Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 23 de Octubre de 2015

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:23 de Octubre de 2015
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 

VISTOS: El Licenciado J.L.R., actuando representación de PANAMA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A., ha promovido Demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución ANNº 4525-AU-Telco de 16 de diciembre de 2011, emitida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, los actos confirmatorios, y para que hagan declaraciones. Mediante el acto demandado, se ordenó al cliente PETAQUILLA HIDRO, S.A. con cuenta de servicio No. 20-60203758-0000-6, a pagar a la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., la suma de NOVENTA Y CINCO MILCIENTO NOVENTA Y TRES BALBOAS CON 10/100 (B/.95,193.10), en concepto de llamadas de larga distancia internacional, registradas en las facturaciones de los meses de diciembre del 2010 y enero de 2011. La Resolución AN No.4525-AU Telco de 16 de diciembre del 2011, fuemantenida en todas sus partes mediante la resolución No. AN No. 1208 AP de 16 de julio de 2012, emitida por el Administrador General, Encargado de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. I. PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA Las pretensiones planteadas por el apoderada judicial de la parte actora son las siguientes: "PRIMERO: Que es NULA, POR ILEGAL, la Resolución AN No.4525-AU-Telco de 16 de diciembre de 2011, emitida por el Director Nacional de Telecomunicaciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), por la cual se resolvió la reclamación presentada por el cliente PETAQUILLA HIDRO, S.A., hoy PANAMA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A., (PDI), contra la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A. SEGUNDO: Que es NULA, POR ILEGAL, la Resolución AN No.4683-AU-Telco de 16 de diciembre de 2011, emitida por el Director Nacional de Telecomunicaciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), por la cual se resolvió la reclamación presentada por el cliente PETAQUILLA HIDRO, S.A., hoy PANAMA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.,(PDI), contra de la Resolución AN No.4525-AU-Telco de 16 de diciembre de 2011. TERCERO: Que es NULA, POR ILEGAL, la Resolución AN No1208 AP de 16 de julio de 2012, por la cual se resuelve el Recurso de Apelación propuesto por la empresa PETAQUILLA HIDRO, S.A., hoy PANAMA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS , S.A., (PDI), contra la Resolución AN No.4525-AU-Telco de 16 de diciembre de 2011 CUARTO: Que la sociedad anónima PANAMA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes PETAQUILLA HIDRO, S.A., con cuenta de servicio 20-603758-0000-6, NO está obligada a pagar a la empresa concesionaria CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., la suma Solicitamos que de declare nula, por ilegal, la Resolución AN No. 3443-CS de 20 de abril de 2010 ( en adelante Resolución AN No. 3443-CS) emitida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y confirmada mediante Resolución AN No.3583-CS de 29 de junio de 2010 ( en adelante Resolución AN No. 3583-CS) de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. La Resolución AN No.3443-CS resolvió sancionar a TELEFÓNICA MOVILES PANAMÁ, S.A. por un supuesto incumplimiento del numeral 10 del artículo 56 de la Ley No.31 de 8 de febrero de 1996, específicamente con el artículo 14 de la Resolución JD-101 de 27 de agosto de 1997. QUINTO: Que la empresa concesionaria CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., debe eliminar todo registro de sus archivos, en soporte de papel, digital o de otra índole, en el que se haga referencia a la cuenta de la sociedad anónima PANAMA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes PETAQUILLA HIDRO, S.A., servicio 20-603758-0000-6, por la suma de NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES BALBOAS CON 10/100 (B/.95, 193.10), en concepto de llamadas de larga distancia internacional, registradas en las facturaciones de los meses de diciembre del año 2010 y enero del año 2011" II. DISPOSICIONES QUE FIGURAN COMO INFRINGIDAS POR LA RESOLUCIÓN DEMANDADA En primer lugar, se cita infringido el artículo 140 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, el texto de la disposición legal es el siguiente: "Artículo 140: Sirven como pruebas los documentos, el testimonio, la inspección oficial, las acciones exhibitorias, los dictámenes periciales, los informes, los indicios, los medios científicos, las fotocopias o las reproducciones mecánicas y los documentos enviados mediante facsímil y cualquier otro elemento racional que sirva a la formación de la convicción del funcionario, siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley ni sean contrarios a la moral o al orden público. En el caso de la prueba de facsímil y las copias, la entidad