Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 5 de Marzo de 2015

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución 5 de Marzo de 2015
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: El Licenciado J.J., en representación de A.R.F., ha interpuesto demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 836 - 2006 - D.G. de 28 de septiembre de 2006, emitida por el Subdirector de la Caja de Seguro Social, así como también los actos confirmatorios y se hagan otras declaraciones. I. ANTECEDENTES En los hechos en que se fundamenta la demanda se pone de manifiesto que la Subdirección General de la Caja de Seguro Social, mediante la Resolución 836-2006-D.G. de 28 de septiembre de 2006, declaró indebidamente aportadas las cuotas obrero patronales pagadas por el Consejo de ENSEÑANZA CAMBRIGE, S.A., a favor de nuestra representada comprendido entre enero de 2000 a abril de 2003, y se sanciona a la empresa con una multa de B/.1,000.00 por contravenir el artículo 60 del Decreto Ley No. 14 de 1954. Además, se comisiona a la Dirección de Prestaciones Económicas para que proceda al desglose de las cuotas obrero, en el evento que lo soliciten los interesados. Se señala que la señora A.R., interpuso en término recurso de reconsideración en contra de la Resolución citada, no obstante, la decisión se mantuvo mediante la Resolución 1500-2010-S.D.G. de 18 de noviembre de 2010. De igual forma se interpuso recurso de apelación en contra de la decisión primigenia, pero la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social la confirma mediante la Resolución 46,362 de 5 de enero de 2012. Señala el apoderado judicial que su representada ejercía funciones en la empresa como consultora especialista en el idioma inglés, con todos los méritos y créditos suficientes para ocupar el cargo. Entre las funciones que tenía se pueden mencionar la revisión y organización de los programas de inglés del Instituto, la actualización de los programas y planes en el idioma inglés, así como la entrevista de las personas que pretendían prestar sus servicios. En cuanto a los sueldos declarados por una u otra entidad debemos advertir, que nuestra representada es una persona calificada en la enseñanza del idioma inglés, por lo que muy bien puede desempeñar todos los cargos, sin que exista conflicto entre uno u otro. Agrega que, a pesar de que se cuenta con todos los elementos que demuestran la calidad de su representada como educadora, la Dirección de Auditoría Interna de la CSS elaboró un informe de auditoría que fue el sustento para dictar la resolución recurrida y en el que se estableció que no fue posible comprobar la prestación del servicio por parte de nuestra representada y su empleador, por lo que recomendaba proceder a aplicar las sanciones respectivas tanto al empleador como a mi representada. Conforme a los hechos expuestos la parte actora estima que el acto administrativo ha vulnerado las normas siguientes: "Artículo 62. Las entidades públicas solamente podrán revocar o anular de oficio una resolución en firme en la que reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, en los siguientes supuestos: 1. Si fuese emitida sin competencia para ello; 2. Cuando el beneficiario de ella haya incurrido en declaraciones o haya aportado pruebas falsas para obtenerla; 3. Si el afectado consiente en la revocatoria; y 4. Cuando así lo disponga una norma especial. En contra de la decisión de revocatoria o anulación, el interesado puede interponer, dentro de los términos correspondientes, los recursos que le reconoce la ley. La facultad de revocar o anular de oficio un acto administrativo no impide que cualquier tercero interesado pueda solicitarla, fundado en causa legal, cuando el organismo o funcionario administrativo no lo haya hecho." (Modificado por el artículo 3 de la ley 62 de 23 de octubre de 2009) "Artículo 52: Se incurre en vicio de nulidad absoluta en los actos administrativos dictados, en los siguientes casos: 1.... 2... 3... 