Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Noviembre de 2015

Ponente:Luis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución:30 de Noviembre de 2015
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS: El Licenciado J.S., actuando en representación de J.E.R., ha presentado ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N°DS-22-11 de 8 de noviembre de 2011, dictada por la Procuraduría de la Administración, el acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones. FUNDAMENTOS DEL DEMANDANTE El apoderado judicial de la parte actora refiere que la Procuraduría de la Administración suscribió el contrato de servicios profesionales N° 026-2011 con el Dr. J.E.R.F., para la asistencia técnica para la elaboración, análisis, divulgación y consenso del proyecto de ley sobre procedmiento administrativo, por un monto de veinticinco mil balboas con 00/100(B/.25,000.00), por un término inicial de cuatro meses, a partir del referido contrato, de conformidad con la cláusula décima del mismo. Sigue explicando que no obstante lo anterior, la Procuraduría de la Administración, mediante la Resolución N°DS-22-11 de 8 de noviembre de 2011, decidió declarar resuelto administrativamente el contrato de prestación de servicios profesionales N°026-2011 celebrado con el Dr. J.E.R.F.. Decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, por medio de la Resolución N°098-2014/TACP de 10 de septiembre de 2014. Señala la parte actora que el acto demandado se dictó violando los artículos 34, 52, 145, 201, numeral 37 de la Ley 38 de 2000, artículo 8 de la Convención Americana de derechos Humanos, artículo 9, literal c del Decreto Ejecutivo N° 366 de 28 de diciembre de 2006, artículo 17 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, en concordancia con el 103 de la Ley 38 de 2000, artículo 966, 967 y 974 del Código Judicial, así como el artículo 1109 del Código Civil en cuanto a la buena fe contractual. Los cargos de violación expuestos por el accionante se pueden resumir en lo siguiente: Artículo 34 de la Ley 38 de 2000. "la valoración realizada por parte de la Procuraduría de la Administración y por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas no resuelve según las pruebas ni fundamentos de hecho, que demuestren el alegado incumplimiento del Contratista en cuanto a las cláusulas del Contrato, y es en este sentido, no cumplen, no satisfacen el principio de legalidad, ni el principio de la lex contractus". Ley 52, nuemral 4 de Ley 38 de 2000. Refiere que el acto impugnado, presenta una motivación deficiente, además que tanto el acto originario como el confirmatorio carecen de consideraciones veraces, puesto que se plasma que la resolución del contrato se debió a un incumplimiento por parte del contratista o consusltor, sin estar apoyadas esas considerciones en pruebas que lo demuestren, ello por cuanto en dichas resoluciones no se dice que: el Dr. Rojas envió y entregó debidamente el cronograma y plan de trabajo que se requería; omite señalar que en la charla de capacitación de 22 de agosto el Dr. Rojas fue explícito en señalar que el proyecto de ley que se elaboraría se basaría en la legislación costarricense sobre la materia; se realizó un estudio pormenorizado de la ley panameña y el proyecto preparado por la Procuraduría de la Administración, así como la presentación de un documento contentivo de un análisis sobre los mismos; la elaboración de un borrador de proyecto que se ajustó precisamente a lo discutido y acordado en la capacitación de 11 de agosto de 2011, y ajustándose a la ley costarricense, como bien se informó a los asistentes y al propio Procurador de la Administración; la Resolución N° 011/2014-TAdeCP, de 6 de junio de 2014, excluyó ilegítimamente, el peritaje ofrecido por el actor, alegándose que no tomó posesión, aún cuando el término para realizar la comparecencia estaba suspendido; no se notificó a las partes de la resolución que convoca para la evacuación de los peritos. Artículo 201, numeral 37 de la Ley 38 de 2000. Indica que a su juicio, según se desprende de toda la actuación concomitante y posterior a la resolución administrativa del contrato, un ejercicio abusivo de la potestad, ataviada de la intención y voluntad libre, a juicio de quien la ejerce, desapegado al derecho subjetivo violado, y a la Ley atributiva, cumplida de modo arbitrario, constituye una finalidad desviada de la Ley, es ilícita; por ello el acto originario debe ser declarado nulo. Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 9, literal c, del Decreto Ejecutivo N° 366 de 28 de diciebre de 2006. Señala el accionante que estas normas han sido vulneradas, toda vez que la autoridad demandada no utilizó oportunamente el Portal Electrónico Panamacompra para llevar a cabo las notifiaciones procesales respectivas; el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas resolvió el recurso de apelación pasado 2 años y 9 meses desde su sustentación, contraviniendo el debido proceso en cuanto a que las decisiones deben dictarse en un plazo razonable. Artículo 17 de la Ley 22 de 2006, en concordancia con el artículo 103 de la Ley 38 de 2000. Refiere que la vulneración de dichos artículos obedecen al hecho que se emitió el acto demandado sin fundamento en la realidad, con una motivación errónea, además que el Tribunal de Alzada omitió pronunciarse sobre su petición de que se admitiera la prueba consistente en tomarle declaración jurada a Oscar Ceville Artículo 145 de la Ley 38 de 2000. ello por cuanto no se aplicaron las reglas de la sana crítica, al no valorar en su justa dimensión los elementos probatorios que reposan en autos. Artículos 966, 967 y 974 del Código Judicial. No se le otorgó el tiempo prudencial al perito para que compareciera, tomara posesión y rindiera el informe respectivo, ni se valoraron de manera objetiva ni contundente las pruebas que se ofrecieron en la defensa. Artículo 1109 del Código Civil. Por cuanto el acto demandado se dictó en violación del principio de buena fe contractual, relacionado directamente con el artículo 22 de la Ley 22 de 2006. INFORME DE CONDUCTA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA El señor Procurador de la Administración, mediante Nota N°DS-089-2014 de 19 de diciembre de 2014, rindió el respectivo informe de conducta, en donde hace una recuento de los hechos y actuaciones relacionadas con el Contrato de Prestación de Servicios No.026-2011, suscrito con el Dr. J.E.R.F., para la "Asistencia Técnica para la elaboración, análisis, divulgación y consenso del Proyecto de ley sobre procedmiento administrativo" como parte del Programa de Mejoramiento de la Administración de Justicia-Etapa II-BID/Contrato de Préstamo N°1875/OC-PN. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN El señor Procurador de la Administración mediante Vista Fiscal N°155 de 30 de marzo de 2015, recomendó se declare que no es ilegal la resolución impugnada, toda vez que de acuerdo con las cláusulas segunda y quinta del Contrato de Prestación de Servicios026-2011 y el Docuemento denominado "Términos de Referencia (TDRCTAJ-001-11) de febrero de 2011, que formó parte del referido contrato, se tiene claro que antes de proceder a la entrega del producto, es decir, el proyecto de ley consencuado entre las partes, el contratista estaba obligado a realizar un análisis de la Ley 38 de 31 de julio de 2000; del proyecto de modificación de dicha ley, previamente elaborado por la Procuraduría de la Administración; y una serie de normas vigentes en el ordenamiento jurídico panameño, entre las cuales se destacan la Constitución Política, el Código Administrativo y las leyes que regulan procedimientos administrativos especiales en las entidades públicas; luego el contratista debía realizar talleres de revisión, discución y análisis del proyecto de ley con la Procuraduría de la Administración y, luego talleres para divulgar y validar dicho proyecto con la referida entidad y con representantes de un porcentaje importante de entidades nacionales y municipales. Señala que no obstante lo anterior, de los productos señalados en la cláusula quinta del contrato, el contratista únicamente entregó un documento que denominó "Plan de Trabajo del Dr. J.E.R.F.", y un supuesto "proyecto de ley consencuado" que denominó "Ley... que aprueba el Estatuto General de la Administración Pública de la República de Panamá, regula el Procedmiento Administrativo General y dicta disposiciones especiales sobre entes públicos", remitido en dos fechas distintas (4 y 12 de ocubre de 2011) comprendiendo respectivamente, a un "primer borrador" y a la "versión más reciente", el cual a ser analizado por el equipo técnico de abogados designados por la Procuraduría de la Administración, en reuniones celebradas los días 10 y 13 de octubre