Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Octubre de 2015

Ponente:Nelly Cedeño de Paredes
Fecha de Resolución:13 de Octubre de 2015
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS: La licenciada K.M., actuando en representación de la sociedad denominada TOP DESIGN, S.A.,ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 201-6879 de 12 de junio de 2013, emitida por la Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos, y para que se hagan otras declaraciones. Admitida la demanda, mediante resolución de 11 de septiembre de 2014 (f.25), se corrió traslado a la Procuraduría de la Administración y a la Entidad demandada, para que rindiera el informe explicativo de conducta, conforme al contenido del artículo 33 de la Ley 33 de 1946. I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Mediante el acto administrativo impugnado, comprendido por la Resolución N° 201-6879 de 12 de junio de 2013, emitida por la Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos, se resolvió lo siguiente: "PRIMERO: SANCIONAR a la sociedad TOP DESIGN, S.A. (TOP DESIGN, S.A.), con R.U.C. N° 1974558-1-736039 DV. 90, ubicado en la provincia de Panamá, distrito de Panamá, en el corregimiento de Bella Vista, urbanización O., Calle 54, edificio Torre Generalli, Apto./Local 5, cuyo representante legal es C.D.W.M., con cédula de identidad personal N° 8-303-773, con pago de multa de MIL BALBOAS (B/.1,000.00), por el incumplimiento de la obligación de facturar con las formalidades que establecen la Ley N° 76 de 22 de diciembre de 1976, modificada por la Ley N° 72 de 27 de septiembre de 2011 y otras legislaciones vigentes; este incumplimiento no permite la debida fiscalización de los tributos. ..." II. LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO Como declaración formal, la parte actora solicita, previo al trámite de Ley, que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 201-6879 de 12 de junio de 2013, proferida por la Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos, la cual condena a la empresa demandante TOP DESIGN, S.A., a pagar una multa de mil balboas con 00/100 (B/.1,000.00), por el supuesto incumplimiento de la obligación de facturar sin las formalidades que establece la Ley N° 76 de 22 de diciembre de 1976. De los argumentos que sustentan la pretensión de la actora, se manifiesta que: "PRIMERO: Que la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, mediante la Resolución N° 201-6879 de 12 de junio de 2013, sancionó a nuestra representada con una multa de B/.1,000.00, por el supuesto incumplimiento de la obligación de facturar sin las formalidades que establecen la Ley N° 76 de 22 de diciembre de 1976. SEGUNDO: El argumento básico de la entidad sobre el cual sustenta la sanción, es que la empresa no cumplió con la obligación de facturar utilizando las impresoras fiscales. TERCERO: Como razón para sustentar su argumento, determina que mediante un operativo realizado en las oficinas de la empresa, supuestamente se detectó que nuestra representada no contaba con la impresora fiscal. CUARTO: Se afirmó que "se hacen abonos pero las facturas salen en la impresora del negocio de al lado, el cual son los mismos dueños". Además, se aseguró que "tampoco cuentan con la Ley 72 de 27 de septiembre de 2011, los abonos lo cobran en el negocio Fursys, S.A., el cual adjunto el aviso de operaciones. QUINTO: Las afirmaciones vertidas en el citado informe, son tergiversaciones de los hechos. SEXTO: En primer lugar, la empresa TOP DESIGN, S.A, cuenta con la impresora fiscal exigida por la Ley. Esta responde al número de registro 1FHS21, de fecha 26 de 11 de 2011. Es decir, desde antes de la fecha de la inspección realizada, nuestra representada tenía la impresora fiscal ubicada en el local de la empresa. SÉPTIMO: En segundo lugar, los abonos salen de nuestra impresora fiscal. Lo cierto es que ocupamos un área donde existen varias empresas que todas son del mismo grupo; pero cada cual tiene su equipo necesario para la facturación. Tenemos la impresora fiscal y emitimos los comprobantes respectivos, el Fisco puede observar la máquina en su interior y puede ver que las facturas emitidas coinciden con lo reportado. OCTAVO: En tercer lugar, el comprobante fiscal que emite la impresora es la factura, que utilizamos para hacer el registro de los ingresos. Los abonos se registran en un recibo, ya que no es documento fiscal y no lo utilizamos para registrar las ventas. Sólo utilizamos para registrar el ingreso el comprobante fiscal. Para tratar de enervar la actuación recurrida, la parte actora sostiene como