4. Si se dictan con prescindencia u omisión absoluta de trámites fundamentales que impliquen violación del debido proceso". · Ley 51 de 2005. "Artículo 8. Inspección de lugares de trabajo y recaudación de información. La Caja de Seguro Social tiene la facultad de inspeccionar los lugares de trabajo de todas las personas sujetas al régimen de seguro social, y de examinar sus libros de contabilidad, sus planillas, sus listas de pago, sus declaraciones de pagos a terceros y todos aquellos documentos que sean necesarios, para verificar y comprobar el pago de sueldos, salarios, honorarios y gastos de representación, así como el cumplimiento por parte de los empleadores de sus obligaciones para con la Institución, tanto en materia de cotizaciones como de salud ocupacional. La Caja de Seguro Social, de ser necesario, podrá solicitar la ayuda de la Policía Nacional, que tendrá la obligación de asistirla. Las personas sujetas al régimen de la Caja de Seguro Social están obligadas a suministrar a la Institución toda la información que esta requiera, a efectos de determinar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, así como a dar las facilidades pertinentes para las inspecciones que sean necesarias. La negativa de cumplir con esta obligación será sancionada de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Si en el curso de una investigación para determinar el pago correcto de las cuotas, la institución detecta hechos que, a su criterio, puedan constituir incumplimiento de leyes migratorias, de trabajo u otras disposiciones legales vigentes, estará en la obligación de notificar al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a la Dirección General de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia o a la entidad correspondiente de tal situación, y podrá remitirles a dichas entidades la información recabada sobre tales hechos. Igual obligación tendrá el Ministerio de Trabajo y Desarrollo laboral, la Dirección General de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia o cualquiera otra entidad del Estado que, en el curso de una investigación dentro del ámbito de sus funciones, detecte hechos que, a su criterio, pueden constituir actos de retención indebida y evasión de cuotas a la Caja de Seguro Social." "Artículo 9. Potestad de revisión de planillas y otros medios de pago de cuotas. La Caja de Seguro Social tendrá facultad para revisar y verificar en todo momento la planilla de declaración de las cuotas derivadas de la relación empleado empleador, o cualquier otro medio utilizado para la deducción de sus aportes, para efectos de determinar su exactitud, realizar alcances y ordenar rectificaciones. De igual forma, tendrá acceso a examinar y obtener, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, toda la información relativa a las distintas formas y montos de las rentas de los independientes contribuyentes y no contribuyentes o informales y su identificación. El Ministerio de Economía y Finanzas deberá proporcionarle a la Caja de Seguro Social toda la información que así le sea requerida." "Artículo 116. Facultad revisora. La Caja de Seguro Social, de oficio o a solicitud de parte interesada, está facultada para revisar los casos en los que se hayan resuelto prestaciones económicas, cuando compruebe que se ha incurrido en las siguientes causales: 1. Errores de cálculo. 2. Falta en las declaraciones. 3. Alteración en los datos pertinentes. 4. Falsificación de documentos. 5. Simulación de la invalidez por parte del paciente. 6. Falsedad en la calificación de la invalidez por la instancia correspondiente. 7. Cualquier error u omisión en el otorgamiento de tales prestaciones. 8. La Caja de Seguro Social solamente emitirá una nueva resolución, si de la revisión resultan modificadas tales prestaciones o revocadas las ya concedidas. En principio, los asegurados o sus dependientes no estarán obligados a devolver las sumas recibidas en exceso. No obstante lo anterior, si las prestaciones hubieran sido pagadas a base de documentos, calificaciones, declaraciones o reclamos fraudulentos o falsos imputables al beneficiario, la Caja de Seguro Social exigirá la devolución de las cantidades ilícitamente percibidas, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar. La Caja de Seguro Social presentará la denuncia respectiva cuando se determine que alguno de los documentos que hayan conllevado al otorgamiento de una pensión, están adulterados, falsificados o contengan dictámenes falsos. La participación de algún servidor de la institución en la ejecución o elaboración