Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Enero de 2015

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución22 de Enero de 2015
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: DESTITUIR a la señora S.N., con cédula de identidad personal No.8-413-203, funcionaria de esta institución, quien desempeña el cargo de ABOGADO II con la posición No.372 y salario de B/.1,575.00 mensuales. La Resolución Administrativa OIRH No.076 de 3 de abril de 2013, fue confirmada (por razón del recurso de reconsideración que interpuso la afectada) a través de la Resolución Administrativa No.098 del uno (1) de mayo de 2013, dictada por el Administrador General de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, motivado en el hecho de que la señora S.N., a la fecha de la destitución, era funcionaria de libre nombramiento y remoción. Asimismo se expuso en la resolución confirmatoria, el hecho de que en el expediente personal de la señora S.N. no se encontró certificación médica debidamente emitida por una comisión interdisciplinaria que acreditara la situación manifestada en los hechos por la funcionaria, tal y como lo establece el artículo 5 de la Ley 59 del 28 de diciembre de 2005. La demanda fue admitida mediante resolución de 24 de julio de 2013, en la que igualmente se ordenó correr traslado de la misma al Procurador de la Administración y remitir copia de ésta al Administrador General de la ANATI, a efectos de que rindiera un informe explicativo de conducta de conformidad con lo que dispone el artículo 33 de la Ley 33 de 1946. I. LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA Y DISPOSICIONES QUE FIGURAN COMO INFRINGIDAS POR LA ROSOLUCIÓN DEMANDADA La pretensión planteada por la parte actora consiste en que se declare nula, por ilegal, el acto administrativo por el cual se decreta la destitución del cargo que ocupaba la señora S.N. del cargo de Abogado II, así como su acto confirmatorio contenido en la Resolución Administrativa No.098 de 1 de mayo de 2013, proferida por la ANATI. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad se ordene a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) el reintegro a su puesto de laboral y el reconocimiento y pago de los sueldos dejados de recibir. El apoderado judicial de la parte actora, fundamenta su demanda en el hecho de que la señora S.N. fue integrada en la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) con el cargo de Abogada II. Que desde hace años, padece de la enfermedad mental denominada Desorden Afectivo Bipolar II, de orden psiquiátrico, la cual está catalogada como de aquellas afectaciones que jurídica y científicamente proveen a sus pacientes de seguridad, estabilidad laboral, equiparación e integración, recogiéndose ello en disposiciones de derecho interno, comparado y convenios internacionales. Señalan, además, que la destitución de la señora S.N. encierra una situación ilegítima, alejada de derecho, toda vez que, su discapacidad, aparte de que por ninguna parte del expediente asoma siquiera sospechas de posibles causales laborales de su destitución. En ese sentido, a juicio de la recurrente se han violado los artículos 43 de la Ley 42 de 27 de agosto de 1999, el artículo 27 (literales e - g) de la Ley 25 10 de julio de 2007; artículos 1, 3, 4 y 5 de la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005; y el artículo 81 del Reglamento Interno de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras. La primera disposición señalada como quebrantada es el artículo 43 de la Ley 42 de 27 de agosto de 1999, que dispone lo siguiente: "Artículo 43. El trabajador, cuya discapacidad haya sido diagnosticada por autoridades competentes, tendrá derecho a permanecer en su puesto de trabajo. Manifiesta la parte actora que esta norma ha sido violada de forma directa por omisión, puesto que la Caja de Seguro Social en diversas ocasiones ha certificado y explicado respecto al padecimiento mental de la señora S.L.N.B., y a pesar de ello desoyeron la discapacidad y el diagnóstico, y procedieron a destituirla, sin justificaciones. Otra norma que se considera transgredida, directamente por omisión, es el artículo 27 de la Ley 25 de 10 de julio de 2007 que dice: "Trabajo y Empleo: Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con los demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, en un mercado y entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles alas personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardaran y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas con discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas: ...e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y aprobarlas para al búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo. ...g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público. Los apoderados judiciales de la recurrente sostienen que la emisión de la Resolución No.076 de 3 de abril de 2013, se ha saltado el alcance y sentido de la norma transcrita, debido a que la ilegal destitución de la señora N. no le permite mantener su empleo, ni mucho menos reinstalarse al mismo. Asimismo, señala como infringido el artículo 1, 3, 4, 5 de la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, los cuales disponen que: "Artículo 1. todo trabajador, nacional o extranjero a quien se le detecte enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral, tiene derecho a mantener su puesto de trabajo en igualdad de condiciones a las que tenía antes del diagnóstico Artículo 3. Se prohíbe a las instituciones públicas y a las empresas privadas discriminar de cualquier forma a los trabajadores que padezcan enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, que produzcan discapacidad laboral. Igualmente, se prohíbe tomar medidas de presión o persecución por estas causas, con la finalidad de que el trabajador afectado abandone el empleo. El despido comunicado al trabajador, en atención a las medidas anteriores, será considerado por las autoridades correspondientes de pleno derecho como injustificado. Artículo 4. Los trabajadores afectados por las enfermedades descritas en esta Ley, sólo podrán ser despedidos o destituidos de sus puestos de trabajo por causa justificada y previa autorización judicial de los Juzgados Seccionales de Trabajo, o tratándose de funcionarios adscritos a la Carrera Administrativa, le corresponderá a la Junta Apelación y Conciliación de Carrera Administrativa, invocando para ello alguna causa justa prevista en la Ley..." Artículo 5. La certificación de la condici6n física o mental de las personas que padezcan enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral, será expedida por una comisión interdisciplinaria nombrada para tal fin." Quien recurre estima que las normas transcritas han sido vulneradas, ya que la trabajadora S.N. padece del mal Desorden Afectivo Bipolar II, y ello consta en los archivos de la ANATI y en el expediente de personal de la señora N.. Agrega que el alcance y sentido de las normas invocadas es proteger jurídicamente a las personas discapacitadas en el ámbito laboral. Por tanto, considera el apoderado de la parte actora que esta normativa califica ipso jure, como sin justificación las destituciones como la que ha recaído sobre su representada. Asimismo, señala que el legislador patrio designó la conformación de una comisión interdisciplinaria, la cual no llegó formalmente a integrarse, no obstante, es del criterio ello no significa que los hechos y situaciones objeto de la evaluación dejen de existir, o por ello vayan a desaparecer físicamente, o que se descarten probanzas o evaluaciones supletorias, más si provienen de entidades de derecho público. Que los centros de salud, los hospitales y clínicas médicas del sector público han estado llenando supletoriamente el vacío o laguna; y que en los archivos de la ANATI, tienen todas las certificaciones y constancias médicas de su poderdante, describiendo y explicando su padecimiento de bipolaridad mental, todas ellas salidas de centros de salud y hospitales públicos. II. INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA. El Administrador General de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras rindió su informe explicativo de conducta por medio de la nota visible a fojas 44-45, señalando que la señora S.N. ingresó a la Institución el 1 de agosto de 2011, mediante Resuelto de Personal No.007 del 19 de julio de 2011, para ocupar el puesto de Abogada II, con la posición 372, sin contar con la idoneidad y los requisitos legales para ocuparla. Agrega el informe que el recurso de reconsideración contra la Resolución que ordenó la destitución fue negado, ya que la funcionaria alegaba que padecía de una enfermedad, sin que en el expediente constara una certificación debidamente emitida por una comisión interdisciplinaria, que acredite la situación manifestada por la funcionaria, tal como lo establece el artículo 5 de la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005. Concluye indicando que de conformidad con el numeral 15 del artículo 19 de la Ley No.59 del 8 de octubre de 2010, son funciones del Administrador General de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras "Nombrar, ascender, trasladar y destituir a los funcionarios subalternos, así como concederles licencias e imponerles sanciones de conformidad con las normas que regulan la materia y con base en la Ley de Carrera Administrativa." Por lo que, con base a esta facultad, es que la señora S.N. fue destituida, ya que ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción, además de que no tenía los requisitos mínimos exigidos para ocupar el cargo de Abogada II. III. OPINIÓN DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN. Mediante Vista No.387 de 26 de septiembre de 2013, el representante del Ministerio Público en comento, solicita a la S. se sirva declarar que no es ilegal la Resolución No.076 de 3 de abril de 2013, ni su acto confirmatorio y, a su vez, se desestimen las pretensiones de la parte actora, por razón de que para poder acceder a la protección laboral que se brinda a los servidores públicos incluidos en esta categoría, es necesario que quien solicite cumpla con los requerimientos estipulados en la Ley, los cuales no han sido acreditados. Así, indica el Procurador que si bien es cierto que entre las pruebas documentales aportadas con la demanda se observa una nota de fecha 17 de octubre de 2011, por cuyo conducto la doctora Genarina de Ámbulo, médico psiquiatra de la Caja de Seguro Social, certificó que la actora padece de Desorden Afectivo Bipolar II, la cual se clasifica como discapacidad mental, no lo es menos que esa nota carece de la certificación del porcentaje que representa dicha discapacidad; y de que su condición médica limita su capacidad para trabajar. Que en este documento tampoco se evidencia constancia alguna de haberse recibido por la entidad demandada, por lo que no se tiene certeza que el mismo repose en los archivos de la institución o en el expediente de personal de la recurrente, tal como lo asevera su apoderado judicial. Sostiene, además, que el artículo 11 de la Ley 4 de 25 de febrero de 2010, por el cual se modificó el artículo 5 de la Ley 59 de 2005, establece que la certificación de la condición física o mental de las personas que padezcan enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral será expedida por una comisión interdisciplinaria nombrada para tal fin; y mientras la comisión no expida la certificación de la que trata esa disposición, no es obligación de la institución pública reconocer la protección que brinda la citada Ley. En ese sentido, advierte la Procuraduría que en el expediente no reposa ninguna certificación que permita establecer que S.N. haya sido evaluada por la comisión interdisciplinaria a la que se refiere la Ley 59 de 2005, con el propósito de demostrar que su padecimiento constituye una enfermedad crónica, involutiva o degenerativa y que, además, tal condición de salud le produce una discapacidad laboral, tal como lo señala la entidad demandada al rendir su informe explicativo de conducta. Surtidos los trámites que la Ley establece, y encontrándose el negocio en estado decisorio, corresponde a los Magistrados de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia dirimir el fondo del presente litigio, previo a las siguientes consideraciones. En primer lugar, observa la S. que mediante el acto impugnado, el Administrador General de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, con fundamento en lo que dispone el artículo 2 de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, decretó la destitución de la demandante S.N., quien desempeñaba el cargo de Abogado II. Al respecto, este Tribunal observa que entre las funciones que ejerce el Administrador General de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, se encuentra la señalada en el numeral 15 del artículo 19 del 8 de octubre de 2010, que lo faculta para "Nombrar, ascender, trasladar y destituir a los funcionarios subalternos, así como concederles licencias e imponerles sanciones de conformidad con las normas que regulan la materia y con base en la Ley de Carrera Administrativa." En atención a lo dispuesto en la citada norma, el Administrador General de la ANATI tiene la facultad plena para expedir La Resolución Administrativa No.008 de 10 de octubre de 2011, por medio del cual se decretó la destitución de la señora S.N. del cargo de Abogada II que ocupaba en dicha entidad. Esta Superioridad ha sostenido en situaciones como las que nos ocupa, que todo servidor público que ingrese a las diversas dependencias del gobierno, sin concurso de méritos o carrera administrativa son de libre nombramiento y remoción; razón por la cual, en el caso bajo examen, el Administrador General, ejerció la facultad conferida por la Ley correspondiente. Ahora bien, aprecia este Tribunal Colegiado, que la actuación surtida por el ente administrativo emisor de la Resolución Administrativa impugnada, vulnera algunas de las disposiciones que el actor considera infringidas, por lo que el acto recurrido deviene en ilegal. Ello es así, puesto que del análisis de las constancias probatorias que componen el proceso bajo estudio, nos llevan a la ponderación de un aspecto jurídico-social estrechamente relacionado con la condición de la demandante, la cual padece de una enfermedad crónica contenida en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley No.59 de 28 de diciembre de 2005. En ese sentido, tenemos entonces que la parte demandante ha considerado violados con la emisión del acto impugnado, entre otros, los artículos 2 y 4 de la Ley N° 59 de 28 de diciembre de 2005, de los cuales se infiere un interés social por parte del Estado, en favor del desarrollo de la población que padece enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan algún tipo de discapacidad laboral. Por otro lado, el cuerpo legal en su conjunto, establece que todo trabajador, nacional o extranjero, a quien se le detecte enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral, tiene derecho a mantener su puesto de trabajo en igualdad de condiciones a las que tenía antes del diagnóstico médico y que dicho padecimiento no puede ser utilizado o invocado como una causal de despido por las instituciones públicas ni por los empleadores particulares, cuando el trabajador cumple con los requisitos para mantenerse laborando en un cargo que sea compatible con su jerarquía, fuerza, aptitudes, preparación, destreza y con su nueva condición. Asimismo, esta excerta legal establece que sólo podrán ser despedidos o destituidos de sus puestos de trabajo por causa justificada y previa autorización y cumplimiento de las formalidades legales para tales efectos. Dichas normas a las que se hace referencia, son las disposiciones de rango legal cuya infracción deberá ser analizada por la S.. Dentro del marco de la legalidad, este Tribunal considera que el acto impugnado ha sido emitido sin tomar en cuenta la regulación que en materia de igualdad de oportunidades para las personas que padezcan enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral parcial, ha adoptado el Estado Panameño y que obligan a las diferentes instituciones a considerar las mismas, al momento de tomar medidas como las que han sido aplicadas en este caso. Así también resulta obvio, como consecuencia del estudio de las constancias probatorias reunidas en el proceso, que la demandante no estaba amparada por Ley de Carrera Administrativa No obstante, entre las circunstancias descritas, sale a la luz un aspecto de obligatoria atención, y es que la señora S.L.N.B., afectada con la decisión contenida en el acto impugnado es, como ya mencionamos en líneas precedentes, una funcionaria que padece una enfermedad crónica, lo que se evidencia en el proceso a través de la certificación de fecha 17 de octubre de 2011 (Cfr. f.32), suscrita por la Dra. G.A., M.P., de la Policlínica M.M.V. de la Caja de Seguro Social, quien certifica que la señora S.L.N.B. padece de Desorden Afectivo Bipolar Tipo II, la cual se clasifica como discapacidad mental. Asimismo, agrega esta certificación que "Esta condición es permanente, podrá ser controlada pero en ningún momento será curable, por lo cual no es necesario actualizar anualmente este diagnóstico, o, en caso que lo necesiten, hacerlo a través de los mecanismos regulares de Director a Director" Al respecto, es imperioso transcribir el contenido del artículo 5 de la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, tal cual fue modificado por el artículo 11 de la Ley 4 de 25 de febrero de 2010, cuyo texto señala lo siguiente: Artículo 11. El artículo 5 de la Ley 59 de 2005 queda así: Artículo 5. La certificación de la condición física o mental de las personas que padezcan enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral será expedida por una comisión interdisciplinaria nombrada para tal fin. Mientras la comisión no expida la certificación de la que trata este artículo no es obligación de la institución pública reconocer la protección que brinda esta Ley. (Subraya la S.) Ahora, si bien es cierto que la demandante no acreditó ante la entidad demandada su condición a través del certificado previsto en el artículo 5 de la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005 (G.O. # 25,457 de 4 de enero de 2006) "Que adopta normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral", reformado por el artículo 11 de la Ley 4 de 25 de febrero de 2010 "Que reforma la Ley 12 de 1998, que desarrolla la Carrera del Servicio Legislativo y dicta otras disposiciones" (G.O.# 26477-C de 25 de febrero de 2010), que establece que dicho certificado debe ser expedido por una comisión interdisciplinaria, estima la S. que ésta probó su condición de salud por medio de la certificación médica antes citado, la cual fue suscrito por un centro de atención médica del Estado. Dentro de este contexto, el incumplimiento en la presentación de la certificación expedida por la Comisión Interdisciplinaria que refrende la condición física o mental de las personas que padezcan enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral, no le es atribuible a la parte actora, pues es el resultado de la inactividad de la administración al no nombrar a la Comisión Interdisciplinaria que debe expedir dicha certificación. Con respecto al tema de la inactividad de la administración el autor P.E.P., expuso lo siguiente: "... De modo tal que para que medie inactividad administrativa deben reunirse las siguientes tres condiciones:a. La existencia de una obligación de obrar normativamente impuesta. Es preciso que la omitida sea una obligación, un deber concreto, y no un deber que opere en forma genérica o difusa. Si bien corresponde al legislador y a la propia Administración dictar las normas que fijen las pautas o criterios a los que ella debe someterse y cuyo quebrantamiento generará su deber de responder, ello no siempre es así. La ausencia de regulaciones específicas y concretas que fijen la forma en que la Administración deberá llevar a cabo su quehacer como también los niveles mínimos del servicio, ocasiona un delicado problema para los jueces al momento de evaluar si el comportamiento administrativo fue regulador o irregular y, por ende, configuró una falta de servicio. En tales casos, la Administración responderá cuando transgreda o no alcance los estándares medios y comparativos de actuación que deberán ser fijados por los tribunales, lo cual trae aparejado un serio riesgo, pues si se fijan ficticiamente los niveles de normalidad de los servicios por encima de lo que acontece en la realidad se producirá la admisión generalizada de la responsabilidad estatal, y si, por el contrario, el parámetro se determina muy por debajo del rendimiento real, la responsabilidad pasará a ser algo excepcional. Por tal motivo, para la determinación de estos estándares de rendimiento medio del servicio deben ponderarse factores que varían en cada época según el grado de sensibilidad social y de desarrollo efectivo de los servicios públicos. Es evidente, entonces, que no existe una pauta fija y única aplicable en todos los tiempos y lugares.b. El incumplimiento de la actividad debida por la autoridad administrativa, lo cual puede deberse a la total pasividad de la Administración (omisión absoluta), como al carácter deficiente o insuficiente del obrar administrativo (omisión relativa).c. Que la actividad que la Administración omitió desarrollar era materialmente posible, pues como dice Nieto: "el derecho se detiene ante las puertas de lo imposible". Para que nazca el deber de responder es preciso que la Administración haya podido evitar la producción del daño mediante el ejercicio de sus funciones de policía. Es preciso, en suma, que surja la posibilidad de prever y evitar el perjuicio que otro sujeto causa." () Asimismo, el jurista F.O.C., en la obra "Cuestiones de Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público" (Ediciones RaP, Argentina, 2008, p.147), expone lo siguiente: "Así existirá responsabilidad estatal por omisión cuando el Estado, en ejercicio en ejercicio de las funciones que le son propias, omita antijurídicamente la realización de actos o hechos que, de haberse llevado a cabo, hubieren resultado razonablemente idóneos para evitar el daño en definitiva sucedido." Por lo tanto, esta S. es del criterio que la falta de presentación de la certificación expedida por la Comisión Interdisciplinaria que refrende la condición física o mental de las personas que padezcan enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral, no le es imputable a la demandante, ya que el Estado no ha nombrado a la Comisión Interdisciplinaria que debe expedir dicha certificación. Dentro de la litis planteada, estima La S. que se produjo lo que la doctrina considera buena fe, desde que la parte actora tenía la legítima confianza que se encontraba amparada por un régimen especial de estabilidad para el trabajador discapacitado y que sólo podía ser despedida mediante la comprobación de una causa legal que amerite su remoción. En este sentido, el tratadista español J.G.P. al referirse a la importancia del Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo, expresa lo siguiente: "La aplicación del principio de buena fe permitirá al administrado recobrar la confianza en que la Administración no va a exigirle más de lo que estrictamente sea necesario para la realización de los fines públicos que en caso se persiga: Y que no le va ser exigido en el lugar, en el momento ni en la forma más inadecuados, en atención a sus circunstancias personales u sociales, y a las propias necesidades públicas. Confianza, legítima confianza de que no se le va a imponer una prestación cuando solo superando dificultades extraordinarias podrá ser cumplida. Ni en un lugar en que, razonablemente, no cabía esperar. Ni antes de que lo exijan los intereses públicos ni cuando ya no era concebible el ejercicio de la potestad administrativa. Confianza, en fin, en que en el procedimiento para dictar el acto que dará lugar a las relaciones entre Administración y administrado, no va a adoptar una conducta confusa y equívoca que más tarde permita eludir o tergiversar sus obligaciones..." (El PRINCIPIO GENERAL DE LA BUENA FE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO, Editorial Civitas, Cuarta Edición, Madrid, 2004, Pág. 116) Esta S. reitera que el acto impugnado ha sido emitido sin tomar en cuenta la regulación que en materia de igualdad de oportunidades para las personas que padezcan algún tipo de enfermedad crónica, involutivo y/o degenerativa que produzcan discapacidad laboral ha adoptado el Estado Panameño. El artículo 1 de la Ley N° 42 de 27 de agosto de 1999, (G.O.# 23876 de 31 de agosto de 1999), "Por la cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad", en concordancia con el artículo 1 Ley 59 de 28 de diciembre de 2005 "Que adopta normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral", pertenecen al grupo de disposiciones que establecen de forma precisa la política de Estado de garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en el ámbito de salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura, entre otros, obligando al mismo y a la sociedad a ajustarse a los derechos, necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad. Cabe destacar que el numeral 4 del artículo 3 de la Ley 42 de 27 de agosto de 1999, define discapacidad en los siguientes términos: "Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, en los siguientes términos se definen así: 1. ... 4. Discapacidad. Alteración funcional, permanente o temporal, total o parcial, física, sensorial o mental, que limita la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal en el ser humano." De la definición anterior, se infiere claramente que las personas que sufren enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas son personas que padecen de algún tipo de discapacidad laboral. Aunado a lo anterior, el artículo 8 de la Ley Nº 42 de 1999, crea para las instituciones del Estado la responsabilidad de garantizar dentro de sus competencias "...el pleno goce de los derechos a las personas con discapacidad ..." Este artículo es concordante con el artículo 17 de la Constitución Nacional que establece la obligación que tienen las autoridades de la República de proteger la vida, honra y bienes de las personas; de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y les leyes. En razón de lo anterior, considera la S. que es deber de las autoridades de la República y de quienes ejercemos el control de su actividad, asegurar la efectividad de los derechos individuales y sociales. Por lo tanto, al señalar el último párrafo del artículo 5 de la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, reformado por el artículo 11 de la Ley 4 de 25 de febrero de 2010, que mientras la comisión interdisciplinaria, no expedida la certificación de la que trata este artículo no es obligación de la institución pública reconocer la protección que brinda esta Ley, incumple con este deber consagrado tanto en la ley como en la Constitución. En este sentido, en fallo dictado por la S. Tercera, fechado el día 10 de junio de 2005, se manifestó lo de lugar: "... Esta S. ya ha interpretado el contenido de esta disposición legal, reconociéndola como "un régimen especial de estabilidad para el trabajador discapacitado, de forma tal que proteja no sólo al funcionario que ingresa al cargo con algún grado de discapacidad, sino también a aquel que sufre por enfermedad o accidente, algún menoscabo de sus facultades que lo coloca en situación de discapacidad. En ambos casos, y como en cualquier otro régimen de estabilidad establecido por Ley, el trabajador así protegido sólo puede ser despedido mediante la comprobación de una causa legal que amerite su remoción". ..." Respecto a este tema de la obligación del Estado de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, el Pleno de la Corte Suprema en fallo de 11 de octubre de 2010, indicó lo siguiente: "El Pleno es del criterio que, como bien se señala en los Considerando del Decreto Ejecutivo Nº 88 de 12 de noviembre de 2002, "Por medio del cual se reglamenta la Ley Nº 42 de 27 de agosto de 1999, por la cual se establece la Equiparación de Oportunidades para las personas con "discapacidad", para que esa efectiva equiparación de oportunidades ocurra "...todos los sistemas del Estado y la sociedad deben ajustarse a los derechos, necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad". Ello crea para las instituciones del Estado la responsabilidad de garantizar dentro de sus competencias "...el pleno goce de los derechos a las personas con discapacidad ...", como lo indica el artículo 8 de la Ley Nº 42 de 1999, lo cual es consecuente con el contenido del artículo 17 de la Constitución Nacional que establece la obligación que tienen las autoridades de la República de proteger la vida, honra y bienes de las personas; de asegurar los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y les leyes. Es cierto que existe un principio procesal, conforme al cual las partes en un proceso tienen la carga de probar los hechos que sustentan sus pretensiones y excepciones, según sea el caso. Ello, a pesar de que el artículo 17 de la Constitución Nacional dispone el deber de las autoridades de asegurar la efectividad de los derechos individuales y sociales. Sin embargo, tratándose de un caso de discapacidad, si bien la parte que la alega debe procurar acreditar tal extremo, la ausencia de actividad probatoria por parte de dicha persona no releva a la autoridad del deber especial de tutelar a las personas que padezcan una discapacidad, lo que se traduce en la obligación de la autoridad de practicar, de oficio, las respectivas evaluaciones, cuando exista un indicio de la discapacidad. La Corte es del criterio que en el presente caso, recaía sobre el Órgano Ejecutivo, por conducto del Director del Ministerio de Obras Públicas, la carga de ordenar lo conducente a fin de determinar si el amparista era o no discapacitado, antes de proceder a confirmar su destitución, tomando en cuenta que el mismo advirtió a la autoridad nominadora que padece una discapacidad a causa de un accidente laboral y que en su expediente de personal reposan múltiples certificados de incapacidad que evidencian el haber sufrido una lesión a causa de accidente laboral (Cfr. fojas 13 a 25 de los antecedentes). Esa es la manera como en este caso se debía cumplir con la exigencia prevista en el primer párrafo del artículo 17 de la Constitución, consistente en el deber que tienen las autoridades de la República de asegurar la efectividad de los derechos individuales y sociales. En ese sentido, la respuesta de la Caja de Seguro Social comunicada a esta Superioridad mediante la Nota DENSYPS-ST-1751-2010 de 30 de julio de 2010, en la que responde que el Señor ALFONSO MONTOYA padece de una condición que lo ubica dentro de la categoría de personas amparadas por la Ley 42 de 1999 y que padecía de la misma para el 5 de agosto de 2009, deja claro que la potestad discrecional de la autoridad nominadora para remover de su cargo a los servidores públicos (sin que medie causa disciplinaria alguna), no era aplicable en el caso del amparista, pues dicho funcionario se encontraba amparado por el régimen especial de estabilidad, contenido en el artículo 43 de la Ley 42 de 1999, por su condición de discapacitado Debe tenerse presente que la protección legal que se establece en el artículo 43 de la Ley Nº 42 de 27 de agosto de 1999, responde al "principio de no discriminación" consagrado en el artículo 19 de la Norma Fundamental, que preceptúa que "...no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas". (Subraya la Corte). Esta norma, si bien protege prima facie el derecho subjetivo de toda persona a recibir la misma protección y trato de parte de las autoridades y crea para el Estado el deber de no tratar de manera diferente a unas personas en relación con el trato que se brinda a otras en iguales circunstancias, refiere también una serie de factores que el constituyente consideró capaces de generar tratos desiguales, a saber: (a) la raza, (b) el sexo, (c)la discapacidad, (d) la clase social, (e) la religión y (f) las ideas políticas. Se entiende entonces que, frente a cada uno de esos factores, surgen categorías de personas que, en una determinada situación, quedan en posiciones de ventaja o desventaja frente a otras. Esto es lo que se conoce como categorías sospechosas, sobre las que existe un mayor riesgo de que se produzcan tratos discriminatorios o desiguales motivados por circunstancias sociales, históricas y/o culturales. Es por ello que la protección especial a favor de los discapacitados se ubica dentro de lo que doctrinalmente se conoce como garantías legislativas diferenciadas, que son aquellas que se establecen "...a favor de los más débiles (favor debilis)..." y son una modalidad de las denominadas acciones positivas moderadas que buscan, mediante la diferenciación de trato, reducir o eliminar las desigualdades existentes entre distintos grupos o géneros de la sociedad. De allí que, ante la inexistencia de otra causa legal que justifique la destitución del señor A.M.P. del cargo de Promotor Comunal del Ministerio de Obras Públicas, este Tribunal de A. es del criterio que la autoridad demandada, al desconocerle al amparista ALFONSO MONTOYA la diferenciación de trato establecida por el artículo 43 de la Ley 42 de 1999 -por su condición de discapacitado- afectó sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo, con la consecuente afectación de su dignidad humana, causada por la privación de su fuente de empleo y la imposibilidad de sufragar sus necesidades básicas y las de su familia." La S. advierte que, si bien la recurrente estaba sujeta a la discrecionalidad de la autoridad nominadora para seguir ocupando el cargo del cual fue destituida, las alegaciones presentadas por su apoderado judicial en el proceso en análisis, ponen sobre la mesa las prerrogativas que deben ser tomadas en cuenta en las decisiones de Estado y que amparan a las personas que padecen enfermedades que produzcan algún tipo de discapacidad, lo cual nos obliga a discurrir sobre la forma como la medida aplicada a la ex funcionaria, en efecto desconoce o afecta intereses superiores de los administrados, refiriéndonos al caso específico de la demandante S.L.N.B.. Con base en los planteamientos expuestos, consideramos que le es dable a esta Superioridad acceder a la pretensión de declarar ilegal el acto impugnado y ordenar el respectivo reintegro de la demandante a un cargo acorde a su preparación académica; sin embargo, el pago de salarios caídos, deben ser negados por cuanto no es posible reconocer este derecho, en vista de que la demandante no se encontraba amparado por la Carrera Administrativa, siendo esta la única condición en la que es posible reconocer la exención reclamada al respecto. En consecuencia, la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES NULA, POR ILEGAL, la Resolución Administrativa No.076 de 3 de abril de 2013, emitido por el Administrador General de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, en virtud de lo cual ORDENA a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, proceda al reintegro de la demandante S.L.N.B., a un cargo acorde con su preparación académica. N., VICTOR L. BENAVIDES P. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ (Con Salvamento De Voto) -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO KATIA ROSAS (Secretaria)

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