Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 1 de Octubre de 2015

PonenteNelly Cedeño de Paredes
Fecha de Resolución 1 de Octubre de 2015
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: Servicios Farmacéuticos de Chiriquí, S.A.,a través de la representación legal del Licenciado C.R., ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución DNP No. 10005-10 INV de 16 de diciembre de 2010, dictada por la Autoridad de Protección al Consumidor y defensa de la Competencia (ACODECO), el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones. La demanda fue admitida por la Sala Tercera mediante Auto de diecinueve (19) de julio de 2013, en el que igualmente se ordenó correr traslado de la misma a la Procuraduría de la Administración por el término de cinco (5) días. I. LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO. En la demanda se formula una petición dirigida a la Sala Tercera para que ésta declare nulo por ilegal, la Resolución DNP No. 10005-10 INV de 16 de diciembre de 2010 y su acto confirmatorio la Resolución No. A-DPC-1248-12 de 8 de noviembre de 2012, emitida por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, que resolvió lo siguiente: " PRIMERO: SANCIONAR al agente económico F.M.L., amparada por la razón social SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE Chiriquí SOC. ANÓNIMA, inscrita a la Ficha 241594, R. 31066, Imagen 2, de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público de Panamá, cuyo representante legal es M.L.C., identificado con la cédula No. PE-2-35, con multa de DOCE MIL BALBOAS (B/.12,000.00), por haberse determinado su responsabilidad en la infracción a las normas de protección al consumidor. SEGUNDO: Contra esta resolución, se pondrá interponer Recurso de Apelación ante el Administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, el cual deberá ser cuestionado dentro del término de cinco (5) días hábiles, a partir de su notificación. TERCERO: Se concede un término de diez (10) días hábiles, a partir de ejecutoriada esta Resolución, para la debida cancelación de la multa en las oficinas de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. De no cancelarse la misma en dicho término, se procederá a remitirla al Juzgado Ejecutor de esta Autoridad. ..." Asimismo, se observa que la parte demandante solicita a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa, que declare Nula por ilegal la Resolución DNP No. 10005-10 INV de 16 de diciembre de 2010, dictada por la ACODECO junto su acto confirmatorio, y como consecuencia se le exonere a la demandante de pagar la multa impuesta. II. LOS HECHOS DE LA DEMANDA: Dentro de los hechos y omisiones fundamentales de la parte demandante, observamos los siguientes: ... PRIMERO: El día 24 de junio de 2010, se realizó una inspección al agente económico denominado FARMACIA MAE LEWIS, ubicada en D., Provincia de Chiriquí en el edificio del Hospital Mae Lewis, en dicho informe se detalla que se encontraron novecientos sesenta y ocho medicamentos vencidos, por lo que se origino la apertura de una investigación administrativa contra el establecimiento comercial FARMACIA MAE LEWIS. SEGUNDO: El día 7 de julio de 2010, nuestra representada brindó sus descargos ante la Dirección de Protección al Consumidor, donde se le indica que el establecimiento ha ejercido la actividad de manera responsable, además que en revisiones anteriores efectuadas por la Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud y por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, en su respectivas actas sus funcionarios hubieren dejado constancia de irregularidad alguna en los aspectos relacionados con las actividades económicas y farmacéuticas que cada ente en su esfera de competencia esta facultado para supervisar y vigilar. TERCERO: Mediante Resolución DNP No. 10005-10 INV de 16 de diciembre de 2010, expedida por el Director Nacional de Protección al Consumidor, se sancionó al agente económico F.M.L. con una multa de Doce Mil Balboas (B/. 12,000.00) CUARTO: Contra la resolución anterior, dentro del término oportuno se interpuso un recurso de apelación ante Administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, por lo que mediante Resolución A-DPC-1248-12 de 8 de noviembre de 2012, confirmó la resolución DNP-No. 10005-10 INV de 16 de diciembre de 2010. QUINTO: La anterior resolución le fue notificada a nuestra representada el día 30 de abril de 2010, agotándose la vía gubernativa. III. NORMAS LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN En cuanto a las normas que se estiman infringidas, sostiene la parte actora que el acto impugnado ha vulnerado los siguientes: Ley 38 de 2000: Artículo 52: causales 1, 2, 3, 4 y 5 Señala el actor que esta disposición fue violada de manera directa por comisión, debido a que se establece claramente las causales para que un acto administrativo sea declarado nulo, por lo que al expedir la Resolución DNP No 10005-10 INV