de documentos, calificaciones o dictámenes falsos, acarreará la destitución inmediata, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan." En lo medular, los cargos de la violación de estas normas fueron sustentados de la siguiente forma: 1. Se estima infringido el artículo 62 de la Ley 38 de 2000, en concepto de violación directa por omisión, puesto que de haberse atendido el tenor literal de la norma transcrita no se hubiese cometido el exabrupto jurídico de reducir la pensión que con justificado sustento fue conferida a nuestra representada. Alega que el expediente administrativo que se surtió en la instancia administrativa no contiene prueba alguna que demuestre irregularidad alguna y el informe de auditoría que sirve de sustento a la sanción se elabora en base a documentos generados por la propia entidad, con prescindencia absoluta de nuestra representada, en clara contravención al debido proceso. 2. En cuanto al artículo 52 de la citada ley, en concepto de violación directa por omisión, porque la emisión del acto administrativo que se ataca en esta instancia fue proferido con prescindencia del debido proceso legal, toda vez que se usa como sustento un informe de auditoría elaborado por la propia entidad, en el que nuestra representada no tuvo posibilidad de defensa y menos de ser escuchada. 3. En relación al artículo 8 de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, esta norma se considera violada directamente por omisión, puesto que el acto que reconoce derechos subjetivos reconocidos no puede ser modificado de manera unilateral por parte del Ente Administrativo, como tampoco se puede sancionar a nuestra representada sin haber agotado todas las gestiones y hacer las investigaciones necesarias para determinar la existencia de una violación de Ley. 4. Indica violado por omisión, el contenido del Artículo 9, de la Ley 51 de 2005, toda vez que se obvió todo trámite esencial que demuestre que nuestra representada incumplió con la Ley que permitiera la sanción que se le pretende imputar. 5. Se considera infringido por indebida aplicación el contenido del artículo 116 de la Ley 51 de 2005, esto en función a que se aplicó sin que haya prueba de que su representada incurrió en alguna de las causales que la norma describe. II. INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO Mediante Nota S/N recibida en la S. Tercera, el 9 de noviembre de 2012, el Subdirector General de la Caja de Seguro Social, rindió el informe requerido por esta Superioridad, señalando que: "El Departamento de Auditoría a Empresas, con base a lo dispuesto en los Artículos 67 y 76 del Decreto Ley No. 14 de 1954, Orgánico de la Caja de Seguro Social, vigente en su momento, investigaron la prestación del servicio de la señora A.E.R.F., con seguro social No. 171-6065, con el patrono CONSEJO DE ENSEÑANZA CAMBRIDGE, S.A., con número patronal 87-821-0374. De acuerdo al Informe de Auditoría No. AE - CI - 06 -06 de 15 de junio de 2006, visible a fojas 14 a 16 del expediente, no se encontraron evidencias de la prestación del servicio de la señora A.E.R.F., con el patrono antes mencionado, durante el período comprendido del año 2000 al 2003, razón por la cual se emitió la Resolución No. 836-2006 - D.G. de 28 de septiembre de 2006, que resolvió: "PRIMERO: Declarar indebidamente aportadas las cuotas obrero patronal registradas y pagadas por el patrono CONSEJO DE ENSEÑANZA CAMBRIDGE, S.A., con número patronal No.87-821-0374, a favor de la asegurada ALICIA DE LAURENCENA, con seguro social No. 171-6065, en el período comprendido de enero del 2000 hasta abril del 2003. SEGUNDO: Sancionar al patrono CONSEJO DE ENSEÑANZA CAMBRIDGE, S.A., con número patronal 87-821-0374, a pagar una multa de MIL BALBOAS (B/.1,000.00) por haber infringido el parágrafo del artículo 60 del Decreto Ley No. 14 de 1954. TERCERO: Instruir a la Dirección Nacional de Prestaciones Económicas para que proceda con el desglose de las cuotas obrero patronales declaradas indebidamente para el trámite de rigor, en el evento que así lo soliciten los asegurados". (fojas 102);..." Del contenido de la anterior resolución se notificó la interesada, el 26 de abril del 2010, y disconforme con su contenido anunció la interposición del Recurso de Reconsideración, el cual