Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 28 de Marzo de 2019

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución28 de Marzo de 2019
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, ingresa en grado de apelación, la Sentencia No.06-P.I. del 17 de junio de 2015, que declaró penalmente responsable a YENITZA JULIO AROSEMENA como autora de los delitos de Homicidio Doloso Agravado y Robo Agravado y a Y.M.M., J.C.D., A.V.G. y D.C.C. como cómplices primarios del delito de Homicidio Doloso Agravado y Robo Agravado, condenándolos a todos a la pena principal de treinta y cinco años (35) años de prisión y, accesoriamente, a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de veinte (20) años, luego de cumplida la pena principal, en perjuicio de B. R. (q.e.p.d.).

La sentencia fue recurrida por los sindicados y cada uno de sus defensores, quienes, en tiempo oportuno, sustentaron el recurso; el Licenciado Silvio Guerra, en representación de A.V.G., (fs.1563-1582); el Licenciado L.C.T.R., en representación de J.C.D. (fs.1588-1591); el Licenciado E.M.G. en representación de YENITZA JULIO AROSEMENA, (fs.1593-1596) y la Licenciada M.R., en representación de Y. M.M.. ( fs. 1597-1599).

SENTENCIA APELADA

Luego que el Tribunal A-Quo efectuara una relación de los hechos probados, estimó que éstos son constitutivos del delito de Homicidio Doloso Agravado, contemplado en los artículos 131 y 132, numeral 6 del Código Penal y en los artículos 218 y 219 numeral 3 que tipifica el delito de robo en su modalidad agravada, delitos aprobados por la Ley 14 de 18 de mayo de 2017 y modificados por la Ley 26 de 21 de mayo de 2008 y 5 del 14 de enero de 2009, por ser la ley vigente a la comisión del hecho punible.

Igualmente, estimó acreditada la autoría de YENITZA JULIO ASOREMENA, no solo por el hecho de que se declaró culpable de la comisión del delito de homicidio en perjuicio del señor B.R. al ser cuestionada en el acto de audiencia oral, sino porque desde el inicio de las investigaciones explicó cómo se suscitó el homicidio y la colaboración que, de una u otra manera, brindaron los demás co-acusados, para neutralizarar a la víctima, toda vez que esta la conocía y podía reconocerla. Agregó que Y. y ella metieron al señor R. dentro de un closet y le tiraron ropa encima; y que estaba amarrado de pies y manos. La imputada Y. también manifestó que estuvo presente cuando se le colocó una bolsa plástica en el rostro a la víctima, consintió este hecho, sólo que negó haber sido ella, sino el menor de edad, R.T., por orden de Y.J..

Consideró que los co-acusados D.C.C., A.V. y J.C.D., aseguraron que las acusadas Y.J.A. y Y.M. idearon el asalto los llevaron hasta la residencia de la víctima occiso y les ordenaron atarlo de pies y manos, e incluso lo golpearon mientras estaba vendado; ambos participaron activamente en el hecho y se quedaron en la residencia de la víctima luego que ellos se fueron, por lo que deducen que fueron ellas quienes mataron a B.R..

Sostuvo que la propia declaración de las acusadas J.A. y M.M., comprometen su responsabilidad penal en la muerte del señor R.R. (q.e.p.d.), pues eran las únicas que tenían acceso a la residencia de la victima, tenían un motivo directo para provocar su muerte, pues según sus proapios descargos buscaban ocultar su principal propósito criminal, el cual era el robo y apoderamiento de los bienes (dinero y muebles), que se encontraban en la residencia del ofendido.

Indicó que a pesar de que la propia Y.M.M. (a) La Reducida, negó haber asesinado al señor R.R., se tiene certeza de su colaboración en el homicidio , porque la co-acusada Y.tza Julio (a) La M., aseguró que Yitseida “La Reducida” la ayudó a ocultar el cadáver, estuvo presente cuando se le ató de pies y manos, consintió que le cubrieran el rostro con un cartucho plástico e incluso le propinó algunos golpes; los aportes testimoniales de D.C.A.V. y J.C. resultan coincidentes en torno a los elementos esenciales del suceso, pues también refieren que Yitseida (a) La Reducida, colaboró activamente con la co-acusada Y.J. y, entre ambas, engañaron a la víctima para esta les permitiera el acceso a su vivienda, con el objeto de robarle sus pertenencias, luego de lo cual, se produjo el lamentable deceso del señor R.R. (q.e.p.d.) .

Manifestó que la participación de Yitseida Montero (a) La reducida, no solo se reduce a una colaboración esencial en la ejecución del delito, sino también a la existencia de un motivo probado, cual era ocultar su identidad, dado que el occiso la conocía, pues había mantenido relaciones sexuales con ella.

En cuanto a la responsabilidad de D.C., A.V. y J.C. en el homicidio del señor B.R., el A-Quo es del criterio que tomaron parte en la ejecución del delito y prestaron al autor una ayuda sin la cual no habría podido realizarse el acto, pues todos ellos fueron quienes inmovilizaron a la víctima.

Indicó que J.C., A.V. y D.C. ingresaron a la vivienda del occiso, lo amarraron de pies y manos, lo amenazaron, le cubrieron los ojos y le sustrajeron dinero en efectivo que mantenía en su camisa, lo que permite establecer que su participación fue esencial para producir la muerte del señor B.R., quien tenía 60 años de edad. Apreció que estos, al rendir su indagatoria, admiten que consintieron amarrar a la víctima y colocarle un trapo en la cara, pero excepcionaron que no fueron ellos los que asfixiaron o estrangularon al señor R.R.; no obstante, presenciaron el momento en que se le tapó su rostro con un cartucho negro y no hicieron nada para impedirlo; por el contrario; previamente lo habían atado e inmovilizado, por lo que eran conscientes que la víctima no iba a poder soltarse para evitar asfixiarse.