pública respectiva deberá asegurarse de su autenticidad, confrontándolas con su original en un periodo razonable después de su recepción, o por cualquier otro medio que considere apropiado. Es permitido también, para establecer si un hecho pudo o no realizarse de determinado modo, proceder a su reconstrucción." Estima el apoderado legal de PANAMA DESARROLLO DEINFRAESTRUCTURAS, S.A. que la Resolución AN No.4525-AU-Telco de 16 de diciembre de 2011, dictada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, confirmada mediante la Resolución AN No. 1208-AP, omitió dar cumplimiento a la citada normativa legal porque la autoridad demandada se limitó a examinar unos pocos elementos probatorios, la gran mayoría de ellos aportados exclusivamente por CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A. empresa en contra la cual PANAMÁ DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. formuló reclamo, sin que se tomara en cuenta, que se requería la práctica de pruebas técnicas que permitieran constatar lo afirmado en la reclamación presentada por PANAMA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS S.A. En segundo lugar, el apoderado judicial de la empresa demandante señala como norma infringida por el acto acusado, el artículo 145 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, sobre Procedimiento Administrativo General el cual dispone lo siguiente: "Artículo 145. Las pruebas se apreciarán según las reglas de la sana crítica, sin que esto excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos." Estima se ha violado de manera directa por omisión este artículo al haberse dejado de aplicar el principio de la sana crítica consagrado en el mismo. Explica que la prueba documental consistente en las copias de las facturas de los meses de diciembre de 2010 y enero 2011, no corroboran la responsabilidad de su representada, toda vez que su reclamación consistente en que esas llamadas no fueron realizadas por la Sociedad Panamá Desarrollo de Infraestructuras, S.A. y que a lo largo del proceso administrativo no fue incorporada ninguna otra diligencia técnica científica que corroborará lo afirmado por Cable & Wireless Panamá S.A. Como tercera norma infringida se cita el Artículo 146 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, sobre Procedimiento Administrativo General, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 146. El funcionario expondrá razonadamente en la decisión el examen de los elementos probatorios y el mérito que les corresponda, cuando deba ser motivada de acuerdo con la ley." Señala el apoderado legal del recurrente que la norma en comento ha sido infringida , en concepto de violación directa por omisión, por la Resolución AN No.4525-AU-Telco de 16 de diciembre de 2011,emitida por el Director Nacional de Telecomunicaciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y sus actos confirmatorios, ya que estima que los hechos descritos por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y los elementos probatorios en los que se fundamentan los mismos, no han sido expuestos en conexión o con el soporte en las distintas pruebas que señala el Título IX de la Ley 38 de 2000, denominado "De Las Pruebas", y especialmente el artículo 140, toda vez que señala que al momento de exponer en su decisión el examen de las pruebas y el mérito de las mismas, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos admitió no haber realizado la diligencia de inspección programada en dos ocasiones. Se cita como cuarta norma infringida el artículo 147 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, sobre Procedimiento Administrativo General, que dispone lo siguiente: "Artículo 147. Además de las pruebas pedidas, y sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones de esta Ley, el funcionario de primera instancia deberá ordenar la práctica de todas aquellas pruebas que estime conducentes o procedentes, para verificar las afirmaciones de las partes y la autenticidad y exactitud de cualquier documento público o privado en el proceso; y el de segunda practicará aquellas que sean necesarias para aclarar puntos oscuros o dudosos del proceso." Estima el recurrente que en concordancia con la infracción al artículo 146 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, se ha infringido también el artículo 147 de la Ley 38 de 2000, sobre Procedimiento Administrativo General, toda vez que señala que la disposición en comento constriñe a la Autoridad a ordenar la práctica de aquellas pruebas conducentes a verificar las afirmaciones de las partes y, que la materia sometida a decisión de la Autoridad demandada imponía la necesidad que se practicara una prueba técnica de campo con la asistencia de personal idóneo, lo que señala fue omitido en el procedimiento administrativo desarrollado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos Se cita infringido el artículo 34 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo General, el cual señala: "Artículo 34: Las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se efectuarán con arreglo a normas de informalidad, imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia, garantizando la realización oportuna de la función administrativa, sin menoscabo del debido proceso legal, con objetividad y con arreglo al principio de estricta legalidad. Los Ministros y las Ministras de Estado, los Directores y las Directoras de entidades descentralizadas, Gobernadores de entidades descentralizadas, Gobernadores y Gobernadoras, A. y A.as y demás Jefes y Jefas de Despacho, velarán, respecto de las dependencias que dirijan, por el cumplimiento de esta disposición. Las actuaciones de los servidores públicos deberán estar presididas por los principios de lealtad al Estado, honestidad y eficiencia, y estarán obligados a dedicar el máximo de sus capacidades a la labor asignada." Asevera el demandante que la Resolución AN No.4525-AU Telco de 16 de diciembre de 2011 emitida por el Director Nacional de Telecomunicaciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y sus actos confirmatorios, infringen en concepto de violación directa, por omisión, la citada disposición legal que consagra la obligación de todos los Jefes de las entidades públicas de observar en sus actuaciones administrativas el cumplimiento de los principios de legalidad y del debido proceso. Por último, se cita como infringido el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 279 de 14 de noviembre de 2006, por el cual se reglamenta la Ley 26 de 29 de enero de 1996, reformada por el Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006, que reorganiza la estructura y atribuciones del Ente Regulador ( hoy Autoridad) de los Servicios Públicos, que establece: "Artículo 4. Definiciones. Para efectos del presente Decreto, los términos que se indican a continuación tienen el siguiente significado: ALLANAMIENTO: Acto coactivo mediante el cual el Funcionario Ejecutor entra o penetra en una casa, recinto o edificio, para practicar determinada diligencia requerida en el proceso." Estima el recurrente que la Resolución AN No.4525-AU-Telco de 16 de diciembre de 2011 emitida por el Director Nacional de Telecomunicaciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y sus actos confirmatorios, infringen en concepto de violación directa, por omisión, la disposición legal citada que consagra la obligación que tiene el funcionario encargado de dirigir el proceso, de ordenar la práctica de aquellas pruebas conducentes a verificar las afirmaciones de las partes y velar por la realización de la diligencia toda vez que el artículo en comento no fue aplicado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos al emitir el acto acusado. III. INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA De la demanda instaurada se le corrió traslado al Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), para que rindiera un informe explicativo de su actuación, el cual fue remitido a esta Superioridad mediante Nota DSAN- No.1844 de 30 de julio de 2014, que consta de fojas 64 a 76 del expediente, y el cual en su parte medular señala lo siguiente: "11.Con apoyo en los datos esbozados, se puede concluir que la empresa Petaquilla Hidro, S.A., dispone de equipos y de un sistema basado en un software que permite la gestión de tráfico de voz ya sea mediante el uso de protocolo IP o a través de la red telefónica pública conmutada, es decir, que estos equipos tienen la capacidad de generar, recibir y gestionar tráfico de voz y datos hacia cualquier parte del mundo por cualquiera de las dos vías mencionadas; aunado a lo expuesto, es necesario resaltar que teniendo la empresa Petaquilla Hidro, S.A., las herramientas precisas, ésta no presentó el registro de tráfico correspondiente al período para el cual se efectuaron las llamadas de larga distancia internacional, motivo de la desavenencia. 12.Asociado a todo lo expuesto, la Autoridad consideró prudente extraer la información consignada en el Disco Compacto, aportado como prueba por el prestador, con el propósito de verificar si las llamadas de larga distancia internacional, motivo de la desavenencia, se encuentran consignadas en el citado CD ( ver informe secretarial, foja 159) 13.Una vez revisado el documento del CDR, contenido en el disco compacto, se corroboró que en el mismo reposan todas y cada una de las llamadas de larga distancia internacional, reflejadas en las facturaciones de los meses de diciembre de 2010 y enero del 2011, que han dado origen a la reclamación que nos atañe. 14.Como puede advertirse, todas las piezas que obran como prueba en el expediente, demuestran que las llamadas de larga distancia internacional, objeto de reclamo, fueron realizadas desde la línea telefónica principal 983-0568, así como de las accesorias 983-0570 y 983-0571, asignadas al cliente reclamante. 