Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Agosto de 2015

Ponente:Nelly Cedeño de Paredes
Fecha de Resolución:12 de Agosto de 2015
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS: Conoce el resto de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, del recurso de apelación promovido por la Procuraduría de la Administración mediante Vista N° 333 de 8 de junio de 2015, en contra de las Providencias de 14 y 20 de mayo de 2015, mediante las cuales se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción (sumario) interpuesta por la licenciada W.S., actuando en nombre y representación de W.G.J. para que se declare nula, por ilegal, la Resolución Administrativa N° 573-14 de 22 de octubre de 2014, emitida por el Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN. En lo medular, la Procuraduría de la Administración fundamenta sus objeciones en lo siguiente: ... 1. La oposición de la Procuraduría de la Administración a la admisión de la mencionada demanda, radica en que la acción presentada por la actora no cumple con el requisito de agotamiento de la vía gubernativa, a pesar de ser un presupuesto procesal consagrado en la Ley 39 de11 de junio de 2013, "que reconoce ciertas prestaciones laborales a los servidores públicos", modificada por la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013, en consecuencia con lo establecido en la Ley 135 de 1943 y la Ley 38 de 2000. ... 2. Otra causa que motiva nuestra apelación es el hecho que la demandante, actuando por medio de apoderada judicial, ha comparecido ante la Sala Tercera con le objeto de presentar una Demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución Administrativa 573-14 de 22 de octubre de 2014, proferida por el Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, en la cual solicita: "el pago del décimo proporcional, vacaciones proporcionales, así como también la cancelación de otras prestaciones laborales reconocidas legalmente (Ley 127 de 31 de diciembre de 2013)" como lo son: prima de antigüedad y la indemnización (Cfr. Foja 22 del expediente judicial) (El resaltado es nuestro). De lo anterior, se desprende con claridad que, a través de la acción en estudio, la recurrente está requiriendo: 1) el pago de la prima de antigüedad; y 2) la indemnización. ... Como quiera que la prima de antigüedad, por una parte, y la indemnización, por la otra, se tramitan bajo procesos distintos, la Sala Tercera igualmente ha expresado que dichas prestaciones laborales deben solicitarse en demandas separadas, porque, de lo contrario se produciría un obstáculo procesal que impediría decidir ambas pretensiones en un mismo negocio jurídico; y que en caso que sean requeridas en un solo libelo, como ocurre en la situación bajo examen, la demanda no debe ser admitida. OPOSICIÓN A LA APELACIÓN. La apoderada judicial de la señora W.G.J. solicita se desestimen las pretensiones de la Procuraduría, y se continúe el trámite que corresponde debidamente detallado en el reglamento que desarrolla el proceso sumario. En su escrito de oposición la licenciada S. expone lo siguiente: 1. La demanda no cumple con los requisitos de agotamiento de la vía gubernativa. La Ley N° 135 de 30 de abril de 1943, reformada por la Ley N° 33 de 11 de septiembre de 1946, son ambas disposiciones normativas que tiene carácter y regímenes especiales debido a que su materia esta circunscrita a los conflictos contenciosos administrativos que pueden originarse de las prestaciones de servicios generado por el Estado frente a los particulares. ... Así las cosas, las normas especialísimas, ley N° 39 de 11 de junio de 2013 y la Ley N° 127 de 31 de diciembre del 2013, permiten activar el contencioso administrativo sin agotar la vía gubernativa, conforme se desprende del artículo 3 de la Ley N° 39 de 11 de junio del 2013, toda vez que de no ser así, a todos los funcionarios se le extinguirá su derecho de reclamar por el efecto de la prescripción en vista a que el artículo 2 de la Ley N° 39 de 11 de junio de 2013, modificado por el artículo 4 de la Ley N° 127 de 31 de diciembre del 2013, indica que el término de prescripción se computa a partir de la notificación del acto de despido, siendo irrelevante el agotamiento de la vía administrativa. 2. El recurrente objeta la admisión de la demanda en virtud a que no es viable combinar pretensiones, es decir derecho adquirido (Prima de Antigüedad, vacaciones y décimos terceros meses) no puede solicitarse al mismo tiempo que los derechos de mera expectativa (Indemnización). La economía procesal es un principio dentro del derecho que busca minimizar los términos y el desgaste de las partes producto del tiempo y la ocurrencia de gastos innecesarios que podrían ser ahorrados en beneficio de todos, en esta dirección el Artículo 215 numeral primero de la Constitución Política de Panamá es un ejemplo al objeto que nos estamos refiriendo en vista que esta norma constitucional expresa que las leyes procesales deben implicar y proyectarse honrando la economía procesal. La prima de antigüedad y la indemnización son derechos que nacen de la propia relación laboral y se encuentran vinculados ya que la prima de antigüedad es un derecho adquirido ligado a la existencia de una prestación del servicio al Estado en su calidad de empleador, mientras que la indemnización se vincula por la interrupción laboral injustificada por parte del Estado en su calidad de empleador, pero ambas dependen de información en común para su cálculo. Siendo así, la interpretación del Procurador de la Administración resulta contraria a la lógica, las normas y la Constitución, toda vez que el funcionario afectado por la interrupción laboral tendrá que ser asistido por un abogado en dos procesos distintos... Con el máximo respeto que merece la Sala, resulta incongruente la opinión del Procurador ya que la misma riñe con los principios de economía procesal que deben regir ante todos los procesos que se tramiten en la República de Panamá pues en ambas circunstancias se emitirán pronunciamientos distintos, en fechas distintas... 