Este cuadro permitió al A-quo, establecer que todos los co-acusados previeron la muerte del señor B.R. y su participación (reducir físicamente a la víctima) fue esencial para producir el resultado, incluso el hecho de llevarse todos los muebles de la residencia del occiso, mientras el cadáver se encontraba en el armario, demuestra dolo en su actuar, pues aceptaron como posible la muerte del señor R.R. y continuaron realizando su comportamiento ilícito (robo), lo que implica que son cómplices primarios del delito de homicidio.(fs.1524-1552)

DISCONFORMIDAD DE LOS APELANTES

A través de escrito de sustentación del recurso de apelación, presentado en término procesalmente oportuno, el Licenciado Silvio Guerra en representación de A.V., esboza un recuento de las piezas probatorias inmersas en autos, mediante las cuales, se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el hecho que nos ocupa, así como la responsabilidad penal de los enjuiciados. Expone además, que se condena a A.V. por ser supuesto cómplice primario del delito de Homicidio Doloso Agravado y por su supuesta autoría del delito de Robo agravado en perjuicio de B. R. (q.e.p.d.), considerando que son dos tipos penales totalmente distintos, cuyas peculiaridades han ocasionado que el juzgador de la causa imponga una sentencia errada, esto en virtud de que se estableció el homicidio agravado con base en el numeral sexto, argumentando que los procesados habían asfixiado a la víctima, dejando a un lado el hecho deque la asfixia no fue premeditada y que los mismos, al dejar al occiso en manos de las señoras Y.tza y Y., confiaron en que ellas lo liberarían, como parte del arreglo de que ellas también habían sido víctimas del robo.

Alega que su defendido entró con la finalidad de despojar a B.R.(.q.e.p.d.) de sus pertenencias, le cubrieron la cara con un cartucho, y puntualmente, el menor de edad le cubrió la cara, y no A.J., a fin de que no los pudiera identificar como los autores del robo y procedieron a abandonar la residencia, quedando la víctima en manos de dos mujeres que, pudieron evitar la muerte del hoy fallecido, por lo que cree equivocado, desacertado y desorientado que se aplique el numeral 6 del artículo 132 del Código Penal y que no comprende la agravante que ha sido probada mediante los hechos, es decir que entraron con una sola intención, robar y como consecuencia del mismo, sin mediar dolo, se produce el fenómeno muerte.

Sostiene que no existió dolo por parte de A.J., ya que incluso era él quien decía que no le pegaran al señor y sus intenciones jamás fueron encaminadas a matarlo por lo cual, mal se puede hablar de un homicidio doloso por parte de su defendido.

Refiere que se aplicaron dos tipos penales, la que dicta el artículo 218 y 219 robo agravado, en conjunto con el artículo 132, homicidio; sin embargo, en atención a los resultados del hecho se entiende que la aplicación de este tipo penal es errado ya que nos encontramos frente a un concurso delictual, por lo cual es incongruente e improcedente aplicar dos tipos penales para computar la pena. Al darse la aplicación de dos penas se vulneran los principios de Non Bis Idem y Quot Delicta, T.P., los cuales sirven de base o fundamento para el concurso delictivo.

En el caso que ocupa al sentenciarse por homicidio doloso y robo agravado se está creando una dualidad en el proceso, se está castigando por dos hechos que no pueden ser vistos de manera aislada o independiente ya que el homicidio no habría tenido lugar sin el robo agravado, por lo cual, deben ser comprendidos como un solo acto que vulneró varios preceptos legales, y no como varios actos independientes uno el otro, el robo fue el objetivo y finalidad perseguida desde el primer momento en que las imputadas idearon el plan y se lo propusieron a J.; el homicidio fue el resultado a fin de que el occiso no pudiese observar los autores del robo. Esto comprueba que estamos ante un concurso ideal, tipificado en el artículo 83 del Código Penal

Con respecto a todos los sindicados se debió aplicar una sola pena y esta es la de homicidio agravado, con fundamento en el numeral noveno; no obstante, con respecto a su defendido no hay evidencia concreta o testimonio que tenga la capacidad probatoria de poder vincularlo con la muerte de B.R.. (q.e.p.d.) (1563-1582)

Por su parte, en término procesalmente hábil, el Licenciado L.C.T.R., defensor público del señor J.C.D., señala que en ninguna parte del expediente se aprecia que su defendido J.C. haya ejecutado alguna acción dañosa encaminada a participar en causarle la muerte a B.R.; todo lo contrario, sus deposiciones indican que el comportamiento de J.C. estaba encaminado a intervenir en una acción delictiva relacionada al bien jurídico patrimonio económico y no al bien jurídico vida de la víctima. Por tanto solicita se reforme la sentencia en el sentido que se adecue la conducta de J.D.C. al tipo penal del delito de robo.

De igual manera, indica el apelante que la sentencia atacada adecúa la conducta de su mandante en dos tipos penales y pone en práctica el sistema de acumulación de pena para dosificarla matemáticamente, lo que infringe el principio de doble juzgamiento, pues aunque se le hayan formulado dos cargos penales, lo cierto es que debe cumplirse con el principio de absorción que tiene precisamente el objetivo de evitar que una persona sea castigada dos vedes por la misma conducta realizada, pues señala la sentencia que su mandante es cómplice primario del delito de homicidio y Autor del delito de robo (f.1649), lo que resulta insostenible jurídicamente, que una persona realice simultáneamente un comportamiento de ayuda al delito ajeno y de ese mismo comportamiento también se deprende la conducta descrita como punible del delito de robo. (Artículo 15 Código Judicial)

Por tanto solicita se revise la sentencia apelada, pues la conducta de su mandante no se ajusta al delito de homicidio calificado, aunado a que se cumpla con los imperativos que deben prevalecer, como constan en el artículo 7 del Código Penal, que señala que la pena debe cumplir las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al sentenciado.(fs.1588-1591)

El Licenciado E.M.G., Defensor Público, en representación de Y.J., señala en su escrito de sustentación que la disconformidad de su representada estriba en relación a la excesiva sanción recibida, indicando además, que el juzgador sancionó a su representada a la pena de 25 años de prisión por homicidio agravado, 7 años por robo y añadió 3 años de prisión más como agravante por lo previsto en el numeral 3 del artículo 219 del Código penal (el delito se cometió en concurso de varias personas dando un total de 35 años de prisión. De igual forma, considera que la conducta de su representada está tipificada en el artículo 132, numeral 9; pues el delito de homicidio se ejecuta para ocultar el ilícito de robo, que habían cometido los sancionados y no, el numeral 6 como indica la sentencia y para este tipo de conducta la norma establece una sanción de 20 a 30 años de prisión, que es el rango de la pena que se debe imponer a la señora J.A., y no 35 años, atendiendo a lo impuesto en el artículo 15 del Código Penal.(fs.1593-1596)

Por su parte, la Licenciada M.R., Defensora Pública de la señora Y.M.M., en su escrito de apelación indica que la conducta de su representada está tipificada en el numeral 9 del artículo 132 del Código penal, toda vez que el delito de homicidio se ejecutó para ocultar el delito de robo cometido en perjuicio de B. R. (q.e.p.d.), y no en el numeral 6, como indica la sentencia.

