Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 5 de Febrero de 2010

Ponente:Victor L. Benavides P.
Fecha de Resolución: 5 de Febrero de 2010
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS:

El Licenciado O.V.L., actuando en representación de DIOLIS DEL CARMEN MARTÍNEZ, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, la Nota OIRH-772-09 de 9 de octubre de 2009, emitido por el Jefe Institucional de Recursos Humanos Encargado del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Se procede entonces, a la revisión del libelo de demanda a fin de verificar si cumple con los requisitos que hacen viable su admisión.

Vemos entonces que, junto con la demanda el Licenciado Vega presenta, entre otros, una copia de la Nota OIRH-772-09 de 09 de octubre de 2009 (acto impugnado), y una copia autenticada de la Resolución No.275-09 de 31 de diciembre de 2009 emitida por el ministro de Obras Públicas.

Recordemos que existen una serie de presupuestos de obligatorio cumplimiento para comparecer ante ésta jurisdicción contenciosa administrativa, los cuales se encuentran consignados en el artículo 42 y subsiguientes de la Ley 135 de 1943 modificada por la Ley 33 de 1946.

Al analizar éstas piezas procesales salta a la vista de ésta Colegiatura, la ausencia de sendos requisitos indispensables de admisibilidad que hacen imposible la tramitación de la presente demanda.

En primer lugar, vemos que el Licenciad VEGA incurre en un yerro al señalar como acto atacado la Nota OIRH-772-09 de 09 de octubre de 2009, pues la misma constituye el acto administrativo por medio del cual se le notifica a la afectada de la decisión tomada mediante Decreto Ejecutivo de Personal No.201 de 2009, es decir, que éste último es el acto ORIGINAL.

En segundo lugar, el libelo de demanda adolece de todos los requisitos establecidos en el artículo 43 de la Ley 135 de 1943, a saber:

  1. La designación de las partes y sus representantes.

  2. Lo que se demanda.

  3. La expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación.

En torno al tema, ésta Superioridad se ha pronunciado en reiteradas ocasiones. A manera de ejemplo, citamos un extracto de las siguientes resoluciones:

Auto de 4 de marzo de 1998

...este es un requisito indispensable que debe cumplir toda demanda contencioso administrativa, a fin de que esta Superioridad pueda analizar el fondo de las causales o motivos de ilegalidad que deben ser debidamente invocados por el actor, al igual que ampliamente explicadas las infracciones de los preceptos en cualquiera de sus modalidades, violación directa por omisión o comisión, interpretación errónea o indebida aplicación de la Ley. De esta manera, si la parte actora no expresa cuales son las disposiciones que se consideran infringidas, la Sala no se puede pronunciar sobre la ilegalidad planteada.

Auto de 10 de mayo de 2007

"La Sala ha expresado, que para cumplir con el requisito anterior, deben transcribirse las disposiciones legales que se estiman violadas, para que de la confrontación del acto administrativo impugnado, con la norma que se considera violada, se pueda apreciar la violación aducida (Ver Autos de 5 de agosto de 2002: Cooperativa de Trabajo y Expendio de Alimentos, S.R.L. vs. Estado / Auto de 5 de septiembre de 2000: Euro Cargas y Aircraft International Company, S. A. vs. Estado).

Aunado a lo anterior, en lo se refiere a "la designación de las partes y sus representantes", cabe destacar que en este apartado debe señalarse la parte demandante, la demandada, e incluso la intervención de la Procuradora de la Administración." (Auto de 2 de julio de 2003).

"Tal como se desprende de lo expuesto en ordinal 1 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946 y como lo ha señalado reiterada jurisprudencia de esta Superioridad, la correcta designación de las partes y sus representantes en las demandas contencioso-administrativas, es un requisito necesario para darle curso."

Auto de 11 de abril de 2003

...Como quiera que el demandante pretermitió solicitar el restablecimiento del derecho subjetivo violado, requisito esencial en la demanda que nos ocupa procede no darle curso a la misma, según lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943." (Auto de 28 de septiembre de 2001)

"A este respecto, esta Superioridad ha señalado en diversas ocasiones que en las acciones de plena jurisdicción es un requisito formal, solicitar, además de la declaratoria de nulidad del acto acusado, el restablecimiento del derecho subjetivo conculcado, tal como lo preceptúa el artículo 43a de la Ley 135 de 1043." (Auto de 27 de febrero de 2002; Auto de 13 de agosto de 2001)

El segundo defecto de la demanda en cuestión radica en que la parte actora omitió pedir a la Sala el restablecimiento del derecho subjetivo violado por el acto administrativo que acusa de ilegal. Sólo se circunscribe a solicitar la nulidad de los actos que acusa de ilegal (Cfr. Fojas 29 y 37).

Vemos entonces que, la demanda presentada por el Licenciado Vega, no cumple con los requisitos de admisibilidad, por lo que a ésta S. no le queda más que inadmitir la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción de conformidad con el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

Antes de finalizar, vale dejar constancia que una cosa es la Tutela Judicial Efectiva y otra cosa es el deber que tiene todo el que ocurra ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en auxilio de sus Derechos subjetivos o en defensa de los intereses de la colectividad, esto es, de cumplir con los requisitos básicos mínimos que por Ley se han establecido, por ello no se debe interpretar que la tutela judicial efectiva, sea un acceso desmedido a la justicia, puesto que, no ha sido esto lo que ha sostenido esta Corporación de Justicia a través de su jurisprudencia.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción instaurada por DIOLIS DEL CARMEN MARTÍNEZ, para que se declare nulo, por ilegal, la Nota OIRH-772-09 de 9 de octubre de 2009, emitido por el Jefe Institucional de Recursos Humanos Encargado del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese

VICTOR L. BENAVIDES P.

HAZEL RAMIREZ (Secretaria Encargada)