de 16 de diciembre de 2010 por parte de la ACODECO, incurre en un vicio de nulidad. Ante la carencia de competencia para expedirlo. Ley 1 de 2001: Artículo 13, 14, y 163 Según el demandante las disposiciones ut supra han sido violadas, ya que la autoridad realiza el acto careciendo de competencia incurre en un vicio de nulidad absoluta, toda vez que la facultad sancionadora es de competencia privativa de la Dirección de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud. Otro aspecto señalado como violatorio es que en materia de medicamentos cuando se trate de falta de veracidad en lo que respecta a la publicidad por lo que otra situación como el expedio de medicamentos vencidos no le compete a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. IV. INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA Mediante Oficio No. 793 del 19 de julio de 2013, se le remitió copia autenticada de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción a la ACODECO, para que rindiera oportunamente informe explicativo de conducta con el objetivo de que ilustrara a la Sala sobre dicho acto demandado, a lo que la parte demandada, en este caso ACODECO, respondió mediante Nota AG/505-13/dv del 24 de julio de 2013, lo siguiente: ... PRIMERO: El día 24 de junio de 2010, se realizó una inspección en el agente económico FARMACIA MAE LEWIS, ubicada en la provincia de Chiriquí, Distrito de D.. En dicha diligencia se encontraron 968 medicamentos vencidos, por lo que se ordenó la apertura de la investigación, basados en el numeral 1 del artículo 36 de la Ley 45 de 2007, mediante el cual se establece que es obligación del proveedor informar clara y verazmente sobre las condiciones del producto, incluyendo su fecha de vencimiento. SEGUNDO: Posteriormente y siguiente el procedimiento que establece la Ley 45 de 2007 se giró boleta de citación a la empresa investigada, a fin de que ésta rindiera oportunamente sus descargos, cosa que efectuó el 07 de julio de 2010. De los descargos se pudo observar el reconocimiento de la existencia de productos vencidos dispuestos para la comercialización en dicho establecimiento comercial, lo cual por sí solo constituye una falta a la Ley 45 del 2007. De igual manera es facultad de ACODECO retirar y destruir los productos que se encuentren vencidos, lo cual ocurrió en este caso. TERCERO: Después de un análisis de las pruebas aportadas a la investigación, el Director Nacional de Protección al Consumidor mediante la Resolución No. DNP No. 10005-10 INV de 16 de diciembre de 2010, resolvió "SANCIONAR al agente económico F.M.L., amparada en la razón social SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE Chiriquí, S.A., inscrita a Ficha 241594, rollo 31066, imagen 2, de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público de Panamá, cuyo representante legal es M.L.C. identificado con la cédula No. PE-2-35, con multa de DOCE MIL BALBOAS (B/. 12,000.00), por haberse determinado su responsabilidad en la infracción a las normas de protección al consumidor. CUARTO: El 30 de diciembre del 2010 el apoderado legal de la empresa SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE Chiriquí, S.A., interpuesto formal recurso de apelación de la Resolución No. 10005-10 de 16 de diciembre de 2010, en la cual manifestaba su disconformidad con la Resolución de Primera Instancia, en la medida de que la misma no fue excesiva y hace conclusiones que distorsionan la realidad, además alega que no hay reincidencia en la falta y que los productos tenían pocos días de vencidos. QUINTO: El 8 de diciembre de 2012. El Administrador mediante la Resolución No. A-DPC-1248-12, CONFIRMÓ la resolución DNP No. 10005-10 INV de 16 de diciembre de 2010, mediante la cual se SANCIONÓ al agente económico F.M.L. con multa de DOCE MIL BALBOAS (12,000.00) por infringir las normas de protección al consumidor contenidas en la Ley No. 45 del 31 de octubre del 2007. La mencionada resolución estableció en su parte motiva lo siguiente: "En el acta de verificación No. 4-009087 de 24 de junio del 2010, se consignó que los productos descritos estaban vencidos, cuyas fechas de expiración son anteriores a la citada diligencia; inclusive las 28 tabletas de Cliane Acetato habían caducado en octubre de 2009, es decir 8 meses antes que los funcionarios de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) detectaran dichas anomalías; además el propio encargado del negocio, el señor R.C. firmó la inspección luego de terminada, y se quedó con una copia de todo lo actuado. ... Lo cierto es que, la gravedad de la falta radica en que los medicamentos ut supra, al ser utilizados pueden ocasionar daños a la salud de los seres humanos; situación que va en detrimento de los consumidores, quienes son lo que concurren al establecimiento comercial; por tal motivo, no existe justificación para que esta superioridad rebaje el quantum de la multa impuesta por la autoridad administrativa de primera