Arguye que la pena impuesta por el Tribunal lesiona el principio de doble juzgamiento y el principio de legalidad, pues se está sancionando dos veces a su defendida por la misma conducta penal. Explica que todo delito está sancionado por el Código Penal con una pena, sin que sea posible duplicarla o multiplicarla y que en el caso que nos ocupa, la conducta lesionó el numeral 9 del artículo 132, por lo que estamos frente a un delito de homicidio agravado y la pena a imponer señalada en la norma penal es de 20 a 30 años de prisión. (Fs.1597-1599)

OPOSICIÓN A LA APELACIÓN

Dentro del término de ley, no se recibió escrito de oposición a los recursos de apelación anunciados y sustentados por la los defensores técnicos de los sindicados.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Conocidos los argumentos de los recurrentes, la S. entrará a resolver las alzadas sólo sobre los puntos censurados en los escritos de apelación, de conformidad con el principio previsto por el artículo 2424 del Código Judicial.

Ahora bien, precisa examinar las piezas probatorias, a objeto de constatar si a través de las mismas, queda acreditado el grado de participación de cada uno de los demás apelantes, en la ejecución del hecho punible.

Inician estas investigaciones con la Diligencia de reconocimiento y levantamiento del cadáver de un cuerpo en estado de descomposición de sexo masculino en el Distrito de San Miguelito, D.B., sector No.1, calle principal, casa 214, quien resultó ser el señor B.R.R.(.q.e.p.d.). (fs.3-5)

Tenemos la declaración del señor J.G., vecino del occiso, quien señala en su declaración que tenía más de cuatro años de conocer al señor B.R., la última vez que lo vio con vida fue el domingo 23 de agosto de 2009, y estaba acompañado de dos mujeres de tez morena, oscura, las cuales entraron a la casa sin saber la hora a la que se fueron; luego, al día siguiente, en horas de la tarde, entre 4 a 5 de la tarde observó un vehículo tipo pick. up, color oscuro, y estaban mudando los muebles, pues pudo ver los colchones, refrigeradoras y los muebles dentro del carro, añadiendo que participaban de la mudanza como seis personas entre hombres y mujeres, haciendo varios viajes para llevarse todo lo que estaba dentro de la casa.

Indica también que de las personas que realizaban la mudanza pudo reconocer a una de las mujeres porque llegó a la casa del señor R. en días anteriores, describiéndola como de tez morena, cabello negro duro y corto de contextura agarrada.

El señor P.S., vecino frontal del occiso también rinde declaración jurada indicando que el domingo 23 de agosto del 2009, a las 7:00 de la noche, aproximadamente, vió por última vez con vida al señor R. en compañía de dos muchachas, las cuales estaban con él en el portal de la casa, libando licor y escuchando música. Narra que al día siguiente lunes 24 de agosto, como a las 5:55 de la tarde, observó un vehículo tipo pick-up, realizando una mudanza en la casa del señor R., indicando además que los vecinos le comentaron que en la mudanza participaron las dos mujeres que la noche anterior estaban con el señor R. en su casa, y una de ellas, comentaban los vecinos, es hija del señor N., quien reside en el sector de Altos del M. y su abuela vive cerca del Taller de mecánica C.. (fs.55-63)

M.M.C., vecina del occiso también rindió declaración jurada indicando en lo medular de su intervención que a la casa del señor R. entraban varias mujeres que no conoce a ninguna por nombre, pero que hay una, morena, que tiene como 30 años, que frecuentaba al occiso, de nombre Y.J., hija de un señor de nombre D. o T.J., que vive donde está el Taller Cisnenos del M., a ella le dicen R..(fs.66-69)

En informe de comisión del 08 de septiembre de 2009, relacionado a las investigaciones por este hecho los investigadores judiciales mantenían información de una señora de nombre M., residente en Samaria quien podría dar información detallada de la muerte del señor B.R.. Se entrevistan con I.J., hermana de Y.J., la cual los conduce a la casa donde se encontraba ésta, la cual indicó que ella le presentó a una joven de nombre Y. al occiso y esta última se va con él a su casa, también que un joven de nombre J. participó en la mudanza de los artículos del occiso. Al realizar el recorrido por el área de La Preferida se encuentran jóvenes reunidos; entre un grupo de jóvenes abordados estaba el joven J.D.C.D., quien manifestó de forma voluntaria, sin ningún tipo de presión psicológica y verbal, que hacía varios domingos se encontraba en un cancha de juego y fue abordado por Y. que conoce con el apodo La Reducida y Y.tza que la conoce con el apodo M., y Y. le pide que la ayudaran a realizar una mudanza, que le iban a pagar diez balboas, posteriormente son conducidos a un lugar conocido como Sector El Tanque, donde se llevaron los artículos que sacaron de la casa, los cuales fueron reconocidos por la esposa del occiso como los artículos de su residencia.(fs.75-78)

Contamos en el dosier penal con la declaración del señor L.B., el cual refiere que compró al joven J.C.D. una refrigeradora y una televisión por la suma de ochenta dólares (B/.80.00), artículos que le indicó, se los quitó a la M. por un trabajo que no le pagó. Dichos bienes fueron posteriormente reconocidos por la señora R.M., esposa de B.R.(.q.e.p.d.)

En diligencia de reconocimiento fotográfico en carpeta, con la participación de V.A. como reconocedor, éste señala a la joven Y.J.A., como la persona que en declaración anterior visible de folio 113-116, indicó como una de las mujeres que llevó los artículos del occiso al cuarto que les alquila. (fs.121-122)

De folio 142 a 151 se aprecia providencia indagatoria fechada 10 de septiembre del 2009, en la cual se ordena recibir declaración indagatoria a J.C.D. y L.T.A. como presuntos infractores de las normas contenidas en la Sección I, Título I, Capítulo I, del Libro II del Código Penal, es decir por delito contra el patrimonio económico (robo) en perjuicio de B. R. (q.e.p.d.)

