Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 7 de Agosto de 2015

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución 7 de Agosto de 2015
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: Ha llegado a conocimiento de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo y Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la demanda de reintegro por despido injustificado, interpuesta por la licenciada N.D.C.C.P., en nombre y representación de E.E.B.H., para que se declare nula, por ilegal, el Decreto de Personal No. 156 de 2 de febrero de 2015, emitido por el Ministerio de la Presidencia. Cumplido el reparto por la Sala y adjudicado a este despacho, corresponde al suscrito pronunciarse sobre la admisibilidad del presente proceso sumario de indemnización. El acto censurado con la demanda procesal, lo constituye el Decreto de Personal No. 156 de 2 de febrero de 2015, mediante el cual el Ministerio de la Presidencia, destituyó al señor E.B.H., con cédula de identidad personal No. 9-706-1710 del cargo de Asistente Administrativo I, que ocupaba en dicho ministerio. Observamos que la presente acción tiene sustento jurídico en la Ley 39 de 11 de junio de 2013, modificada por la Ley 127 de 2013 y que en la misma se solicita que la Sala declare que es nulo por ilegal el Decreto de Personal No. 156 de 2 de febrero de 2015 y sus actos confirmatorios; y en consecuencia se ordene el reintegro al señor E.B.H. cargo que ocupaba de Asistente Administrativo I. Es importante señalar que el artículo 3 de la Ley 39 de 2013, modificada por la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013, indica que la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de los procesos sumarios que promuevan los servidores públicos destituidos injustificadamente. Para mejor ilustración el contenido de la norma es el siguiente: "Artículo 3: La Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia conocerá de las demandas que promuevan los servidores públicos destituidos injustificadamente. El proceso será sumario y el Tribunal tendrá el término de tres meses calendarios para emitir fallo." (el énfasis es nuestro). Del artículo trascrito se conceptúa, que la competencia de la Sala es en razón de la destitución injustificada, por medio de una demanda especial denominadaproceso sumario el que deberá ser resuelto por este Tribunal en un término de tres meses calendarios. Demanda que debe cumplir con los mismos requisitos que se exigen para este tipo de proceso en el Código de Trabajo en el artículo 553 en donde se establece lo siguiente: "Artículo 553: La demanda debe contener: 1. La designación de Juez a quien se dirige; 2. El nombre de las partes y el de sus representantes, sí aquellas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas; su vecindad, residencia y dirección si es conocida, o la afirmación de que se ignora la del demandado, bajo juramento; 3. Lo que se demanda, expresando con claridad y precisión los hechos u omisiones; 4. Los fundamentos de derecho en que se apoya. Cuando el trabajador pueda litigar en causa propia no será necesario este último requisito." En concordancia, vemos que el artículo 2 de la Ley 39 de 2013, modificado por el artículo 4 la Ley 127 de 2013, señala el derecho a solicitar el reintegro o en su defecto al pago de una indemnización; la norma es del contenido siguiente: "Artículo 4. El artículo 2 de la Ley 39 de 2013 queda así: Los servidores públicos al servicio del Estado, que son destituidos de sus cargos sin que medie causa justificada de despido prevista por la ley según las formalidades de ésta. Tendrán derecho a solicitar el reintegro a su cargo o, en su defecto el pago de una indemnización, la cual será calculada con base al último salario devengado y conforme a la escala prevista en el artículo 225 del Código de Trabajo, por cada año laborado al servicio del Estado en forma continua, aunque sean en diferentes entidades del sector público. El derecho del servidor de reclamar el reintegro prescribe a los cinco días hábiles contados a partir de la notificación del despido y el de reclamar el pago de la indemnización por razón del despido injustificado prescribe al término de sesenta días calendarios contados a partir de la notificación del despido." Atendiendo lo indicado en la norma el servidor público que fuera destituido de su cargo sin que mediara causa justificada, puede presentar un proceso sumario ante esta Corporación judicial para que se le reintegre o en su defecto sea indemnizado. Dicho de otra manera el interesado puede pedir a través de un proceso sumario el reintegro o la indemnización. Ahora bien, el derecho para reclamar el reintegro prescribe en cinco (5) días y para el de indemnización a los sesenta (60) días, ambos términos contados desde la notificación del despido. Sobre la base de lo anterior, consideramos que la parte actora incurrió en un error al identificar la presente acción como