de 2011, llegaron a la conclusión que consistía en una copia de ciento cuarenta y siete (147) artículos de esta última, que incluso contempla la figura del avocamiento, figura vigente en Costa Rica, pero desaparecida en nuestro ordenamiento jurídico en 1984. Sigue exponiendo que a la misma conclusión llegaron los expertos que participaron en la práctica de la prueba pericial ordenada por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas dentro del expediente 134-2011, que guarda relación con el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la resolución que resuelve administrativamente el contrato. Expresa que en razón de lo anterior, el producto entregado por el Dr. Rojas no cumplió con los parámetros establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios 026-11, ni con los términos de referencia que fundamentaron la consulta, lo cual constituye una casual para la resolución administrativa del contrato, según el numeral 1 del artículo 113 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación Pública, en concordancia con el artículo 146 de la Ley 38 de 2000. Por otro lado, refiere que contrario a lo manifestado por la parte actora, la violación al principio de buena fe es atribuible al Dr. J.R., y no a la Administración, toda vez que el incumplimiento se dio fue por parte del contratista, por tanto carece de sustento la supuesta violación del artículo 1109 del Código Civil y artículo 11 del Decreto Ejecutivo 366 de 2006. Acota que se ha incurrido en la figura de desviación de poder, contemplado en el numeral 37 del artículo 201 de la Ley 38 de 2000, habida cuenta que las actuaciones que integran el expediente administrativo enteramente demuestran que la Resolución DS-22-2011 de 8 de noviembre de 2011, dictada por la Procuraduría de la Administración, más allá de obedecer a un móvil de tipo personal, político o de favorecer a un tercero, responde, de forma legal y exclusiva, a la finalidad de dar por concluída una relación contractual, producto del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. En ese mismo orden de ideas, manifiesta que el procedmiento seguido para resolver administrativamente el contrato en cuestión, se hizo conforme a los parámetros establecidos en la Ley 22 de 2006, por tanto el mismo cumplió a cabalidad con los prinipios de estricta legalidad y debido proceso. DECISIÓN DE LA SALA Como quiera que el presente proceso ha quedado pendiente de resolver el fondo de la controversia, esta Superioridad pasa a hacer las siguientes consideraciones. Debemos iniciar nuestro análisis planteando que el acto administrativo acusado de ilegal, lo es la Resolución N° DS-22-11 de 8 de noviembre de 2011, dictada por la Procuraduría de la Administración, mediante la cual declaró resuelto administrativamente el contrato de Prestación de Servicios 026-2011, para la realización de la consultoría denominada "ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS, DIVULGACIÓN Y CONSENSO DEL PROYECTO DE LEY SOBRE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, celebrado el 21 de julio de 2011, entre la Procuraduría de la Administración y el doctor J.E.R.F., en calidad de consultor. De acuerdo con el acto demandado los motivos o causas que llevaron a la entidad contratante a resolver administrativamente el contrato, fue el incumplimiento por parte del contratista de las cláusulas pactadas tanto en el contrato como de los términos de referencia que formaban parte del primero. De manera específica, el acto demandado señala que se incumplió con lo señalado en el literal a, de la cláusula segunda del contrato 026-2011, en concordancia con 6.1. del acápite 6 de los términos de referencias TDRCYAJ-001-11, al igual que la infracción del numeral 7.1 del acápite 7 de dichos términos de referencias. Para mejor comprensión de lo anotado en el párrafo anterior, resulta pertinente transcribir las cláusulas en mención, veamos: Cláusula segunda del contrato 026-2011. "SEGUNDA: Las actividades a desarrollar por EL CONTRATISTA, serán las siguientes, sin perjuicio de aquellas que resulten necesarias para lograr el objetivo indicado:a. Analizar los documentos que se señalan en los términos de referencia que sirven de base a la presente consultoría.b. ..." Acápite 6 de los términos de referencia (TDRCYAJ-001-11) 6. ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL (LA) CONSUSLTOR(A). Sin perjuicio de las contempladas en estos Términos de referencia y/o las que puedan ser propuestas para realizar el trabajo de manera más eficiente y efectiva, la consusltoría deberá realizar las siguientes actividades: 6.1. ANÁLISIS DE DOCUEMENTOS El/La consultor(a) deberá considerar en el desarrollo de su trabajo, al menos, la revisión de los siguientes documentos: Documento del Proyecto Mejoramiento de la Justicia-Etapa II Marco Lógico del Proyecto Mejoramiento de la Justicia-Etapa II Contrato de Préstamo 1875/OC-PN Constitución de la República de Panamá. Ley 38 de 31 de julio de 2000. Proyecto de Ley que modifica la ley 38 de 31 de julio de 2000, elaborado por la Procuraduría de la Administración. Otros documentos legales que orientan el servicio de asesoría legal del Estado. Acápite 7 de los términos de referencia (TDRCYAJ-001-11). 7. RESPONSABILIDADES DEL (DE LA) CONSUSLTOR(A). 7.1 El/La Consultor(a) deberá realizar una reunión inicial con la contraparte a fin de iniciar el intercambio de opiniones y coordinar el trabajo. 7.2... Según lo expuesto en la Resolución N°DS-22-11 de 8 de noviembre de 2011, la entidad contratante (Procuraduría de la Administración) señala que el incumplimiento de las cláusulas contractuales y términos de referencias arriba transcritos, obedecieron principalmente a: "Que el 4 de octubre de de 2011, es decir, transcurrido un mes y quince días luego de recibida la orden de proceder para la ejecución del contrato de Prestación de Servicios 026-2011, el doctor J.E.R.F. remitió a esta Procuraduría una primera versión y luego, el 12 del mismo mes, una versión revisada del documento identificado por él como "Ley que aprueba el Estatuto General de la Administración Pública de la República de Panamá, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones especiales sobre entes públicos", que fueron objeto de revisión por una Comisión Técnica institucional, en reuniones celebradas los días lunes 10 y jueves 13 de octubre de 2011. Que según se indica en las actas elaboradas por lo miembros de esta Comisión, el cotejo realizado al contenido de ambos documentos, cuyos textos eran iguales, permitió concluir que los mismos eran una transcripción de 147 artículos de la Ley General de Administración Pública de la República de Costa Rica (ley 6227 de 2 de mayo de 1978, actualizada al 3 de enero de 2011). Que en atención a esta circunstancia, los miembros de la Comisión concluyeron que el texto presentado no se enmarcaba en los parámetros establecidos en los términos de referencia que forman parte del contrato 026-2011, ya que el mismo no refleja el análisis de la ley 38 de 31 de julio de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo General, del proyecto de modificación de dicha ley, previamente elaborado por esta Procuraduría, de la Constitución Política de la República de Panamá, del Código Administrativo ni de las leyes que regulan procedimientos administrativos especiales en la entidades publicas de la República de Panamá, y en algunos aspectos resulta incompatible con la tradición jurídica panameña, con la jurisprudencia nacional y con algunas normas de la Constitución Política de la República de Panamá. Que lo expuesto deriva en el incumplimiento del literal a) de la cláusula segunda del contrato 026-2011, que obliga al consultor a analizar los documentos que se señalan en el numeral 6.1. del acápite 6 de los términos de referencia que sirven de base a la consultoría, al igual que en la infracción del numeral 7.3 del acápite 7 de dichos términos de referencia, en el que se establece que el consultor debe garantizar que los productos que entregue puedan ser debidamente implementados para obtener los resultados previstos" Como puede apreciarse, la resolución impugnada por la parte actora, detalla los motivos por los cuales la autoridad demandada decidió resolver administrativamente el contrato, exponiendo las causales del incumplimiento por parte del contratista, y el fundamento jurídico que le permite dictar una decisión como la analizada, pues hace mención a la cláusula décima tercera del contrato 026-2011, en con concordancia con los artículos 113 (numeral 1), 115 y 116 de la Ley 22 de 2006, que pasamos a transcribir a continuación. respectivamente: DÉCIMA TERCERA: Este Contrato su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirán por las leyes vigentes en la República de Panamá. "Artículo 113. Causales de la resolución administrativa del contrato. Como causales de resolución administrativa del contrato, además de las que se tengan por convenientes pactar en el contrato, deberán figurar las siguientes: 1. El incumplimiento de las cláusulas pactadas. 