Al rendir declaración indagatoria, J.D.C. relata, entre otros detalles, que un domingo llegaron dos jóvenes a la cancha de futbol de Samaria, Sinaí,a una de ellas la conoce como “La Reducida”, quien les pidió la ayudaran con una mudanza por la cual le iban a pagar diez dólares a cada uno. Narra que llegaron a una residencia ubicada en D.B., V., Sector 1, y procedieron a cargar los muebles de la casa, tuvieron que hacer tres viajes para poder llevárselo todo, y lo único que dejaron en la casa fue un mueble estilo closet, que en el último viaje una de las muchachas cerró la puerta y botó la llave en una cuneta frente a la casa, al ser cuestionado si con anterioridad había ido a la residencia donde realizó la mudanza señaló que la única vez que fue a esa casa fue el día que hizo la mudanza.(fs.152-162)

En declaración jurada se ratifica de los señalamientos hechos contra La reducida y La M., indicando además que La M. le dijo cuando salieron de la casa a la que le hacían la mudanza, que si sabían que allí había un muerto, dicho al cual no le tomó importancia.

Mediante providencia del 11 de septiembre del 2009, la Fiscalía Segunda Superior de Panamá, ordenó recibirle declaración indagatoria a Y.J.A., M. por presunta infractora de las normas contenidas en la Sección I, Título I, Capítulo I, delito Contra la Vida y la Integridad Personal (Homicidio), y T.V., Capítulo II, delito Contra el Patrimonio Económico (robo), tipificado en el Libro Segundo del Código Penal, en detrimento de B.R..

De folio 204 a 219, Y.J.A., rinde declaración indagatoria y en lo medular de su intervención narra cómo ella y su amiga, Y.M., se relacionaban con la víctima, indicando además que Y. le comunicó que había planeado, con la participación de J., que le iban a robar a B.R.. Señala también que llegaron a la casa del señor como a las 11 de la noche, los muchachos se escondieron en un guandusal, vestidos todos de negro, afirma que Y. iba a decir cómo sucedería el robo, que todos estaban armados y amenazaron al ofendido lo obligaron tirarse al suelo, le amarraron los pies y las manos con cables de cargar celular, Y. le pateaba las costillas al señor y tenía un zapato de tacón con el que le pegaba en la cabeza, uno de los muchachos pidió un cartucho y ella lo buscó, al señor le amarraron dos cartuchos negro en la cabeza, después quedó amarrado en el piso y con los cartuchos en la cabeza, los muchachos se fueron y ella quedó con Y. afuera, después se fueron a la Parrillada La Bangor, pero tuvieron que regresar a la casa de la víctima por la ropa que tenían allá y todavía B.R. estaba vivo con los cartuchos en la cabeza, pero después ya no se movió. Sostiene que Y. le dijo que había que esconderlo porque ella quería todo lo que había dentro de la casa y lo empujaron dentro del closet y le tiraron ropa encima y empezaron a sacar los muebles y colocarlos en la parte trasera de la casa salieron de la casa como a las cuatro de la mañana y ese mismo día desde la siete de la mañana empezaron a buscar un acarreo para llevarse los muebles de la casa de la víctima. Al ser cuestionada si sabía el nombre de los muchachos que participaron del robo en la casa del señor B.R., señaló que solo conoce a J.D.C., a los otros sujetos no los conocía, la que los conoce es Y. porque ella fue la que los buscó. Indica además que J. no participó del acarreo de los muebles que sacaron de la casa del occiso.

El Protocolo de Necropsia del Departamento de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal suscrito por los Médicos Forense R.G. y J.C.R., indica entre otras consideraciones médico legales que, “Al examen externo del cadáver se evidenció la presencia de una bolsa plástica en la cabeza y un elemento constrictor (tela con nudo) que rodeaba la región del cuello. Se evidenció además lesiones internas a nivel de la laringe y tráquea, compatibles con asfixia mecánica”. Como causa de muerte determinan Asfixia Mecánica. (fs. 237-245)

En declaración indagatoria rendida por J.d.C.C.G., indica que la joven que conoce como Y., lo abordó un domingo en una cancha de futbol, donde se encontraba con otros amigos, entre ellos, P., indicándoles que necesitaban ayuda con un acarreo por el que les pagarían diez dólares ($10.00). Al ser preguntado sobre la participación de J.C. en la mudanza de los artículos de la casa del occiso, señaló que no había participado de la mudanza, pero J. vendió una refrigeradora y un televisor a un vecino de apellido V., indicándole que se los había quitado a Y. y Y.. (fs.269-276)

En ampliación de declaración jurada rendida por Y.J.A., donde formula cargos a terceros, al ser preguntada sobre la participación de los involucrados en el proceso, señala que J. le dijo a los otros que amarraran al señor para poder robarle, los tres muchachos lo amarraron, le amarraron las manos hacia atrás, le envolvieron un abrigo rojo, después una toalla blanca y luego los cartuchos; J., revisó los anaqueles para ver si había más cosas que llevarse y se llevó los cincuenta y dos dólares que encontraron en la casa. Indicó que la participación de Y. fue golpear al señor por el costado, y en la cabeza, con un zapato de tacón, sacó muebles de la casa, consiguió el dinero para pagar el acarreo, fue la autora intelectual del homicidio, buscó las bolsas plásticas que usaron para ponérselas en la cabeza, mandó que lo mataran porque él las conocía, fue la que pensó todo; indica además, que P., C. y P. no tuvieron nada que ver.(fs.294-297)

En ampliación de declaración indagatoria rendida por J.C.D., indica que diría la verdad de cómo ocurrieron los hechos y de su participación, explicando que se encontraba un sábado en una discoteca llamada La Vangort, con unos amigos, de nombre, D.C., R.T. y A.D., cuando llegaron Y.M., a.a. “La Reducida” y Y.J.A., a.a. “La M.”, las cuales le indicaron que vivían con un señor en D.B. que tenía plata, invitándolos para que fueran a quitarle la plata, se fueron todos en un taxi y ellas entraron primero y les dejaron la puerta abierta para que entraran. Narra que A. lo agarró, le tapó los ojos, le dijo al señor que no se moviera; D.C. le preguntó al señor dónde estaba la plata, La M. les dijo que lo amarraran; A. lo amarró. Señala que se regresaron a la discoteca La Vangort y una hora después llegaron La M. y La Reducida. Refiere que al día siguiente, le preguntó a La M. qué habían hecho con el señor y le dijo que habían hecho lo que tenían que hacer; y el día domingo les preguntó si la podían ayudar con la mudanza. Señala además que en su primera declaración dijo que había participado de la mudanza, pero no fue así. Indica además, que todos ellos se fueron y la víctima solo quedó amarrada, sin nada en la cabeza. (fs.299 - 303)

Mediante providencia del 21 de septiembre del 2009, la Fiscalía Segunda Superior dispuso recibirle declaración indagatoria a Y.M., alias La Reducida, y a A.V., alias A., por presuntos infractores de las normas contenidas en la Sección I, Título I, Capítulo I, delito Contra la Vida y la Integridad personal (Homicidio) y T.V., Capítulo II delito Contra el Patrimonio Económico (Robo), tipificado en el Libro Segundo del Código Penal, en perjuicio de B.R.. (q.e.p.d.)

