Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 16 de Noviembre de 2015

PonenteNelly Cedeño de Paredes
Fecha de Resolución16 de Noviembre de 2015
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: El licenciado A.A.S.B., actuando en nombre y representación de G.A.G.R., ha interpuesto ante la S. Tercera de la Corte Suprema, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución Administrativa N° 1116-14 de 20 de noviembre de 2014, dictada por el Banco de Desarrollo Agropecuario, su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones. Mediante la resolución de 10 de marzo de 2015 (f.12), se admite la demanda de plena jurisdicción incoada, y se ordena su traslado al Procurador de la Administración, así como al Ente demandado, para que rindiese el informe explicativo de conducta, contemplado en el artículo 33 de la L. 33 de 1946. I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El acto administrativo demandado, está representado por la Resolución Administrativa N° 1116-14 de 20 de noviembre de 2014, dictada por el Banco de Desarrollo Agropecuario, cuya parte resolutiva dispuso lo siguiente: "ARTÍCULO PRIMERO: DESTITUIR a G.G., que ocupa el cargo de TÉCNICO AGROPECUARIO I (I) en la SUCURSAL CHORRERA, posición 116, con sueldo mensual de B/.1,237.00. ..." Contra el acto administrativo demandado ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, el afectado promovió y sustentó recurso de reconsideración; mismo que fue resuelto mediante la Resolución Administrativa N° 1135-14 de 10 de agosto de 2014, la cual confirmó la actuación de primera instancia, y en consecuencia, se agotó la vía administrativa. II. LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO La parte actora solicita que la S. Tercera, previo a los trámites de rigor, declare nula, por ilegal, el acto administrativo contenido en la Resolución Administrativa N° 1116-14 de 20 de noviembre de 2014, dictada por el Banco de Desarrollo Agropecuario; así como el acto confirmatorio correspondiente a la Resolución Administrativa N° 1135-14 de 10 de agosto de 2014, la cual confirmó la actuación de primera instancia. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se declare la restitución del demandante G.R., con el consecuente pago de salarios caídos y todas las prestaciones laborales a que por L., tiene derecho. Como hechos fundamentales de la demanda, la parte actora expone los siguientes: "PRIMERO: Que mi representado ostentaba la Posición N° 116 en el cargo de Técnico Agropecuario I, con un salario mensual de B/.1,237.00, en el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA). SEGUNDO: Que mediante la Resolución Administrativa N° 1116-14 de 20 de noviembre de 2014, se decretó la remoción del cargo, del cual fue notificado el día 25 de noviembre de 2014, ante la cual se presentó Recurso de Reconsideración con Apelación en subsidio, el día 2 de diciembre de 2014. TERCERO: Que mediante la Resolución Administrativa N° 1135-14 de 10 de agosto de 2014, se confirma la Resolución Administrativa N° 1116-14 de 20 de noviembre de 2014, donde se decreta la remoción del cargo, de la cual fue notificado el día 14 de enero de 2015, con lo cual se agota la Vía Administrativa. CUARTO: Que la carrera Profesional de la Ciencias Agropecuarias está tipificada en el artículo 305 acápite 7 de la Constitución Nacional de la República, la cual ha sido desarrollada mediante la L. 22 de 20 de enero de 1961, y en el Decreto Ejecutivo 265 de 24 de septiembre de 1968, también contemplada en la L. 11 de 12 de abril de 1982, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 71 de 2 de octubre de 1984. QUINTO: Que el artículo 5 de la L. 9 de junio de 1994, instituye la L. de Carrera Administrativa como Supletoria de las L.es especiales, que son descritas como tales en la Constitución. SEXTO: Que aunado a lo anterior, la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado en diferentes ocasiones, haciendo de esta manera jurisprudencia en el sentido de que se le reconoce la competencia del Consejo Técnico Nacional de Agricultura (CTNA) en esta materia, en base a estos artículos. SÉPTIMO: Que como se observa en la Resolución Administrativa N° 1116-14 de 20 de noviembre de 2014, no se sigue ningún procedimiento legal establecido en las leyes mencionadas anteriormente, por lo cual es ilegal y contraria a derecho, toda vez que mi representado ha mantenido una conducta adecuada (9 años de servicios) a las labores que realizas en la institución y no existe ningún proceso disciplinario administrativo o judicial." Los apoderados judiciales de la parte actora, Bufete Lescure, estima violadas las siguientes disposiciones legales, y el respectivo concepto en que lo han sido: L. N° 22 de 30 de enero de 1961 · Artículo 10, numeral 15; en concepto de violación directa, por omisión, toda vez que en criterio del demandante, fue destituido sin someterlo al Consejo Técnico de Agricultura, para que investigara y escuchara a las partes, y luego solicitar lo pertinente, en caso de comprobarse la infracción. L. N° 11 de 12 de abril de 1982 · Artículo 3, numeral 2; ya que en criterio del recurrente, esta norma garantiza a los profesionales de las Ciencias Agrícolas, permanencia en el cargo, según el artículo constitucional indicado. Decreto Ejecutivo N° 71 de 2 de octubre de 1984 · Artículo 2; en concepto de violación directa, por omisión, porque el Ente censurado no sólo soslayó el escalafón que ampara a los técnicos de las Ciencias Agropecuarias, sino que lo removió sin causa justificada ni fundamento legal, desconociendo de esta manera el procedimiento ya establecido a rango constitucional y legal. III. INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA En Nota G.G. N° 160-15 de 18 de marzo de 2015, visible de fojas 14 a 17 del infolio judicial, y recibida en la Secretaría de la S. Tercera, el día 19 de marzo de 2015, tal como consta en el sello de recepción, el Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario rinde informe explicativo de conducta, reseñando la actuación surtida por la Entidad que representa. En la Nota en mención, entre otras cosas, el representante legal de la Entidad requerida, sostiene que la medida adoptada por esta Institución de la banca agropecuaria, obedeció a la facultad discrecional de la misma, de nombrar y remover libremente a los funcionarios, toda vez que, frente a lo alegado por el demandante, como profesional de las ciencias agrícolas, el mismo adquiere estabilidad laboral, una vez haya participado de un concurso de méritos, y aquellos que no lo acrediten, no gozan de esta prerrogativa. Este sustento es cónsono con lo que la Corte Suprema de Justicia ha reiterado en numerosos fallos de reciente data, manifiesta el Ente censurado. IV. DESCARGOS DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN Mediante V.F.N.° 404 de 24 de junio de 2015 (fs.18 a 22), el Procurador de la Administración solicita a los Honorables Magistrados que integran la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, luego de un prolijo estudio de la actuación surtida por el Banco de Desarrollo Agropecuario, que declaren la legalidad de la Resolución Administrativa N° 1116-14 de 20 de noviembre de 2014, dictada por el Ente censurado; así como su acto confirmatorio, debido a que se ha probado que el demandante no era funcionario que estuviese amparado una L. especial o hubiese ingresado a la Entidad mediante un concurso de méritos, por lo que su nombramiento es de libre nombramiento y remoción. Se señala a su vez en la Vista Fiscal, que es en virtud del carácter discrecional de la Administración, ya que el demandante no pudo enervar su pretensión, que no era indispensable demostrar la existencia de una causal de carácter disciplinario para proceder a sancionarle con su destitución. Por otra parte, y vencido el término probatorio, la Procuraduría de la Administración presentó la V.F.N.° 784 de 11 de septiembre de 2015 (fs.29 a 34), contentiva de los alegatos finales de la presente causa, constatándose la reiteración de cada una de las piezas que componen los fundamentos previos, expuestos en sus descargos. V. DECISIÓN DE LA SALA TERCERA Evacuados los trámites de L., y encontrándose el presente negocio en estado de fallar, esta M. procede a resolver la presente controversia, previo a las siguientes consideraciones. Previo al análisis de rigor, importa subrayar, que con fundamento en lo que dispone el artículo 206, numeral 2, de la Constitución Política, en concordancia con el texto del artículo 97, numeral 1, del Código Judicial y el artículo 42b de la L. N° 135 de 1943, conforme fue reformado por la L. N° 33 de 1946, la S. Tercera es competente para conocer de las acciones de plena jurisdicción, tales como la ensayada. Dentro de este marco de referencia, esta Judicatura se pronunciará respecto a la acción de plena jurisdicción interpuesta, contra la Resolución Administrativa N° 1116-14 de 20 de noviembre de 2014, dictada por el Banco de Desarrollo Agropecuario, y su acto confirmatorio. Mediante el acto administrativo censurado, se resolvió la destitución del demandante G.A.G.R., quien ocupaba el Cargo de Técnico Agropecuario I, dentro del Banco de Desarrollo Agropecuario, con fundamento en la L. N° 13 de 25 de enero de 1973, modificada por la L. N° 86 de 20 de septiembre de 1973 y la L. N° 19 de 29 de enero de 1974; la L. N° 9 de 20 de junio de 1994; la Resolución N° 26 de 12 de diciembre de 2007 (Reglamento Interno); y el Resuelto N° DAL-051-ADM-2014 de 28 de julio de 2014. Como disposiciones invocadas en el líbelo de demanda, el recurrente sostiene la vulneración de los Artículos Artículo 10 de laL. N° 22 de 30 de enero de 1961 - en concepto de violación directa, por omisión; Artículo 3, numeral 2 de la L. N° 11 de 12 de abril de 1982 - en concepto de violación directa, por omisión; y, Artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 71 de 2 de octubre de 1984 - en concepto de violación directa, por omisión. .Aprecia esta Judicatura, que la actuación surtida por el Ente Administrativo emisor de la Resolución Administrativa N° 1116-14 de 20 de noviembre de 2014, dictada por el Banco de Desarrollo Agropecuario, y su acto confirmatorio, impugnados ante esta M., no vulneran las disposiciones que el recurrente arguye como infringidas, por lo que el acto recurrido, no deviene en ilegal. En ese sentido, la S. observa que el punto medular de la demanda que nos ocupa, acorde al criterio vertido en la demanda, es la supuesta estabilidad de que gozaba el señor G.A.G.R., al ser un profesional de las ciencias agrícolas; y como tal, las únicas causales de remoción aplicables eran las consignadas en el artículo 10 de la L. N° 22 de 30 de enero de 1961, referentes a la incompetencia física, moral o técnica, previo a una investigación del Consejo Técnico Nacional de Agricultura. No obstante a lo expresado en líneas precedentes, esta Superioridad ha reiterado el siguiente criterio, en fallo de 14 de noviembre de 2007: "... A prima facie observamos que el señor N.G.J., no ingresó a ostentar el aludido cargo del cual se le destituyó mediante un sistema o concurso de méritos que le permitiera gozar de estabilidad como ha pretendido según su libelo de demanda. Si bien es cierto, ha argumentado el actor que el cargo lo ejerció de manera permanente por más de veintiséis (26) años, no podemos escatimar lo que al respecto manifestó la entidad requerida; quien en su informe de conducta señaló que "... Al analizar el expediente del señor N.G.J., se le califica como un funcionario de libre nombramiento y remoción, debido a que no participó en concursos de méritos para la posición que desempeñaba dentro de la Institución.", es decir, que según el ente nominador, rige para éste el principio general de "... que es potestad discrecional de la entidad demandada el libre nombramiento y remoción de los funcionarios no amparados en cuanto a su estabilidad por una ley especial de carrera administrativa ..." que le asegure su estabilidad, previo ingreso por concurso de méritos. Es más, en cuanto a lo atinente a la violación al artículo 10 de la L. 22 de 1961 encontró preciso citar la entidad requerida lo dicho por esta S., es decir, que ésta "... considera que una ley que regula el ejercicio de una profesión ajena a la función pública, no puede otorgarle estabilidad en el cargo a un funcionario que no haya ingresado por concurso de méritos, ya que la L. de Carrera Administrativa es preferente y especial en materia de estabilidad.". Ahora bien, ésta S. no puede dejar de lado en señalar que por el solo hecho de la inexistencia del debido ingreso por medio de un concurso de méritos a ostentarse el cargo público de Técnico Agropecuario I en el MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, pudiese ser una causal determinante para prescindir de los servicios de quien lo ejerce como lo es en este caso por el señor N.G.J., que se encontraba amparado por normas de la L. Nº 22 de 30 de enero de 1961; pues, siendo ésta de las denominadas L.es Especiales y, atendiendo el legendario principio que dice que "las L.es Especiales priman sobre las L.es Generales", no queda otra cosa más que concluir que el señor G.J. no requería ingresar por un concurso de méritos como ha expuesto la parte demandada y reiterado la Procuraduría de la Administración. Claro está, que no con ello queremos decir que hoy por hoy no se requiera cumplir con tal concurso para el ingreso de cualesquiera carrera en el sector público, sino, que lo que impera en este caso es que se trata de una L. Especial la que se ha debido atender al tiempo de proferir el acto administrativo impugnado. El criterio expuesto en líneas previas nos lleva por la forma que viene expuesta la argumentación realizada por la parte actora en este caso, respecto de la interpretación que le ha dado a la L. Nº 22 de 30 de enero de 1961 -sin que se interprete como una inanición de ésta S.-; a desembarazar la situación o hecho que motiva la demanda en cuestión. Y es que el artículo 10 de la L. Nº 22 de 30 de enero de 1961, es sumamente claro al señalar que "... Los profesionales idóneos al servicio del Estado solo podrán ser destituidos por razones de incompetencia física, moral o técnica. ..." (El subrayado y la negrilla son de ésta S.) y que "... El Consejo Técnico Nacional de Agricultura decidirá y solicitará lo conducente al Órgano Ejecutivo si se hubiere cometido infracción al presente artículo de esta L..", de tal manera que ello es razón suficiente que permite un retracto al criterio que ya ha planteado esta corporación sobre casos un tanto análogos; pues, la disposición legal anotada se colige con lo establecido en el artículo 15 del Decreto Ejecutivo Nº 265 de 24 de septiembre de 1968 que en lo medular nos dice que: "... De acuerdo con el Artículo 10 de la L. 22 de 1961, corresponde al C.T.N.A. determinar si existen razones de incompetencia física, moral o técnica por las cuales las agencias Estatales pueden separar o destituir profesionales agrícolas idóneos a su servicio. Las agencias estatales estarán en la obligación de solicitar al C.T.N.A. aprobación de dichas medidas y para tales efectos suministrar al Consejo las pruebas que este requiera para tomar su decisión. ...". (El subrayado es de ésta S.). Al analizar las excertas legales inmediatamente descritas de manera parcial y literalmente, aunado a lo expuesto en la L. Nº 11 de 12 de abril de 1982 (Por la cual se reglamenta el escalafón para los profesionales de las Ciencias Agrícolas que prestan servicios en las distintas dependencias del Estado, en las entidades autónomas y semiautónomas, municipales, cualesquiera organismo oficial descentralizado y empresas privadas.), podemos determinar que en efecto se trata de una L. Especial (L. Nº 22 de 30 de enero de 1961), que si bien no tiene el carácter de orden público, como sí lo ostenta la L. Nº 9 de 20 de junio de 1994, la cual se encuentra reglamentada por el Decreto Ejecutivo Nº 222 de 12 de septiembre de 1997, no por ello podemos restarle valor, ya que al tiempo de su promulgación y vigencia ó mejor aún, al momento del ingreso del señor N.G.J. al servicio estatal, éste cumplía con los requisitos que tal L. le exigía. Claro está que la aludida ley Nº 9 de 1994, señala en sus artículos 1 y 197 que: "... La presente L. desarrolla los Capítulos 1º, 2º, 3º y 4º del Título XI de la Constitución de la República de Panamá; regula los derechos y deberes de los servidores públicos, especialmente los de carrera administrativa en sus relaciones con la administración pública, y establece un sistema de administración de recursos humanos para estructurar, sobre la base de méritos y eficiencia, los procedimientos y las normas aplicables a los servidores públicos." (El subrayado y la negrilla son de esta S.). "...Esta L. deroga en todas sus partes el Decreto de Gabinete Nº 1 de 26 de diciembre de 1989, el Decreto de Gabinete Nº 20 de 1 de febrero de 1990, el Decreto de Gabinete Nº 48 de 20 de febrero de 1990 y todas aquellas normas que le sean contrarias." (El subrayado y la negrilla son de esta S.). Ahora bien, puntualiza esta M. que a simple vista pareciera que hubiere un conflicto de L.es, pero al analizar a fondo sus respectivos contenidos podemos arribar a la conclusión sin mayor dilación de que se trata de disposiciones legislativas de caracteres un tanto distintas entre sí, aún cuando ambas hagan alusión a la ocupación de cargos públicos en cualesquiera dependencia estatal, pero, no por ello se debe entender que su intención es la de soslayar la confianza que a la sociedad -a quien le interesa la seguridad y certeza jurídica en la vida de relación y situaciones públicas y privadas, reguladas por el Derecho-, le interesa preservar. Por lo anterior, vale citar lo que al respecto establece nuestro Código Civil en su numeral 2 del artículo 14, es decir, que: "...Si en los códigos de la República se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes: ... 2. Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad y se hallaren en un mismo Código, se preferirá la disposición consignada en el artículo posterior; y si estuviere en diversos códigos o leyes, se preferirá la disposición del Código o ley especial sobre la materia de que se trate." (El subrayado y la negrilla son de ésta S.). Ha quedado claro entonces, que el asunto debatido en esta oportunidad es un asunto especial, pues así se ha demostrado al interponerse un Proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción, que si bien es cierto, en este caso, afecta única y exclusivamente al señor N.G.J., también lo es que el mismo por su condición de idóneo en el campo de las ciencias agrícolas estaba resguardado por una L. Especial como lo es la Nº 22 de 30 de enero de 1961. Lo anterior lleva a esta S. a estimar que la preferencia la tiene la L. de carácter especial, como lo es en este caso la L. Nº 22 de 30 de enero de 1961, la cual hace referencia a que, siendo idóneo en el área de ciencias agrícolas y estando al servicio del Estado su suspensión, separación o destitución del cargo se hará bajo los parámetros preestablecidos principalmente en el artículo 10 de la misma. Claro está, que ello muy a pesar de que la Carrera Administrativa no pueda ser considerada en este caso, aún cuando -a diferencia de la L. Nº 22- no haga reparos sobre el nivel profesional de un funcionario público, sino que se limite a referirse de manera imperante a toda persona que ejerza un cargo público en cualesquiera dependencia estatal. Es preciso dejar claro que no es posible que se pretenda entender que por el solo hecho de ser contratado en una dependencia Estatal se entienda que se puede de ipso facto gozar de estabilidad en el cargo ejercido, sin siquiera haber cumplido o accedido al cargo ocupado por medio de un concurso de méritos que solo conciente en estos momentos la aludida L. Nº 9 de 1994, reglamentada por el Decreto Ejecutivo Nº 222 de 1997, la cual es fuente supletoria de derecho para las demás carreras públicas y leyes especiales, sin embargo, en el caso en estudio no puede ser aplicada esta última L., sino la L. Nº 22 de 30 de enero de 1961 y de sus concordantes actos ejecutivos y legislativos, respectivamente, a saber, Decreto Nº 265 de 24 de septiembre de 1968 y L. Nº 11 de 12 de abril de 1982, los cuales datan de más de dos (2) décadas de promulgación y vigencia. Aunado al hecho de que el señor N.G.J. ejerció el cargo -del cual se le ha destituido- por más de veintiséis (26) años para el MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. En el caso que nos ocupa, estimamos oportuno hacer un llamado de atención a la Administración Pública, en lo atinente al respeto que se le debe dar a los servidores públicos que durante varios lustros de su vida le han dedicado sus mejores esfuerzos en pro del sector agropecuario. Por lo tanto, debe valorarse la experiencia, el profesionalismo, la dedicación y lo que el Estado ha invertido en funcionarios de dicho nivel. Por lo anotado en líneas previas, tenemos que si bien es cierto, las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público cuando en ellas así se exprese, no podemos dejar de señalar que lo establecido en nuestro Código Civil establece en su artículo 32, es decir, que "... Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. ..."; no aplica por tratarse de una L. especial que es la que se debe aplicar en este caso. De tal manera entonces, que aún cuando en este escenario tenemos a la mano que la L. Nº 9 de 20 de junio de 1994, reglamentada por el Decreto Ejecutivo Nº 222 de 12 de septiembre de 1997, no solo tiene más de una (1) década de promulgación y vigencia, y que pareciera ser la que debiera aplicarse, no podemos desconocer que la L. que se ha invocado como infringida o violada (L. Nº 22 de 30 de enero de 1961 y de sus concordantes actos ejecutivos y legislativos, respectivamente, a saber, Decreto Nº 265 de 24 de septiembre de 1968 y L. Nº 11 de 12 de abril de 1982), es especial. Esta M. aún cuando encuentra que el hecho que motiva la recurrencia en demanda en esta oportunidad, surgió en el año 2004 (Ver Decreto Ejecutivo Nº 230 de 24 de septiembre de 2004, visible de fojas 20 a 23), es decir, cuando la L. Nº 9 de 1994 y su reglamentación ya habían entrado en vigencia. Situación que pareciera poner al hoy demandante a la merced de lo dispuesto en el precitado artículo 32 del Código Civil antes citado, no es así, precisamente por ser la L. Nº 22 de 1961 especial. ..." A pesar de lo dispuesto por el fallo transcrito en el párrafo que antecede, en esta oportunidad, esta M. no puede soslayar el hecho acreditado plenamente en el expediente de antecedentes, que el demandante tomó posesión en el Banco de Desarrollo Agropecuario, el día 27 de enero de 2005, bajo el cargo denominado "Agrónomo I"; designación que se hizo mediante Resuelto N° 461-04 de 1 de diciembre de 2004 (Cfr. fs.59 a 61 del expediente de antecedentes). El Resuelto en referencia, manifiesta que el nombramiento se hace como "Agrónomo I", y este hecho, para fines netamente fiscales, es referido por la Partida N° 3.15.0.2.001.03.08.001; no es menos cierto que el mismo ha ejercidos funciones distintas a las señaladas, como lo son los cargos de Gerente Regional encargado, de la Sucursal de La Chorrera (Cfr. f. 52 del expediente de antecedentes). En base a las consideraciones anotadas, esta Superioridad considera necesario señalar, que el artículo 10 de la L. N° 22 de 1961, ha sido analizado en ocasiones anteriores al decidir impugnaciones similares a la que hoy nos ocupa, indicando que: "... si bien la L. 22 de 1961 establece las causales que pueden dar lugar a la remoción de un profesional de las ciencias agrícolas que presten servicio a las instituciones del Estado, dicha ley per se no confiere la estabilidad en el cargo a favor de dichos profesionales; toda vez que el tema concreto de la estabilidad de los servidores públicos se encuentra específicamente abordado en las disposiciones que adoptó la L. 9 de 20 de junio de 1994, por la cual se instituyó la denominada Carrera Administrativa..." (Sentencia de 2 de mayo de 2000). En ese sentido, de conformidad con las constancias procesales insertas en autos, no existe prueba alguna que demuestre que el señor G.R., haya ejercido el cargo de Agrónomo I desde su ingreso al Banco de Desarrollo Agropecuario, así como tampoco ha sustentado si su ingres a la Entidad, se debió a un concurso de méritos, por lo cual, a juicio de la S., no estaba amparado por un régimen de estabilidad. Siendo así, su cargo es considerado de libre nombramiento y remoción. Es de importancia reiterar, tal como ya se ha dejado establecido, que el demandante no era funcionario de carrera, por lo que se debe concluir que el status que mantenía el demandante dentro de la Entidad demandada, era el de servidor público en funciones, bajo la categoría de libre nombramiento y remoción. En fallo de 18 de septiembre de 2002, frente a un proceso similar al que nos ocupa, la S. Tercera se pronunció de la siguiente manera: "... Es decir, el demandante ingresó a la institución por designación de la autoridad nominadora, y no a través de un concurso de méritos. Por tanto, estaba sujeto a la remoción discrecional del Director del IDIAP, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 794 del Código Administrativo, que consagra la facultad ad-nutum de la Administración. En virtud de lo anterior, resulta inadmisible reconocer una estabilidad inexistente. ..." Las consideraciones anteriores, hacen concluir a este Tribunal que lo procedente es negar los cargos invocados, concluyendo que la actuación del Banco de Desarrollo Agropecuario, para este caso en particular, se enmarcó dentro de sus facultades legales. Por consiguiente, la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la L., DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el acto administrativo contenido en la Resolución Administrativa N° 1116-14 de 20 de noviembre de 2014, dictada por el Banco de Desarrollo Agropecuario, así como tampoco lo es su acto confirmatorio; y por lo tanto, NIEGA las pretensiones contenidas en el líbelo de demanda. N., N.C. DE PAREDES LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO KATIA ROSAS (Secretaria)