Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Septiembre de 2014

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución24 de Septiembre de 2014
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: En grado de apelación, conoce el resto de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de las Demandas Contencioso Administrativas de Plena Jurisdicción (acumuladas), interpuesta por el Licenciado C.C.G., en representación de F.B., en contra de la Providencia de 30 de enero de 2014. Mediante providencia de 30 de enero de 2014, el Magistrado Sustanciador ordenó la admisión y la acumulación de las demandas contencioso administrativas de plena jurisdicción, incoadas para que se declaren nulas, por ilegales, la negativa tácita por silencio administrativo en que incurrió el Tribunal de Cuentas, al no dar respuesta al Recurso de Reconsideración incoado contra la Resolución No. 13-2011 de 6 de diciembre de 2011, y la Resolución No. 13-2011 del 6 de diciembre de 2011, dictada por el Tribunal de Cuentas, acto que ha sido recurrido en apelación por el P. de la Administración mediante V.F.N.254 de 3 de junio de 2014, constante de foja 430 a 432 del expediente judicial. I. ARGUMENTOS DEL APELANTE Al sustentar el recurso de alzada, el representante del Ministerio Público objeta la admisión de las demandas acumuladas, basándose fundamentalmente en el hecho de que el apoderado judicial del demandante carece de legitimidad para actuar en el proceso. En ese sentido, el postulante señala que según el poder especial que le fue conferido por el señor F.B., el licenciado C.C.G. sólo fue facultado para interponer una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en contra de la negativa tácita, por silencio administrativo, en la que incurrió el Tribunal de Cuentas al no darle respuesta al recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Resolución de Reparos 13-2011 de 6 de diciembre de 2011. El P. también señala que, en ejercicio de dicho poder especial, el licenciado C.E.C.G. presentó una acción contenciosa administrativa de plena jurisdicción, en cuyo apartado denominado lo que se demanda, solicita a la Sala que se declare nula, por ilegal, la Resolución de Reparos 13-2011 de 6 de diciembre de 2011, emitida por el Tribunal de Cuentas. De lo expuesto en el párrafo precedente, se infiere que el licenciado C.E.C.G. no ha demostrado que haya sido autorizado para interponer la acción que ocupa la atención del apelante, motivo por el cual es de la opinión que el la misma carece de legitimidad de personería para actuar en el proceso. Siendo así, considera que el apoderado en mención carece de legitimidad de personería para actuar en el presente proceso según lo estipulado por el artículo 90 de la Ley 135 de 1943, que es la norma especial aplicable, la cual establece que en los procedimientos ante lo contencioso administrativo hay nulidad, entre otras causales, por falta o ilegitimidad de personería en alguna de las partes, o de su apoderado o representante legal, configurándose este fenómeno según se ha establecido en sentencia de 23 de mayo de 2006 de la Sala Tercera de la Corte Suprema citada por el apelante, cuando no existe una adecuada representación de una de las partes en el proceso; o, cuando la persona que asume dicha representación no ha sido investida conforme a la Ley, del carácter de representante o apoderado legal de dicha parte. II. DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA Una vez analizados los argumentos que sostienen el recurso de alzada, el Tribunal Ad-quem arriba a las siguientes conclusiones: De conformidad con el artículo 90 de la Ley 135 de 1943 reformada por la Ley 33 de 1946, es causal de nulidad en los procesos contencioso administrativos, la falta de personería o ilegitimidad para actuar por parte del apoderado o de quien intervenga en el proceso como parte. Ante este precepto de la norma especial, que sirve de sustento para la alzada, este Tribunal Colegiado procede a hacer un análisis sobre lo solicitado por el apelante. Se observa que a fojas 1 y 2 del expediente judicial, el recurrente F.B. le otorgó a sus abogados poder especial para que estos actuaran en su nombre y representación para promover demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en contra de la negativa tácita, por silencio administrativo, en la que incurrió el Tribunal de Cuentas al no darle respuesta al recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Resolución de Reparos 13-2011 de 6 de diciembre de 2011. Sin embargo a foja 4 del expediente judicial, en el apartado denominado lo que se demanda, hace solicitud a la Sala para que se declare nula, por ilegal, la Resolución de Reparos 13-2011 de 6 de diciembre de 2011, emitida por el Tribunal de Cuentas, por lo que este Tribunal de Segunda instancia concuerda con lo planteado por la Procuraduría, en que el apoderado judicial del demandante carece de legitimidad para actuar en el proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Sobre este tipo de situaciones, la Sala ha señalado mediante sentencias de reciente data, que con base a los artículos 625 y 626 del Código Judicial, los poderes deberán contener la determinación de la pretensión o proceso para el cual se otorga y en consecuencia no puede admitirse la acción si ha sido presentado el poder para otro proceso distinto por cuanto esto conlleva la falta de legitimidad para actuar al no estar constituido el poder conforme a las exigencias normativas; salvo que se trate de un proceso accesorio como sería el caso de un incidente o algún otro trámite que surja del proceso principal que no viene a ser el caso. Resolución de 12 de marzo de 2014 "... En ese sentido, el