Y.J.A., al rendir sus descargos manifestó y confirmó el dicho de J.C.D., señalando que en el robo y homicidio de B. R. (q.e.p.d.) participaron ella, Y., J. y tres sujetos a los cuales no conoce. (240-219)

Mediante declaración de descargos, A.V., libre de juramento y apremio, admite la participación en el robo perpetrado contra B.R. (q.e.p.d.), indicando que, al encontrarse en la discoteca “Vangort”, en compañía de J.C., R.T. (menor de edad) y D.C., se le acercaron Y.M., a.a. “La Reducida” y Y.J.A., a.a. “La M.” para proponerles un asalto en la casa del occiso, lo cual aceptaron dirigiéndose a la casa del mismo y despojándole de B/.52.00 dólares y un celular, no sin antes golpearlo, acción realizada por las damas involucradas, indicando que no compartía dicho actuar pues la idea era solamente robarle, no matarlo. Explica que J. entró al cuarto buscando las pertenencias, R. le puso el trapo en la cara al señor y se lo envolvió, y D. participó en buscar la plata, la encontró en una camisa y la guardó en su bolsillo, y que cuando ellos salieron, el señor solo tenía el trapo y la bolsa no la tenía y estaba vivo. También indicó que J. participó de la mudanza el día después del robo. (359-370)

D.C.C. rinde declaración indagatoria manifestando que participó del robo, que él encontró el dinero y lo guardó, que después del robo se fue con J., A. y R., pero que la Reducida y La M. se quedaron con el señor. Señala la participación de Y.J. y Y.M. como las que le proponen el asalto a B.R. en su residencia, también que él, J., A., R. aceptan el plan y se apersonan a la residencia del occiso y le sustraen sus pertenencias, lo amarran de manos y pies y lo golpean, excepcionando que se retiran dejando a la víctima con Y. y Y., pero al retirarse B.R. aún seguía con vida. Advierte que al momento de retirarse, le preguntó a R. (menor de edad) qué habían hecho con el señor y este le dijo que le habían puesto un cartucho negro en la cabeza para que no los viera. (fs.534-541)

Por su parte, Y.M.M., al ampliar su declaración indagatoria, señala no haber tenido que ver con la muerte del señor B.R., y que no sabía que le iban a robar hasta que Y. le dice por qué J. la llamó y esta última le dijo que estaban en la casa del occiso, por lo que J. llegó allá en compañía de los otros sujetos a robarle al señor R., que J. llegó con una pistola 12 y se la puso en la cabeza al señor, lo tiró al piso y le amarró las manos con un cable de luz negro, G. le amarró los pies con una extensión blanca, T. preguntaba dónde estaba la plata y la pistola y el “pelaito” le puso la toalla blanca en la boca al señor R.. Indica que luego del robo ella se fue de la casa, sola, a la Discoteca La Vangort y no regresó más a la casa, señalando también que no participó de la mudanza de los muebles que estaban en la casa del difunto. (fs.571-576)

A folio 684 y 685 se aprecia evaluación psiquiátrica forense de la joven Y.M.M. y Y.J.A. respectivamente en la cual el Psiquiatra Forense establece que las evaluadas no presentan ningún trastorno mental que le impida comprender la ilicitud del acto imputado.

Igualmente consta la evaluación de Psicología Forense de las imputadas indicando que su nivel de madurez les permite reconocer la diferencia entre el bien y el mal; entre lo correcto y lo incorrecto (fs.686-687, fs.688-689)

Las evaluaciones psiquiátricas de los imputados C.D., C.C. y V.G., visible a fojas 777,1400,1401,1402, respectivamente, señalan de igual manera que su nivel de madurez les permite reconocer la diferencia entre el bien y el mal; entre lo correcto y lo incorrecto.

Se realiza diligencia de Inspección Ocular y Reconstrucción de los Hechos con la participación de los imputados, donde cada uno de ellos da su versión de cómo ocurrieron los hechos. (fs.736-760)

A foja 824 contamos con el oficio No.MGJ-010-05-4263 del 31 de mayo del 2010, en el cual el Médico Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, R.G., luego de revisar el expediente y, escuchados las versiónes de los imputados que participaron de la Inspección Ocular y Reconstrucción de los Hechos realizada el 19 de abril del 2010, , concluye que dichas versiones no son compatibles con la causa de muerte encontrada en el Protocolo de Necropsia correspondiente a B.R..

En ampliación de declaración indagatoria, J.C.D. reitera que su participación solamente fue en el robo en la casa del occiso, que él, D., R. y A. estaban fuera de la casa del occiso esperando cuando Y. “La M.” salió y les avisó que podían entrar a efectuar el asalto. Narra que A. tiró a la víctima al suelo, boca abajo, agarró un cable de teléfono de carga de celular y le amarró los pies y las manos y R. usó una toalla y le tapan los ojos, después de eso, salieron a la discoteca La Vangort y las dos muchachas se quedaron en la casa, como media hora después se apareció “La M.” no dio nada, y se repartieron el dinero entre los cuatro hombres. Indica además que la idea de robarle a B. robles fue de Y. “La M.” y Y. “La Reducida”.(fs.1051-1056)

D.A.C.C., nuevamente rinde declaración indagatoria, señalando en lo medular de la misma que, el día de los hechos, se encontraba en una discoteca, de nombre, La Vangort, con A.V., R. y J., y que como a las diez y media de la noche (10:30 pm), llegaron “La M.” y “La Reducida”, diciéndole a J. que había un señor en D.B. que tenía plata y los llevaron allá. Señala que todos se fueron en un taxi, las mujeres entraron en la casa y luego les avisaron para ellos entrar, J. le dijo que se quedara en la sala cuidando, como a los cinco minutos le dijo que agarrara la plata que estaba en una camisa, cuando entró estaba el señor en el piso, amarrado, A. se le acercó para preguntarle si tenía la plata, después entró al cuarto a llamar a R. y a J. para irse, A. y él salieron y en la casa se quedaron J., Y.tza, Y. y R.; después, como a los cinco o diez minutos ellos salieron y regresaron a la discoteca donde estaban, indica además que no tuvo nada que ver con el homicidio y que no portaban armas de fuego.(fs.1074-1078)