disposición legal conculcada, el artículo 11 de la Ley N° 76 de 22 de diciembre de 1976, modificado por el artículo 72 de la Ley N° 6 de 2 de febrero de 2005, modificada a su vez, por la Ley N° 8 de 15 de marzo de 2010 y por la Ley N° 72 de 27 de septiembre de 2011, señalando que el funcionario administrativo aplicó en forma correcta esta normativa; sin embargo, consideró supuestos jurídicos los cuales no constan en dicha disposición legal. Lo anterior obedece, a que si bien es cierto lo manifestado por dicho funcionario, en el sentido que las facturas salen en la impresora del negocio de al lado (Fursys, S.A.), y que por ende, la empresa TOP DESIGN, S.A., no cuenta con impresora fiscal, no es menos cierto que ambas empresas forman parte de un solo dueño o grupo económico, los locales están intercomunicados, por lo que existe un área de caja, en donde se ubican las impresoras fiscales, siendo la de la empresa demandante, con número de registro 1FHS21 de 26 de noviembre de 2011, previo a la fecha de la inspección realizada. III. INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA Consta de fojas 27 a 30 del expediente judicial, la Nota N° 201-01-9306 de 18 de septiembre de 2014 contentiva del Informe Explicativo de Conducta, mediante la cual, la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos fundamenta sus acciones en los antecedentes que originaron la presente causa. Del análisis de dicho informe, se concluye que la sanción impuesta, obedece al incumplimiento de las normas fiscales referentes a la obligación de documentar los ingresos, y expedir las facturas correspondientes para registrar las operaciones o los servicios que se presten, mediante el mecanismo de impresoras fiscales. IV. CRITERIO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN En Vista N° 422 de 29 de junio de 2015 (fs.48 a 53), el Procurador de la Administración solicita a los Honorables Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, declarar que el acto administrativo impugnado por el demandante, no es ilegal. El Procurador de la Administración orienta sus conclusiones, en que las normas fiscales autorizan a la Dirección General de Ingresos, a emplear los mecanismos de fiscalización, y en este caso en específico, para la expedición de facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, ventas de bienes y prestación de servicios. En consecuencia, sostiene que la forma en que la sociedad TOP DESIGN, S.A., facturaba y documentaba sus ingresos, no permitía a la Entidad recaudadora, fiscalizar el giro de las actividades normales que desarrolla dicho contribuyente; y que, por lo tanto, dicha sociedad incumple con lo establecido en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 11 de la Ley N° 76 de 22 de diciembre de 1976, modificada por el artículo 1 de la Ley N° 72 de 27 de septiembre de 2011. V. DECISIÓN DE LA SALA TERCERA Surtidas las etapas procesales, en relación a los hechos acreditados en el proceso, la Sala procede a resolverlo en el fondo, previo a las siguientes consideraciones. Con fundamento en lo que dispone el artículo 206, numeral 2 de la Constitución Política, en concordancia con el texto del artículo 97, numeral 1 del Código Judicial, y el artículo 42b de la Ley N° 135 de 1943, conforme fue reformado por la Ley N° 33 de 1946, la Sala Tercera es competente para conocer de las acciones de plena jurisdicción, tales como la ensayada. Tal como se ha dispuesto, el acto administrativo demandado en sede contencioso administrativa, mediante la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, lo es la Resolución N° 201-6879 de 12 de junio de 2013, emitida por la Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos, la cual resolvió lo siguiente: "PRIMERO: SANCIONAR a la sociedad TOP DESIGN, S.A. (TOP DESIGN, S.A.), con R.U.C. N° 1974558-1-736039 DV. 90, ubicado en la provincia de Panamá, distrito de Panamá, en el corregimiento de Bella Vista, urbanización O., Calle 54, edificio Torre Generalli, Apto./Local 5, cuyo representante legal es C.D.W.M., con cédula de identidad personal N° 8-303-773, con pago de multa de MIL BALBOAS (B/.1,000.00), por el incumplimiento de la obligación de facturar con las formalidades que establecen la Ley N° 76 de 22 de diciembre de 1976, modificada por la Ley N° 72 de 27 de septiembre de 2011 y otras legislaciones vigentes; este incumplimiento no permite la debida fiscalización de los tributos. ..." Con posterioridad, dicha resolución fue objeto de un recurso de reconsideración por parte de la apoderada judicial de la sociedad TOP DESIGN, S.A., mismo que no fue objeto de