fue presentado por intermedio de Apoderado Legal el 3 de mayo de 2010. (fojas 218 a 232) Previo análisis del Recurso impetrado, por medio de la Resolución No. 1500 - 2010 - S.D.G. de 18 de noviembre de 2010, se resolvió MANTENER en todas sus partes la Resolución No. 836 - 2006 de 28 de septiembre de 2006. (fojas 240 a 243) Surtido el trámite de la notificación el 25 de febrero de 2011, el Apoderado Legal de la señora A.E.R.F., el 4 de marzo de 2011, sustentó formal Recurso de Apelación..." Previo el cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley No. 38 del 2000, mediante Providencia de 24 de mayo de 2011, se admitió el Recurso de Apelación en el efecto suspensivo y se ordenó remitir el expediente al Superior Jerárquico. (foja 301) En este estado del proceso administrativo, la Junta Directiva de la Institución, según la Resolución No. 46,362 - 212 - J.D. de 5 de enero de 2012, resolvió CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No.836-2006-D.G. de 28 de septiembre de 2006, mantenida por la Resolución No. 1500 - 2010 - S.D.G. de 18 de noviembre de 2010, de cuyo contenido se notificó el Apoderado Legal el 6 de agosto de 2012. (fojas 308 a 309) ... Mediante carta de presentación No.AE - CP - 05 -121, el Departamento de Auditoría a Empresa, notificó al patrono CONSEJO DE ENSEÑANZA CAMBRIDGE, S.A., la práctica de una auditoría relacionada con el cumplimiento del pago de sus obligaciones como empleador, a través de la revisión de los libros de contabilidad, planillas internas de pago, preelaborada y otros documentos, con fundamento en los Artículos 67 y 76 del Decreto Ley 14 de 1954, subrogados por los Artículos 8 y 9 de la Ley 51 de 2005... Producto de esta auditoría se detectaron cuotas indebidas, porque no se pudo comprobar la prestación de servicio de la señora A.E.R.F., durante los períodos del año 2000 al 2003, ya que no se aportó cheques girados a su favor en concepto de salario y el empleador no aportó documento alguno que pudiera demostrar la prestación del servicio. Según constancias documentales que reposan en el expediente, la señora A.E.R.F., reportó salarios con el patrono Consejo de Enseñanza Cambridge, S.A., de la siguiente forma: 4 meses del año 2000, 10 meses en el año 2001, 12 meses en el año 2002 y 4 meses en el año 2003, para un total de 30 cuotas y a la vez cotiza con el patrono COLUMBUS UNIVERSITY, desde diciembre de 1999 hasta noviembre del 2002, en un horario de 10:00 A.M. a 12:00 a.m., que hacen un total de 35 cuotas. (foja 70) Consta en el expediente Certificación de la Universidad de Panamá, visible a foja 65, se hace constar que la señora A.E.R.F., laboró desde mayo de 1995 hasta el 1° de abril de 2003, como "profesor tiempo completo en un horario nocturno. A su vez, en la nota de fecha 13 de marzo de 2006 a foja 97, la Directora del Instituto Internacional Cambridge señaló refiriéndose a la documentación solicitada por la Caja de Seguro Social, sobre la prestación de servicio entre ese colegio y la señora A.E.R.F., lo siguiente: "...Como le indiqué anteriormente, yo no manejaba la administración del Instituto Internacional Cambridge, pero en las investigaciones que he realizado, me informaron que la S.M.V.G., E. de F. y Y.B., tenían contrato de Trabajo. Sin embargo, hemos buscado en los archivos del Colegio y no hemos encontrado estos documentos." (sic) En cuanto a lo planteado por el Apoderado Legal de la señora ROGANTI FEIJOO, sobre la aplicación del Artículo 62 de la Ley 38 de 31 de julio del 2000, consideramos importante resaltar que la Caja de Seguro Social cuenta con la facultad para revisar los casos en que se haya resuelto prestaciones económicas, cuando se compruebe que se ha incurrido en cualquier error u omisión en su otorgamiento, tal cual está previsto en el artículo 116 de la Ley 51 de 2005... Por tal motivo, la Comisión de Prestaciones, a través de la Resolución No. 9353 de 14 de mayo de 2009, resolvió MODIFICAR la Resolución No. 18970 del 19 de noviembre de 2003, por medio de la cual reconoció a la asegurada A.E.R.F., una Pensión de V., en el sentido que el monto mensual será de Setecientos Noventa y Nueve Balboas con 52/100 (B/.799.52), a partir del 17 de agosto de 2005, y no de Mil Balboas (B/.1,000.00), como se le había reconocido con anterioridad. (foja 164) En conclusión, las cuotas empleado - empleador, registradas y pagadas por el patrono Consejo de Enseñanza Cambridge, S.A., a favor de la asegurada A.E.R.F., en el período comprendido de enero del 2000 hasta abril del 2003, al no comprobarse la relación laboral, son consideradas indebidamente aportadas, para los efectos de la Caja de Seguro Social..." III. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN El Procurador de la Administración, en la Vista 234 de 24 de mayo de 2013, solicita a los Magistrados que integran la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que denieguen las pretensiones formuladas por la recurrente, y se declare que no es ilegal el acto demandado. Sustenta su opinión, esencialmente, en que luego de analizar los argumentos que expone el abogado de la recurrente con la finalidad de dar sustento a su pretensión, este Despacho advierte que los mismos deben ser descartados por la S., ya que giran en torno a la premisa, errónea por cierto, de que a través del acto impugnado se redujo la pensión que la Caja de Seguro Social le había otorgado a A.E.R.F., cuando lo cierto es, que a través de la Resolución 836-2006-D.G. de 28 de septiembre 2006, es decir, el acto impugnado, esa institución resolvió declarar indebidamente aportadas las cuotas obrero patronales registradas y pagadas a su favor por el Consejo de Enseñanza Cambridge, S.A., con número patronal 87-821-0374, en el período comprendido de enero de 2000 hasta abril de 2003; y, como consecuencia de tal situación, sancionar al mencionado centro de enseñanza con una multa B/.1,000.00 (cfr. fojas 20 y 21 del expediente judicial). Agrega que, contrario a lo señalado por el apoderado judicial de la demandante, la reducción de la pensión de vejez a la que hace referencia se dispuso a través de la Resolución 9353 de 14 de mayo de 2009, por medio de la cual la Comisión de Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social resolvió modificar la Resolución 18970 de 19 de noviembre de 2003 que originalmente le había conferido ese beneficio a la hoy recurrente; lo que hace evidente que esta última medida se materializó por medio de un acto administrativo posterior y distinto a la resolución objeto de reparo, de ahí que no resulten aplicables a esta última los cargos de infracción hechos por la parte actora en sustento de su pretensión. Visto lo anterior y refiriéndonos en particular a la legalidad del acto que se impugna dentro de este proceso, observamos que la citada Resolución 836-2006-D.G. de 28 de septiembre de 2006, fue emitida por la entidad demandada cumpliendo con la normativa aplicable a esta materia. IV. ANÁLISIS DE LA SALA Evacuados los trámites procesales pertinentes, procede la S. a realizar un examen de rigor, por ser la instancia competente para conocer de este negocio, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 135 de 1943. En ese sentido, se observa que la situación jurídica a debatir gira en torno a los cargos de injuricidad que el apoderado judicial de la señora A.E.R.F., le imputa a la Resolución 836-2006-D.G. de 28 de septiembre de 2006, emitida por la Caja de Seguro Social, mediante la cual se declara indebidamente aportadas las cuotas obrero patronales pagadas por el Consejo de Enseñanza Cambrige, S.A., a favor de su representada y se sanciona a la empresa con una multa de B/.1,000.00 por contravenir el artículo 60 del Decreto Ley No. 14 de 1954. De igual forma, se solicita la declaratoria de nulidad de los actos confirmatorios, es decir, la Resolución No. 1500-2010-S.D.G. de 18 de noviembre de 2010, que resolvió mantener en todas sus partes la Resolución No. 836-2006 de 28 de septiembre de 2006 y la Resolución No.46,362-2012-J.D. de 5 de enero de 2012, dictada por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social el cual resolvió el recurso de apelación interpuesto ante la misma. Con base a los antecedentes expuestos, corresponde a la S. determinar la legalidad del acto con fundamento a los cargos presentados por la parte actora, quien alega, en primer lugar, que la Resolución demandada desconoció lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley 38 de 2000, modificado por el artículo 3 de la ley 62 de 23 de octubre de 2009, el cual dispone que los actos