En Vista Penal No.205 del 25 de octubre de 2010, la Fiscalía Segunda Superior, solicitó Auto de Llamamiento a Juicio contra J.C.D., Y.J.A., Y.M.M., A.V.G. y D.C.C. como infractores de las disposiciones legales contenidas en la Sección 1ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo del Código Penal delito Contra la Vida y la Integridad Personal (Homicidio) y por las disposiciones legales contenidas en el Libro Segundo, Titulo IV, Capítulo II, del Código Penal, delito Contra el Patrimonio Económico, (Robo) en perjuicio de B. R. (q.e.p.d.).(fs.1165-1189)

De fojas 1,257 a 1,313 se incorpora transcripción de audiencia de fondo, Sentencia No.67-10 del 02 de noviembre del 2010, emitida por el Juzgado Penal de Adolescentes del Segundo Circuito Judicial, la cual dispuso A. al joven R.T.G., de los cargos formulados por delito de homicidio en perjuicio de B. R. y declararlo Autor del delito de Robo Agravado Consumado condenándolo a la pena de 72 meses de prisión y Resolución del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia del 20 de enero del 2011, en la cual resuelve modificar la sentencia No.67 -10 del 02 de noviembre de 2010, sancionando a R.T.G. por delito de Homicidio en perjuicio de B.R. en calidad de cómplice primario.

Mediante Auto No.236-P.I. del 24 de agosto del 2011, el Segundo Tribunal Superior de Justicia abrió causa criminal contra J.C.D., Y.J.A., Y.M.M., D.C.C., A.V.G., como presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Libro Segundo, T.V., Capítulo II, del Código Penal, relativas al delito de Robo y por las disposiciones legales contenidas en el Título I, Capítulo I, Sección 1ª , del Libro Segundo del Código Penal, relativas al delito de homicidio doloso, en perjuicio de B. R. (q.e.p.d.)

De folio 1390 a 1396 y 1405, 1407,1409 se incluyó certificación de antecedentes penales.

Mediante Auto No.103-P.I. del 03 de julio del 2003, el Segundo Tribunal Superior de Justicia ordenó realizar la audiencia a los procesados bajo las reglas del juicio en derecho pues existe acusación contra los procesados por delito de robo y homicidio doloso, lo que implica que hay concurso delictual.

Hasta este momento, el recuento de las declaraciones y actuaciones existentes en el expediente son suficientes para referirnos en concreto a la situación de los procesados.

A.J.V.G.:

La primera inquietud del Licenciado Guerra Morales guarda relación con el grado de participación de su defendido en el homicidio de B.R., pues considera que la intención de su representado no era matar a la víctima, sino solamente participar del robo.

Vemos que el análisis en conjunto de las pruebas recopiladas a lo largo de la encuesta es lo que llevó al fallador de primera instancia a deducirle responsabilidad en los hechos delictivos a título de cómplice primario; seguramente cada prueba tomada individualmente, por sí sola no tendrá la capacidad de otorgar, la certeza que se requiere, pero el conjunto probatorio analizado con buen juicio y a la luz de las reglas de la sana crítica, la ciencia y la experiencia, arrojó que A.V.G. contribuyó a la ejecución del hecho punible, pues su actuar, según las pruebas recabadas, dan certeza de su participación directa, pues es quien ingresa a la vivienda de la víctima con la intención clara y manifiesta de realizar un asalto, colabora directamente para inmovilizar al occiso, amarrándole las manos con un cable eléctrico, de igual forma colaboró para que le cubrieran la boca y la cara con una toalla y bolsa plástica, por lo que, la teoría del apelante respecto a que su defendido solamente tenía la intención de participar del robo sin haber tenido intenciones de matar al señor R., no encuentran asidero jurídico según las constancias que reposan en autos, toda vez que, a pesar de no haber aceptado ni haber sido señalado como la persona que estranguló al ofendido, su participación en los hechos fue tal que es dable calificarla como complicidad primaria.

Según el criterio jurisprudencial la figura del cómplice primario a la cual se refiere el artículo 44 del Código Penal comprende dos supuestos, a saber: "cooperar en la realización o ejecución del delito, lo cual se adecua al criterio universalmente aceptado en el sentido de que la complicidad primaria debe darse en los actos de ejecución, que son aquellos revestidos de idoneidad para consumar el tipo penal de que se trate. El segundo se refiere a la prestación de un auxilio o aportación sin el cual el hecho punible no se hubiera podido realizar, esto es una forma de participación necesaria."(Fallo de 24 de julio de 1996;R.J. julio, 1996, página 369).

La S. considera que las constancias procesales citadas en los párrafos que anteceden comprueban, tal como señala la sentencia de primera instancia que la participación de A.V.G., es la de cómplice primario, pues su aporte material en la comisión del hecho punible, es decir, concertar en la participación del robo en la casa de B. R., amarrarle las manos, permitir que le cubrieran la cara con un trapo, e irse y dejar al ofendido a merced de las intenciones perversas de los participantes, lo ubican como partícipe en la comisión del hecho punible, además de prestar un auxilio sin el cual no se hubiera podido dar el homicidio, pues con las manos atadas, la víctima no pudo defenderse del ataque del cual fue objeto y que acabó con su vida, todo lo cual subsume su actuar ilícito en la figura del cómplice primario.

J.D.C. DIAZ

La inquietud del Licenciado L.T., plasmada en su escrito de apelación es que ninguna de las declaraciones existentes en el dosier penal manifiestan que su defendido haya efectuado alguna acción dañosa encaminada a participar en causarle la muerte a B.R., su comportamiento solamente estaba encaminado a intervenir en una acción delictiva relacionada al bien jurídico patrimonio económico y no al bien jurídico vida de la víctima.