15. En consecuencia, el artículo 28 del Reglamento sobre los Derechos y Deberes de los Usuarios, dispone "Pagar por el consumo o utilización del servicio, así como otros cargos aplicables....."; situación que se ha dado en el caso concreto que nos incumbe. Bajo los parámetros expuestos, se denegó la reclamación presentada por la Licenciada Dolores del C.C., con cédula No. 8-760-332, mediante poder otorgado por el Licenciado R.E.K., con cédula de identidad personal No. 8-230-852 en su condición de S. y R.L. (en ausencia del Presidente) del cliente PETAQUILLA HIDRO, S.A. ahora bajo el nombre en idioma español de PANAMA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A., sociedad anónima inscrita a la Ficha 637640, Documento 1448321, del Registro Público, con cuenta de servicio No.20-603758-0000-6; sin embargo, la posición asumida por la Autoridad en primera instancia, fue impugnada por el Apoderado Especial del cliente, en esta ocasión el Licenciado J.F.M.R., bajo el argumento que: se ha conculcado el principio del debido proceso; no se dio apertura a pruebas; debe decretarse la nulidad de lo actuado y reasumir la etapa normal del presente proceso. Por tal motivo, la Autoridad luego de revisada la actuación de primera instancia, procedió a emitir la Resolución AN No.4683-AU-Telco de 19 de abril de 2012, confirmando en todas sus partes la Resolución No. AN No. 4525-AU-Telco de 16 de diciembre de 2011." IV. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN. Mediante Vista No.714 de 22 de diciembre de 2014, el representante del Ministerio Público solicita respetuosamente a los Honorables Magistrados se sirvan declarar que NO ES ILEGAL la resolución AN-4525-AU- Telco de 16 de diciembre de 2011 ni su acto confirmatorio y, en consecuencia, pide se desestimen las pretensiones de la Empresa PANAMA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.. A su criterio, la actuación de la entidad pública se efectuó ciñéndose a los parámetros legales, de manera que no han sido infringidas ninguna de las normas invocadas por la parte demandante. V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Una vez cumplidos los trámites previstos para estos procesos, corresponde a los integrantes de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia pasar a dirimir el fondo del presente litigio. El acto demandado es la Resolución AN N°4525-AU-Telco de 16 de diciembre de 2011 dictada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, por medio de la cual se deniega la reclamación presentada por Petaquilla Hidro, S.A., ahora Panamá Desarrollo de Infraestructuras, S.A., y ordenan a esta última pagar a la empresa Cable & Wireless Panamá, S.A., la suma de B/.95, 193.10, en concepto de llamadas de larga distancia internacional registradas en la facturación de los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011 . Esta sanción fue confirmada a través de la Resolución 4683-AU-Telco de 19 de abril de 2012 y de la Resolución AN 1208-AP de 16 de julio de 2012 las cuales mantuvieron en todas sus partes lo dispuesto en el acto administrativo impugnado. El problema jurídico planteado radica en determinar si la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos cumplió a cabalidad con el procedimiento administrativo , previo a la emisión de la resolución demandada en este proceso. Dicho procedimiento administrativo será examinado por esta Sala de la Corte para constatar que se cumplieron todas las garantías del debido proceso. Del examen de las piezas procesales aportadas al caso bajo análisis, se observa que el día 10 de diciembre de 2010, el cliente Petaquilla Hidro, S.A., posteriormente denominado Panamá Desarrollo de Infraestructuras, S.A., presentó ante la empresa Cable & Wireless Panamá, S.A. un reclamo con número de referencia GSCP-VIP-512.11.2.C-3000-C, como producto de llamadas de larga distancia internacional registradas en las facturaciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2010. Este reclamo fue negado por la empresa concesionaria mediante Nota de 17 de enero de 2011 . El 3 de marzo de 2011, Panamá Desarrollo de Infraestructuras presentó ante la Dirección Nacional de Atención al Usuario de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos el reclamo número 19260, dirigido en contra de la empresa Cable & Wireless Panamá, S.A., por la suma de B/.85, 326, 40, en concepto de llamadas de larga distancia internacional registradas en la facturación correspondiente al mes de diciembre de 2010. Posteriormente y luego de realizar las investigaciones pertinentes, el Director Nacional de Telecomunicaciones, conjuntamente con la Directora Nacional de Atención al Usuario de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, emitieron la Resolución AN 4525-AU-Telco de 16 de diciembre de 2011, por medio de la cual denegaron la reclamación presentada por Petaquilla Hidro, S.A. ahora Panamá Desarrollo de Infraestructuras, S.A., y ordenaron a esta última pagar a la empresa Cable & Wireless Panamá, S.A. la suma de B/. 