Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 30 de Marzo de 2015

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución30 de Marzo de 2015
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: Decisión del resto de la S.: Advierten quienes suscriben que en el libelo de demanda, la parte actora indica que presenta la misma contra la negativa tácita por silencio administrativo incurrida por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, al no haberse pronunciado sobre la solicitud de anulación del Resuelto No. 3404 de 12 de febrero de 2010, mediante el cual se renueva por diez (10) años a favor de la sociedad Vida Panamá, S.A., a partir del 10 de febrero de 1997, la marca de productos denominada Golden Eagle y Diseño, para amparar productos en la Clase 25. Una vez efectuado un análisis exhaustivo del expediente, el resto de los Magistrados que integran la S. Tercera consideran que le asiste la razón al recurrente, cuando señala que la demanda ensayada persigue la pura y llana declaratoria de nulidad del acto demandado, lo cual no es propio de la naturaleza de este tipo de demandas contenciosas de plena jurisdicción. Por lo tanto, el apoderado judicial confunde la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con la demanda de nulidad. Señalamos lo anterior, por el hecho que, el acto cuya ilegalidad se cuestiona, es decir, la negativa tácita por silencio administrativo incurrida por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, al no haberse pronunciado sobre la solicitud de anulación del Resuelto No. 3403 de 12 de febrero de 2010, es un acto de carácter impersonal y abstracto que no afecta un interés personal o individual, por lo que debe ser recurrido a través de una demanda contencioso administrativa de nulidad y no una demanda de plena jurisdicción. En cuanto a la diferencia entre los procesos de nulidad y de plena jurisdicción, esta M. ha expresado en reiteradas ocasiones lo siguiente: "... Dentro de este contexto es preciso destacar que, en principio la acción pública o de nulidad se refiere al interés público o social de la conservación del orden público y en la privada o de plena jurisdicción, hace relación al particular sujeto del derecho lesionado, como es el presente caso. Asimismo, por sus consecuencias, estas acciones se diferencian, en que la nulidad declarada en acción objetiva o pública, por la naturaleza impersonal del acto acusado, produce efectos "erga omnes", como se ha dicho, liquida jurídicamente el acto. Mientras que la nulidad que surge en la de plena jurisdicción o privada, no sólo destruye el acto demandado, sino que ordena el restablecimiento del derecho subjetivo lesionado. He aquí la diferencia. ..." (Fallo de 12 de enero de 2000) Este criterio ha sido vertido por esta S. en innumerables precedentes, determinándose para estos casos en particular, su inadmisión. Por ello se hace pertinente transcribir los siguientes autos, que exponen en forma prolija el tema que nos ocupa: Auto de 21 de enero de 2002 "... Por otro lado, en cuanto a la segunda deficiencia, se observa que el recurrente ha utilizado de manera incorrecta el recurso contencioso administrativo de nulidad, toda vez que en este caso no nos encontramos frente a un acto administrativo general, impersonal y objetivo, sino que el recurrente enerva un acto individualizado, personal y que lesiona directamente sus derechos particulares. En cuanto a la diferencia de los procesos de nulidad y plena jurisdicción, esta Corporación de Justicia ha expresado en reiteradas ocasiones lo siguiente: "Dentro de este contexto es preciso destacar que, en principio la acción pública o de nulidad se refiere al interés público o social de la conservación del orden público y en la privada o de plena jurisdicción, hace relación al particular sujeto del derecho lesionado, como es el presente caso. Asimismo, por sus consecuencias, estas acciones se diferencian, en que la nulidad declarada en acción objetiva o pública, por la naturaleza impersonal del acto acusado, produce efectos "erga omnes", como se ha dicho, liquida jurídicamente el acto. Mientras que la nulidad que surge en la de plena jurisdicción o privada, no sólo destruye el acto demandado, sino que ordena el restablecimiento del derecho subjetivo lesionado. He aquí la diferencia." (Fallo de 12 de enero de 2000) Por las razones expresada, esta Tribunal de Segunda Instancia estima que le asiste la razón a la Sustanciadora, por lo que no es posible darle curso legal a la presente demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943. En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la S. Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN el auto de 6 de agosto de 2001, que NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado O.A.A., en representación de ITZA MONTENEGRO MUÑOZ. ..." 2. Auto de 29 de octubre de 2004 ... Una vez analizados los argumentos que sustentan el recurso que nos ocupa y examinado el libelo de la demanda, el resto de los Magistrados que integran esta S. consideran que en el presente caso la parte actora escogió la vía incorrecta para hacer valer su pretensión, ya que lo procedente era interponer demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. Toda vez que en una demanda de plena jurisdicción se trata de una situación concreta en donde la persona afectada por el acto puede ejercer la acción; en el caso que nos ocupa, se observa que la sociedad EUROAMERICAN S. A. es la persona (jurídica) alcanzada en sus derechos subjetivos por el acto administrativo impugnado, dado que de conformidad con lo expresado en la demanda, Euroamerican S.A. es el propietario del globo de terreno que fue adjudicado por la Reforma Agraria a las señoras F.S.H. ó Florencia Cabrera y S.N.S. de S., viéndose afectado directamente por el acto administrativo atacado de ilegal. En relación con lo señalado previamente, la jurisprudencia de esta S. ha manifestado en numerosas ocasiones que las demandas contencioso administrativas de plena jurisdicción y de nulidad tienen diferencias tanto en los requisitos exigidos para su presentación, como en los efectos que las mismas producen. (Fallo de 12 de enero de 2000). Dentro de este contexto es preciso destacar que, la acción de plena jurisdicción puede proponerse contra actos administrativos individuales, personales, que afecten derechos subjetivos (acción privada); mientras que la acción de nulidad puede proponerse contra actos generales y puede ejercerse por cualquier persona, natural o jurídica, nacional o extranjera (acción pública). (v.g. Autos de 11 de noviembre de 1998 y 24 de septiembre de 1999). En virtud de las consideraciones explicadas, el auto venido en apelación debe confirmarse. En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la S. Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN el Auto de 29 de julio de 2004, corregido mediante Auto de 6 de agosto de 2004, que no admitió la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por la firma forense GERLI & CO, actuando en nombre y representación de EUROAMERICAN S.A. ..." 3. Auto de 23 de julio de 2007 "... El presente conflicto tiene como finalidad que esta Corporación de Justicia valore y dictamine si los individuos electos cumplen con los requisitos que estatuye la ley o si por el contrario se transgredieron las disposiciones que nuestro ordenamiento positivo establece en estos casos, lo que implica que la acción que puede ejercerse es la de nulidad. Sin embargo, el interés que muestre el demandante en las acciones contencioso-administrativas, constituye un elemento importante de diferenciación del tipo de acción que se debe ejercer, toda vez que la acción de nulidad, es de naturaleza enteramente objetiva y se interpone contra actos generales de carácter abstracto por un ciudadano que muestra interés de que los entes públicos actúen conforme al orden legal; en cambio, la acción de plena jurisdicción, que es de naturaleza subjetiva, es interpuesta cuando hay un derecho subjetivo lesionado o al menos un interés directo del agraviado por el acto administrativo impugnado, por lo que va encaminado a la reparación y al reconocimiento de determinada condición personal que sólo atañe al particular. En este sentido el Acta de Proclamación, aunque sea un acto condición, es un acto capaz de afectar derechos subjetivos de quienes no resultaron electos. De la revisión del libelo de la demanda presentada se desprende que el actor tiene un interés particular, ya que participó en una de las nominas electorales como candidato a uno de los cargos, cuya proclamación se impugna. Además, claramente manifiesta en su acción, que el hecho principal en que fundamenta la violación de las normas que considera infringidas, incide en detrimento suyo en el resultado de las elecciones, debido al estrecho margen en el porcentaje de votos recibidos. También hace referencia, cuando solicita la suspensión provisional del acto impugnado, a los graves perjuicios económicos que se le ocasionarían si el candidato electo asumía el cargo en disputa, ya que dejaría de percibir su salario. Así las cosas, efectivamente la acción que debió ejercer el profesor A.G., a través de su apoderado judicial, es la de plena jurisdicción y no la de nulidad. Si bien es cierto el error en la nominación de la acción no es suficiente para la inadmisión de la demanda, a la luz del artículo 474 del Código Judicial, es preciso recordar que el profesor A.G. también ejerció en tiempo oportuno la acción de plena jurisdicción contra este mismo acto, admitida mediante Providencia de 7 de diciembre de 2006, por lo que lo procedente es permitir que esa acción ejercida correctamente siga su curso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, y en razón de las consideraciones anotadas, la presente demanda es inadmisible y así debe declararse. En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la S. Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Panamá y por autoridad de la ley, REVOCAN el Auto de treinta y uno (31) de octubre de dos mil seis (2006) y NO ADMITEN la demanda contencioso-administrativa de nulidad, interpuesta por el Licenciado J.F.P. en representación de A.G., para que el Acta de Proclamación de Director (a) y Subdirector (a) Electo (a) del Centro Regional Universitario de Coclé 2006-2011 del 29 de agosto de 2006, emitido por el Organismo Electoral Universitario de la Universidad de Panamá, se declare nulo por ilegal. ..." Aunado a lo anterior, quienes suscriben consideran que la demanda debió ir dirigida contra el acto original o principal que infringe el ordenamiento jurídico, es decir, el Resuelto No. 3404 de 12 de febrero de 2010 y no contra la negativa tácita por silencio administrativo incurrida por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias al no haberse pronunciado, precisamente, sobre la solicitud de anulación del Resuelto No. 3404 de 12 de febrero de 2010, por medio de la cual se ampara la renovación de la marca de productos denominada GOLDEN EAGLE Y DISEÑO (DISEÑO DE ÁGUILA), a favor de la sociedad Vida Panamá, S.A. En virtud de lo antes expuesto, quienes suscriben estiman que lo procedente es revocar la Resolución de 19 de febrero de 2014 y, por consiguiente, no admitir la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado J.A.C., actuando en nombre y representación de RETAIL ROYALTY COMPANY. En consecuencia, el resto de los magistrados que integran la S. Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley PREVIA REVOCATORIA de la Resolución de 19 de febrero de 2014, NO ADMITEN la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado J.A.C., actuando en nombre y representación de RETAIL ROYALTY COMPANY, para que se declare nula, por ilegal, la negativa tácita por silencio administrativo incurrida por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, al no haberse pronunciado sobre la solicitud de anulación del Resuelto No. 3404 de 12 de febrero de 2010, por medio de la cual se ampara la renovación de la marca de productos denominada GOLDEN EAGLE Y DISEÑO (DISEÑO DE ÁGUILA), a favor de la sociedad Vida Panamá, S.A. Notifíquese Y CÚMPLASE, VICTOR L. BENAVIDES P. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ KATIA ROSAS (Secretaria)

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