Después de analizar las circunstancias procesales existentes en autos y los planteamientos del apelante, esta S. comparte el criterio vertido por la sentencia de primera instancia de calificar la participación del procesado como cómplice primario del delito de Homicidio agravado, en perjuicio de B.R., pues el hecho de haber aceptado la idea de realizar el asalto al occiso en su vivienda, trasladándose en grupo hasta ese lugar, haber dirigido la forma como neutralizaban a la víctima, colaborando con amarrarle las manos, amenazarlo con el fin de que indicara donde tenía el dinero, amarrarle los pies, consentir que le cubrieran el rostro y que lo golpearan, además de quedarse dentro del cuarto minutos después que encuentran el dinero con los otros participantes, antes de retirarse de la casa, indica de forma clara que conoce quién y cómo se estranguló al ofendido, y por qué le ponen una bolsa plástica en la cabeza. De igual forma participó en la repartición de los bienes que sustraen de la casa del ofendido días después de su muerte.

Las constancias demuestran que éste prestó una contribución indispensable en la ejecución del hecho punible por cuanto tomó parte en su realización.

Sobre el particular, debe precisarse que para ser cómplice de un delito, no es absolutamente indispensable tomar parte en todos los actos preparativos y de ejecución, sino que basta una determinada actuación en cualquiera de los aspectos del iter criminis con la intención o propósito de cometer la infracción, para que se le considere partícipe o cómplice de la misma. Bien puede darse el caso de que uno de los autores del delito no sea exactamente el ejecutor y, sin embargo, tenga tanta responsabilidad como éste último.

Y.J. y Y.M.

Las inquietudes del Licenciado M.G. en representación de Y.J., y de la Licenciada M.R., en representación de Y. Montero, van dirigidas en rechazar el criterio del Tribunal, pues consideran que la conducta de sus representadas está tipificada en el numeral 9 del artículo 132, toda vez que el delito de homicidio se ejecutó para ocultar el delito de robo, cometido en perjuicio de B. R. (q.e.p.d.) y no en el numeral 6 como indica la sentencia, pues la pena impuesta lesiona el principio de doble juzgamiento y el principio de legalidad ya que se está sancionando dos veces a sus defendidas por un mismo hecho, pues todo delito está sancionado por el Código Penal con una pena, sin que sea posible duplicarla o multiplicarla y, en el caso que nos ocupa, la conducta lesionó el numeral 9 del artículo 132 y la pena a imponer es señalada en la norma como de 20 a 30 años de prisión.

Igual criterio esbozan en sus escritos de apelación los defensores de los señores A.V. y J.C.D., por lo que la S. se pronunciará en el siguiente párrafo sobre dichas consideraciones por ser la misma para todos los apelantes.

La S. aprecia que, al momento de determinar la pena, el A quo consideró que las conductas llevadas a cabo por los apelantes se ubica en los artículos 131 y 132, numeral 6 del Código Penal que prevé una sanción de 20 a 30 años de prisión para el delito de homicidio agravado, imponiendo veinticinco (25) años de prisión a cada uno de los justiciables por este delito y para el delito de robo agravado, aplicó los artículos 218 y 219, numeral 3, imponiendo a cada uno de los procesados por éste siete (07) años de prisión, aumentando tres (03) años, por haber sido cometido por varias personas. Con base en lo anterior, se aplicó el numeral 1 del artículo 86 del Código Penal que indica que, se aplicará la sanción que resulte de la adición y acumulación de todas las penas de cada uno de los delitos cometidos, y con base en ello se impuso a cada uno de los procesados la pena acumulad de treinta y cinco (35) años de prisión.

Se aprecia en autos que la aplicación del artículo 86 numeral 1 del Código Penal, adversada por los apelantes está sustentada de forma correcta, pues, luego de haber analizado el caudal probatorio inmerso en el expediente, así como el actuar de cada uno de los imputados, se demuestra, sin lugar a dudas, que se configura un concurso real o material de hechos punibles, pues los imputados realizan diferentes acciones, las cuales lesionan varias disposiciones de la ley penal, como es el delito de robo agravado y el delito de homicidio agravado.

De esta forma se procedió cuando se llama a juicio a los sindicados por delito de homicidio, como por delito de robo, según se aprecia en resolución del 24 de agosto del 2011, (fs.1341-1362), con el fin de acreditar cada infracción penal que se le imputó a los sindicados, y como dicha imputación se llegó a probar según las pruebas presentadas en la realización del juicio oral y que llevaron al juzgador a tener la certeza de su ocurrencia, se debe así mismo aplicar, al momento de emitir sentencia, una pena para cada conducta ilícita probada, todo en virtud del principio de estricta legalidad.

Ello es así por cuanto, los sindicados entran en la vivienda del ofendido con la intención manifiesta de despojarlo de sus bienes (dinero, celular y muebles) lo atan de pies y manos, le cubren el rostro con una toalla, con el fin de que no los reconociera, lo golpean y, no conforme con eso, después de que la víctima les indica dónde guardaba el dinero, le colocan una bolsa de basura en la cabeza y lo estrangulan, porque necesitaban sacar todos los enseres de la casa del occiso, acción que coordinaron y realizaron pocos días después, pues sabían con certeza que nadie se lo impediría por haberse encargado de cercenar la vida del señor R., lo que se demuestra que la acción de estrangular a la víctima se da posterior a que se apoderan, de manera violenta y entre varios, de las pertenencias de la víctima lo que configura el delito de robo agravado, y luego, para procurar apoderarse de otros bienes muebles del occiso que tenía en su casa y que no podían llevarse en el momento que lo despojan del dinero, lo estrangulan para posteriormente sacarlos y repartírselos.

La versión de los apelantes de que el homicidio fue con el fin de asegurar su ocultación o su impunidad no es aceptado por esta S., pues en autos se aprecia que los imputados, al momento de entrar y neutralizar al ofendido, lo tiran al suelo cayendo éste de frente, lo amarran con las manos y pies hacia atrás y le colocan una toalla en la cara, con el fin de que la víctima no los reconociera; es más, las sindicadas señalan que usaban zapatos del occiso para patearlo, para que este no reconociera que era una mujer que lo golpeaba, aunado al hecho de que ellas se hacían las víctimas también, circunstancia que creyó en todo momento el ofendido, cuando les pedía a los varones que no les hicieran daño a ellas, confirmando que B.R. mantenía el rostro cubierto y creyó en todo momento que él y sus visitas femeninas eran asaltados, sin sospechar siquiera de la participación de éstas, por lo que, si los imputados solo hubieran tenido la intención de apoderarse del dinero de la víctima, lo hubieran hecho, porque se encargaron por todos los medios de que esta no pudiera mirarlos para no ser reconocidos, pero como además deseaban los enseres del hogar, posteriormente deciden estrangularlo, acción que solamente una persona aceptó, pero de la cual, todos tuvieron participación directa.

