Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 1 de Septiembre de 2014

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución 1 de Septiembre de 2014
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: La firma Lin Barsallo & Asociados, actuando en nombre y representación de O.M.P., ha presentado ante la Sala Tercera demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el fin de que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 12,825 de 8 de octubre de 2009, expedida por la Directora General del Servicio Nacional de Migración, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones. La presente demanda fue admitida por medio de la Resolución de 21 de mayo de 2012 (f. 17), se le envió copia de la misma al Director General del Servicio Nacional de Migración para que rindiera su informe explicativo de conducta y se le corrió traslado de la misma al Procurador de la Administración. I. La pretensión y su fundamento. El objeto de la presente demanda lo constituye la declaratoria de ilegalidad de la Resolución No. 12,825 de 8 de octubre de 2009, expedida por la Directora General del Servicio Nacional de Migración, que resuelve, entre otras cosas, negar la solicitud de permanencia definitiva bajo Resolución del Ministerio de Trabajo, a favor de O.M.P., de nacionalidad colombiana por no cumplir con la totalidad de los requisitos migratorios vigentes. De igual forma, solicita que se declare la nulidad de los actos confirmatorios, contenidos en la Resolución No. 12003 de 14 de junio de 2010, dictado por la Directora General del Servicio Nacional de Migración y el Resuelto No. 63-R-63 de 5 de marzo de 2012, dictado por el Ministerio de Seguridad Pública. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, el recurrente pide que se le conceda la permanencia definitiva bajo resolución del Ministerio de Trabajo dentro del 10% del Personal Ordinario, ya que el mismo cumple con los requerimientos que exige para esta materia, la Ley Migratoria en nuestro país. De igual forma, pide que se condene en abstracto al Estado Panameño al pago de una indemnización económica por los daños y perjuicios que le fueron causados como consecuencia de las ilegalidades cometidas en su perjuicio. De acuerdo con lo señalado por el demandante, la Resolución No. 12,825 de 8 de octubre de 2009, expedida por la Directora General del Servicio Nacional de Migración, infringe los artículos 36 y 80 del Decreto Ley 16 de 30 de junio de 1960. A juicio del recurrente el artículo 36 del Decreto Ley 16 de 30 de junio de 1960 fue quebrantada en concepto de errónea interpretación porque el funcionario demandado se fundamentó en una anotación de antecedentes judiciales concerniente a una pensión alimenticia, siendo ésta una obligación civil y no representativa de amenaza alguna a la seguridad nacional u orden público. Afirma la parte actora que el artículo 80 del Decreto Ley 16 de 30 de junio de 1960 fue vulnerado en concepto de interpretación errónea, toda vez que aportó todos los requisitos exigidos por el decreto ley en mención para...

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