Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 4 de Agosto de 2015

PonenteNelly Cedeño de Paredes
Fecha de Resolución 4 de Agosto de 2015
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: La licenciada M.R., en representación de G.D., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución de Cargos No.4 de 26 de mayo de 2010, emitida por el Pleno del Tribunal de Cuentas, y se hagan otras declaraciones. I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO: El acto administrativo impugnado lo es el contenido de la Resolución de Cargos No.4 de 26 de mayo de 2010, emitida por el Tribunal de Cuentas (Pleno), mediante la cual se resolvió declarar patrimonialmente responsable a la señora G.O.D.T., por su responsabilidad directa y solidaria en perjuicio de El Estado, por la suma de B/.19,245.15 II. ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA: La recurrente expone como pretensión y por ende, reclama a través de su apoderada judicial, que esta instancia Colegiada no sólo declare: 1. Nula, por ilegal la Resolución de Cargos No.4 de 26 de mayo de 2010. 2. Que la ilegalidad de la resolución que se menciona en el petitorio anterior, se debe a que la misma viola los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 95 de la Ley No.67 de 14 de noviembre de 2008, y el artículo 110, numeral 2 de la Ley No.38 de 31 de julio de 2000. 3. Que se ordene la reparación del derecho subjetivo violado y como consecuencia de lo anterior se ordene la devolución de todos los bienes que le fueron cautelados a la señora G.O.D.T.. III. NORMAS LEGALES INFRINGIDAS: Luego de leídas todas las normas supuestamente infringidas y su concepto de la infracción y, basados en el principio de economía procesal del procedimiento administrativo, nos referiremos a éstas, en el mismo orden como lo presentó el P. de la Administración, en su Vista No.072 de 25 de febrero de 2014, a saber: Como bien lo indicó el Representante del Ministerio Público, estas disposiciones guardan relación con la obligación que tiene el Tribunal de Cuenta, una vez recibidos los reparos, de darle traslado de los mismos al F. General de Cuentas; la citación de los empleados o agentes de manejo vinculados en la afectación al patrimonio del Estado, que comparecerán ante el F. para rendir declaración; el derecho que cabe a toda persona vinculada a una lesión patrimonial, para defenderse y ser oída desde el inicio de la investigación; la comparecencia del tercero implicado por la declaración de un involucrado en una lesión patrimonial y su obligación de rendir declaración bajo la gravedad de juramento; la facultad que tiene el F. para recabar cualquier prueba lícita, con el objeto de determinar la existencia de una lesión patrimonial causada al Estado; la atribución que reviste al F. para imponer sanciones a los servidores que incumplan injustificadamente el deber de proporcionar la información que éste les solicite; la obligación de los funcionarios en el sentido de colaborar con el F. en la investigación; dentro del marco de sus funciones y cumplir con las solicitudes y pedidos de informes que se realicen conforme a la Ley; el deber que recae sobre el F. en el sentido de pedir al Tribunal de Cuentas que se declare que no hay responsabilidad patrimonial, si una vez evacuada las pruebas, resulte que ésta no existe; el término para remitir al Tribunal de Cuentas el expediente junto con la vista fiscal; el carácter de reservado que se reconoce tanto a la investigación que realiza el F. de Cuentas como a la vista fiscal; los requerimientos que debe contener la vista fiscal; la facultad que se le atribuye al F. para solicitar al Tribunal de Cuentas que llame al investigado a responder por la lesión patrimonial; el acuerdo que logre el F. de Cuentas con la persona investigada, como medio para finalizar el proceso, siempre que ésta restituya el monto de la lesión patrimonial; y la remisión al Tribunal de Cuentas de los procesos patrimoniales que se encuentran en trámite ante la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, al momento de entrar en vigencia la Ley 67 de 2008 (Cfr. fojas 27 a 36 del expediente judicial); y artículo 110, numeral 2 de la Ley No.38 de 2000, norma que establece la nulidad de lo actuado como una de las cuestiones o casos que pueden plantearse a través de incidentes de previo y especial pronunciamiento. IV. DESCARGOS DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN: A foja 90 y ss consta la Vista Número 072 de 25 de febrero de 2014, mediante la cual el P. de la Administración, solicita al Tribunal, que el cargo de ilegalidad atribuido a la Resolución acusada con sustento en el numeral 2 del artículo 110 de la mencionada ley, sea desestimado por la Sala y por lo tanto declarar que NO ES ILEGAL la Resolución de Cargos No.4 de 26 de mayo de 2010, emitida por el Tribunal de Cuentas (Pleno). En lo medular, la opinión jurídica del señor P. de la Administración, fue basada en el hecho que, al examinar las constancias que reposan tanto en el expediente judicial como en el administrativo, se observa que en el Informe de Antecedentes número 513-012-2006-DAG-DASS de 8 de octubre de 2007, elaborado por la Dirección de Auditoría General de la República el cual contiene los resultados de la