Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 9 de Julio de 2013

Ponente:Victor L. Benavides P.
Fecha de Resolución: 9 de Julio de 2013
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 

VISTOS: La firma forense R.C. & Asociados, actuando en su condición de apoderados judiciales de los señores E.A.O.D. y D.E.O.D., han interpuesto formal demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No.092 de 12 de agosto de 2010, dictada por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y para que se hagan otras declaraciones. Estando en esta fase, el Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda presentada, en vías de determinar si la misma cumple con los presupuestos que condicionan su admisión. De dicho examen, podemos adelantar, que la demanda no reúne los requisitos para considerarla admisible, básicamente, por lo siguiente: En primer lugar, quien suscribe, advierte que la parte demandante si bien aportó copia autenticada del acto administrativo impugnado, el mismo no acreditó las constancias de su notificación, publicación o ejecución. En atención a la deficiencia señalada, el artículo 44 de la Ley 135 de 1946, expresa claramente que el actor deberá acompañar a la demanda con una copia del acto impugnado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos. Ya esta S. ha manifestado reiteradamente que tratándose de demandas contencioso administrativas de plena jurisdicción, dicha formalidad es necesaria a fin de que esta Superioridad pueda verificar si la demanda bajo estudio fue interpuesta oportunamente, ya que es a partir de la fecha de notificación o publicación del acto que decide en forma definitiva la actuación administrativa, que se cuenta el término legal hábil para su presentación, tal como lo preceptúa el artículo 42 de la Ley 135 de 30 de abril de 1943, modificado por el artículo 27 de la ley 33 de 11 de septiembre de 1946. En segundo lugar, quien sustancia advierte que los apoderados judiciales de los demandantes sostienen en el libelo de su pretensión (hecho décimo tercero), que como quiera que la resolución impugnada "afecta derechos subjetivos de nuestros mandantes interpusimos en tiempo oportuno recuso de revisión administrativa, por falta de notificación personal y que dicho recurso que agota la vía gubernativa, nos fue rechazado." (f.6) En este punto, se hace preciso indicar que el artículo 166 (num. 4) de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, en relación con el recurso de revisión administrativa, preceptúa que el mismo podrá ser utilizado "contra resoluciones o decisiones que agoten la vía gubernativa, para lograr la anulación de la resolución respectiva," con base en alguna de las causales taxativamente señaladas. Lo anterior lleva, en consecuencia, considerar que la resolución que rechazó el recurso de revisión propuesto por los demandantes, no es la que agota la vía gubernativa, pues, como quedó expuesto, el recurso sólo puede ser utilizado, precisamente, contra este tipo de resoluciones. En este mismo orden de ideas, esta sustanciación debe subrayar que los demandantes al interponer el recurso de revisión en la vía gubernativa, han excluido la vía contencioso administrativa. Así, el artículo 189 de la Ley 38 de 2000, establece que esté recurso extraordinario en sede administrativa, procede de manera excluyente, paralela o posterior al recurso o acción de plena jurisdicción, en aquellos casos en los que se alude como causal de revisión, los supuestos contemplados en los literales f, g, h, i del numeral 4 del artículo 166 lex cit. En particular, el artículo 189 de la Ley de Procedimiento, establece que: "Será opcional de la persona agraviada utilizar el recurso de revisión administrativa cuando éste se fundamente en los literales a, b, c, d del artículo 166, o ejercitar la acción o recurso de plena jurisdicción en la vía contencioso-administrativa". Es decir, acota dicha norma que: "Utilizada una vía o recurso, se excluirá la utilización del otro en los supuestos a que se refiere este artículo.". En esa línea, la doctrina sostenida por esta S., ha dicho lo siguiente: Es preciso recalcar que el recurso de revisión no extiende la vía gubernativa. El recurso de revisión se interpone contra decisiones que agoten la vía gubernativa, que es distinto (Cfr, numeral 4 del artículo 166 de la Ley 38 de 2000) y constituye una posibilidad extraordinaria que permite el examen de los actos administrativos en firme, dictados en unas circunstancias que, posteriormente, se demuestran gravemente viciadas. Nuestro ordenamiento administrativo permite que frente a un acto administrativo definitivo, el interesado pueda elegir entre la vía administrativa o la contencioso administrativa, o ambas. Esto es así por lo siguiente. El artículo 189 de la Ley 38 del 200, dispone que cuando el recurso de revisión administrativa se fundamente en los literales a, b, c y d del numeral 4 del artículo 166 de la cita ley, será opcional de la persona agraviada utilizar dicho recurso o ejercitar la acción o recurso de plena jurisdicción en la vía contencioso administrativa. Agrega la norma que, utilizada una vía o recurso, se excluirá la utilización del otro en los supuestos a que se refiere este artículo. Esta misma disposición señala que cuando el recurso de revisión se basa en las causales señaladas en los literales g, h y j del numeral 4 del artículo 166 de la Ley 38 de 2000, puede interponerse en forma paralela o posterior al recurso o acción de plena jurisdicción.(Cfr. Fallo de 26 de enero de 2006). Así las cosas, se colige que al haber sido instaurado el recurso de revisión, que como hemos visto fue interpuesto por los demandantes, se ha excluido la vía contencioso administrativa para la revisión y control de la legalidad del acto administrativo impugnado. Más aun cuando el recurso de revisión siquiera fue fundamentado en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 166 (num.4) de la Ley 38 de 2000. Por las consideraciones anotadas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, la presente demanda es inadmisible y así debe declararse. En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la S. Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma R.C. & Asociados, en representación de los señores E.A.O.D. y D.E.O.D.. N., VICTOR L. BENAVIDES P. KATIA ROSAS (Secretaria)