Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 28 de Abril de 2015

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución28 de Abril de 2015
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: Conoce el resto de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de 19 de septiembre de 2014, emitida por el Magistrado Sustanciador, mediante la cual se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Mgtr. C.A.M., en representación de J.P.S.W., M.D.J.J.C., J.L.M., M.L.D.Z., R.R.G.Y.J.R.M.Q., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución DE/67/2012 del 28 de junio de 2012, emitida por la Directora Ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones. I. ARGUMENTOS DE APELACIÓN El Procurador de la Administración, mediante Vista 697 de 17 de diciembre de 2014, promovió y sustentó recurso de apelación contra la Providencia de 19 de septiembre de 2014, mediante la cual se admite la demanda que nos ocupa. Se sustenta el recurso en el hecho de que los actores no han dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, ya que no se ha presentado el documento idóneo que acredite el carácter con el que los actores se presentan en este proceso, mismos que confieren poder en su condición de directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados de la Caja de Seguro Social, R.L., según lo que se desprende del libelo de la demanda. Agrega el apelante que, para acreditar el carácter con el cual se presentan en el juicio, aportaron copia simple de una certificación expedida el 7 de junio de 2012, por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, donde se hacía constar quién ejercía la representación legal de la mencionada cooperativa, para el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2012, mismo que sólo era válido por tres meses. Señala que dicho documento carece de valor probatorio, por no reunir los requisitos de autenticidad que para este tipo de documentos establece el artículo 833 del Código Judicial. Dentro del mismo contexto menciona que el artículo 90 de la Ley 17 de 1 de mayo de 1997, "Sobre el Régimen Especial de Cooperativas" estableceque "la comisión liquidadora ejercerá la representación legal de la Cooperativa..", trayendo como consecuencia que los demandantes carezcan de legitimación activa ya que la cooperativa se encuentra actualmente en proceso de liquidación, ordenada mediante Resolución J.D./03/2013 de 21 de marzo de 2013, expedida por la Junta Directiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo. II. ANÁLISIS DE LA SALA Cumplidos los términos establecidos en la ley, sin que se presentara oposición al recurso de apelación, procede el resto de la Sala Tercera a hacer las siguientes consideraciones: El argumento de apelación presentado por el Procurador de la Administración se centra en el incumplimiento del requisito de admisibilidad dispuesto en el artículo 47 de la Ley 135 de 1943, que establece que debe acompañarse a la demanda el documento que acredite la personería de la parte actora. Esta norma a su letra dice: "ARTÍCULO 47: Deberá acompañarse también el documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta en el juicio, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título." Para determinar cuál es el documento idóneo a que hace referencia el artículo citado, mediante el cual se acredite la representación de la cooperativa, se hace necesario apoyarse en las normas generales de procedimiento que establece el Código Judicial, fuente supletoria de esta ley especial, según lo dispuesto en su artículo 57c, cuando existan vacíos en el procedimiento. En este contexto, cuando concurre a demandar una persona jurídica, con la presentación de la demanda debe acreditarse, como lo exige la ley, su existencia y la personería de quien acude en nombre de ella. Las normas pertinentes hacen referencia a que la persona jurídica debe comparecer al proceso por medio de sus representantes legales, quienes deben comprobar su personería en la primera gestión del proceso, por medio de un certificado de Registro Público. Dicha exigencia es extensiva a las comunidades, sociedades o asociaciones religiosas, así como a las cooperativas y sindicatos o quienes deberán certificar a través del organismo registrador correspondiente, dicha personería. Las normas correspondientes son del tenor siguiente: "Artículo 593. El Estado, las entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas comparecerán en proceso por medio de sus representantes autorizados, conforme a la ley. Las personas jurídicas de derecho privado, comparecerán por medio de sus representantes con arreglo a lo que disponga el pacto constitutivo, los estatutos y la ley. Salvo que conste en el Registro Público otra designación, la representación de las personas jurídicas la tendrá el presidente; por su falta, el vicepresidente o el secretario y por falta de ellos el tesorero; o la persona que respectivamente haga sus veces si tuvieren otro título. En caso de demanda dirigida contra una persona jurídica, el demandante deberá presentar documento del Registro comprobatorio de la representación. * Artículo 594. Lo dispuesto en el artículo anterior respecto de las sociedades en general es también aplicable a las comunidades, sociedades o asociaciones religiosas, cooperativas y sindicatos. Artículo 596. Los representantes deberán acreditar su personería en la primera gestión que realicen, salvo que se trate de medidas cautelares en que se afiancen daños y perjuicios. "Artículo 637. Para comprobar la existencia legal de una sociedad, quién tiene su representación en proceso, o que éste no consta en el Registro, hará fe el certificado expedido por el Registro dentro de un año inmediatamente anterior a su presentación." (lo resaltado es nuestro) De conformidad con lo dispuesto en la Ley 17 de 1 de mayo de 1997, "Sobre el Régimen Especial de Cooperativas", el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), es la entidad que le corresponde conceder la personería jurídica a las cooperativas (artículo 15), mismas cuya inscripción debe realizarse en el Registro de Cooperativas, dependencia de ésta (artículo 19), y en cuya reglamentación, contenida en el Decreto Ejecutivo 137 de 5 de noviembre del 2001, dispone en su artículo 8, que es la encargada de emitir las certificaciones correspondientes. Las normas en comento señala: "ARTÍCULO 8:El Registro de Cooperativas es el ente responsable de expedir las certificaciones, para acreditar la existencia y representación legal de las cooperativas, de las entidades auxiliares del cooperativismo, uniones, centrales, y cualquier otro Organismo Internacional reconocido por el IPACOOP e inscrito en el Registro de Cooperativas." Expuesto el marco legal correspondiente, sobre la forma en que las cooperativas deben acreditar su personería, se procede a verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 135 de 1943. De esta forma, al revisar la certificación emitida por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, Dirección de Registro de Cooperativas, que contiene la información registral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados de la Caja de Seguro Social, R.L., y de los dignatarios de la misma, que se presenta con la demanda, efectivamente se observa que fue presentada en copia simple, y no cumple con los requisitos de autenticidad del artículo 833 del Código Judicial, para que tenga valor probatorio, el cual exige que sea autenticado por el funcionario público que tiene la custodia del original. De la misma forma se lee en el documento que dicha certificación es válida por tres meses, siendo que la misma fue expedida el 7 de junio de 2012, su vigencia finalizó el 7 de septiembre de 2012, meses antes de la presentación de la demanda. No obstante lo anterior, cabe destacar que, al revisar el poder conferido al apoderado judicial, visible a fojas 1 y 2, se aprecia que los actores no confieren poder especial al M.C.A., en su calidad de dirigentes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados de la Caja de Seguro Social, R.L., sino que acuden al proceso en su propio nombre y representación, por lo que no está llamado a prosperar el argumento que presenta el Procurador de la Administración, quien señala que el poder fue conferido como directivos de la cooperativa. En virtud de lo expuesto, el resto de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la Resolución de 19 de septiembre de 2014, emitida por el Magistrado Sustanciador, mediante la cual se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Mgtr. C.A.M., en representación de J.P.S.W., M.D.J.J.C., J.L.M., M.L.D.Z., R.R.G.Y.J.R.M.Q., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución DE/67/2012 del 28 de junio de 2012, emitida por la Directora Ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones. N., ABEL AUGUSTO ZAMORANO VICTOR L. BENAVIDES P. KATIA ROSAS (Secretaria)

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