demanda contencioso administrativo de plena jurisdicción, en lugar de proceso sumario de reintegro, proceso especial establecido por la Ley 39 de 2013; sin embargo, el Tribunal estima que es aplicable lo previsto en el artículo 215 de la Constitución Nacional y el artículo 474 del Código Judicial, que indica que: "Cualquier error o defecto en la identificación, denominación o calificación de la acción, excepción, pretensión, incidente o recurso, o del acto, de la relación o del negocio de que se trate, no es óbice para que el Juez acceda a lo pedido, de acuerdo con los hechos invocados y la prueba practicada, si la intención de la parte es clara." El artículo 215 de la Constitución Nacional es del contenido siguiente: "Artículo 215. Las Leyes procesales que se aprueben se inspirarán, entre otros, en los siguientes principios: 1. Simplificación de los trámites, economía procesal y ausencia de formalismos. 2. El objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley substancial." Señalado lo anterior, estimamos que no darle curso a la acción presentada, puede ser una decisión contraria al principio que establece el artículo 215 de la Constitución Política de la República, por medio del cual el ordenamiento constitucional obliga a la realización del derecho sustancial, por encima de formalismos excesivos o innecesarios, lo que queda sustentado en los principios rectores del proceso laboral, además de limitar que la Administración atienda una solicitud de reintegro, por despido injustificado. En ese contexto, precisa referirnos al principio constitucional de la tutela judicial efectiva sobre el cual este Tribunal se ha referido en numerosas ocasiones en los términos siguientes: ... "por la doctrina citada por L.V.G., en su obra denominada el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva en lo Contencioso Administrativo, Doctrina y Jurisprudencia, en que detalla el alcance y manifestaciones de tal derecho. Veamos, "Es el derecho que ostenta toda persona a que se le haga justicia, esto es, a que su pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso con unas mínimas garantías... consiste en que el derecho de acceso al proceso sea un proceso no desnaturalizado, que pueda cumplir su misión de satisfacer pretensiones que se formulen lo que no significa un derecho a obtener una sentencia favorable ni una sentencia en cuanto al fondo (G.P.). Debe configurase como un derecho a la prestación jurisdiccional, es decir, el derecho a una actividad de los órganos jurisdiccionales del Estado (DÍEZ -PICAZO). Es un derecho fundamental que queda satisfecho mediante la obtención de una resolución fundada en Derecho, que habrá de ser de fondo cuando concurran todos los requisitos procesales para ello, sea o no favorable a las pretensiones formuladas, porque de otra forma se llegaría al absurdo de que se infringiría este derecho fundamental cada vez que una persona ejerciera una acción y no obtuviera un resultado no acorde con su pretensión (GÓMEZ -FERRER MORANT). Es un derecho de aplicación inmediata, que constituye un instrumento para obtener la protección del resto de derechos y tiene carácter de derecho fundamental. De aquí que sea un medio para robustecer la potestad jurisdiccional de control de revisión de la actuación de las Administraciones Públicas, ampliando el ámbito de protección desde el triple punto de vista de la legitimación procesal, de la materia objeto del recurso contencioso administrativo e intereses que pueden residenciarse ante los Tribunales (RODRÍGUEZ OLIVER)." (Sentencia de 20 de agosto de 2014, en virtud de la demanda de Nulidad presentada por la Autoridad del canal de Panamá contra la Junta de Relaciones Laborales) Ahora bien, de la lectura del escrito de la demanda y las pruebas que la acompañan estimamos que la actora presentó en tiempo oportuno su reclamo de reintegro, por tanto, es viable admitir la presente acción como proceso sumario de reintegro, y a la fijación de la audiencia para la práctica de pruebas. En virtud de lo anterior y atendiendo a lo preceptuado en el artículo 3 de la Ley 39 de 2013, según el cual esta Sala conocerá de las demandas que promuevan los servidores públicos destituidos injustificadamente como proceso sumario, con la única formalidad de que se presente en un término perentorio, el Suscrito Magistrado Sustanciador, actuando en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DISPONE ADMITIR la presente acción presentada por licenciada N.D.C.C.P., en nombre y representación de E.E.B.H., para que se declare nula, por ilegal, el Decreto de Personal No. 156 de 2 de febrero de 2015, emitido por el Ministerio de la Presidencia, y se ordene el reintegro. FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 215 de la Constitución Política, artículo 3 y 4 de la Ley 39 de 2013, modificada por la Ley 127 de 2013 y artículo 553 del Código de Trabajo. N., ABEL AUGUSTO ZAMORANO KATIA ROSAS (Secretaria)