3. Procedemos a dar un ejemplo de especialidad de la ley. El agotamiento de la vía gubernativa es un requisito implícito en la Ley Especial del Contencioso Administrativo, sin embargo, ese requisito especial no tiene vigencia para las reclamaciones que se derivan de las relaciones laborales del Estado con un particular. ... Por los motivos antes expuestos, queda claro de que agotar la vía gubernativa representa una extensión o un período mayor para obtener los resultados deseados y que en casos especiales ante la existencia de normas especialísimas no es necesario cumplir este requerimiento. DECISIÓN DEL RESTO DE LA SALA. Luego de la lectura de los argumentos expuestos por las partes implicadas en el proceso y, su correspondiente confrontación con las constancias procesales que obran en autos, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera proceden a resolver el presente recurso, en base a las siguientes consideraciones. Este Tribunal de segunda instancia observa, que la parte actora sustenta y fundamenta su acción en la Ley N° 39 de 11 de junio de 2013, modificada por la Ley N° 127 de 31 de diciembre de 2013, solicitando entre otras cosas, la declaratoria de nulidad, por ilegal, de la Resolución Administrativa N° 573-14 de 22 de octubre de 2014, proferida por el Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá; y se ordene a la Autoridad Marítima de Panamá al pago de la suma total de B/:7,826.45, la cual se desglosa en el siguiente detalle: Indemnización laboral B/.5,689.80 Prima de Antigüedad B/.1,673.01 Décimo Tercer Mes Proporcional B/.100.00 Vacaciones proporcional B/.363.64 En reiteradas ocasiones, la Sala ha señalado que con la entrada en vigencia de la Ley N° 39 de 11 de julio de 2013, modificada por la Ley N° 127 de 31 de diciembre de 2013, se establecieron de manera taxativa, tres (3) prestaciones laborales a las que tienen derecho los servidores públicos detallados en dichas Leyes, dependiendo de las circunstancias establecidas en dichos cuerpos legales. Veamos: A. Uno de esos derechos es la prima de antigüedad (Cfr. Artículo 3 de la Ley N° 127 de 2013), que surge por el tiempo laborado de manera continua en la o Entidades estatales; no obstante, ante el vacío existente en las Leyes antes mencionadas, su tramitación se deberá efectuar conforme al proceso establecido por la Ley N° 135 de 1943, que regula entre otros, el proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, por tratarse de reclamos de derechos particulares; B. Respecto de los otros dos derechos, el reintegro o la indemnización (Cfr. Artículo 4 de la Ley N° 127 de 2013), estos se producen cuando el funcionario haya sido destituido injustificadamente, cuya tramitación se hará a través de proceso sumario. Primeramente, es importante señalar que el proceso será sumario para aquellas demandas que promuevan los servidores públicos destituidos injustificadamente, tal y como lo establece el artículo 3 de la Ley N° 39 de 2013; sin embargo, en cuanto al proceso que deban seguir los servidores públicos, una vez agotada la vía gubernativa para reclamar el pago de la prima de antigüedad, la Ley en mención no establece cuál será el procedimiento a seguir; por lo que ante este vacío, debe entenderse que se seguirá el proceso que la Ley N° 135 de 1943 establece para las acciones contenciosas administrativas de plena jurisdicción, ya que dicha reclamación se realiza sobre un derecho de carácter particular. De lo anterior se colige, que para las reclamaciones de reintegro o indemnización, se seguirá proceso sumario, mientras que para las reclamaciones de prima de antigüedad, el procedimiento será en base a lo estipulado en la Ley N° 135 de 1943. Esta Superioridad razona, tomando en consideración los antes esbozado, que los reclamos de prima de antigüedad y las demandas de indemnización deben tramitarse en demandas separadas, por ser procedimientos distintos y para evitar obstáculos procesales que imposibiliten decidir ambas pretensiones laborales en un mismo proceso. De allí que, el solo hecho que la parte actora haya reclamado en una misma demanda ambas pretensiones, es suficiente para desestimar la petición presentada ante este Tribunal. Ahora bien, respecto al agotamiento de la vía gubernativa, observa esta Superioridad que la parte actora no hizo uso adecuado de los recursos en vía administrativa, pues se observa al reverso de la foja 33 que se notificó del acto administrativo original el día 24 de octubre de 2014, y seguidamente presentó escrito de reconsideración el día 29 de octubre de 2014. Luego, interpuso demanda contenciosa de plena jurisdicción de indemnización laboral el día 22 de diciembre de 2014. Cabe señalar que para que se configurara el agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo (artículo 200 numeral 1 de la Ley 38 de 2000), debían pasar dos meses desde la presentación del recurso en vía gubernativa, es decir que éste se perfeccionaba el día 29 de diciembre, por lo que se aprecia que recurrió a la Sala de manera extemporánea por prematura, y por tal motivo no se perfeccionó el agotamiento de la vía gubernativa. En mérito de lo expuesto, estima este Tribunal que las omisiones observadas constituyen suficiente mérito para revocar la Resolución que admite la demanda en estudio. En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCAN las Providencias de 14 y 20 de mayo de 2015, y en consecuencia, NO ADMITEN el proceso sumario de indemnización laboral interpuesto por la licenciada W.P.S., en nombre y representación de W.Y.G.J. para que se declare nula, por ilegal, la Resolución Administrativa N° 573-14 de 22 de octubre de 2014, emitida por el Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá. N., N.C. DE PAREDES LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ KATIA ROSAS (Secretaria)