instancia". ... V. CONTESTACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN. Por su parte, la Procuraduría de la Administración contestó la demanda mediante Vista No. 654 de 9 de diciembre de 2014, y solicita se declare que no es ilegal la Resolución DNP 10005-10 INV de 16 de diciembre de 2010, emitida por el Director Nacional de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, ni su acto confirmatorio, y que en consecuencia, no se acceda a las pretensiones de la demandante. En lo medular, en dicho documento la Procuraduría de la Administración indicó lo siguiente: " Esta Procuraduría no comparte los señalamientos de la actora, puesto que la Resolución DNP 10005-10 INV de 16 de diciembre de 2010, la cual constituye el acto objeto de reparo, fue emitida como consecuencia de la falta de cumplimiento, por parte de Servicios Farmacéuticos de Chiriquí, S.A., de normas de protección al consumidor, tal como explicaremos a continuación. Conforme advierte este Despacho, entre las piezas procesales incorporadas al expediente administrativo se encuentra el Acta de Verificación 4009087, en la cual se observa que el 24 de junio de 2010 la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia llevó a cabo una inspección a la F.M.L., establecimiento comercial operado por la empresa Servicios Farmacéuticos de Chiriquí, S.A., determinándose que la misma mantenía 968 medicamentos vencidos, motivo por el cual se abrió una investigación en su contra (Cfr. fojas 25 del expediente judicial y fojas 1 a 3 y 19 del expediente administrativo) En atención a esta irregularidad, la Autoridad demandada procedió a citar al representante legal de Servicios Farmacéuticos de Chiriquí, S.A., con el propósito de que rindiera sus descargos, mismos que fueron presentados por el Licenciado C.E.S.P., apoderado judicial de la referida sociedad, lo que nos permite establecer que durante el desarrollo del procedimiento sancionatorio que se le siguió a la accionante y, contrario a lo indicado por ésta, la misma gozó de las garantías propias del debido proceso legal, puesto que se le brindó la oportunidad de ser escuchada y de presentar las pruebas que estimara pertinentes para su defensa (Cfr. fojas 4, 5 a 12 del expediente administrativo) Tal como se desprende del contenido de la Resolución que se acusa de ilegal y de los descargos rendidos por la demandante, ésta aceptó, aunque alegando fallas internas, que los medicamentos encontrados en su establecimiento comercial estaban vencidos (Cfr. fojas 25 a 28 del expediente judicial). Dentro de este contexto, resulta pertinente destacar que el artículo 35 de la Ley 45 de 2007 regula a los derechos de los consumidores y, particularmente, establece en su numeral 1 el deber de la Autoridad de protegerlos contra los productos que representan un riesgo o un peligro para su vida. ... De lo antes expuesto, se tiene como una de las obligaciones de todo proveedor, en este caso, de Servicios Farmacéuticos de Chiriquí, S.A., la de informar clara y verazmente al consumidor sobre determinadas características del producto, entre éstas, su fecha de vencimiento; sin embargo, la sociedad recurrente incumplió con lo dispuesto en dicha disposición, puesto que se le encontró gran cantidad de medicamentos vencidos, tal como quedó acreditado en el procedimiento administrativo, lo que pone de relieve que la institución actuó conforme al principio de legalidad (Cfr. foja 1 del expediente administrativo) Frente a los hechos expuestos, esta Procuraduría estima oportuno traer a colación el contenido de los numerales 3 y 18 del artículo 86 de la ley 45 de 2007, cuyo tenor es los siguientes: Artículo 86: Funciones de la Autoridad. La Autoridad tendrá las siguientes funciones y atribuciones: ... 3. Investigar y sancionar, dentro de los límites de su competencia, la realización de actos y conductas prohibidas por esta Ley. ... 18. Retirar del mercado y destruir los productos vencidos, sin fecha de vencimiento, con fecha alterada o que no pueda determinarse o con fecha expirada... ... (La subrayada es del texto legal) (La negrita es de este Despacho) De la norma antes reproducida, se infiere con claridad que una de las funciones de la Autoridad es la de investigar y sancionar, dentro de los límites de su competencia, la realización de actos y conductas que dicha ley prohíbe, y que también goza de la facultad para retirar del mercado productos vencidos o con fecha expirada; condiciones que registraban los medicamentos encontrados en el local que funciona la F.M.L., operada por Servicios Farmacéuticos de Chiriquí, S.A. ... A juicio de este Despacho, lo expresado hasta aquí sirve para descartar los argumentos de la sociedad demandante en cuanto a la supuesta falta de competencia de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia para investigarla y sancionarla por mantener medicamentos, vencidos en su establecimiento, puesto que, tal como se ha puesto de manifiesto, la