Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Marzo de 2015

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución18 de Marzo de 2015
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: El señor P. de la Administración, sustentó ante el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, recurso de apelación contra la Resolución de 11 de junio de 2014, por la cual el Magistrado Sustanciador admitió la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por R.J.C., mediante apoderado especial, para que se declare nula, por ilegal, la negativa tácita por silencio administrativo en que incurrió la Policía Nacional al no dar respuesta a la solicitud, para que se resuelva administrativamente la situación jurídica del cargo que ostenta dentro de dicha institución, presentada el día 6 de diciembre de 2013, y para que se hagan otras declaraciones. I. ARGUMENTOS DE APELACIÓN DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN. El recurrente solicita se revoque la resolución apelada, toda vez, que la parte actora incumplió lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, que establece como requisito esencial para recurrir en demanda ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, que el acto administrativo impugnado sea definitivo y cause estado, o que tratándose de providencias de trámite, éstas decidan, directa o indirectamente el fondo del asunto, circunstancia que no se da en el caso que nos ocupa, toda vez que, la demanda no está dirigida contra el acto administrativo definitivo que causó estado para el recurrente. Expone el recurrente, que la decisión definitiva que pudo lesionar los derechos subjetivos del recurrente, esta representada por el Decreto Ejecutivo No.1358 de 14 de octubre de 2011, expedido por el Presidente de la República, a través del cual R.J. fue designado como M. y con el que se derogaron tácitamente, todo los actos administrativos anteriores relacionados con los cargos que R.J. había ejercido en la Policía Nacional. Agrega el señor P. de la Administración, que al no demandarse el acto jurídico definitivo que causó estado, el mismo quedó en firme, de manera tal que, aun cuando la Sala declarara la ilegalidad del silencio administrativo impugnado, no podría accederse al resto de las pretensiones que formula el demandante, pues aquel seguiría vigente. Señala además que, con posterioridad a su designación como M., R.J. fue ascendido a Sub-Comisionado de acuerdo con lo expuesto por la Entidad demandada en su informe de conducta que reposa a foja 76 del expediente. II. OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN Pese a que mediante diligencia realizada por la Secretaría Judicial de la Sala Tercera de esta Corporación de Justicia, se notificó al apoderado especial del señor R.J., de la interposición del recurso de apelación contra la resolución que admitió la demanda, a fin de que presentara sus objeciones al referido recurso; sin embargo, el letrado no se opuso al mismo. III. DECISIÓN DE LA SALA Luego de analizar la postura del P. de la Administración, quien recurre en apelación contra la Resolución de 11 de junio de 2014, por medio de la cual el Magistrado Sustanciador admite la demanda que nos ocupa y lo que consta en autos, la Sala estima, que la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción presentada debe ser admitida, en virtud de las consideraciones que pasamos a detallar: Como lo señala el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, para ocurrir en demanda ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa, es necesario que los actos administrativos impugnados sean "actos o resoluciones definitivas, o providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación". Conforme lo prevé la norma citada, los actos administrativos susceptibles de ser impugnados ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, son aquellos que causan estado, lo que a todas luces se presenta en este caso, ya que al analizar del contenido de la solicitud presentada por el señor R.J. el día 6 de diciembre de 2013, que alude no le fue resuelta, se observa que el mismo requiere que se le aclare su estatus laboral con fundamento en una serie de acciones de personal que van desde el año 2004 a septiembre de 2011, donde no queda claro si su rango es de M., Sub-Comisionado o Comisionado, y se le mantenga en el rango de Comisionado. Esta solicitud es lo que se niega mediante el silencio administrativo que el actor alega para acudir ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. En su apelación, el P. de la Administración, basado en el Informe de Conducta remitido por el Director General de la Policía Nacional señala, que el actor se equivocó al demandar la supuesta negativa tácita por silencio administrativo, toda vez que la decisión definitiva que pudo lesionar los derechos subjetivos del recurrente, es el Decreto de Personal No.1358 de 14 de octubre de 2011, expedido por el Presidente de la República, por el cual fue designado como M. y se derogan tácitamente todos los actos administrativos anteriores, relacionados con los cargos que R.J. había ejercido en la Policía Nacional. Indica el funcionario, que posterior a los hechos que provocaron la confusión, se emitió un acto que resolvió su estatus, es decir el Decreto de Personal No.1358 de 14 de octubre de 2011 emitido por el Presidente de la República, el cual crea estado, es decir, afecta los derechos subjetivos del actor, y no el silencio administrativo demandado, puesto que, de declararse la nulidad de la negativa tácita por silencio administrativo, ello no afectaría lo dispuesto en el referido Decreto, resultando inocuo lo decidido. Observa el resto de la Sala Tercera, que una de las pretensiones del actor consiste en que se resuelva administrativamente su situación jurídica en relación al cargo que ostenta en la institución demandada, se restablezcan los derechos subjetivos vulnerados realizándose los trámites correspondientes para que se formalice su ascenso a Comisionado de la Policía Nacional, y se le reconozcan los emolumentos dejados de percibir a la fecha del nombramiento como Sub Director del Servicio Nacional de Fronteras, toda vez que ejerció dicho cargo sin el ajuste salarial correspondiente. En ese sentido cabe indicar, que los argumentos en que basa su recurso de apelación el señor P. de la Administración no evidencian de manera alguna que el Decreto de Personal No.1358 de 14 de octubre de 2011, expedido por el Presidente de la República, resuelva las demandas del señor R.J.C. por lo que al no darse respuesta a la solicitud que éste presentara el día 6 de diciembre de 2013 se produce la negativa a la misma por silencio administrativo, lo cual incide en los derechos subjetivos del actor y por tanto éste es el acto administrativo que causa estado, el cual es susceptible de ser demandado ante esta esfera jurisdiccional. Tomando en consideración los fundamentos expuestos, lo previsto en la jurisprudencia inveterada de esta Sala Contencioso Administrativa y en atención a lo preceptuado en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, la demanda es admisible y en consecuencia procede confirmar la Resolución venida en grado de apelación. En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados de la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la Resolución de 11 de junio de 2014, por la cual el Magistrado Sustanciador admitió la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, presentada por R.J.C. a través de apoderado especial, contra la negativa tácita por silencio administrativo en que incurrió la Policía Nacional, al no dar respuesta a la solicitud que presentara el 6 de diciembre de 2013. N., ABEL AUGUSTO ZAMORANO VICTOR L. BENAVIDES P. KATIA ROSAS (Secretaria)