95, 193. 10, en concepto de llamadas de larga distancia internacional registradas en la facturación de los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011. Por su parte, el abogado recurrente señala que al emitirse la Resolución AN 4525-AU-Telco de 16 de diciembre de 2011, la entidad demandada violó el debido proceso, toda vez que estima que dicha Resolución está fundamentada en el Informe Técnico que la Dirección Nacional de Telecomunicaciones presentó a la Dirección Nacional de Atención al Usuario , el cual a su entender no se basó en una prueba de campo que verificara cómo estaba configurado el sistema de comunicaciones de Petaquilla Hidro, S.A., sino en el análisis de documentos aportados por las partes; razón por la cual considera que ese informe no es una prueba concluyente para arribar a una decisión respecto a la forma en que se produjeron las llamadas objeto de la reclamación presentada por su poderdante. Continúa señalando el apoderado legal de la Sociedad recurrente que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos debió ordenar de manera oficiosa la práctica de inspecciones a los sistemas de telecomunicaciones instalados en las oficinas de Petaquilla Hidro, S.A., ahora Panamá Desarrollo de Infraestructuras, S.A. y no limitarse a aceptar como válida la afirmación hecha por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, en el sentido de que no había sido posible efectuar tales diligencias, sobre todo, si se toma en cuenta que dicha entidad está facultada legalmente para inspeccionar tanto a las concesionarias como a los usuarios. Por último, señala que las copia de las facturas de los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011 no corroboran la responsabilidad de su mandante, toda vez que su reclamación consistió en que esas llamadas no fueron realizadas por ella. Observa esta Sala de la Corte, que mediante Nota DTEL-0226-11 de 11 de febrero de 2011, suscrita por el Director Nacional de Telecomunicaciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, se le comunica a su cliente Petaquilla Hidro S.A. que se ha ordenado realizar una inspección a sus instalaciones con el propósito de comprobar los hechos expuestos por esta última en la reclamación presentada en contra de la empresa Cable & Wireless Panamá S.A., en concepto de llamadas de larga distancia internacional registradas en la facturación de los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011. con fundamento en lo establecido en la Resolución No. JD-189 de 1996. El expediente en estudio pone de manifiesto el hecho que el 17 de febrero de 2011 ( ver foja 157 del expediente de antecedentes) funcionarios de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en conjunto con el personal de la empresa concesionaria , se presentaron a las instalaciones del cliente Petaquilla Hidro, S.A., ubicada en la calle principal del pueblo de La Pintada, Provincia de Coclé, para realizar la inspección ordenada; sin embargo un representante de la empresa solicitó nueva fecha; razón por la cual dicha diligencia se reprogramó para el 24 de febrero de 2011 quedando de esta fecha notificada en debida forma la Sociedad Petaquilla Hidro S.A. ( ver foja 157 del expediente de antecedentes) Ahora bien, llegado el día y la hora señalada para la práctica de la prueba ordenada y encontrándose presentes en el lugar los funcionarios requeridos, el apoderado judicial del cliente se opuso nuevamente a la práctica de la inspección, argumentando, entre otras cosas, que su representada no había sido notificada de proceso alguno seguido en su contra; que sobre el tema existía una controversia no definida entre Cable & Wireless Panamá, S.A. y Petaquilla Hidro S.A.; que la inspección no era viable; y que su mandante estaba próxima a agotar el procedimiento ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. En este orden de ideas es preciso señalar lo preceptuado en el artículo 147 de la Ley N° 38 de 2000 "Que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración , regula el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones especiales." "Artículo 147. Además de las pruebas pedidas y sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones de esta Ley, el funcionario de primera instancia deberá ordenar la práctica de todas aquella pruebas que estime conducentes o procedentes, para verificar las afirmaciones de las partes y la autenticidad y exactitud de cualquier documento público o privado en el proceso; y el de segunda practicará aquéllas que sean necesarias para aclarar puntos oscuros o dudosos del proceso." Del expediente en estudio se observa que la Dirección Nacional de Atención al Cliente mediante nota visible a foja 146 del expediente de antecedentes, solicitó a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos , la elaboración de un Informe