postulante señala que según el poder especial que le fue conferido por el señor E.B., el licenciado J.C.M. sólo fue facultado para interponer un recurso de apelación en contra del Resuelto OIRH-730-2010 de 25 de septiembre de 2012, a través del cual el Registro Público mantuvo en todas sus partes el Resuelto 710 de 17 de septiembre de 2012, que dejó sin efecto el nombramiento del accionante ante dicha institución. Siendo así, considera que el apoderado en mención carece de legitimidad de personería para actuar en el presente proceso según lo estipulado por el artículo 90 de la Ley 135 de 1943, que es la norma especial aplicable, la cual establece que en los procedimientos ante lo contencioso administrativo hay nulidad, entre otras causales, por falta o ilegitimidad de personería en alguna de las partes, o de su apoderado o representante legal, configurándose este fenómeno según se ha establecido en sentencia de 23 de mayo de 2006 de la Sala Tercera de la Corte Suprema citada por el apelante, cuando no existe una adecuada representación de una de las partes en el proceso; o, cuando la persona que asume dicha representación no ha sido investida conforme a la Ley, del carácter de representante o apoderado legal de dicha parte. Según alega el señor P., se verifica en el presente caso la ilegitimidad para actuar en virtud de que el poder establece facultades para presentar un recurso de apelación en sede administrativa, más no para ocurrir ante esta jurisdicción, razón por la cual solicita sea revocada la admisión de la demanda ordenada mediante providencia de 5 de abril de 2013. Por otra parte se observa que a pesar de la notificación personal del licenciado J.C.M., según se hizo constar a foja 28 del expediente judicial, este no presentó ningún argumento en oposición al recurso. DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA Una vez analizados los argumentos que sostienen el recurso de alzada, el Tribunal Ad-quem arriba a las siguientes conclusiones: De conformidad con el artículo 90 de la Ley 135 de 1943 reformada por la Ley 33 de 1946, es causal de nulidad en los procesos contencioso administrativos, la falta de personería o ilegitimidad para actuar por parte del apoderado o de quien intervenga en el proceso como parte. Ante este precepto de la norma especial, sólo resta acoger el criterio que sirve de sustento para la alzada, en vista de que es evidente que en el poder que le fue otorgado al Licenciado MOSQUERA constante a foja 1 del expediente judicial, aún cuando conste la aceptación del poderdante y el respectivo sello notarial que da fe de su firma, no se le ha facultado para ocurrir ante este Tribunal, y en ese orden no es posible admitir la demanda debido a la falta de personería para interponer el presente proceso. Esto en vista de que tal facultad de representación debe ser expresamente reconocida por el poderdante. Sobre este tipo de situaciones, la Sala ha señalado mediante sentencias de reciente data, como la citada por el señor P. a foja 26 del expediente judicial, que con base a los artículos 625 y 626 del Código Judicial, los poderes deberán contener la determinación de la pretensión o proceso para el cual se otorga y en consecuencia no puede admitirse la acción si ha sido presentado el poder para otro proceso distinto por cuanto esto conlleva la falta de legitimidad para actuar al no estar constituido el poder conforme a las exigencias normativas; salvo que se trate de un proceso accesorio como sería el caso de un incidente o algún otro trámite que surja del proceso principal que no viene a ser el caso. De lo anterior se concluye que le asiste razón al recurrente, por tanto procede la revocatoria de la providencia apelada. En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, previa revocatoria de la providencia de 5 de abril de 2013, NO ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licenciado J.C.M., actuando en representación de E.B.." De lo expuesto up supra, se infiere que el licenciado C.E.C.G., no ha demostrado que haya sido autorizado para interponer acción contra lo que demanda a foja 4 del expediente judicial, cuando en realidad el poder señala que su autorización va dirigida a la actuación dentro de la negativa tácita por silencio administrativo y no contra la Resolución de Reparos No. 13-2011 de 6 de diciembre de 2011. En esas condiciones, el resto de la Sala se ve precisada a coincidir con el apelante, en que el licenciado C.E.C.G. incurrió en una ilegitimidad de personería para actuar, por falta de representación, que se da cuando existe una inadecuada representación de una de las partes en el proceso. En tales circunstancias, el resto de la Sala estima que le asiste razón al apelante, y es de lugar revocar la admisión de la demanda presentada. En consecuencia, el resto de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la providencia de 30 de enero de 2014, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado C.E.C.G., en representación de F.B., para que se declare nula, por ilegal, la negativa tácita por silencio administrativo en que incurrió el Tribunal de Cuentas, al no dar respuesta al Recurso de Reconsideración incoado contra la Resolución de Reparo No. 13-2011 y ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, comprendida en el Expediente 342-13, interpuesta por el licenciado C.E.C.G., en representación de F.B., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución de Reparos No. 13-2011 de 6 de diciembre de 2011, dictada por el Tribunal de Cuentas, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones. N., VICTOR L. BENAVIDES P. EFRÉN C. TELLO C. KATIA ROSAS (Secretaria)

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