investigación realizada para determinar si existían pagos deficientes en la prestación de servicios en el quirófano en el Hospital Integrado San Miguel Arcángel, se determinó la presencia de un perjuicio en contra del Estado, el cual ascendía a la suma de B/.26,080.98, misma que fue utilizada para cancelar los servicios de quirófano a la empresa Administración, Procesos y Quirófanos, S.A., bajo el contrato número DDT-UQ-018-2003 y su adenda número 1, con el gravamen de que igualmente se le pagó a la empresa Centro Especializado de Promoción, Prevención de Atención en Salud, S.A., la cantidad de B/.27,636.00 por la prestación del mismo servicio; pagos éstos sustentados en el mismo Informe de producción. VI.DECISIÓN DE LA SALA TERCERA: Cumplidos los trámites correspondientes, la Sala procede a resolver la presente controversia, en los siguientes términos: Previo al análisis de rigor, importa subrayar que con fundamento en lo que dispone el artículo 206, numeral 2, de la Constitución Política, en concordancia con el texto del artículo 97, numeral 1 del Código Judicial y el artículo 42b de la Ley N°.135 de 1943, conforme fue reformada por la Ley N°.33 de 1946, la Sala Tercera es competente para conocer de las acciones de plena jurisdicción, tal como la interpuesta. Dentro del marco de referencia, esta Judicatura se pronunciará respecto a la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la Resolución de Cargos No.4 de 26 de mayo de 2010, emitida por el Tribunal de Cuentas (Pleno). Analizadas las supuestas violaciones que la activista invoca y los argumentos en que la sustenta, esta Judicatura aprecia que la razón no le asiste a la recurrente, de modo que el acto demandado si se ajusta a derecho. Veamos: Vale advertir en primera instancia, el derecho que le asiste y con el cual opera el Tribunal de Cuentas, basados precisamente en el artículo 1 de la Ley 67 de noviembre de 2008, que desarrolla el artículo 281 de la Constitución Política y, se instituye la jurisdicción de cuentas, para juzgar la responsabilidad patrimonial derivada de las supuestas irregularidades contenidas en los R.s formulados por la Contraloría General de la República a las cuentas de los empleados y los agentes, en el manejo de los fondos y los bienes públicos. Al hacer una prolija revisión de la génesis de la presente acción contenciosa administrativa, podemos observar que a la señora G.O.D.T., se le imputó la posible responsabilidad patrimonial, en atención a las irregularidades plasmadas en el Informe de Antecedentes, N°.513-012-2006-DAG-DASS, relacionado con el pago irregular en la prestación de servicios en el quirófano del Hospital Integrado San Miguel Arcángel, de conformidad con los Contratos Núm. DDT-UQ-018-2003, adenda Núm.1 y 2 y el Núm. SE-017-2007, adenda Núm.4, durante el período comprendido entre el 1° al 31 de julio de 2004 Ahora bien, de acuerdo con la auditoría, vinculados a los hechos se encontraba la señora G.O.D.T., quien ocupaba el cargo de Subdirectora de la División de Diagnóstico, Apoyo y Tratamiento. Siendo así las cosas, se efectuó el análisis correspondiente al Informe de Antecedentes, por lo que el Tribual emitió la Resolución de R.s N°8 de 30 de junio de 2009, por la cual se ordenó el inicio del trámite para determinar y establecer la posible responsabilidad patrimonial que frente al Estado, le pudiese corresponder entre otras personas a la señora D.T.. Consta en los antecedentes que a la hoy demandante, se le estableció una posible responsabilidad patrimonial, por la suma de B/.19,245.15, que incluye el monto de la lesión que ascendió a B/.17,832.79, más la aplicación del interés que establece el artículo 75 de la ut supra citada Ley, el cual fue establecido en la suma de B/.1,412.36. Importante recordar que la referida Resolución de R. contempló que como resultado de la investigación fue determinado el pago a dos empresas externalizadas por el mismo servicio, correspondiente a la facturación del mes de julio de 2004. En tal sentido, se pagó la suma de B/.26,080.98, para cancelar los servicios de quirófano a la empresa Administración, Procesos y Quirófanos, S.A., de conformidad con el Contrato No.DDT-UQ-018-2003, sobre la base de la adenda 1 y no sobre la adenda 2; al mismo tiempo se le canceló a la empresa Centro Especializado de Promoción, Prevención de Atención en Salud, S.A., la suma de B/.27,636.00, por el mismo servicio realizado y utilizado como base el mismo informe de producción. Un detalle clave resulta ser que en la referida Resolución de R.s, se señaló que como resultado de los hechos, se ocasionó un perjuicio al patrimonio del Estado por la suma de B/.26,080.98, sin embrago, según informes que reposan como antecedentes, consta que la señora G.O.D.T., abonó la suma de B/.4,748.19, aunado a la suma de B/.3,500.00 abondos por el señor P.A.C.S., quien fungió como Director Ejecutivo del Hospital Integrado San Miguel Arcángel. Por consiguiente, el tribunal concluyó a través de dicha Resolución que procedía abrir causa patrimonial en contra de la señora D.T. y demás. Consta en autos que, ante toda esta gama de irregularidades, violaciones, áuditos, cargos y descargos, se determinó que la responsabilidad endilgada a la hoy demandante, se debió al hecho de haber autorizado