Técnico concerniente a la configuración técnica del sistema que tiene instalado el cliente Petaquilla Hidro, S.A. con el propósito de analizar objetivamente el reclamo presentado ante la Dirección de Atención al Usuario, por Petaquilla Hidro S.A. en concepto de llamadas de larga distancia internacional, registradas en la factura del mes de diciembre de 2010. El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones visible a foja 147 del expediente de antecedentes, aclara que el mismo se confeccionó sobre la base de la información proporcionada por Petaquilla Hidro S.A., debido a su oposición a la práctica de una inspección en sus instalaciones y donde concluye que esta dispone de equipos y de un sistema basado en un software que permite la gestión de tráfico de voz, ya sea mediante el uso de protocolo IP o a través de la red telefónica pública conmutada; es decir, que estos equipos tienen la capacidad de generar, recibir y gestionar tráfico de voz y datos a cualquier parte del mundo y por cualquiera de las dos vías mencionadas. Se señala también, en el Informe en comento, que Petaquilla Hidro, S.A. no presentó el registro del tráfico correspondiente al período durante el cual se efectuaron las llamadas de larga distancia internacional objeto de su reclamo; y que una de las funciones de sus equipos era mantener un registro tráfico gestionado del mismo. Esta Superioridad estima, luego del estudio del presente expediente ( Informe Técnico confeccionado por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones , facturación de los meses de diciembre de 2010 y enero 2011 y la información contenida en el disco compacto aportado como prueba por la empresa) que las llamadas de larga distancia internacional, objeto de reclamo, se han realizado desde la líneas telefónicas 983-0568,983-0570 y 983-0571, las cuales estaban asignadas al cliente Petaquilla Hidro, S.A., ahora Panamá Desarrollo de Infraestructura, S.A. Lo anterior teniendo en cuenta que la empresa Petaquilla Hidro, S.A. mantiene una red de comunicaciones que le permite realizar llamadas internacionales, tanto a través de Internet como a través de su operador de telefonía básica ; y que con el material presentado hasta la fecha, el detalle de facturación proporcionado por CWP donde se refleja el tráfico de llamadas internacionales en cuestión, resulta perfectamente aceptable el consumo extraordinario en llamadas telefónicas de larga distancia internacional realizado por la empresa Petaquilla Hidro S.A., especialmente dado que la empresa Petaquilla Hidro S.A., no presentó el registro de tráfico correspondiente al período durante el cual se efectuaron la llamadas de larga distancia internacional objeto de su reclamo, teniendo los elementos necesarios para ello. Prueba ésta que la recurrente no aportó en la vía gubernativa ni tampoco en sede jurisdiccional. Es importante señalar que la Resolución AN No.4525-AU-Telco de 16 de diciembre de 2011, dictada por la Autoridad Nacional de los Servicios y sus actos confirmatorios cumplen con el debido proceso en la vía administrativa ydecimos lo anterior, por el hecho que está expresamente señalado en la Constitución, y así lo ha desarrollado la doctrina y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el principio del debido proceso es aplicable en todas las instancias, en donde se administra justicia; y por lo tanto, existe un principio al debido proceso administrativo y a ese principio del debido proceso administrativo, le deben ser aplicables los principios expuestos por la jurisprudencia y la doctrina que lo comprenden el derecho a ser notificado e informado sobre cualquier procedimiento en su contra, a ser oído, a presentar pruebas pertinentes, el derecho a ser informado para preparar la defensa, el derecho a hacerse defender y ser representado por un abogado, el derecho a conocer la resolución final, el derecho a la motivación de dicha resolución, el derecho a recurrir la decisión adoptada, el derecho a la tipicidad de esa resolución para los efectos de no vulnerar el principio non bis in idem, todos estos son principios generales del derecho público, que tiene todo administrado y que contienen el cúmulo de garantías a favor de los administrados, según cada caso a resolver, forman parte de los derechos fundamentales de los administrados y así deben de respetarse. Es por esas razones que existe en nuestro país la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que regula la exigencia de un procedimiento administrativo, que busca compensar las prerrogativas jurídicas y fácticas de la Administración Pública, lo mismo que los privilegios de la autotutela y de la ejecutoriedad de los actos administrativos. En los sistemas jurídicos como los nuestros, se requiere también de esa manera que la administración pública actúe, pero cumpliendo con los recaudos legales y constitucionales como lo ha establecido el jurista español EduardoGarcía