decisión por parte del Ente requerido, dando paso a la interposición ante la Sala Tercera, de la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. Dentro del considerando de la Resolución demandada de nula, por ilegal, consta que al contribuyente TOP DESIGN, S.A., con número de Registro Único de Contribuyente (R.U.C.) 1974558-1-736039 DV. 90, y cuya dirección fiscal es en la provincia de Panamá, distrito de Panamá, corregimiento de Bella Vista, urbanización O., Calle 54, edificio Torre Generalli, Apto./Local 5, cuya representante legal es C.D.W.M., le fue practicada diligencia de inspección ocular, el día 3 de mayo de 2012, a efectos de fiscalizar el sistema de documentación o facturación de sus operaciones por servicios prestados, así como demás actividades realizadas por dicho contribuyente (Cfr. f.1 del expediente de antecedentes). De la diligencia de inspección previamente reseñada, se determinó que la empresa demandante no contaba con una impresora fiscal, y que las facturas salían de la impresora del negocio que queda al lado, el cual es de los mismos dueños, según lo manifestado por la Subgerente de la empresa; y que el equipo fiscal en referencia, se encontraba en las bodegas (Acta del Proceso N° 17622). Observa la Sala Tercera, que se configuran como fundamentos legales para emplear la sanción de multa impuesta, por incumplir con la obligación de documentar y expedir facturas, los artículos 36 de la Ley N° 31 de 30 de diciembre de 1991; y, los artículos 172 y 188 del Decreto Ejecutivo N° 170 de 27 de octubre de 1993, cuyos textos señalan lo siguiente: "Artículo 36. El Artículo 11 de la Ley N° 76 de 22 de diciembre de 1976, subrogado por el Artículo 1 de la Ley N° 45 de 31 de octubre de 1980, y modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 72 de 21 de septiembre de 2011, quedará así: Artículo 11. Obligación de documentar: a)Es obligatoria la expedición de factura o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, venta de bienes y prestación de servicios, por parte de todas las personas que requieran licencia comercial o industrial para operar, así como aquellas personas que realicen actividades agropecuarias o agroindustriales. Se exceptúan de esta obligación las personas que requieran permiso de operación o permisos municipales temporales para realizar su actividad. b)Las personas que trabajen en profesiones, sea en forma independiente o colegiada, deberán documentar sus ingresos generados por las operaciones o servicios que presten, mediante la expedición de facturas o documentos equivalentes. c)También deberán ser documentadas las devoluciones, descuentos y, en general, todo tipo de operaciones realizadas por las personas señaladas en los párrafos anteriores, en ejercicio de sus actividades comerciales, industriales, agropecuarias, agroindustriales, profesionales o similares. Parágrafo 1. La documentación se emitirá en formularios de numeración corrida y, por lo menos, con una copia que debe quedar en los archivos de quien la expida. En los formularios siempre debe figurar impreso el número de Registro Único de Contribuyente (RUC), así como el nombre, razón social o nombre comercial. Se entiende por factura el documento que se expide para hacer constar toda operación a que se hace referencia en este artículo. En dicho documento, debe aparecer la fecha de la operación, la descripción del bien o servicio objeto de la transacción y el precio o importe total de lo vendido. En las facturas que se expidan o en los documentos que hagan sus veces, además de los requisitos señalados para los documentos en general, se hará constar, cuando sea el caso, el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles (I.T.B.M.) y cualquier otro impuesto que incida sobre la venta o servicio. Parágrafo 2. Además de los documentos mencionados en el parágrafo anterior, podrán ser utilizados otros comprobantes previamente autorizados por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro. A los documentos a que se hace referencia en este parágrafo les será aplicable lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2 del Artículo 967 del Código Fiscal. Parágrafo 3. Sin perjuicio de las otras sanciones que correspondan, quien incumpla esta obligación será sancionado con multa de Mil (B/.1,000.00) a Cinco Mil (B/.5,000.00) Balboas, la primera vez, y con multa de Cinco Mil (B/.5,000.00) a Quince Mil (B/.15,000.00) Balboas en caso de reincidencia. Además, la Administración Regional de Ingresos respectiva deberá decretar el cierre del establecimiento por dos (2) días, la primera vez, y hasta quince (15) días en caso de reincidencia. Si persiste el incumplimiento, se establecerá la sanción de clausura por treinta (30) días del establecimiento de que se trate." "Artículo 172. Obligación de facturar. Es obligatoria la expedición de factura o documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, venta de bienes y prestación de servicios, por parte de todas las personas que requieran licencia comercial o industrial para operar, así como aquellas personas que realicen actividades agropecuarias y agroindustriales. Se exceptúan de esta obligación las personas que sólo requieran permiso de operación o permisos municipales temporales para realizar su actividad. Las personas que trabajen en profesiones, sea en forma independiente o colegiada, deberán documentar sus ingresos generados por las operaciones o servicios que presten, mediante la expedición de facturas o documentos equivalentes. También deberán ser documentadas las devoluciones, descuentos y, en general, todo tipo de operaciones realizadas por las personas señaladas en los dos párrafos anteriores, en ejercicio de sus actividades comerciales, industriales, agropecuarias, agroindustriales, profesionales o similares. La documentación se emitirá en formularios de numeración corrida, debiendo el original entregarse al receptor del bien, trabajo o servicio, en tanto que una copia debe quedar en los archivos de quien la expida. En los formularios siempre debe figurar impreso el número de Registro Único de Contribuyente, así como el nombre, razón social o nombre comercial del emisor. Se entiende por factura el documento que se expide para hacer constar toda operación a que se hace referencia en este artículo. En dicho documento debe aparecer la fecha de la operación, la descripción del bien o servicio objeto de la transacción y el precio o importe total de ésta. En las facturas que se expidan o en los documentos que hagan sus veces, además de los requisitos señalados para los documentos en general, se hará constar por separado, cuando sea el caso, el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles (ITBM), el impuesto sobre ciertos servicios establecido por el Art. 1057-y del Código Fiscal y cualquier otro impuesto que incida sobre la operación. Además de los documentos mencionados en los tres párrafos anteriores, podrán ser utilizados otros comprobantes previamente autorizados por la Dirección General de Ingresos. A dichos comprobantes les será aplicable lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2) del artículo 967 del Código Fiscal." "Artículo 188.Contravenciones. a)I. en contravención el contribuyente o responsable que:no presenta la declaración jurada dentro de los términos legales;no lleve libros de contabilidad, ni registro de sus operaciones, ni practiquen inventarios físicos o no presente los estados y documentos exigidos por la Dirección General de Ingresos; oestando obligado a declarar su renta o a retener el impuesto, se niegue sin causa justificada, a exhibir libros o documentos necesarios para comprobar la veracidad de los datos suministrados a la Dirección General de Ingresos o cuando rehuse permitir en ellos cualquier investigación ordenada por el funcionario fiscal competente y relacionada con el impuesto sobre la renta. Las infracciones mencionadas en los literales a) y c) anteriores, serán sancionados con multa entre diez balboas (B/.10.00) y mil balboas (B/.1,000.00). La infracción señalada en el literal b) se sancionará con multa entre veinticinco balboas (B/.25.00) y cien balboas (B/.100.00). Quien incumpla la obligación de emitir facturas con los requisitos y formalidades establecidas en el articulo 172 de este Decreto, sin perjuicio de las otras sanciones que correspondan, será sancionado con la multa de mil balboas (B/.1, 000.00) a cinco mil balboas (B/5,000.00), la primera vez, y con multa de cinco mil balboas (B/.5,000.00) a quince mil balboas (B/.15,000.00) en caso de reincidencia. Además, se decretará el cierre del establecimiento por dos (2) días la primera vez y hasta quince (15) días en caso de reincidencia. Si persiste el incumplimiento, se sancionará con la clausura por treinta (30) días. Serán sancionados con multa de diez balboas (B/.10.00) a mil balboas (B/1,000.00), los funcionarios y las personas particulares naturales o jurídicas, a quienes la autoridad fiscal competente requiera la presentación de informes o documentos de cualquier índole relacionados con la aplicación de este impuesto y no los rinda o presente dentro del plazo razonable que les señale. Los funcionarios y las personas particulares que infrinjan cualquiera de las disposiciones contempladas en le articulo 175 de este Decreto, incurrirán en multa de diez balboas (B/.10.00) a mil balboas (B/.1,000.00)." Luego de examinar el cargo formulado, y los argumentos que lo sustentan, conjuntamente con la documentación que reposa en el expediente, la Magistratura concluye, que no le asiste la razón a la parte actora. La Sala aprecia que en la demanda, la actora reconoce la situación que plantea la Entidad demandada, por lo que su fundamentación jurídica, carece de asidero legal, pues tanto las personas naturales como jurídicas que se dediquen a la venta de bienes y prestación de servicios, como se configura en el presente caso, requieren la expedición de documentos relativos a la actividad que estas generen, y de allí, precisamente, la facultad de la Dirección Regional de Ingresos para sancionar por la falta de este requisito dispuesto por la norma invocada como infringida en el libelo de demanda. El artículo 36 de la Ley Nº 31 de 30 de diciembre de 1991, modificó el artículo 11 de la Ley N° 76 de 22 de diciembre de 1976, y que a su vez subrogó el artículo 1 de la Ley Nº 45 de 31 de octubre de 1980, y a la vez modificó el artículo 1 de la Ley N° 72 de 21 de septiembre de 2011, el cual trata específicamente de la obligación de documentar los ingresos en concepto de los operaciones que realicen o los servicios que presten, así como las devoluciones, descuentos, etc. Dicho artículo, considerado vulnerado por la actora, dispone quiénes están obligados a documentar sus ingresos y expedir las facturas correspondientes para registrar las operaciones o los servicios que prestan. Las personas obligadas a documentar sus ingresos, son aquellas que requieren licencia comercial o industrial para operar, así como aquellas personas que realizan actividades agropecuarias o agroindustriales, exceptuándose de esta obligación, las personas que sólo requieran de permiso de operación o permiso municipal temporal para realizar su actividad. En una situación similar a la que nos ocupa, la Sala Tercera en fallo de 5 de febrero de 2015, determinó lo siguiente: "... Con relación a las pretensiones del recurrente, se puede concluir que la discusión en este caso gira en torno a la legalidad de la sanción impuesta al contribuyente COBEISA, toda vez que el recurrente señala que sí se adoptó el sistema y los equipos requeridos por la Dirección General de Ingresos, en las 100 facturadoras que fueron adquiridas para cumplir con los requerimientos de la Dirección General de Ingresos y que sí cumplían con sus respectivas calcomanías y software autorizado por la misma Dirección General de Ingresos. En este sentido, el artículo 72 de la Ley N° 6 de 2005, establece lo siguiente: "Artículo 72. Obligación de Documentar: a. Es obligatoria la expedición de factura o de documento equivalente para documentar toda operación relativa a transferencias, venta de bienes y prestación de servicios, por parte de todas las personas que requieran licencia comercial o industrial para operar, así como aquellas personas que realicen actividades agropecuarias y agroindustriales. Se exceptúan de esta obligación las personas que requieran permiso de operación o permisos municipales temporales para realizar su actividad. [...] Parágrafo 2. Además de los documentos mencionados, podrán ser utilizados otros comprobantes previamente autorizados por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. [...] Como se desprende del contenido de la norma arriba citada, los contribuyentes mantienen la obligación de documentar toda operación que implique transferencias, venta de bienes y prestación de servicios, obligación que deberá hacerse constar en formularios, comprobantes o facturas con características específicas exigidas por la Administración, y que en ciertos casos deben ser aprobados por la misma para su utilización. ..." Examinada íntegramente la controversia presentada, este Tribunal Colegiado concluye, que no le asiste la razón a la parte recurrente, por lo cual la sociedad denominada TOP DESIGN, S.A., está obligada por Ley, a pagar la multa impuesta por el Ente demandado, por contravenir la normativa vigente en materia de expedición de facturas o documentar sus ingresos. En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 201-6879 de 12 de junio de 2013, emitida por la Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos; y por consiguiente, NIEGA las declaraciones solicitadas en el líbelo de demanda. N., N.C. DE PAREDES LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO KATIA ROSAS (Secretaria)