que no ocupan, no se acreditó que el procesado D.M., no hubiese tenido la intención de causar tanto mal, como el que produjo, toda vez que al analizar la declaración jurada de la víctima del delito, L.V.B., se desprende evidentemente la intención del agresor, era ocasionarle la muerte, lo cual no llegó a ocurrir por intervención de terceras personas que dieron aviso a la autoridad policial, que la llevó al hospital; siendo que, tal como se desprende de la Evaluación médico legal que se le practicó, se le diagnosticó herida por arma blanca en tórax y H. izquierdo, esta última la cual se define como una acumulación de sangre en el espacio existente entre la pared torácica y el pulmón (la cavidad pleural)

    Siendo que, entre las complicaciones principales que pueden llevar a la muerte, son:

    a. Hemorragia, que es predominio externo en las incisas y contusocortantes, y de predominio interno en las punzantes y punzocortantes.b. Embolismo gaseoso, en heridas de cuello. La presión negativa de las venas atrae aire a su interior.c. Asfixia por aspiración de sangre, también en heridas del cuello por exposición de tráquea o laringe.d. H., resultante de herida penetrante en tórax, y que puede causar la muerte en pocas horas

    (el resaltado es de la S.).

    Es decir, que las lesiones que se le diagnosticaron a la víctima, evidentemente fueron graves y pusieron en peligro su vida, tal como lo indicó la médico Forense, I.B.G., por lo que emerge, sin lugar a dudas que la intención del procesado era causarle la muerte a su ex pareja L.V.; por lo cual en la causa que nos ocupa, no se configura la circunstancia atenuante aducida por el censor.

    En cuanto a la circunstancia atenuante de responsabilidad, contemplada en el numeral 4 del artículo 90 del Código Penal, la S. es del criterio que no se desprende del infolio penal, que el procesado haya mostrado arrepentimiento del hecho ejecutado hacia su ex pareja, e incluso el mismo, según declaración de la víctima, refirió que luego de ejecutado el hecho, los vecinos del lugar le gritaban a D.M., que la cargara, para llevarla al hospital, siendo que el mismo respondió: “que ella podía caminar y que ella misma se había metido la puñalada en la espalda”. (fs. 64). En este orden de ideas, se constata que el procesado no se entregó voluntariamente a las autoridades, sino que fue aprehendido por unidades policiales, al día siguiente de los hechos (fs. 9-10) y, a lo largo del proceso, se ha manifestado inocente de los hechos endilgados en su contra, indicando que no cometió el hecho (fs. 138-142) (fs. 222).

    Ahora bien, corresponde a la S. proceder a reformar la sentencia impugnada, de acuerdo al intervalo penal aplicable a la tentativa del delito de homicidio simple, cuya pena aplicable, según el artículo 131 del Código Penal, es de 10 a 20 años de prisión; de manera que la tentativa de este delito, en virtud a lo preceptuado en el artículo 82 del Código Penal, quedaría fijada en un mínimo de 5 años y un máximo de 13 años 4 meses de prisión.

    Establece el artículo 79 del Código Penal, que se deben considerar los siguientes aspectos objetivos y subjetivos, para la dosificación de la pena a imponer:

    En cuanto a la magnitud de la lesión o del peligro y la mayor o menor voluntad de dañar, se tiene comprobado que D.M., le propinó una certera puñalada a la altura del pulmón a su ex pareja L.V.B., lo cual le puso en peligro su vida, tal como lo demuestra la evaluación física que se le realizó.

    Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Tenemos que el hecho punible se ejecutó en horas de la tarde del día 22 de septiembre de 2011, cuando L.V.B., al salir del albergue de Curundú, antes de cruzar la calle, fue abordada por su ex pareja D.M., quien la llevó bajo amenaza con un cuhillo, introduciéndola en el Estadio J.D.A., infiriéndole una certera puñalada en la espalda a la altura de los pulmones, poniendo en peligro su vida.

  3. La conducta del Agente inmediatamente anterior, simultánea y posterior al hecho. Se tiene que D.M.L., al momento de los hechos, contaba con 32 años de edad, otrora reciclador de metales, y con estudios hasta primer año de secundaria. El mismo mantiene antecedentes penales, por la comisión de diversos delitos tal como se desprende a folios 165-167. Respecto al comportamiento simultáneo y posterior al hecho, la conducta del procesado demuestra indiferencia total al daño y dolor ocasionado, no se observa que haya realizado actos posteriores tendientes a disminuir las consecuencias producidas, pues se desprende de su actuar, que debido a la acción ejecutada a su ex pareja, puso en peligro su vida. Amén de que, durante todo el proceso, se declaró inocente de los cargos endilgados en su contra; sin embargo, las piezas procesales lo señalan como la persona que ejecutó el hecho, en contra de su ex pareja.

  4. En cuanto a la condición de inferioridad o superioridad y las ventajas o desventajas existentes entre el agente y la víctima: Ha quedado debidamente comprobado que el imputado tenía una amplia condición de superioridad y ventaja sobre la víctima, ya que, en primer lugar coaccionó a su ex pareja con el cuchillo, adentrandola en el Estadio J.D.A., e hiriéndola con el cuchillo, en primera instancia, ocasionándole una cortadura en el rostro, y, posteriormente, le propinó una puñalada en la espalda, por lo que se le diagnosticó una herida por arma blanca en tórax y H. izquierdo (fs. 92-94).

    Por lo tanto, tomando en consideración que se encuentra ante un delito de homicidio imperfecto, se partirá de la pena base de OCHO (08) años de prisión, a la cual se le aplicará una cuarta parte, en base a lo estipulado por el artículo 89 del Código Penal, debido a su reincidencia delictiva. Por lo que se aumentarán dos (2) años de prisión a la pena base impuesta, por lo tanto, la pena líquida a cumplir por MARTÍNEZ LÓPEZ, es de DIEZ (10) AÑOS de prisión e Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de (3) años, luego de cumplir la pena de prisión impuesta.

    No se observan otras circunstancias agravantes o atenuantes de responsabilidad penal. Como quiera que sólo la dosificación de la pena de prisión fue objeto de censura, corresponde confirmar el fallo en grado de apelación en todo lo demás. Es decir, se mantiene la pena accesoria impuesta por el Tribunal primario.

    PARTE RESOLUTIVA

    En mérito de lo expuesto La S. Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, REFORMA la Sentencia N° 3 de 6 de marzo de 2014, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, y CONDENA a D.M.L. a la pena de DIEZ (10) años de prisión como autor del delito de Homicidio Simple, en grado de Tentativa, en perjuicio de L.V.B..

    Se confirma en todo lo demás.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Artículo 46 de la Constitución de la República de Panamá de 1972 y sus reformas. Artículos 14, 17, 48, 79, 82, 89 y 131 del Código Penal de 2007.

N. y Cúmplase,

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E.

ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria )

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