Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Diciembre de 2014

Ponente:Victor L. Benavides P.
Fecha de Resolución:12 de Diciembre de 2014
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS: La demanda fue admitida por la Sala Tercera mediante Resolución de diez (10) de diciembre de 2010, donde igualmente se ordenó correr traslado a la Procuraduría de la Administración, y enviar copia de la demanda a la Presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas para que rinda informe explicativo de conducta. Cabe señalar que mediante Resolución de 17 de noviembre de 2010, la Sala Tercera suspendió provisionalmente los efectos de la Resolución objeto de impugnación. LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO. En la demanda se formula una petición dirigida a la Sala Tercera para que ésta declare la nulidad por ilegal de la Resolución N° 31-2010 PLENO/TAdeCP del 2 de agosto de 2010, emitida por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. En este acto administrativo se resolvió anular los efectos de la Resolución Ejecutiva N° 139-2010 de 20 de mayo de 2010, emitida por el Registro Público de Panamá, mediante la cual se resuelve administrativamente el contrato N° 32-2008 de 11 de agosto de 2008, suscrito entre el Registro Público de Panamá y la empresa JOAMA CONTRATISTAS, S. A. para realizar "El diseño, planos, especificaciones técnicas, desglose de precios y mobiliarios, construcción y suministro de equipos de la sede en Santiago", según la licitación por mejor valor N° 2008-1-48-0-08-LV-000531 por un monto de B/.2,159,771.25, y se inhabilita a la empresa JOAMA CONTRATISTAS, S.A., para participar en actos de selección de contratista y para celebrar contratos con el Estado por un período de un año. Asimismo, se observa que la parte demandante solicita que en atención a la declaración de nulidad se confirme la Resolución Ejecutiva N° 139-2010 de 20 de mayo de 2010, emitida por el Registro Público de Panamá, mediante la cual se resuelve administrativamente el contrato N° 32-2008 de 11 de agosto de 2008. Sostiene la parte demandante que el acto impugnado ha vulnerado la Ley 22 de 2006 en su numeral 3 del artículo 63, artículo 77, numeral 1 del artículo 99, artículo 100, artículo 101, artículo 102. De igual manera estima transgredidos los artículos 256 literal a), 258 y 262 del Decreto Ejecutivo N° 366 de 28 de diciembre de 2006; y el artículo 9 del Código Civil. Estas normas son del siguiente tenor literal: Artículo 63. Medios para el cumplimiento del objeto contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, la entidad contratante tendrá las siguientes potestades: 1. ... 2. ... 3. Resolver administrativamente el contrato por las causas establecidas en esta Ley, observando las formalidades en ella previstas, referentes al reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones, a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas. Artículo 77. Terminación de la obra. La terminación de la obra objeto del contrato se recoge en el acta de aceptación final, después de comprobar que se han cumplido todos los requisitos del contrato. La fianza de cumplimiento continuará en vigor por el término de un año, si se tratara de bienes muebles, para responder por vicios redhibitorios, tales como la mano de obra, material defectuoso o cualquier otro vicio o defecto en la cosa objeto del contrato, salvo bienes muebles consumibles que no tengan reglamentación especial, cuyo término de cobertura será de seis meses, y por el término de tres años para responder por defectos de reconstrucción o de construcción de obra o bien inmueble. P.. Por decisión unilateral de la entidad contratante y con fundamento en las condiciones establecidas en el pliego de cargos, puede recibirse, para su uso u ocupación, una obra sustancialmente ejecutada, aunque queden pendientes etapas o trabajos por realizar. En estos casos, la fianza de cumplimiento para responder por vicios redhibitorios y defectos de reconstrucción o de construcción, empezará a regir desde el recibo de la parte sustancial de la obra usada y ocupada por el Estado, y para el resto de la obra, a partir del acta de aceptación final. Artículo 99. Causales de la resolución administrativa del contrato. Como causales de resolución administrativa del contrato, además de las que se tengan por convenientes pactar en el contrato, deberán figurar las siguientes: 1. El incumplimiento de las cláusulas pactadas. 2. ... Artículo 100. Resolución del contrato por incumplimiento del contratista. El incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, dará lugar a la resolución administrativa del contrato, la cual se efectuará por medio de acto administrativo debidamente motivado. La entidad contratante notificará a la fiadora el incumplimiento del contratista, decretado mediante resolución motivada, la que dispondrá de un término de treinta días calendario, siguientes a la notificación de incumplimiento, para ejercer la opción de pagar el importe de la fianza, o de sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones, siempre que quien vaya a continuarlo, por cuenta de la fiadora y a cuenta y riesgo de esta, tenga la capacidad técnica y financiera, a juicio de la entidad contratante. Para los efectos técnicos y legales ser harán extensivas y propias las cláusulas del contrato principal dentro del contrato de la fianza, en lo relativo a la ejecución del contrato. Si el fiador ejerce la opción de sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones, deberá indicarle a la entidad quién continuará la ejecución del contrato a su nombre. Una vez asumida la sustitución del contratista, la fiadora tendrá un término de treinta días calendario para continuar con la ejecución del contrato y finalizar la obra de conformidad con lo pactado. Salvo que el incumplimiento de que trata este artículo sea por caso fortuito, fuerza mayor, o causas no imputables a este, el contratista se hará merecedor a las sanciones e inhabilitaciones previstas en el artículo 102 de la presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil correspondiente derivada del incumplimiento contractual. La entidad contratante ejecutará las fianzas de cumplimiento consignadas, previo cumplimiento de las formalidades de rigor. Artículo 101. Procedimiento de resolución. La resolución administrativa del contrato se ajustará a lo establecido en el artículo anterior, con sujeción a las siguientes reglas: 1. Cuando exista alguna causal para la resolución administrativa del contrato, la entidad contratante adelantará las diligencias de investigación y ordenará la realización de las actuaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, que pudiesen comprobar o acreditar la causal correspondiente. No obstante, cuando sea factible, la entidad contratante podrá otorgarle, al contratista, un plazo para que corrija los hechos que determinaron el inicio del procedimiento. 2. Si la entidad contratante considera resolver administrativamente el contrato, se lo notificará al afectado o a su representante, señalándole las razones de su decisión y concediéndole un término de cinco días hábiles, para que conteste y, a la vez, presente las pruebas que considere pertinentes. 3. Debe contener una exposición de los hechos comprobados, de las pruebas relativas a la responsabilidad de la parte, o de la exoneración de responsabilidad en su caso, y de las disposiciones legales infringidas. 4. Podrá ser recurrible ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, dentro de un plazo de cinco días hábiles, contado a partir de la notificación de la resolución, que se surtirá en el efecto suspensivo, con lo cual se agotará la vía gubernativa. 5. La decisión final, una vez agotada la vía gubernativa, será recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con las disposiciones que regulan la materia. 6. Una vez ejecutoriada la resolución, se remitirá a la Dirección General de Contrataciones Públicas, para los efectos del registro correspondiente. Las lagunas que se presenten en este procedimiento se suplirán con las disposiciones pertinentes del procedimiento administrativo de la Ley 38 de 2000. Artículo 102. Competencia. La competencia para inhabilitar a los contratistas por incumplimiento de contratos u órdenes de compras recae en el representante de la entidad o en el servidor público en quien se delegue esta función. La sanción de inhabilitación se decretará en el mismo acto en que se declara la resolución administrativa del contrato. Será responsabilidad de la Dirección General de Contrataciones Públicas reglamentar esta materia. Para efectos de la inhabilitación, se entenderá que los contratistas inhabilitados no podrán participar en ningún acto de selección de contratista ni celebrar contratos con el Estado mientras dure la inhabilitación, la cual será de tres meses a tres años, dependiendo de la reincidencia, de la cuantía del contrato y de la gravedad o el daño ocasionado al Estado por su incumplimiento. Las personas naturales o jurídicas que incurran en falsedad o en fraude en el acto de selección de contratista, en la contratación directa o durante la ejecución del contrato, de la adenda o de la orden de compra, comprobado en el proceso de resolución administrativa del contrato u orden de compra, serán inhabilitados por un periodo mínimo de dos años. P.. Cuando concurran en forma simultánea dos o más sanciones de inhabilitación hacia un mismo contratista, se le aplicarán las sanciones en forma acumulativa, entrando a regir laposterior al día siguiente de la finalización de la sanción anterior. Decreto Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006. Artículo 256. (Causales de resolución administrativa del contrato) Son causales de resolución administrativa del contrato, además de las que se tengan por convenientes pactar en el contrato, deberán figurar, las siguientes: a) El incumplimiento de las cláusulas pactadas. b) ... Artículo 258. (Resolución del contrato por incumplimiento del contratista) El incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista dará lugar a la resolución administrativa del contrato, la cual se efectuará mediante acto administrativo debidamente motivado. La entidad contratante notificará a la fiadora el incumplimiento del contratista decretado mediante resolución motivada, la que dispondrá de un término de treinta (30) días calendario, siguientes a la notificación de la resolución del contrato, para ejercer la opción de pagar el importe de la fianza, o de sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones siempre que quien vaya a continuarlo, por cuenta de la fiadora y a cuenta y riesgo de esta a juicio de la entidad contratante, tenga la capacidad técnica y financiera. (Art. 100 L 22-2006) Artículo 262: (Procedimiento de resolución administrativa del contrato) La resolución administrativa del contrato se ajustará a lo establecido en la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y estereglamento con sujeción a las siguientes reglas:a) En caso de que exista alguna causal para la resolución administrativa del contrato, la entidad contratante adelantará las diligencias de investigación y ordenará la realización de las actuaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, que pudiesen comprobar o acreditar la causal correspondiente. No obstante, cuando sea factible, la entidad contratante podrá otorgarle al contratista un plazo para que corrija los hechos que determinaron el inicio del procedimiento.b) Si la entidad contratante considera resolver administrativamente el contrato, se lo le notificará al afectado o a su representante, señalándole las razones de su decisión y concediéndole un término de cinco (5) días hábiles para que conteste y, a la vez, presente las pruebas que considere pertinentes.c) La resolución deberá contener una exposición de los hechos comprobados, de las pruebas relativas a la responsabilidad de la parte o de la exoneración de responsabilidad en su caso, y de las disposiciones legales infringidas.d) Dicha resolución podrá ser recurrible ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles contado a partir de la notificación de la resolución, que se surtirá en el efecto suspensivo, con lo cual se agotará la vía gubernativa.e) Una vez agotada la vía gubernativa, la decisión final será recurrible ante la jurisdicción contenciosa-administrativa, de conformidad con las disposiciones que regulan la materia.f) Una vez ejecutoriada la resolución, se remitirá a la Dirección General de Contrataciones Públicas, para los efectos del registro correspondiente. (Art.101 L 22-2006) Sostiene la parte actora que el numeral 3 del artículo 63 de la Ley N° 22 de 2006 fue vulnerado de manera directa por omisión, toda vez que se está desconociendo el derecho consagrado de la entidad contratante a dar por terminado un contrato incumplido por el contratista. En cuanto al artículo 77 de la misma excerta legal estima que la vulneración se debe a que se interpretó de manera errónea el sentido de la norma, ya que advierte que el Registro Público tuvo la necesidad de ocupar el inmueble sin que tuviere las condiciones exigidas en el pliego de cargos, y por tanto, la obra no fue recibida ni estaba sustancialmente ejecutada, lo cual es contrario a lo planteado por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas cuando señaló que la ocupación realizada constituía un recibo sustancial de la obra. Considera de igual manera que el acto administrativo ha infringido el numeral 1 del artículo 99 de la Ley 22 de 2006, pues el contratista incumplió con las cláusulas pactadas al incumplir con el pliego de cargos. Sostiene que la resolución impugnada violó esta norma al no aplicarla. En este mismo sentido se refiere la vulneración del numeral 1 del artículo 256 del Decreto Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006. Sustenta el demandante que se ha vulnerado el artículo 100 de la Ley N° 22 de 2006 y el artículo 258 del Decreto Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006, ya que se desconoció la potestad que tienen las entidades públicas del Estado a decretar el incumplimiento del contrato por parte del contratista. Igualmente, considera vulnerado el artículo 101 de la Ley N° 22 de 2006 de manera directa por omisión, pues el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas ignoró el procedimiento que hay que aplicar cuando se decreta el incumplimiento del contrato por parte del contratista. En este mismo sentido se refiere la vulneración del artículo 262 del Decreto Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006. De seguida, supone la vulneración del artículo 102 de la Ley N° 22 de 2006 de manera directa por omisión, ya que se desconoció el derecho del Registro Público de Panamá a sancionar a JOAMA CONTRATISTAS, S.A. luego de declarar resuelto el contrato por incumplimiento del contratista, con la inhabilitación de participar en actos de selección de contratistas. En otro punto, sostiene la parte actora que se ha violentado de manera directa por omisión el artículo 9 del Código Civil, porque - a su juicio - el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas no tuvo en cuenta el recto sentido de las normas legales contenidas en la Ley 22 de 2006 y en el Decreto Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006. Opina que estas normas debieron ser aplicadas conforme al fin e intención del legislador. INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA. La Magistrada Presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas presentó informe explicativo de conducta; no obstante, mediante Auto de Pruebas N° 322-2011 de 19 de septiembre de 2011, éste no se admitió, toda vez que fue presentado de manera extemporánea. CONTESTACIÓN DE DEMANDA. La firma de abogados L. &V., apoderados legales de la sociedad JOAMA CONTRATISTAS, S.A., dio contestación a la demanda interpuesta exteriorizando su rechazo a las pretensiones manifestadas por el Registro Público, por considerar que la Resolución N° 031/2010-PLENO/TAdeCP de 2 de agosto de 2010 no es violatoria de ninguna disposición del ordenamiento jurídico. Igualmente, se opone a la confirmación de la Resolución N° 139-2010 de 20 de mayo de 2010, emitida por el Registro Público, por ser -a su juicio- una resolución que posee un vicio de nulidad absoluta, como lo es la falta de objeto del acto administrativo y por ser violatoria de la normativa contenida en la ley de contrataciones públicas. CONTESTACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN. Por su parte, la Procuraduría de la Administración contestó la demanda mediante Vista Nº 429 de 26 de mayo de 2011, y solicita se declare que no es ilegal la resolución 031-2010-PLENO/TAdeCP de 2 de agosto de 2010, emitida por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Puntualiza que se opone a los argumentos expuestos por el Registro Público y razona que la situación jurídica planteada permite establecer que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas valoró el caudal probatorio incorporado al proceso de impugnación, ciñéndose en todo momento a lo dispuesto en la Ley y los reglamentos que rigen en esa materia, lo que denota que respetó los principios del debido proceso y de legalidad que deben imperar en todos los actos que expida la administración pública. DECISIÓN DE LA SALA. Verificados los trámites establecidos por Ley, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo procede a resolver la presente controversia. Observa esta Superioridad, que las argumentaciones de la parte actora se centran en su disconformidad respecto a la decisión emitida por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas que decide anular lo decretado por el Registro Público de Panamá mediante Resolución N° 139-2010 de 20 de mayo de 2010, por la cual se resuelve administrativamente el Contrato N° 32-2008 de 11 de agosto de 2008, suscrito entre dicha entidad y la empresa JOAMA CONTRATISTAS, S.A., para desarrollar el "diseño, planos, especificaciones técnicas, desglose de precios y mobiliarios, construcción y suministro de equipos de la sede en Santiago", según la licitación por mejor valor N° 2008-1-48-0-08-LV-000531 por un monto de B/.2,159,771.25, y se inhabilita a la empresa JOAMA CONTRATISTAS, S.A., para participar en actos de selección de contratista y para celebrar contratos con el Estado por un período de un año. Al respecto, advierte esta Magna Corporación de Justicia que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas cimentó su decisión en que el Registro Público de Panamá procedió a ocupar la obra contratada, lo cual constituía un acto de recibo de la misma, por lo que debía entenderse que con esta actuación se cumplía con la obligación de entrega de la obra por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley N° 22 de 2006. La presente demanda tiene su génesis en el contrato N° 32-2008 de 11 de agosto de 2008 suscrito entre el Registro Público de Panamá y la empresa JOANA CONTRATISTAS, S.A., cuya finalidad era la construcción de la sede regional del Registro Público en Santiago, provincia de Veraguas. Queda en evidencia que el Registro Público dio orden de proceder el 19 de agosto de 2008 y un plazo de terminación de la obre de 315 días. Al contrato N° 32-2008 se le suscribió la Adenda N° 1 por 45 días adicionales, debido a la solicitud de prórroga de la empresa contratista, con lo cual el plazo para la terminación de la obra se extendía hasta el día 14 de agosto de 2009. Resulta importante anotar que el 17 de marzo de 2010 mediante Nota N° SDG/01-2010, el Registro Público notificó a la contratista la intención de resolver administrativamente el contrato N° 32-2008, en virtud de que las deficiencias y demoras en la ejecución del proyecto han provocado el incumplimiento del Contrato. ( a.f. 124 y ss.) En tal sentido, a través de la Resolución N° 139-2010 de 20 de mayo de 2010, se resuelve el contrato en cuestión, se inhabilita a la empresa contratista y se dispone notificar a la fiadora el incumplimiento de la empresa contratista. Luego de analizar el expediente, los cargos que se estiman infringidos, y las pruebas aportadas, quienes suscriben alcanzan las siguientes consideraciones: Pese a los retrasos presentados desde el inicio de la ejecución del contrato por parte de la empresa contratista, en cuanto al diseño y construcción de la sede del Registro Público en Santiago de Veraguas, el Registro Público no convino de manera inmediata la resolución administrativa del contrato; muy por el contrario, queda en evidencia que le otorgó una prórroga a la contratista y de igual manera, procedió a la ocupación del inmueble. Esta situación queda evidenciada en el hecho octavo de la demanda, así como en los considerandos de la Resolución Ejecutiva N° 139-2010, donde se expresa que al existir "una urgencia notoria de un local para las oficinas del Registro Público de Panamá sede regional de Santiago... se decide ocupar el edificio en construcción... lo cual, no es óbice para que el Contratista considere que no tiene la obligación de terminar el edificio y de resolver las deficiencias y defectos de la construcción". Ahora bien, observa esta Superioridad que la contratación en cuestión ha cumplido sus efectos, y por consiguiente la etapa de ejecución, puesto que el inmueble objeto del contrato fue ocupado por el Registro Público de Panamá entre los meses de diciembre de 2009 y enero 2010. En otras palabras, el objeto de la contratación ya había sido perfeccionado, por lo que la resolución administrativa del contrato N° 32-2008 no era procedente; toda vez que ésta solo puede ser adoptada por una entidad pública durante la ejecución del contrato y no con posterioridad al cumplimiento del objeto contractual, caso en el cual lo procedente era exigir al contratista -JOAMA CONTRATISTAS, S.A. que los errores que pudiese presentar la obra contratada fueran subsanados, o en caso tal, exigir la ejecución de la fianza de cumplimiento, de estar vigente la misma. Del análisis reflexivo del proceso, colige esta Superioridad que, al tenor de lo establecido en el artículo 77 de la Ley N° 22 de 2006, en concordancia con el artículo 237 del Decreto Ejecutivo 366 de 2006, la ocupación del edificio objeto del contrato, constituye un recibo sustancial de la obra. Cabe señalar que el artículo 77 de la Ley N° 22 de 2006 fue transcrito en líneas que preceden; no obstante procedemos a hacer lo propio con el artículo 237 del Decreto Ejecutivo 366 de 2006: Artículo 237: (Recepción parcial) La entidad contratante mediante decisión unilateral y con fundamento en las condiciones establecidas en el pliego de cargos, puede recibir, para su uso u ocupación, una obra sustancialmente ejecutada, aunque queden pendientes etapas o trabajos por realizar. En estos casos la fianza de cumplimiento para responder por vicios redhibitorios y defectos de construcción o reconstrucción, empezará a regir desde el recibo de la parte sustancial de la obra usada y ocupada por el Estado, y para el resto de la obra, a partir del acta de aceptación final. De la situación jurídica planteada, razonamos pues que la actuación del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas se suscitó con apego a la Ley y los reglamentos que rigen la materia de contratación pública; y en nada infringen las normas invocadas por el Registro Público de Panamá. En virtud de lo anterior, quedan desestimados los cargos de infracción a los artículos 63, 77, 99, 100, 101 y 102 de la Ley N° 22 de 2006; los artículos 256 literal a), 258 y 262 del Decreto Ejecutivo N° 366 de 28 de diciembre de 2006; y el artículo 9 del Código Civil. En otro aspecto, aprecia este Tribunal a foja 447 del expediente judicial, que los apoderados judiciales de la sociedad JOAMA CONTRATISTAS, S.A. solicitan se haga una tasación de los honorarios de los peritos nombrados por el Tribunal. Su solicitud se sustenta en los siguientes hechos: PRIMERO: Que la Sala designó como peritos en I.eniería Civil, I.eniería Electromecánica y A.uitectura a los I.enieros R.S.G., G.Á.P.F. y al arquitecto R.C.M., mediante Reso9lución N° 322 de 19 de septiembre de 2011. SEGUNDO: Que el día 19 de febrero de 2014 comparecieron los peritos ante la Sala e hicieron formal entrega del informe pericial relativo a la prueba pericial admitida mediante Auto de Pruebas N° 322 de 19 de septiembre de 2011, dentro del proceso mencionado. TERCERO: Que los peritos nombrados por el Tribunal, presentaron sus honorarios -profesionales el día 19 de febrero de 2014, en el cual establecieron que el monto que deberá ser sufragado por nuestro representado es de DIEZ MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.10,000.00). CUARTO: Que entendemos que la práctica del Tribunal es que los honorarios de los peritos sean divididos a montos iguales entre las partes del proceso, por lo cual inferimos que el monto total de los honorarios de los peritos asciende a la suma de TREINTA MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.30,000.00). QUINTO: Que las diligencias de examen y repreguntas de los peritos finalizaron el día 24 de febrero de 2014, con lo cual se dio por terminada la diligencia judicial de los peritos. SEXTO: Que la suma de DIEZ MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.10,000.00) nos parece un poco elevada, considerando la naturaleza y clase de las diligencias practicadas. Por su parte, observa esta Superioridad que mediante nota fechada 31 de marzo de 2014 ( a f. 477), los peritos nombrados por el Tribunal explican que el criterio utilizado para el cobro de honorarios fue el siguiente: 1. 50% correspondiente a la Parte Demandante (B/.15,000). Como la Parte Demandante y de acuerdo a nuestro cuadro de horas dedicadas al caso. 2. 2/3 corresponde al Tercero (B/.10,000). Basados en las horas dedicadas para esclarecer el caso. 3. 1/3 correspondiente a la parte Demandada (B/.5,000). Basados en el tiempo dedicado a la información suministrada por la Parte Demandada, en los expedientes. De igual manera, advierten en su nota que "la operación se centraliza en el criterio general de multiplicar las horas utilizadas en las diferentes actividades durante el peritaje por B/.120, que representa el costo señalado por ese tipo de Peritaje en los Reglamentos". Observa este Tribunal que consta en el expediente un Estado de Cuenta emitido por los peritos del Tribunal, donde desglosan una descripción, lugar y horas utilizadas para poder llevar a cabo su asignación; multiplicando esas horas utilizadas por la rata por hora de B/.120.00 Reparamos en que los peritos calculan sus servicios a B/.10,080.00 cada uno, es decir, que el monto total de los honorarios de los peritos asciende a la suma de B/.30,240.00. Luego de analizar el estado de cuenta proporcionado por los expertos en contraposición con las constancias que reposan en el expediente, este Tribunal Colegiado es del criterio que, tomando en cuenta la labor realizada, el negocio en que han intervenido y la dificultad de la situación de conformidad con lo establecido en el artículo 1055 del Código Judicial, en algunos rubros del presente desglose, como lo son la descripción de sus actuaciones, no existe una precisa justificación de la participación de los tres peritos; opinión ésta que reiteramos en cuanto al trabajo de gabinete realizado, pues no queda claro que en las entrevistas y en las diligencias de solicitud de documentos hayan participado en conjunto. Desde este prisma, no puede esta Superioridad prohijar la forma como los especialistas cifraron las horas empleadas en su trabajo y el criterio utilizado para el cobro de honorarios. Cabe señalar que es facultad del juez moderar los honorarios de los peritos, si le parecieren excesivos según la naturaleza y clase de las diligencias practicadas y del negocio. (artículo 1060 del Código Judicial) En mérito de los expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 1055 del Código Judicial que a la letra dice: "A las personas que intervengan en los procesos como peritos, ... se les pagará los honorarios que equitativamente fije el juez según la naturaleza del negocio, la importancia del dictamen, las dificultades, el tiempo de duración del trabajo y las demás circunstancias que sea necesario considerar para la fijación de los honorarios..." procede la Sala Tercera a fijar los honorarios de los I.enieros R.S., G.P. y el A.uitecto R.C., de manera individual, por la suma de Cinco Mil Balboas (B/.5,000.00) para cada perito, es decir, que el monto total de los honorarios de los tres peritos asciende a la suma de Quince Mil Balboas (B/.15,000.00). En ilación, juzga este Tribunal que en atención a que la prueba pericial fue solicitada por el demandante, tal como consta en el escrito de presentación de pruebas visible a foja 154 y 155 del expediente judicial, así como en el Auto de Pruebas N° 322-2011 de 19 de septiembre de 2011, corresponde a la parte que solicitó la prueba pericial, Registro Público de Panamá, el pago de los honorarios a los peritos anotados en líneas que preceden. Por lo antes expuesto, la Sala Tercera de la Corte suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 031-2010-PLENO/TAdeCP de 2 de agosto de 2010, dictada por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas; LEVANTA la suspensión provisional de los efectos de la citada resolución, decretada mediante Resolución de 17 de noviembre de 2010, .y ORDENA a la parte demandante, Registro Público de Panamá, el pago de Cinco Mil Balboas (B/.5,000) a cada uno de los peritos: I.. R.S., I.. G.P. y A.. R.C., en concepto de pago de honorarios. N., VICTOR L. BENAVIDES P. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO KATIA ROSAS (Secretaria)