Expresado lo anterior, solo resta a esta S. proceder a confirmar que se demuestra en autos la ocurrencia de un concurso real o material de delitos, pues, las acciones llevadas a cabo por los imputados YENITZA JULIO AROSEMENA, Y.M.M., J.C.D., A.V.G. y D.C.C. vulneraron varias disposiciones legales. En tal sentido el ilustre tratadista R.E. ha señalado que "Esta modalidad se presenta cuando varias acciones u omisiones realizadas por el mismo agente con finalidades diversas producen una pluralidad de violaciones jurídicas y, por lo mismo, encuadran en varios tipos penales, o varias veces en el mismo tipo delito. La característica esencial de esta figura es la independencia estructural de los hechos ejecutados por el actor y de su encuadramiento típico" REYES ECHANDÍA, A.. Derecho Penal. Editorial Temis,S.A.S.F. de Bogotá, Colombia.1996. pág.143.

Con el mismo criterio se ha pronunciado la Dra. A.E.G. de V., quien señala: "Se considera que hay concurso real o material cuando el sujeto activo realiza varios comportamientos delictivos, independientes entre sí y como consecuencia se producen varias lesiones o infracciones de normas jurídicas." GUERRA de V., A.E. y VILLALAZ, G.. Manual de Derecho Penal. Parte General. Panamá, Editorial Portobelo, 2013, pag.185.

En este caso, como se ha visto, se trata de dos situaciones independientes, la primera de ellas, el apoderamiento, mediante violencia, de una cosa mueble ajena con la intervención de varias personas (robo agravado), y, la segunda, el causarle la muerte a otro, por medios de ejecución atroz, (homicidio doloso agravado), por lo que dichas transgresiones configuran un concurso real de delitos.

El principio non bis in idem o doble juzgamiento, no se configura, pues no es cierto que el Tribunal Superior de Justicia haya sancionado doblemente la conducta de robo por la cual también fueron llamados a juicio todos los procesados.

Tal acción de doble sanción hubiera ocurrido si el Tribunal Superior hubiera calificado el homicidio en su modalidad gravada, pero con base en el numeral 9 del artículo 132 del Código Penal, es decir, por haberse cometido el homicidio “inmediatamente después de haberse cometido un delito, para asegurar su ocultación o la impunidad o porque no se pudo alcanzar el fin propuesto”, pues tal como aseveró el único integrante del A-quo que salvó su voto, de haber sido ese el caso, la ley “ordena sancionar con mayor rigurosidad la ejecución del homicidio cuando este (sic) se verifica para asegurar la ocultación o la impunidad de otro delito (cfr.F.1554). En esa eventualidad, el cargo de robo se habría subsumido en el homicidio agravado por esta circunstancia agravante específica. Sin embargo, el Tribunal Superior no calificó el homicidio en su modalidad agravada basado en esa circunstancia agravante específica-numeral 9 del artículo 132 del Código Penal-, sino con base en el numeral 6 de la misma norma, es decir, por haberse cometido el homicidio mediante asfixia, lo cual es indiscutible, toda vez que el Protocolo de Necropsia practicada al cadáver revela que la causa de muerte fue asfixia mecánica (fs.237-245).

Lo anterior quiere decir que el A Quo no tuvo el robo como una circunstancia agravante específica del homicidio y por tanto, no consideró su existencia para la dosificación de la pena del delito de homicidio agravado, sino que sólo lo consideró-una vez- para dosificar la pena por el delito de robo, por el cual también fueron sindicados y juzgados todos los procesados.

Cabe señalar que con respecto al tema del doble juzgamiento, la jurisprudencia ha señalado con anterioridad los requisitos para que éste pueda reconocerse según nuestro ordenamiento jurídico:

"La S. considera que existen cuatro requisitos para que opere el principio de doble juzgamiento en la justicia penal. Los requisitos deben ser congruentes unos con los otros. El primero consiste en la existencia de un proceso anterior. El segundo requisito consiste en que haya identidad de sujetos procesales. El tercer requisito se refiere a que se trata de los mismos hechos y el cuarto requisito requiere que el proceso anterior haya concluido mediante sentencia absolutoria o condenatoria o mediante un sobreseimiento definitivo, en firme y ejecutoriados en favor de los mismos sujetos procesales." (Fallo de 24 de septiembre de 2003)

También observa la S. que todos los defensores que sustentan sus alzadas entre sus planteamientos mencionan reiteradamente que la pena impuesta es excesiva y se debió tomar en cuenta, los aspectos objetivos y subjetivos que exige el artículo 79 del Código Penal. Por ser este planteamiento, común denominador de los apelantes nos referiremos al respecto en un solo párrafo.

Al respecto, consideramos prudente recordarle a los recurrentes que la discrecionalidad del Juzgador al fijar la pena debe respetarse; puesto que la pena impuesta no es modificable, salvo evidentes vicios de ilegalidad. En relación a ello, existe jurisprudencia de esta alta corporación, en lo que se refiere a la discrecionalidad del juzgador en cuanto a fijar la pena base, misma que debe ser respetada por el Tribunal de la alzada, en aras de la independencia judicial que tienen los jueces de instancia al momento de hacer la dosificación de la pena; tal como se puede observar en fallo de la S. Segunda de lo Penal, de fecha 4 de marzo de 1997, bajo la ponencia del Magistrado H.C..

... debe respetarse la discrecionalidad del juez al fijar la pena base dentro del intervalo penal contentivo de la punibilidad aplicable al delito, o sea, la individualización judicial por antonomasia que hace el juez de la causa en uso de sus facultades legales, considerando los elementos de juicio del proceso respecto de la persona del sujeto activo del delito.

Todo lo anterior lleva a la conclusión de que el Tribunal a-quo realizó una adecuada valoración de las pruebas contenidas en el expediente penal, conforme con las reglas de la sana crítica, siendo que las mismas logran alcanzar la eficacia para crear la convicción y la certeza necesarias para condenar a los procesados, por lo que procede confirmar la pieza judicial impugnada.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo antes expuesto, LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley CONFIRMA la Sentencia No.06-P.I del 17 de junio de 2015, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial

Notifíquese y Cúmplase,

FUNDAMENTO DE DERECHO

Artículos 2424, 2425 y 2427 del Código Judicial. Artículos 43, 44, 79, 84, 86, 132, numeral 6, 218 y 219 numeral 3 del Código Penal.

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E.

ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria)

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