administrativos que reconozcan derechos a favor de terceros no pueden ser revocados de oficio, salvo las excepciones que el mismo disponga. Indica el actor que, mediante la Resolución acusada de ilegal, la Caja de Seguro Social redujo la pensión de vejez que le había reconocido a su poderdante, a pesar de que en la misma instancia administrativa no existía prueba de irregularidad alguna en su contra. En este punto, advierte la S. que le cabe razón a lo señalado por el Procurador de la Administración quien, en su vista 234 de 24 de mayo de 2013 (foja 73 y 74 del expediente judicial), indicó que el acto impugnado no le redujo la pensión que la Caja de Seguro Social le había otorgado a A.E.R.F., esta decisión fue tomada con posterioridad mediante la Resolución 9353 de 14 de mayo de 2009, por medio de la cual la Comisión de Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social resolvió modificar la Resolución 18970 de 19 de noviembre de 2003 que originalmente le había conferido ese beneficio a la hoy recurrente; lo que hace evidente que esta última medida se materializó por medio de un acto administrativo posterior y distinto a la resolución objeto de reparo, por lo cual deben descartarse los cargos de violación del artículo 62 de la ley 38 de 2000 citado. En segundo lugar, advierte la S. que los cargos de violación de los artículos: 52 de la Ley 38 de 2,000, el artículo 8, 9 y 116 de la Ley 51 de 2005 serán analizados en conjunto por estar vinculados por las mismas pretensiones del actor. En este punto advierte la S. que la citada Resolución 836-2006-D.G. de 28 de septiembre de 2006, tuvo su origen en la investigación que el Departamento de Auditoría a Empresas de la Caja de Seguro Social realizó al empleador Consejo de Enseñanza Cambridge, S.A., mediante carta de presentación No. AE-CP-05-121, en la cual se le notificaba de la práctica de una auditoría relacionada con el cumplimiento del pago de sus obligaciones como empleador, a través de la revisión de los libros de contabilidad, planillas internas de pago, preelaborada y otros documentos, con fundamento en los artículos 67 y 76 del Decreto Ley 14 de 1954, subrogados por los artículos 8 y 9 de la Ley 51 de 2005. Observa esta S., que en el informe de auditoría, constante a foja 70 del expediente administrativo, se puede verificar que los auditores detectaron la presencia de cuotas indebidas, puesto que la empresa no pudo comprobar de forma objetiva la prestación de servicios que la señora ROGANTI FEIJOO, proporcionó durante los períodos del año 2000 al 2003, en vista de que la demandante no aportó cheques girados a su favor en concepto de salarios y el empleador, por su parte, tampoco pudo sustentar con documento alguno la relación laboral entre ambos. Por otro lado, a foja 97 del expediente administrativo, consta la nota de 13 de marzo de 2006 en la cual, la Directora del Instituto Internacional Cambridge, contestó a la Caja del Seguro Social, con relación a la información solicitada sobre la relación laboral entre ese colegio y la señora A.R.F., lo siguiente: "... Sin embargo, hemos buscado en los archivos del Colegio y no hemos encontrado estos documentos..." A partir de esta investigación, enmarcada en lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 116 de la ley 51 de 2005 y ante la ausencia de pruebas que sustentaran la relación laboral entre la Demandante y el patrono, Consejo de Enseñanza Cambridge, S.A., durante el período del 2000 al 2003, la Caja de Seguro Social consideró las cuotas empleado - empleador, registradas y pagadas por el patrono como indebidamente aportadas para los efectos legales correspondientes. Por lo expuesto deben descartarse los cargos de infracción de los artículos 8, 9 y 116 de la ley 51 de 2005 y 52 de la Ley 38 de 2000. Así las cosas, queda desvirtuada la supuesta ilegalidad del acto administrativo impugnado. V. DECISIÓN DE LA SALA. En consecuencia, la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución 836-2006-D.G. de 28 de septiembre de 2006, emitida por la Caja de Seguro Social y niega el resto de las pretensiones. N., ABEL AUGUSTO ZAMORANO VICTOR L. BENAVIDES P. -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ KATIA ROSAS (Secretaria)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR