Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 6 de Octubre de 2015

Ponente:Nelly Cedeño de Paredes
Fecha de Resolución: 6 de Octubre de 2015
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS: La licenciada Y.S., en representación de Gloriela Pinto de S., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto 002-2014 de 8 de enero de 2014, emitido por la Procuraduría de la Administración, su acto confirmatorio y que se hagan otras declaraciones. I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO: El acto administrativo impugnado lo es el contenido del Decreto No.002-2014, de 8 de enero de 2014, emitido por el P. de la Administración, mediante el cual se resolvió dejar sin efecto el nombramiento de G.E.P.D.S., en el cargo de Secretaria Ejecutiva I. II. ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA: A foja 3 del expediente contentivo, se encuentra uno de los requisitos que debe contener toda demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción, que se refiere a los actos administrativos que deben demandarse, y la apoderada judicial de la señora G.E.P.D.S., la licenciada YUEALY SINGH, se refiere a los mismos en los siguientes términos: LO QUE SE DEMANDA Mediante el presente proceso, se pretende: 1. Que se declare nulo por ilegal el acto administrativo contenido en el Decreto Número No.002-2014 de 8 de enero de 2014 y el acto confirmatorio en la Resolución No.DS-20-14 de 28 de enero de 2014, proferido por la Procuraduría de la Administración. 2. Que se ordene a la Procuraduría de la Administración, el reintegro de mi cliente G.E.P. de S. mismo cargo y devengando el mismo salario que tenía al momento de su destitución. 3. Que se ordene a la Procuraduría de la Administración, el pago de los salarios, vacaciones, décimo tercer mes y cualquier otro emolumento que corresponda a mi cliente desde la fecha de su destitución hasta su reintegro. III. NORMAS LEGALES INFRINGIDAS: A. El artículo 61 de la Ley 1 de 6 de enero de 2009 que regula la Carrera del Ministerio Público, que se refiere al inicio de la investigación por faltas disciplinarias (Cfr. fojas 5-6 del expediente judicial). A juicio de la demandante la infracción se concreta en violación directa por omisión y por falta de aplicación pues la Procuraduría de la Administración ha obviado su obligación de remover al personal de la institución de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Esas disposiciones incluyen la propia Ley 1 de 2009 de Carrera del Ministerio Público y el Reglamento Interno de la Procuraduría de la Administración que regulan y reglamentan respectivamente el Procedimiento Disciplinario para la aplicación de las sanciones, y hacen especial referencia a las conductas o denuncias de un servidor de libre nombramiento y remoción en cuanto a la comprobación de los hechos que den lugar a la destitución. Según la activista, es evidente que el P. de la Administración no atendió el texto de la norma comentada, al destituir a mi cliente sin tomar en cuenta las disposiciones legales vigentes, amparándose de que mi cliente por ser una servidora pública de libre nombramiento y remoción estaba sujeta a la facultad discrecional de la autoridad nominadora. B. Los artículos 4 y 92 del Texto Único del Reglamento Interno de la Procuraduría de la Administración, adoptado mediante Resolución DS-16-2011 de 3 de octubre de 2011, modificado por la Resoluciones DS-13-2013 de 23 de octubre de 2013 y DS-16-2013 de 7 de noviembre de 2013, que guardan relación con el ámbito de aplicación de ese cuerpo normativo; y el inicio de la investigación correspondiente al procedimiento administrativo disciplinario. Señala la activista respecto del artículo 4 del Reglamento Interno de la Procuraduría de la Administración, adoptado mediante Resolución DS-16-2011 de 3 de octubre de 2011, con las modificaciones introducidas mediante Resolución DS-13-2013 de 23 de octubre de 2013, que el mismo fue violado de forma directa por omisión y falta de aplicación ya que se ha dejado de emplear una norma contentiva en el Reglamento Interno de la Procuraduría de la Administración, que establece la sujeción de toda persona que labore en la institución ya sea por nombramiento o contratación a las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento Interno. La forma o procedimiento aplicado para la destitución de mi cliente no se ajusta a lo establecido en el presente Reglamento, que dentro de sus objetivos establecidos en forma clara en su artículo 3 es el de regular las relaciones laborales entre la Procuraduría de la Administración y sus servidores. Señala que con la expedición del acto administrativo que impugna, se infringe el artículo 92 de Texto Único del Reglamento Interno de la Procuraduría de la Administración, adoptado mediante Resolución DS-16-2011 de 3 de octubre de 2011, con las modificaciones introducidas mediante Resolución DS-13-2013 de 23 de octubre de 2013, indicando que la infracción es en concepto de violación directa por omisión y falta de aplicación ya que se ha dejado de emplear una norma contentiva en el Reglamento Interno de la Procuraduría de la Administración, que establece y revalida nuevamente lo dispuesto en la Ley 1 de 2009, que cuando las conductas cometidas por un servidor público de libre nombramiento y remoción puedan dar lugar a la destitución será aplicada previa comprobación de los hechos. C. Los artículos 17, numeral 1 y 27 del Libro Primero de la Ley 38 de 2000, Orgánica de la Procuraduría de la Administración, relativos a la potestad del titular de la institución para aplicar sanciones disciplinarias; y a que los actos administrativos de nombramiento y destitución se ajustarán a la ley y a las normas reglamentarias internas. Al referirse a la norma arriba citada, explica que la violación se produjo de forma directa por errónea interpretación y transgresión directa por comisión, pues la Procuraduría de la Administración ha interpretado la disposición descrita haciendo uso sólo de la primera frase de la norma comentada y obviando su obligación de remover al personal de la institución de conformidad a la ley y los reglamentos que se expidan al respecto, en este caso la Ley 1 de 2009 y el Reglamento Interno. Por su parte en lo que respecta al artículo 27 de la ley 38 de 2000, señala que se dio violación directa por comisión y por falta de aplicación ya que la Procuraduría de la Administración ha actuado ignorando la presente disposición que señala en forma clara que el acto administrativo de destitución se supeditará a la ley y a las normas reglamentarias internas, nuevamente se remite a la Ley 1 de 2009 y al Reglamento Interno aplicable a los servidores públicos que laboran en la Procuraduría de la Administración. D. El artículo 141, numeral 15, del Texto Único de la Ley 9 de 1994 sobre Carrera Administrativa, que establece la prohibición de despedir sin causa justa a los servidores públicos en funciones a los que les falten dos años para jubilarse, pertenezca o no a ese régimen especial. Al referirse al artículo 141 del Texto Único de la Ley 9 de 1994, sostiene que se dio violación directa por comisión y errónea interpretación, al colisionar el acto administrativo que impugnan, con el texto de la norma comentada ya que ésta prohíbe la destitución sin causa justificada de los servidores públicos, que les falten dos años para jubilarse y su representada al momento de su destitución tenía 56 años de edad con 19 días, nacida el 25 de diciembre de 1957 por lo que le faltaban 11 meses con 12 días para acogerse a la jubilación . Agrega que Ley de Carrera Administrativa en su artículo comentado, está llenando un vacío que no tiene contemplado ni la Ley de Carrera del Ministerio Público, ni el Reglamento Interno de la Procuraduría de la Administración, y que ampara a "todos" los servidores públicos a los que le falten dos años para jubilarse. La propia Procuraduría de la Administración en la Resolución confirmatoria de destitución de su cliente No.DS-2-14 de 28 de enero (pág.3, primer párrafo), hace referencia a esta supletoriedad, así: "Que la ley de Carrera Administrativa, aplicable supletoriamente, en defecto del Código Judicial, a las situaciones no previstas en la ley de Carrera del Ministerio Público ...". De igual forma la Ley de Carrera del Ministerio Público en su artículo 75 y el artículo 100 del Reglamento Interno de la Procuraduría de la Administración contemplan claramente esta supletoriedad. Agrega que la Procuraduría de la Administración en la Resolución No.DS-20-14 de 28 de enero de 2014 que conforma en todas sus partes el Decreto impugnado, sustenta su decisión en una disposición que fue derogada por la Ley 43 de 30 de julio de 2009 (artículo 1) y que elimina el término "servidores públicos en funciones". IV. DESCARGOS DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN: A foja 55 y ss consta la Vista Número 620 de 2 de diciembre de 2014, mediante la cual el P. de la Administración, solicita al Tribunal, que el cargo de ilegalidad atribuido al Decreto acusado ante esta jurisdicción, sea desestimado por la Sala y por lo tanto declarar que NO ES ILEGAL. En lo medular, la opinión jurídica del señor P. de la Administración, fue basada en el hecho que, al examinar las constancias que reposan en el expediente judicial, se infiere que la recurrente, afirma que la entidad demandada ha obviado aplicar las disposiciones de la Ley de Carrera del Ministerio Público y de su Reglamento Interno relativas al procedimiento disciplinario para la comprobación de los hechos que dieron lugar a la destitución de su representada, particularmente, aquéllas que atañen a los servidores de libre nombramiento y remoción. El Honorable señor P. de la Administración se opone a los cargos de ilegalidad expresados en la demanda bajo estudio, alegando que de la lectura de las constancias procesales se infiere que la recurrente, G.E.P. de S., no ingresó al servicio público mediante un concurso de méritos, tampoco estaba amparada por el régimen de Carrera del Ministerio Público. VI.DECISIÓN DE LA SALA TERCERA: Cumplidos los trámites correspondientes, la Sala procede a resolver la presente controversia, en los siguientes términos: Previo al análisis de rigor, importa subrayar que con fundamento en lo que dispone el artículo 206, numeral 2, de la Constitución Política, en concordancia con el texto del artículo 97, numeral 1 del Código Judicial y el artículo 42b de la Ley N°.135 de 1943, conforme fue reformada por la Ley N°.33 de 1946, la Sala Tercera es competente para conocer de las acciones de plena jurisdicción, tal como la interpuesta. Dentro del marco de referencia, esta Judicatura se pronunciará respecto a la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto 002-2014 de 8 de enero de 2014, dictado por la Procuraduría de la Administración. Si bien la activista ha señalado que era una funcionaria de Carrera, ésta, no probó la veracidad de tal condición. En el presente proceso, la demandante no ha demostrado que era una funcionaria amparada al Régimen de Carrera del Ministerio Público, toda vez que de una revisión de las pruebas aportadas, entre ellas el expediente de personal, no observamos que la señora G.E.P. de S., fuera nombrada cumpliendo con el proceso de reclutamiento exigidos por la ley y sus reglamentos, y por consiguiente haya adquirido el estatus de servidora amparada al régimen de Carrera del Ministerio Público. Al hacer una prolija revisión de la génesis de la presente acción contenciosa administrativa, podemos observar que la señora G.E.P. de S., era una funcionaria de confianza del P. de la Administración, pues formaba parte del personal de secretaría inmediatamente adscrito al Dr. O.C.. Y es en ese mismo sentido, que la decisión de dejar sin efecto el nombramiento de la señora de S., se sustentó en el artículo 307 (numerales 3 y 4) de la Constitución Política que establece que: "No forman parte de las carreras públicas, el personal de secretaría y de servicio inmediatamente adscrito a los servidores públicos que no forman parte de ninguna carrera". Correcta interpretación hace el representante del Ministerio Público, cuando sostiene que la exclusión a la que se refiere el Estatuto Fundamental, también está contenido en el numeral 4 del artículo 4 de la Ley 1 de 2009, que establece: "Artículo 4. Servidores Públicos excluidos de la Carrera del Ministerio Público: ´El personal de secretaría y de servicio inmediatamente adscrito a los servidores públicos que no formen parte de la Carrera" y,entre ellos está el P. General de la Nación y el P. de la Administración. En ese sentido se advierte pues, que la demandante G.E.P. de S., no formaba parte del Régimen de Carrera del Ministerio Público; por consiguiente, carecía de estabilidad en el cargo que ocupaba como Secretaria del P., por lo que estaba sujeta, en cuanto a su remoción, a la potestad de la autoridad nominadora a la que se refiere el numeral 1 del artículo 17 de la Ley 38 de 2000, norma que establece la facultad discrecional del P. de la Administración para nombrar y remover a los funcionarios de esa institución. Para finalizar, esta M. prohíja el criterio sostenido por la Procuraduría al señalar, que la recurrente no puede ampararse en la protección que brinda el numeral 15, del artículo 141 del Texto Único de la Ley de Carrera Administrativa, cuando dispone que: "Queda prohibido a la autoridad nominadora y al superior jerárquico del nivel administrativo directivo: ... despedir sin causa justificada a servidores públicos en funciones a los que le falten dos años para jubilarse que laboren en instituciones del Estado que pertenezcan o no a la Carrera Administrativa", puesto que ella no ostentaba la categoría de servidora pública en funciones, sino servidora pública de libre nombramiento y remoción. Por las anteriores consideraciones, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Decreto 002-14 de 8 de enero de 2014, emitido por el P. de la Administración, y desestima las pretensiones de la actora. N., N.C. DE PAREDES LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO KATIA ROSAS (Secretaria)