2.- ..." Artículo 115. Resolución del contrato por incumplimiento del contratista. El incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, dará lugar a la resolución administrativa del contrato, la cual se efectuará por medio de acto administrativo debidamente motivado. La entidad contratante notificará a la fiadora el incumplimiento del contratista, decretado mediante resolución motivada, la que dispondrá de un término de treinta días calendario, siguientes a la notificación de incumplimiento, para ejercer la opción de pagar el importe de la fianza, o de sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones, siempre que quien vaya a continuarlo, por cuenta de la fiadora y a cuenta y riesgo de esta, tenga la capacidad técnica y financiera, a juicio de la entidad contratante. Para los efectos técnicos y legales se harán extensivas y propias las cláusulas del contrato principal dentro del contrato de la fianza, en lo relativo a la ejecución del contrato. Si el fiador ejerce la opción de sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones, deberá indicarle a la entidad quién continuará la ejecución del contrato a su nombre. Una vez asumida la sustitución del contratista, la fiadora tendrá un término de treinta días calendario para continuar con la ejecución del contrato y finalizar la obra de conformidad con lo pactado. Salvo que el incumplimiento de que trata este artículo sea por caso fortuito, fuerza mayor, o causas no imputables a este, el contratista se hará merecedor a las sanciones e inhabilitaciones previstas en el artículo 117 de la presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil correspondiente derivada del incumplimiento contractual. La entidad contratante ejecutará las fianzas de cumplimiento consignadas, previo cumplimiento de las formalidades de rigor. Artículo 116. Procedimiento de resolución. La resolución administrativa del contrato se ajustará a lo establecido en el artículo anterior, con sujeción a las siguientes reglas: 1. Cuando exista alguna causal para la resolución administrativa del contrato, la entidad contratante adelantará las diligencias de investigación y ordenará la realización de las actuaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, que pudiesen comprobar o acreditar la causal correspondiente. No obstante, cuando sea factible, la entidad contratante podrá otorgarle, al contratista, un plazo para que corrija los hechos que determinaron el inicio del procedimiento. 2. Si la entidad contratante considera resolver administrativamente el contrato, se lo notificará al afectado o a su representante, señalándole las razones de su decisión y concediéndole un término de cinco días hábiles, para que conteste y, a la vez, presente las pruebas que considere pertinentes. 3. Debe contener una exposición de los hechos comprobados, de las pruebas relativas a la responsabilidad de la parte, o de la exoneración de responsabilidad en su caso, y de las disposiciones legales infringidas. 4. Podrá ser recurrible ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, dentro de un plazo de cinco días hábiles, contado a partir de la notificación de la resolución, que se surtirá en el efecto suspensivo, con lo cual se agotará la vía gubernativa. 5. La decisión final, una vez agotada la vía gubernativa, será recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con las disposiciones que regulan la materia. 6. Una vez ejecutoriada la resolución, se remitirá a la Dirección General de Contrataciones Públicas, para los efectos del registro correspondiente. Las lagunas que se presenten en este procedimiento se suplirán con las disposiciones pertinentes del procedimiento administrativo de la Ley 38 de 2000. De la lectura de las disposiciones anteriores, se desprende de manera clara que la autoridad demandada estaba debidamente facultada por la cláusula décima tercera del contrato 026-2011 de aplicar, en determinado momento, la figura de la resolución administrativa de contrato, lo cual hizo en el caso que nos ocupa, por razón del incumplimiento incurrido por el contratista en la ejecución de su consultoría, habida cuenta que el propósito de la misma era la elaboración de un documento que contemplara un borrador de proyecto de ley que regulara el procedimiento administrativo general, el cual debía hacerse tomando como marco de referencia y análisis tanto la propia ley 38 de 2000, el proyecto de modificación de la misma elaborado por la Procuraduría de la Administración, y demás normas constitucionales y legales que regularan de alguna forma el procedimiento administrativo. No obstante, luego de que el doctor R.F. presentara dos documentos (primera versión y versión revisada) que denominó "Ley que aprueba el Estatuto General de la Administración Pública de la República de Panamá, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones especiales sobre entes públicos al ser analizado", la Comisión instaurada para revisar el trabajo presentado por el consultor, llegó a la conclusión que se trata de un documento contentivo de 147 artículos de la Ley General de Administración Pública de la República de Costa Rica, sin incluir el análisis de los documentos detallados en los términos de referencia (TDRCYAJ-001-11) que formaba parte del contrato 026-2011. Y es que a esta misma conclusión llegó el perito designado por la Procuraduría de la Administración (D.J.A.C.) y el del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (Lic. A.S., al resolver el recurso de apelación presentado por la parte actora contra el acto impugnado (ver los antecedentes), quienes fueron contestes en concluir, en términos generales, que los borradores presentados por el consultor no cumplió con el análisis mínimo exigido en el contrato y términos de referencia, al incluir 147 artículo de la legislación administrativa costarricense, sin aportes doctrinales ni analítico que orienten sobre si el proyecto por él presentado se ajusta a la realidad jurídica administrativa panameña. Se observa que fundamentado en las conclusiones emitidas por la Comisión integrada para el análisis de los borradores de los proyectos presentados por el D.J.R., las cuales arrojaba el incumplimiento de alguna de la cláusulas del contrato 026-2011 y los términos de referencia, llevó a la Procuraduría de la Administración a resolver administrativamente el contrato, el cual de acuerdo con las constancias probatorias allegadas al proceso se llevó con apego a las normas de la Ley 22 de 2006 (Téxto Único), de manera que el aquí accionante, pudo ejercer los descargos respectivos y medios de defensa previstos en la Ley. Así las cosas, esta Sala de la Corte aprecia que el acto impugnado se dictó en apego a las cláusulas contractuales, las causales de resolución administrativa de los contratos previstas en la Ley 22 de 2006 (Texto actualizado), y en cumplimiento del procedimiento señalado en esta Ley para la tramitación de este tipo de decisiones, no evidenciándose que haya actuado en desviador de poder, ni faltando al principio de buena fe contractual. En cuanto al cargo de infracción alegado por el demandante que consiste en la indebida notificación por parte de la autoridad demandada, tampoco tiene asidero jurídico, habida cuenta que de las constancias probatorias incorporadas a este proceso, se aprecia que el acto demandado le fue notificado al D.R.F. a saber: la primera por correo electrónico (14 de noviembre de 2011), la segunda personalmente, al recibir personalmente el 16 de noviembre de 2011, el acto administrativo impugnado que le fuera enviado vía DHL, tal como consta en la respuesta dada por el actor en correo electrónico el 17 de noviembre; y una tercera vez, cuando a requerimiento del apoderado judicial, se publicó la resolución DS-22-2011 en el Portal Electrónico de Contrataciones Públicas (PanamaCompras) el 22 de noviembre de 2011, tal como lo certificó el D. General de Contrataciones Públicas, cuya constancia reposa a folio 69 del presente proceso. Por otra parte, la parte actora refiere que que no se le dio oportunidad a su perito O.A.R.H. para que tomara posesión del cargo y rindiera su dictamen pericial. No obstante, ha de destacarse el hecho que por medio de la PROVIDENCIA N°001-Exp-134-2011-TAdeCP de 3 de abril de 2014, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, accedió y dispuso, entre otros puntos, el reemplazo de la perito de la parte actora, Doctora Miriam Ibanega, por el Licenciado O.A.R.H., de nacionalidad dominicana, y fijó las fechas para la toma de posesión, practica de la diligencia, entrega de los informes de peritos y periodo de interrogatorio sobre los informes periciales. Las fechas son las siguientes: la toma de posesión que deberá hacerse desde el día siguiente de la notificación hasta antes de la hora de inicio de la diligencia; el día 15 de abril de 2014, para la diligencia pericial, los días 28 al 30 de abril, para redarguir el contenido de los informes periciales (v. f. 632-633 de los antecedentes). La designación del perito O.R.H., fue objetada por la apoderada judicial de la Procuraduría de la Administración (fs. 640-643 de los antecedentes). Sin embargo, hay que advertir que la sola objeción de peritos no suspende la toma de posesión de los peritos ni las demás diligencias programadas. En razón de ello, los peritos J.A.C.Á. y A.N.S. se presentaron al Tribunal de alzada a tomar posesión del cargo de peritos de la Procuraduría de la Administración y del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, respectivamente (fs. 649 y 655 de los antecedentes), y posteriormente presentaron los respectivos informes periciales (fs. 663-670 y 684-714). Como puede apreciarse, no habiéndose suspendido trámite alguno por parte del Tribunal de Alzada, sólo quedaba pendiente las fechas del 28 al 30 de abril de 2014, para redarguir los informes periciales. En ese sentido, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, mediante la Resolución N°034-2014/TAdeCP del 29 de abril de 2014 (suspensión de diligencia judicial), suspendió los interrogatorios a los peritos posesionados, dispuestos para los días 29 y 30 de abril 2014, hasta tanto se resolviera el incidente de objeción del perito designado por la parte actora. El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, por medio de la Resolución N°011/2014-TAdeCP de 6 de junio de 2014 declaró sustracción de materia, en vista que la controversia planteada había perdido su objeto, toda vez que el perito O.R. ni siquiera acudió a tomar posesión del cargo (fs. 753-756 de los antecedentes). En ese sentido, mediante la Resolución N°051-2014/TAdeCP de 18 de junio de 2014, aquél Tribunal dejó sin efecto la suspensión de los interrogatorios y fijó nuevas fechas para la evacuación de los mismos. El recuento hecho en los párrafos anteriores, lleva a esta Sala a concluir que, contrario a lo expuesto por el accionante, no se había dispuesto ninguna suspensión para la toma de posesión de los peritos ni para la entrega de los respectivos informes, por tanto era deber del perito de la parte actora de presentarse al Tribunal a tomar posesión para luego rendir su informe; sin embargo, no lo hizo, por tanto su omisión no puede ser atribuida al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, ni se puede entender que se le ha cuartado el derecho de valorar el informe pericial que pudo haber presentado dicho perito. Por último, sobre el tiempo que demoró el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas en decidir el recurso de apelación, debemos señalar que dicho retraso no se debió a la inactividad del Tribunal de Alzada, sino a las diferentes incidencias y acciones (amparo de garantías constitucionales) que se interpusieron en el trámite del recurso, que le impidieron a dicho Tribunal a tomar la decisión dentro de un plazo razonable. En atención a las consideraciones anteriores, esta Superioridad concluye que el acto impugnado no viola los artículos 34, 52, 145, 201, numeral 37 de la Ley 38 de 2000, artículo 8 de la Convención Americana de derechos Humanos, artículo 9, literal c del Decreto Ejecutivo N° 366 de 28 de diciembre de 2006, artículo 17 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, en concordancia con el 103 de la Ley 38 de 2000, artículo 966, 967 y 974 del Código Judicial, así como el artículo 1109 del Código Civil en cuanto a la buena fe contractual. Por las consideraciones anteriores, esta Sala de la Corte Suprema, procederá a declarar que no es ilegal la Resolución DS-22-11 de 8 de noviembre de 2011, dictada por la Procuraduría de la Administración. PARTE RESOLUTIVA Por consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N°DS-22-11 de 8 de noviembre de 2011, dictada por la Procuraduría de la Administración, ni su acto confirmatorio; en consecuencia se niegan las demás pretensiones. N., LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- NELLY CEDEÑO DE PAREDES KATIA ROSAS (Secretaria)