el pago doble de los servicios recibidos por el Hospital Integrado San Miguel Arcángel, durante el mes de julio de 2004, aunado al hecho que su apoderada judicial según consta en autos, no aportó pruebas a su favor para desvirtuar los cargos establecidos en la resolución de reparos. Contrario a lo señalado por la activista, quien sostiene se dio una pluralidad de supuestas violaciones a la Ley No.67 de 2008, el P. de la Administración señaló que: las aseveraciones hechas por la demandante con miras a dar sustento a su pretensión resultan infundadas, habida cuenta de que al emitir la Resolución DRP número 527-2007 de 10 de diciembre de 2007, por cuyo conducto la Dirección de Responsabilidad Patrimonial asumió la competencia para conocer del proceso distinguido como R-71, éste se encontraba en la fase de investigación, por lo que tal decisión fue adoptada conforme con las disposiciones legales que se encontraban vigentes en ese momento. Posteriormente, con la creación del Tribunal de Cuentas y la F.ía General, el expediente pasó al conocimiento del Tribunal Administrativo, tal como lo dispone el artículo 95 de la Ley No.67 de 2008, debido a que había concluido la etapa intermedia del proceso, por lo que no es cierto que en el juicio de cuentas seguido a la recurrente, se haya omitido algún trámite que implique la violación al debido proceso, según indica cuando manifiesta que al F. de Cuentas no le corrió traslado del informe de auditoría, para que este realizara la fase de investigación. Precisa igualmente el P., que de acuerdo con lo establecido en los artículos 3, literal b y 5 del Decreto de Gabinete 36 de 10 de febrero de 1990, el Informe de Antecedentes número 513-012-2006-DAG-DASS de 8 de octubre de 2007 representaba lo que es ahora, la Vista F. en el proceso de cuentas, por lo que lo actuado es cónsono con las reglas del procedimiento establecido en el Decreto de Gabinete antes mencionado, vigentes en ese momento. Al finalizar, destaca que el Tribunal de Cuentas, previo a la emisión de la Resolución de Cargos No.4 acusada de ilegal, aplicó a G.O.D.T. el procedimiento dispuesto en la Ley, para los efectos de determinar y establecer su responsabilidad patrimonial en relación a los hechos ya descritos. Así se desprende de las constancias que reposan en el expediente administrativo, en las que puede observarse que, una vez el Tribunal de Cuentas le notificó del contenido de la Resolución de R.s No.8 de 30 de junio de 2009, ésta tuvo la oportunidad procesal de presentar las pruebas que le favorecían, de manera que resulta fácil concluir, que la institución demandada le otorgó a la actora las garantías que conlleva el principio del debido proceso legal, aunque ésta no presentó prueba alguna en ninguno de los períodos que para ello establece el artículo 67 de la Ley No.67 de 2008. Ahora bien, por todo lo anteriormente analizado y como quiera que en la presente acción contenciosa administrativa de plena jurisdicción, interpuesta la licenciada M.R., en representación de la señora de G.D.T., para que se declare nula por ilegal, la Resolución de Cargos No.4 de 26 de mayo de 2010, emitida por el Pleno del Tribunal de Cuentas, y que se hagan otras declaraciones, a juicio de la Sala, no prosperó la violación de ninguna de las normas acusadas de ilegal, lo procedente es no acceder a las pretensiones de la demanda. Igualmente la Sala desestima el argumento esbozado por la representante legal de la señora G.O.D.T., cuando sostiene que al emitirse la Resolución de Cargos N°.4 de 26 de mayo de 2010, el Tribunal de Cuentas violó directamente por falta de aplicación el artículo 110, numeral 2 de la Ley N°.38 de 31 de julio de 2000, ya que de haberlo aplicado, se habría percatado de que el incidente de nulidad presentado con fecha 30 de abril de 2010, mucho antes de que se emitiera la Resolución de Cargos N°.4 de 26 de mayo de 2010 cuya legalidad es atacada mediante este proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción, por ser de previo y especial pronunciamiento, debió resolverse antes de emitir la Resolución de Cargos N°.4 de 26 de mayo de 2010. Dicha postura, fue excluida por la procuraduría de la administración, al señalar que el incidente de nulidad presentado por la recurrente dentro del proceso administrativo de cuentas, debe advertirse que el mismo le fue rechazado de plano, puesto que, según consta a foja 481 del expediente administrativo, el 30 de octubre de 2009 su apoderada judicial presentó poder ante la Secretaría del Tribunal, de lo que podemos inferir que tuvo pleno conocimiento de todo el proceso seguido a la demandante, pero no fue hasta el 30 de abril de 2010, aproximadamente seis meses después, cuando presentó el incidente de nulidad, por lo que ya había transcurrido en exceso el término de dos días señalados en los artículos 114 y 115 de la Ley 38 de 2000 para el ejercicio de este tipo de acciones, de manera que el cargo de ilegalidad debe ser desestimado. Por las anteriores consideraciones, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución de Cargos No.4 de 26 de mayo de 2010, emitida por el Pleno del Tribunal de Cuentas. N., N.C. DE PAREDES EFREN C. TELLO C -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO KATIA ROSAS (Secretaria)