Ley 45 de 2007, desde el punto de vista de la protección al consumidor, le otorga a dicha entidad amplias facultades para instruir procedimientos administrativos y para sancionar a los agentes económicos que infrinjan sus disposiciones. Finalmente, manifestamos nuestra oposición con respecto a la afirmación que hace la recurrente en el sentido que la entidad demandada al sustentar su actuación en las normas de la Ley 45 de 2007, omitió aplicar las relativas a la Ley 1 de 2001, sobre medicamentos, la cual, en su opinión, es la normativa especial aplicable al caso; habida cuenta de que la sanción impuesta a Servicios Farmacéuticos de Chiriquí, S.A., obedeció, de manera particular, al hecho que se determinó: "... su responsabilidad en la infracción a las normas de protección al consumidor", las cuales, como hemos visto, se regulan de manera particular por la Ley 45 de 2007 (Cfr. foja 28 del expediente judicial) ..." VI. DECISIÓN DE LA SALA Cumplidos los trámites legales, la Sala procede a resolver la presente controversia, previa las siguientes consideraciones. Advierte la Sala que a foja 1 a 3 del expediente administrativo, reposa el Acta de Verificación No. 4-009087 de 24 de junio de 2010 proferida por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, en la que se indica que el agente económico F.M.L., ubicada en la provincia de Chiriquí, mantenía en venta 968 medicamentos vencidos, por lo que se ordenó la apertura de una investigación administrativa en contra del establecimiento comercial por presuntas infracciones a la Ley No. 45 de 31 de octubre de 2007. Como consecuencia de esa investigación administrativa, la Dirección Nacional de Protección al Consumidor, sanciona al agente económico F.M.L., con multa de Doce Mil Balboas (B/. 12,000.00), tomando en cuenta que no se trata de cualquier producto, sino de medicamentos, lo que agrava las consideraciones para la imposición de la sanción dada la importancia que conlleva su comercialización. Señala además que los medicamentos están dirigidos al tratamiento de padecimientos o enfermedades, por lo que su comercialización debe estar enmarcada en estrictas medidas de seguridad que garanticen que los productos puestos a disposición de los consumidores o que estén a la venta, son idóneos para su consumo, es decir que no hayan caducado. (Fojas 25 del expediente judicial y fojas 1 a 3 y 19 del expediente administrativo) Otro aspecto importante que la Autoridad sancionadora destaca y que considera hay que tener en cuenta, es la proximidad que la F.M.L. mantiene con el Hospital que lleva el mismo nombre, ya que según señala, se encuentra ubicada en sus inmediaciones, lo que aumenta la probabilidad que un mayor número de consumidores, adquieran medicamentos en esta farmacia. Al respecto de lo anterior, este Tribunal señala que es facultad de la ACODECO, investigar y sancionar violaciones a la ley 45 de 2007, en cuanto a retirar y destruir productos vencidos, especialmente cuando se trate de el derecho que le asiste a los consumidores de ser protegidos en su derecho de recibir productos que no afecten sus salud, integridad física o que pudiesen representar un riesgo para la salud. También señala la ley 45 de 2007, la obligación de los proveedores o agentes económicos, de informar entre otras cosas, la fecha de vencimiento de los productos. "Artículo 35. Derechos de los Consumidores Los consumidores tendrán, entre otros, derecho a: 1. Ser protegidos eficazmente contra los productos y servicios que, en condiciones normales o previsibles, representen riesgo o peligro para la vida, la salud o la seguridad física.". ... Artículo 36. Obligaciones del Proveedor. Son obligaciones del proveedor frente al consumidor las siguientes: 1. Informar, clara y verazmente al consumidor sobre las características del producto o servicio ofrecido, tales como la naturaleza, la composición, el contenido, el peso, el origen, la fecha de vencimiento, la toxicidad, las precauciones, el precio y cualquier otra condición determinante, lo cual se consignará en el empaque, el recipiente, el envase o la etiqueta del producto o en el anaquel del establecimiento comercial, en términos comprensibles y legibles..." La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia tiene dentro de sus funciones establecidas en el artículo 100 de la Ley 45 de 2007: Ordenar y realizar inspecciones a establecimientos comerciales para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de bienes y servicios, según se establece en la presente Ley e iniciar, de oficio o a petición de parte, investigaciones administrativas por posibles actos que vulneren los derechos del público consumidor, y aplicar las sanciones correspondientes. Por lo expuesto, en los citados artículos, el responsable directo ante la Autoridad de Protección al Consumidor de ofrecer a los consumidores un servicio de calidad y una información clara y veraz sobre las características del producto que van a adquirir éstos es el Proveedor. Lo anterior es así, pues como Servicios Farmacéuticos de Chiriquí , S.A., a través de establecimiento comercial F.M.L., como proveedor, de los 968 medicamentos que tenía en sus estantes para la venta, tenía la obligación informar clara y verazmente al consumidor sobre determinadas características del producto, entre ésta su fecha de vencimiento, razón por la cual la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia resolvió sancionarlo por haber sido encontrado con medicamentos dispuestos para su comercialización, en especial tratándose de medicamentos lo que agravaba aún más la situación Al respecto la Sala ha señalado lo siguiente: "... En atención a lo antes expuesto el Director Nacional de Protección al Consumidor de la Autoridad de Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia emite la Resolución DNP No.1908-06 de 22 de diciembre de 2006, acto administrativo impugnado en la presente demanda, que resuelve sancionar al agente económico denominado I.J. con multa de veinticinco mil balboas (B/.25,000.00). Una vez efectuado un análisis exhaustivo del expediente, la Sala considera que no le asiste la razón al recurrente, toda vez que la Resolución DNP No.1908-06 de 22 de diciembre de 2006 no infringe los artículos 31 (numeral 1) y 31-A de la Ley 29 de 1 de enero de 1996 y el artículo 990 del Código Civil. Lo anterior es así, pues I.J. como proveedor del producto medicamentoso P.M., tenía la obligación de informarle al consumidor de forma clara y veraz sobre las características de dicho producto, tales como la naturaleza, composición, contenido, peso, origen, fecha de vencimiento, toxicidad, precauciones, precios y cualquier otra condición determinante, razón por la cual la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia resolvió sancionarlo por haber sido encontrado comercializando el producto y vendiéndoselo a los consumidores, por lo que incumplía con lo previsto en el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 29 de 1996, vigente a la fecha. Aunado a lo anterior, la Sala concuerda tanto con el Administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia como con el Procurador de la Administración en el alegato de conclusión, cuando señalan que a pesar que I.J. alegó que los medicamentos fueron comprados a un distribuidor denominado Y.X., no aportó al proceso ningún elemento de prueba que permita comprobar el grado de responsabilidad que le cabía al proveedor. En consecuencia, la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución DNP No.1908-06 de 22 de diciembre de 2006, emitida por el Director Nacional de Protección al Consumidor de la Autoridad de Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia, así como tampoco lo es su acto confirmatorio, y NIEGA las demás pretensiones del recurrente." Aunado a lo anterior, la Sala concuerda tanto con el Administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia como con el Procurador de la Administración en el alegato de conclusión, cuando señalan que a pesar que Servicios Farmacéuticos de Chiriquí, S.A., alegó que ninguno de esos medicamentos se hubieran vendido puesto que antes de despachar un medicamento, el empleado verifica la fecha de caducidad entre otras, antes de despacharlo a un consumidor, esto no es argumento suficiente para demostrar que la F.M.L. no esta realizando los esfuerzos necesarios para asegurarse que en sus instalaciones no existan medicamentos vencidos. Y por otro lado en cuanto a la afirmación que hace la recurrente en el sentido de que la Autoridad sancionadora omitió aplicar las normas relativas a la Ley 1 de 2001, sobre medicamentos, la cual manifiesta es la normativa especial aplicable al caso, este Tribunal considera que la sanción impuesta a Servicios Farmacéuticos de Chiriquí, S.A., obedeció de manera particular al hecho que se determinó su responsabilidad en la infracción a las normas de protección al consumidor, las cuales se regulan de manera particular en la Ley 45 de 2007. En conclusión, es deber del proveedor cumplir con la Ley de protección al consumidor y es un derecho del consumidor recibir la información veraz sobre el producto a consumir, lo que excluye la relación particular que exista entre la empresa que suministra el producto y la que no tiene relación directa con el usuario o consumidor, y el proveedor del mismo, quien debe hacerse responsable ante la población de las características y calidad del producto que ofrece. Por lo antes expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARAN QUE NO ES ILEGAL la Resolución DNP No. 10005-10 INV de 16 de diciembre de 2010, emitida por el Director Nacional de Protección al Consumidor, el acto confirmatorio, por lo tanto no accede las pretensiones contenidas en la demanda. Notifíquese NELLY CEDEÑO DE PAREDES LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO KATIA ROSAS (Secretaria)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR