Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 7 de Diciembre de 2014

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución 7 de Diciembre de 2014
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: En la secretaría de esta S. (de lo Contencioso Administrativo y Laboral) de la Corte Suprema de Justicia, se recibió el jueves veintitrés (23) de febrero de 2012, por parte del Licenciado OCTAVIO AMAT CHONG, representante de la firma forense ARIAS, F. &F., quien es la apoderada especial de la sociedad denominada EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA BAHÍA LAS MINAS, S.A.; formal RECURSO DE RECONSIDERACIÓN (véase de fojas 194 a 208 del C.. de Inc. de Tacha) de lo resuelto por esta S., a través de la Resolución de treinta (30) de diciembre de 2011 (consultable de fojas 168 a 187 del C.. de Inc. de Tacha), misma que es parte integral del C.ernillo de "INCIDENTE DE TACHA DE PERITO", interpuesto previamente por la sociedad denominada EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE, S.A. (EDEMET), dentro del Proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción -identificado y registrado con la entrada Nº137-2000-, que fuera incoado por quien hoy recurre en Reconsideración, a efectos que con dicho proceso se declare que es Nula por Ilegal la RESOLUCIÓN NºJD-1700 de 10 de diciembre de 1999, dictada por el -entonces-ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS(hoy, AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ASEP) y su acto administrativo modificatorio, el cual consiste en la RESOLUCIÓN NºJD-1929 de 6 de abril de 2000, la cual fue dictada por la Junta Directiva de tal entidad estatal. No obstante, a lo anterior, también se recibió en la Secretaría de esta S., el veintiocho (28) de febrero de 2012, en este caso, por parte del Licenciado RAMÓN RICARDO ARIAS PORRAS, representante de la firma forense GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, quien es la apoderada especial de la sociedad denominada EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE, S.A. (EDEMET); formal escrito denominado "... consideraciones respecto al recurso de reconsideración, .../", que a la postre, resulta ser un escrito de OPOSICIÓN al Recurso de Reconsideración, enunciado en el párrafo anterior, actuación que recoge una serie de alegaciones un tanto difusas para lo que podría estimarse la finalidad de un escrito en tal posición y términos (véase de fojas 209 a 212 del C.. de Inc. De Tacha). Antes de emitir nuestro concepto respecto al recurso de reconsideración incoado, procederemos a realizar un ligero recorrido -sin el ánimo de adentrarnos en estos momentos al fondo de la controversia vía reconsideración- sobre el escrito que contiene la acción interpuesta, ello a efectos de poder determinar, especialmente, si es o no procedente el mismo contra un acto jurisdiccional como el recurrido, el cual -según se observa- ha sido dictado por esta S. en pleno. Para un mejor entendimiento de lo que se tendrá como la base y estructura de la presente resolución, estimamos conveniente y necesario transcribir literalmente la parte resolutiva de la resolución que se ha tratado de recurrir y que, como hemos anotado previamente, ha puesto fin a la incidencia arriba citada; la misma dice así: /... Decisión de la S.: Por todo lo antes expuesto, la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADO el INCIDENTE DE TACHA DE PERITO,interpuesto por la sociedad denominada EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE, S.A., a través de su apoderada judicial, a saber, la firma forense GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, incidente éste que es parte integral del Proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción que fuera incoado por la hoy Incidentada (EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA BAHÍA LAS MINAS, S.A.), en contra de la RESOLUCIÓN NºJD-1700 de 10 de diciembre de 1999, dictada por el -entonces-ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS(hoy, AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ASEP) y su acto administrativo modificatorio, el cual consiste en la RESOLUCIÓN NºJD-1929 de 6 de abril de 2000, la cual fue dictada por la Junta Directiva de tal entidad estatal, proceso éste con el cual se pretende la Nulidad por la -supuesta- Ilegalidad de las aludidas resoluciones. TÉNGASE hasta el momento sin valor alguno cualesquiera actuación realizada por y/o a favor de la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S.A. (EDECHI), dado lo anotado en la parte motiva de esta resolución. Una vez en firme la presente resolución, INCORPORESE el presente cuadernillo al expediente principal con la debida refoleatura y, PROSÍGASE con el trámite correspondiente, atendiendo lo expuesto en su parte, tanto motiva, como resolutiva y la naturaleza del presente proceso. N., (Fdo. Ilegible) VÍCTOR L. BENAVIDES P. (Fdo. I.A.M. LUNA (Fdo. Ilegible) WINSTON SPADAFORA F. (Fdo. I.K. ROJAS SECRETARIA Como complemento de lo ya anotado, vale manifestar que la resolución en comento, no solo fue dictada el treinta (30) de diciembre de 2011, sino notificada, entre otras, a quien hoy ocurre en reconsideración; mediante el Edicto Nº350 que fue fijado -por el término de cinco (5) días hábiles- el viernes diez (10) de febrero de 2012 y desfijado el viernes diecisiete (17) de febrero de 2012 (véase el reverso de la foja 187 y de fojas 188 a 189 y reverso del C.. de Inc. de Tacha) y, notificada personalmente al señor Procurador de la Administración, el catorce (14) de febrero de 2012 (véase la foja 187 del C.. de Inc. de Tacha). Expuesto lo anterior, es posible colegir que el Licenciado OCTAVIO AMAT CHONG, representante de la apoderada judicial de la parte recurrente, a pesar de tener conocimiento, a estas alturas, de lo dispuesto en los artículos 14 y 32 del Código Civil y lo establecido en la Ley Nº135 de 30 de abril de 1943, adicionada y modificada por la Ley Nº33 de 11 de septiembre de 1946; ha ensayado su acción bajo el -supuesto- amparo de lo dispuesto en el artículo 1129 del Código Judicial, el cual a la letra dice: 1129. El recurso de reconsideración tiene por objeto que el juez revoque, reforme, adicione o aclare su propia resolución. Sólo son reconsiderables las providencias, autos y sentencias que no admiten apelación; el recurso deberá interponerse dentro de los dos días siguientes a la notificación de la respectiva resolución. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad que tiene el juez para revocar de oficio cualquier providencia o auto, dentro del término de dos días. Los autos que resuelven un Recurso de Reconsideración no son susceptibles de reconsideración, salvo que contengan en su parte resolutiva puntos nuevos no decididos o en el caso contemplado en la parte final del artículo 1640. Los autos expedidos por un tribunal colegiado que se limiten a confirmar una providencia o auto de primera instancia o una resolución del sustanciador no admiten reconsideración. Sí la admiten, en cambio, las resoluciones que revoquen, reformen, decreten prestaciones o hagan declaraciones nuevas no discutidas por las partes, salvo que se trate de resoluciones contra las cuales se admite Recurso de Casación. Para atender la acción incoada, partiremos realizando una acuciosa y prolija revisión, no sólo de las disposiciones legales vigentes que son aplicables para la ventilación de un proceso, en este caso, contencioso administrativo ante la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, sino de aquellas que aún cuando lo están, es decir, vigentes, no tiene cabida su aplicación, dadas las razones que seguidamente se expondrán. Así tenemos que, ciertamente, el artículo 36 de la Ley Nº33 de 1946, estipula que: 36. Los vacíos en el procedimiento establecido en esta ley se llenarán por las disposiciones del Código Judicial y las leyes que lo adicionen y reformen, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los juicios y actuaciones que corresponden a la jurisdicción Contencioso-administrativa. Sin embargo, en esta ocasión no es que estemos frente a un vacío jurídico, propiamente, sino -que aunque ciertamente no es responsabilidad de los administrados-, que por la característica que ostenta este máximo Tribunal Contencioso Administrativo -entiéndase la S. Tercera-, particularmente desde el uno (1) de noviembre de 1956, cuando se crea como tal y cuyas decisiones adoptadas en pleno se dice no serían susceptibles de ser recurridas mediante recurso alguno; es que resulta inaplicabilidad el contenido del artículo 1129 del Código Judicial para el caso que nos ocupa. Ahora bien, vale anotar que el Recurso de Reconsideración sí puede ensayar contra actos jurisdiccionales que se dictaren en esta esfera, pero siempre que se tratare de aquellos que fueren suscritos solo por el sustanciador, entendiéndose las resoluciones de trámite, no las que pongan fin a excepciones, incidentes, recursos o al proceso principal, propiamente. Al respecto, es preciso tener presente la existencia y vigencia de lo dispuesto, particularmente, en el artículo 64 de la aludidaLey Nº135 de 1943, modificado a través de lo establecido en el artículo 40 de la precitadaLey Nº33 de 1946, disposiciones que, precisamente, se refieren a la viabilidad de interposición de un recurso de reconsideración. De hecho, para un mejor entendimiento, pasaremos a transcribir literalmente el contenido de tales artículos en el orden citado, mismos que a la letra dicen: Artículo 64. La sentencia, una vez extendida, se notificará personalmente a las partes, o por medio de edicto que permanecerá fijado por tres días. Vencido el término del edicto se considerará ejecutoriada la sentencia. A.F. se hará siempre notificación personal. Artículo 40. La sentencia o auto definitivos una vez extendidos, se notificarán personalmente a las partes, o por medio de edicto que permanecerá fijado por cinco días. Vencido el término del edicto se considerará ejecutoriada la sentencia. Los fallos del Tribunal quedarán ejecutoriados cinco días después de la notificación personal o una vez hecha la notificación por edicto, salvo que dentro del término respectivo se pida aclaración de los puntos oscuros de la parte resolutiva o que se solicite alguna corrección por razón de error o que se interpongan el recurso de reconsideración o el de revisión en los casos en que procedan. Visto lo anterior, podemos anotar una vez más que las decisiones que fueren suscritas, en este caso, por la S. en pleno, no son susceptibles de recurso alguno, excepto de aclaración, cuando hubiere lugar y siempre que se tratare de los supuestos enunciados en el artículo 999 del Código Judicial, mismo que a la letra dice: 999. La sentencia no puede revocarse ni reformarse por el juez que la pronuncie, en cuanto a lo principal; pero en cuanto a frutos, intereses, daños y perjuicios y costas, puede completarse, modificarse o aclararse, de oficio, dentro de los tres días siguientes a su notificación o a solicitud de parte hecha dentro del mismo término. También puede el juez que dictó una sentencia aclarar las frases obscuras o de doble sentido, en la parte resolutiva, lo cual puede hacerse dentro de los términos fijados en la primera parte de este artículo. Toda decisión judicial, sea de la clase que fuere, en que se haya incurrido, en su parte resolutiva, en un error pura y manifiestamente aritmético o de escritura o de cita, es corregible o reformable en cualquier tiempo por el juez respectivo, de oficio o a solicitud de parte, pero sólo en cuanto al error cometido. Así las cosas, y a pesar de que esta S. ha podido determinar prima facie que el recurso interpuesto no es procedente, no dejará de lado la oportunidad puesta de manifiesto para exponer con detalles las razones y demás, que motivan semejante conclusión, de allí entonces, que realizaremos un análisis jurídico y de hermenéutica jurídico-legal, a efectos de ilustrar y hacer docencia en beneficio de cada uno de los lectores de este acto jurisdiccional, tanto en relación al surgimiento de la legislación contencioso-administrativa, como particularmente, en lo atinente a la viabilidad de interposición de recursos de reconsideración, análisis y consecuente razonamiento que de seguro, servirá como precedente para futuros intentos como el que nos ocupa o al menos parecidos. Bien, luego de realizar un ligero recuento histórico en materia contencioso-administrativa y hasta constitucional, propiamente, eso sí, ciñéndonos esencialmente al tópico que nos ocupa, podemos ver que, al menos, desde 1941, los entonces padres de la patria encontraron conveniente y necesario establecer en nuestro país la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cual al efecto hicieron a través del artículo 190 que se tiene como parte integral de la -entonces- nueva Constitución Política (Publicada en la G.O. Nº8,425 de 3 de enero de 1941), mismo que a la letra dice: 190. Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa para decir sobre la legalidad o ilegalidad de los actos, resoluciones, órdenes o disposiciones de todas las autoridades administrativas, entidades políticas descentralizadas o autónomas y autoridades provinciales o municipales. Los juicios contencioso-administrativo sólo podrán ser promovidos por parte interesada, afectada o perjudicada por el acto, resolución, orden o disposición cuya ilegalidad se demande (El subrayado y la cursiva son de esta S.). En complemento de lo anterior, podemos ver que la citada Carta Magna también contiene otra norma puntual en el tema que nos ocupa, este es, el artículo 192 que dice: 192. La Ley creará o designará los tribunales o juzgados a quienes deba corresponder el conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, les señalará funciones y competencias y establecerá el procedimiento que deba seguirse (El subrayado y la cursiva son de esta S.). La creación de tribunales contencioso-administrativos, en efecto se logró cuando, en aras de desarrollar, entre otras, las aludidas disposiciones, se promulga la Ley Nº135 de 30 de abril de 1943 "Orgánica de la jurisdicción Contencioso-administrativa" (Publicada en la G.O. Nº9,097 de 12 de mayo de 1943), la cual en sus artículos 1º y 2º dice: 1º. C., en desarrollo del artículo 192 de la Constitución, un Tribunal de lo contencioso-administrativo en la capital de la República, cuya jurisdicción comprenderá todo el país (El subrayado y la cursiva son de esta S.). 2º El Tribunal se compondrá de tres magistrados nombrados directamente por el Presidente de la República para un período de seis años. Ya cimentadas las esenciales bases estructurales de la jurisdicción contencioso-administrativa, tanto con la Constitución Política de 1941, como con la promulgada Ley Nº135 de 30 de abril de 1943, nuestro país logra dar un paso grandioso en su historia, paso que -por supuesto- es revisado al poco tiempo, a través, tanto de la Constitución Política de 1946, que modificó -particularmente- mediante su artículo 252, el artículo 190 de su antecesora Constitución Política de 1941; como de la Ley Nº33 de 11 de septiembre de 1946 (Por la cual se reforma la Ley 135 de 1943, Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa - G.O. Nº10,113 de 2 de octubre de 1946), misma que mediante sus artículos y modificó los artículos y de la precitada Ley Nº135 de 1943. Eso sí, vale decir que las modificaciones que se hicieron a las disposiciones en comento, fueron hechas en función de ampliar el alcance hasta entonces dado a aquéllas, sin que se perdiera la esencia de lo dispuesto desde inicios de la década de 1940, mediante los citados actos legislativos. En concomitancia con lo anterior, encontramos que nuestros entonces conciudadanos diputados en pos de continuar forjando el desarrollo de la nación panameña y, con ello, atendiendo las necesidades que al paso sobresalían, en este caso, en materia contencioso-administrativa, es cuando encuentran propicio, luego de transcurrido, por una parte, poco más de quince (15) años desde que se hubiere dispuesto el establecimiento de la tantas veces citada jurisdicción y, por la otra, unos trece (13) años desde la creación de los correspondientes tribunales para la misma; reformar la Constitución Política de 1946, como en efecto lo hicieron, mediante el Acto Legislativo Nº2 de 16 de febrero de 1956 (Publicado en la G.O. Nº12,982 de 14 de junio de 1956), tal acción o variación cayó, entre otras, en el artículo 165 de dicha Constitución, el cual quedó así: Artículo 13. El artículo 165 quedará así: Artículo 165. La Corte Suprema de Justicia se compondrá de nueve magistrados nombrados al tenor del ordinal 18 del artículo 144, uno cada dos años para un período de dieciocho que comenzará el primero de noviembre. .../ La Ley dividirá la Corte en S.s, formadas por tres miembros permanentes y dos rotativos, entre las que habrá necesariamente una para lo Civil, una para lo Penal y otra para lo Contencioso-Administrativo; y determinará sus atribuciones (El subrayado y la cursiva son de esta S.). .../. Derivado de lo anterior, también tenemos que el artículo 17 del aludido Acto Legislativo, dispuso que a partir del uno (1) de noviembre de 1956, el Tribunal Contencioso Administrativo como tal desaparecería, por lo que se concluye, sin mayor esfuerzo, que desde entonces, la viabilidad -en este caso- en relación a la proposición e interposición de recursos ordinarios y hasta extraordinarios contra actos jurisdiccionales dictados por aquel Tribunal; pierde lugar, dadas las razones que ya se vienen haciendo notar y las que más adelante enunciaremos en esta resolución. Para un mejor entendimiento de lo anotado, procederemos a transcribir literalmente el artículo en comento, mismo que a la letra dice: Artículo 17. I. bajo el título de "disposiciones transitorias" los artículos siguientes, que se numerarán según lo que dispone el artículo 21: "Artículo La Corte Suprema de Justicia se ampliará conforme lo dispone este Acto Legislativo el día primero de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis asumirá las funciones del Tribunal Contencioso Administrativo que quedará así extinguido, y cuyos magistrados pasarán a serlo de la Corte, por el término de diez años el primero que sea nombrado bajo la vigencia de esta reforma, y hasta el final de su período respectivo los otros dos. .../" (El subrayado, cursiva y negrilla son de esta S.). Antes de continuar, queremos dejar constancia que el hecho que hallamos hecho mención e inclusive, estemos transcribiendo normas de diferentes Constituciones Políticas que han o están rigiendo en nuestro país, no debe entenderse que es que esta S. esté atribuyéndose la competencia privativa que tiene la Corte Suprema de Justicia en pleno, en relación a la interpretación de normas de rango constitucional, sino más bien, como hemos partido diciendo, con el ánimo de ilustrar a nuestros lectores de lo que conservan los anales de nuestra historia patria. Bien, claros entonces, por una parte, que desde el uno (1) de noviembre de 1956, una S. de la Corte Suprema de Justicia, en este caso, la Tercera, la encargada -por disposición Legislativa- de manera privativa de la competencia de todos los asuntos Contencioso-Administrativo que a nivel nacional se suscitaren, es decir, desde hace ya gran cantidad de lustros o mejor dicho décadas y, por la otra, que en cuanto a sentencias se refiere, en la actualidad el artículo 99 de nuestro Código Judicial (Véase Ley Nº23 de 1 de junio de 2001, que M. y A. artículos al Código Judicial y dicta disposiciones urgentes para agilizar y mejorar la eficacia de la justicia), hace énfasis en cuanto a que "... Las sentencias que dicte la S. Tercera, en virtud de lo dispuesto en esta Sección, son finales, definitivas y obligatorias; no admiten recurso alguno, ..." (El subrayado, la cursiva y negrilla es de esta S.); es cuando podemos decir que pierde razón de ser la viabilidad de interposición del recurso de reconsideración que nos ocupa, por cuanto que, el auto que hoy se impugna mediante tal mecanismo, es precisamente, con el que se le ha puesto fin a la incidencia en comento, acto jurisdiccional éste, que además, consta suscrito por el Pleno de Magistrados que integramos tal S.. En complemento de lo anterior, vale anotar que lo expuesto en párrafos precedentes, no es más que una definición puntual hecha por el Diputado de la época a favor de las decisiones que dicte, en este caso, la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, pero que de por sí ya estaba establecido para la propia Corte Suprema de Justicia, por razón de sus atribuciones y facultades, de hecho como se puede apreciar en las disposiciones que a renglón seguido listaremos, los -para entonces- llamados padres de la patria, así lo dispusieron y se ha sostenido desde la década del 40 -Siglo pasado- hasta nuestros días, como se puede ver en el segundo párrafo del artículo 188 de la Constitución Política de 1941, en el cuarto párrafo del artículo 167 de la Constitución Política de 1946, en el cuarto párrafo del numeral 2 del artículo 167 de la Constitución Política de 1946 que fue modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo Nº2 de 1956, en el tercer párrafo del numeral 2 del artículo 188 de la Constitución Política de 1972, en el tercer párrafo del numeral 2 del artículo 203 del Acto Constitucional Nº2 de 12 de mayo de 1983, que modificó la Constitución Política de 1972 y; en el segundo párrafo del numeral 3 del artículo 206 del Acto Legislativo Nº1 de 27 de julio de 2004, con el cual se modificó la Constitución Política de 1972. Así entonces, teniendo sumamente claro, por una parte, que aún cuando en razón del surgimiento como tal la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, el Tribunal Contencioso Administrativo como tal quedaría extinguido, como en efecto ocurrió -según lo predispuesto en el precitado Acto Legislativo Nº de 16 de febrero de 1956-, no ocurrió lo mismo en relación al procedimiento predefinido en las Leyes Nº135 de 1943 y Nº33 de 1946, pues el mismo aún se aplica -salvo la excepciones y/o criterios jurisprudenciales consentidos y/o dictados a través de los tiempos- y, por la otra, que las sentencias o autos con carácter de sentencia que dicte, en este caso, la S. Tercera, son finales, definitivas y obligatorias y que además, no admiten recurso alguno; es por lo que podemos decir -reiteradamente- que pierde razón de ser el pretender proponer y sustentar un recurso de reconsideración, apelación o de revisión contra actos jurisdiccionales como el enunciado (Resolución de 30 de diciembre de 2011), precisamente, cuando han sido dictados por el pleno de los Magistrados que conforman, en este caso, dicha S.; pues no olvidemos que si bien, el artículo 1129 del Código Judicial, por razón de lo expuesto en el artículo 36 de la Ley Nº33 de 1946 podría ser considerado, en dado caso, para ejecutar acciones ante la esfera contencioso administrativa; no podría ocurrir en esta ocasión, no por lo dispuesto en el artículo 64 (adicionado por el Art. 40 de la Ley Nº33 de 1946 ) de la Ley Nº135 de 1943, sino, tanto, por razón de la extinción del Tribunal Contencioso Administrativo, como por la forma en que consta emitido y suscrito acto jurisdiccional hoy recurrido. Como corolario, encontramos preciso anotar que ya nuestra honorable Corte Suprema de Justicia en décadas anteriores realizó pronunciamientos en torno al referido artículo 40 de la Ley Nº33 de 1946, que modificó el artículo 64 de la Ley Nº135 de 1943, pronunciamientos que, por supuesto, no dejaremos de mencionar. Tal como anotáramos en el párrafo anterior, la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, bajo la ponencia de la entonces Magistrada M.M.R.V. de VÁSQUEZ, dictó el Fallo de diez (10) de diciembre de 1974 (Publicado en el Registro Judicial de diciembre de 1974, Págs. 168 a 170), en el cual se declaró Inconstitucional la frase "y por la Ley 33 de 1946", contenida en el artículo 40 de la Ley Nº1 de 20 de enero de 1959 (Publicada en la G.O. Nº13,747 de 28 de enero de 1959 -pág. 9- y en la G.O. Nº17,663 de 22 de agosto de 1974 -pág. 9-), luego que dicha norma fuere objeto de Consulta de Inconstitucionalidad, por parte de la S. de lo Civil, derivada de una Advertencia de Ilegalidad, interpuesta ante esta última, por el Licenciado ERIC D.J.C.. A efectos de un mejor entendimiento, consideramos preciso transcribir algunos extractos del citado fallo, en tal sentido sostuvo la Corte que: ... La Constitución de 1972, en su artículo 188 dispone que las decisiones de la Corte Suprema en ejercicio de las atribuciones que dicho artículo señala, son finales, definitivas y obligatorias, equiparando, para tal efecto, las decisiones de la Corte como guardiana de la constitucionalidad y de la S. Tercera como contralora de la legalidad. Las normas de la Constitución Nacional privan sobre la legislación ordinaria y cuando existe colisión de un precepto constitucional con disposiciones legales procede la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma cuestionada en la forma que la Carta Fundamental lo establece. .../ Conforme, pues con el sentido del artículo 188 constitucional no es dable considerar que son susceptibles de revisión las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de su función jurisdiccional contencioso-administrativa. De ese modo resulta clara la contradicción de la disposición constitucional contenida en el artículo 188 y la norma legal del artículo 40 de la Ley 1ª de 1959, en cuanto expresa "y por la Ley 33 de 1946" (El subrayado, la cursiva y negrilla son de esta S.). .../. Como vemos, vasta es la claridad con que se expresó la Honorable Corte Suprema de Justicia en el fallo citado. Otro Fallo dictado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, es el de diez (10) de noviembre de 1980 (véase el Registro Judicial de noviembre de 1980, págs. 60 a 64), elaborado bajo la ponencia del entonces Magistrado R.V.A., luego que se demandara la frase "el recurso de revisión en los casos que proceden", así como también, los artículos 51, 52, 53, 54 y 55 del Título IV, Capítulo I, establecido en la Ley 33 de 1946, que reformó la Ley 135 de 1943; quien no sólo adopta el criterio esbozado en el fallo antes citado (de diez de diciembre de 1974), sino que resolvió que: ... dada la circunstancia de que en ese pronunciamiento la Corte no tuvo la oportunidad de decidir específicamente respecto de cada una de las disposiciones de la precitada ley que ahora expresamente se consultan, y habida cuenta de la función de guardiana de la Constitución que le confiere la Corte en su artículo 188 para declarar inconstitucionales las normas subalternas que le sean contrarias, procede en el presente caso así resolverlo. Por lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, en ejercicio de la facultad que le confiere la Constitución Nacional, DECLARA QUE SON INCONSTITUCIONALES del artículo 40 de la Ley 33 de 1946, en su segundo párrafo, la frase que dice: "El de revisión en los casos que proceden", y los artículos 51, 52, 53, 54 y 55 del Título IV, Capítulo I, establecido en la Ley 33 de 1946, que reformó la Ley 135 de 1943. .../. Como pueden ver respetados lectores, no cabe duda entonces que lo que se vislumbra del escrito presentado por la apoderada judicial de la recurrente (EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA BAHÍA LAS MINAS, S.A.), es que la misma no consideró que el artículo 1129 del Código Judicial, por razón de la vigencia del contenido del artículo 64 de la Ley 135 de 1943, modificado por el art. 40 de la Ley 33 de 1946, en concomitancia con lo expuesto en el artículo 14 del Código Civil, no podría utilizarse como fundamento para recurrir una resolución dictada por esta S. en pleno, sino ésta última disposición, es decir, el contenido del aludido artículo 64 y su enmienda o adición, claro está, no para un acto jurisdiccional suscrito por el Pleno de esta S., pero si para actuaciones que fueren suscritas solo por el Sustanciador, cuando hubiere lugar. Por todo lo hasta aquí expuesto, es preciso que quede claro para quienes ocurran o recurran en ejercicio, defensa o auxilio de sus derechos, sea como administrados o administradores de la cosa pública, ante la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, que sólo cuando se tratare de resoluciones o actos jurisdiccionales que resuelvan trámites varios dentro de excepciones, incidencias, recursos o propiamente, de un Proceso Contencioso Administrativo o acción de cualesquiera naturaleza, incluyendo los de Jurisdicción Coactiva, que fuere de competencia de esta S. y, siempre que no se trate de sentencias o autos que pongan fin al proceso, acción o recurso; los mismos podrán ser recurridos en la forma prevista en el artículo 109 del Código Judicial vigente, esto es, cuando fuere de Apelación, mientras que si fuere por vías de reconsideración se hará en los términos de los artículos 1129 y 1130 de dicho Código, eso sí, en ambos casos o recursos el efecto en que se concederán será el suspensivo, de otro modo, es decir, que se trate de aquellas resoluciones que, como hemos dicho, pongan fin al proceso, acción, excepción, incidente o recurso, se impone lo dispuesto en el artículo 99 del aludido Código. Habida cuenta, que siendo concientes que el acto jurisdiccional que se ha pretendido recurrir en esta ocasión, por vías del Recurso de Reconsideración, no sólo es de los que se denominan definitivos o que ha puesto fin, en este caso, al incidente que nos ocupa; sino que ha sido dictado por el pleno de Magistrados que conformamos la S. Tercera y no únicamente por el Ponente o por un tribunal de menor jerarquía; es por lo que no puede haber lugar a otra cosa, más que a RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENTE dicho recurso, como en efecto se hará seguidamente, aparejado de la necesidad oportuna de recordarle a la parte recurrente que contra resoluciones como ésta tampoco cabe la proposición e interposición de recurso ordinario o extraordinario alguno. Asimismo, preciso que se tenga presente que lo de lugar, una vez en firme la presente resolución, lo es que, por incorporado el presente cuadernillo al expediente principal, se pase este último al Despacho del Magistrado Sustanciador para que se resuelva en el fondo, a través del correspondiente veredicto, ello atendiendo, particularmente, en esta ocasión, lo anotado en los tres (3) últimos párrafos de la parte motiva de la resolución hoy impugnada (véase de fojas 3702 a 3703 del C.. de Inc. de Tacha); pues de haber lugar a disolver alguna duda o aclarar algún punto oscuro dentro del proceso, es claro que la S. puede -al tiempo de elaborar el proyecto de fallo de fondo- optar para ello por lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Nº135 de 1935. Por lo expuesto, la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO POR IMPROCEDENTE el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, interpuesto por la sociedad denominada EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA BAHÍA LAS MINAS, S.A., a través del representante de su apoderada especial, en contra de lo resuelto en la Resolución de treinta (30) de diciembre de 2011, misma que es parte integral del C.ernillo de "INCIDENTE DE TACHA DE PERITO", interpuesto previamente por la sociedad denominada EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE, S.A. (EDEMET), dentro del Proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción, que fuera incoado por quien hoy recurre en Reconsideración, a efectos que con dicho proceso se declare que es Nula por Ilegal la RESOLUCIÓN NºJD-1700 de 10 de diciembre de 1999, dictada por el -entonces-ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS(hoy, AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ASEP) y su acto administrativo modificatorio, el cual consiste en la RESOLUCIÓN NºJD-1929 de 6 de abril de 2000, la cual fue dictada por la Junta Directiva de tal entidad estatal y; en consecuencia, una vez en firme y debidamente ejecutoriada esta resolución, INCORPÓRESE el presente C.ernillo al expediente principal y PROSÍGASE con los trámites propios para el proceso principal, según la etapa procesal y procedimental en que se encuentre. N., VICTOR L. BENAVIDES P. OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO KATIA ROSAS (Secretaria)

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