Enterría, exigiéndole a la administración un procedimiento administrativo respetuoso de los derechos fundamentales y que debe aplicarse respetando las garantías fundamentales del debido proceso, como ocurre tanto en el proceso, civil, penal, laboral etc y por lo tanto en el administrativo. En conclusión, a la empresa , no se le ha conculcado el derecho a ser oída, ni al contradictorio y mucho menos se le ha dejado en estado de indefensión; ya que luego de que el cliente Petaquilla Hidro S.A., formalizara su reclamo, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos oficiosamente ordenó la práctica de las pruebas que consideró pertinentes , lo que permitió decidir la controversia planteada por medio de las pruebas que consideró procedentes; emitiéndose así la Resolución AN 4525-AU- Telco de 16 de diciembre de 2011, la cual le fue debidamente notificada, dando lugar a que la demandante anunciara y sustentara un recurso de reconsideración que fue resuelto mediante la Resolución 4683-AU-Telco de 19 de abril de 2012, igualmente debidamente notificada. Posteriormente, el usuario afectado interpuso un recurso de apelación que motivó la expedición de la Resolución AN 1208-AP de 16 de julio de 2012, a través de la cual el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Encargado, confirmó en todas sus partes la resolución recurrida, quedando así agotada la vía gubernativa y que producto de tal situación, Panamá Desarrollo de Infraestructuras, S.A. actuando por conducto de su apoderada judicial, presentó ante la Sala demanda que dio origen al proceso en estudio. En este orden de ideas es importante señalar lo dispuesto en el Decreto Ley N° 10 (De 22 de febrero de 2006) Que reorganiza la estructura y atribuciones del Ente Regulador de los Servicios Públicos y dicta otras disposiciones establece en su artículo 20 numeral 12: "Artículo 20. Se modifica el artículo 20 de la Ley 26 de 1996, así Artículo 20. Funciones y atribuciones del Administrador General: El Administrador tendrá las siguientes funciones y atribuciones: ............................................................................................................ ............................................................................................................. 12. Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas y disposiciones regulatorias vigentes para la prestación de servicios públicos; ...................................................................................................... En concordancia con lo señalado en párrafos anteriores es pertinente señalar que el artículo 21 del Decreto Ejecutivo 279 de 12 de noviembre de 2006, por el cual se reglamente la Ley 26 de 1996 modificada por el Decreto Ley 10 de 2006, dispone lo siguiente: "Artículo 22. Protección de los Usuarios y/o Clientes. La Autoridad, en cumplimiento de las facultades constitucionales y legales, velará por el interés público y/o bienestar social representado en los clientes y/o usuarios de los servicios públicos sujetos a su competencia, con el propósito de que éstos reciban un servicio continuo, de calidad y eficiente, a precios justos y razonables." Una vez evaluadas las constancias que reposan en el expediente, se observa entonces, que el acto administrativo impugnado es decir la Resolución AN No. 4525-AU-Telco de 16 de diciembre de 2011 emitida por el Director Nacional de Telecomunicaciones y la Directora Nacional de Atención al Usuario, Encargada de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, se encuentra debidamente sustentado en las normas que regulan la materia, es decir el Texto Único de la Ley 26 de 1996, modificada por el Decreto Ley 10 de 2006, la Resolución JD-101 de 27 de agosto de 1997, modificada por las Resoluciones JD-121 de 30 de octubre de 1997 y JD-2457 de 18 de octubre de 2000 y por el Decreto Ejecutivo 279 de 12 de noviembre de 2006, por el cual se reglamenta la Ley 26 de 1996, modificada por el Decreto Ley 10 de 2006. Por último es importante señalar que la intervención del Estado en la actividad de las telecomunicaciones, constituye una forma de control administrativo que ejerce el Organo Ejecutivo a través de un ente descentralizado con la finalidad de proteger el interés general de los administrados Ante las circunstancias que preceden, esta Corporación de Justicia concluye, que no le asiste la razón al recurrente, ya que la Autoridad de los Servicios Públicos actúo en apego a la normativa legal vigente lo cual ha quedado acreditado en el expediente en estudio. VI. DECISIÓN Por lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución AN No.4525-AU-Telco de 16 de diciembre de 2011, dictada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y sus actos confirmatorios ; y se NIEGAN las demás pretensiones. NOTFÍQUESE, ABEL AUGUSTO ZAMORANO NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- EFRÉN C. TELLO C KATIA ROSAS (Secretaria)