Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 31 de Marzo de 2015

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución31 de Marzo de 2015
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El licenciado G.V.V., actuando en nombre y representación de EMBUTIDORA DON VICENZO, S., ha presentado Demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución Nº AR-OR-04-134 de 19 de enero de 2007, expedida por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental, su acto reformatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto impugnado se dispuso sancionar al señor V.M.R., en su condición de representante legal de la empresa EMBUTIDORA DON VICENZO, S. al pago de B/.183,613.83, en concepto de impuestos dejados de pagar y un recargo de 50% de dicha suma, por infringir el artículo 9, literal ch de la Ley No.30 de 8 de noviembre de 1984; al señor W.S.M. al pago de B/.61,204.61, en concepto de 50% del total de los impuestos dejados de pagar por la empresa EMBUTIDORA DON VICENZO, S.; y destituir e inhabilitar para ejercer cargos públicos por un periodo de dos (2) años a los funcionarios Z.E.G. de Mediana, H.Y.V. de B., D.E.L. de M., L.d.C.C.R., P.S. y C.T.L.. El acto en referencia advierte que dichos montos debían pagarse dentro de cuarenta y ocho horas hábiles, contados a partir de que la Resolución No. AR-OR-04-134 de 19 de enero de 2007, quedara ejecutoriada.

Igualmente, el acto principal demandado, resuelve remitir copia autenticada a la Junta de Evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de que pondere la actuación del agente corredor de aduanas W.S.M..

La Resolución Nº AR-OR-04-134 de 19 de enero de 2007, fue recurrida en apelación, en virtud del cual la Comisión de Apelaciones Aduaneras, mediante la Resolución N°715-04-100-CA de 26 de diciembre de 2007, resolvió lo siguiente:

"DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN de las sanciones impuestas al señor V.M. y a W.S.M. en la Resolución No. AR-OR-04-134 de 19 de enero de 2007, de pagar el 50% de recargo en concepto de multa cuya suma asciende a Sesenta y Un Mil Doscientos Cuatro Balboas Con 61/100 (B/.61,204.61), cada uno.

DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN de la sanción de destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de dos (2) años impuesta a los funcionarios Z.E.G.D.M., H.Y.V.D.B., D.E.L. DE MEDIANA, L.D.C.C.R., P.S.Y.C.T.L..

MANTENER la obligación a la empresa EMBUTIDORA DON VICENZO, S., a través de su representante legal, el señor V.M.R., de pagar la suma de Ciento Veintidós Mil Cuatrocientos Nueve Balboas con Veintidós Centésimos (B/.122,409.22), en concepto de impuestos dejados de pagar al Tesoro Nacional.

ORDENAR la remisión de copias autenticadas a la Junta de Evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas a fin de que pondere la actuación del Agente Corredor de Aduanas G.S.M., en el presente proceso.

COMPULASAR las piezas pertinentes del expediente, para que se levante una investigación administrativa contra los funcionarios aduaneros involucrados en el proceso.

DEVOLVER el expediente al juez a quo para que prosiga con los trámites procesales respectivos, una vez anotada su salida en el libro de registro correspondiente."

  1. PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

    La pretensión planteada por la parte actora en la demanda consiste en que se declare nula por ilegal, la Resolución AR-0R-04134 de 19 de enero de 2007, emitida por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental, y su acto reformatorio, la Resolución N° 715-04-100-CA de 26 de diciembre de 2007, dictada por la Comisión de Apelaciones Aduaneras de la Dirección General de Aduanas.

  2. DISPOSICIONES QUE FIGURAN COMO INFRINGIDAS POR LAS RESOLUCIONES DEMANDADAS, Y EL CONCEPTO DE SU INFRACCIÓN.

    Considera la parte actora, que la Resolución AR-OR-04134 de 19 de enero de 2007 infringe de manera directa por omisión, el artículo 62 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo General, el cual enumera los supuestos en los que una entidad pública puede revocar o anular de oficio un acto administrativo en firme, mediante el cual se reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, y establece el procedimiento especial en materia de revocatoria de un acto administrativo. Para mayor comprensión nos permitimos citar los argumentos del actor respecto a ésta infracción:

    "Conforme a lo establecido en la norma supracitada, para poder revocar o anular el acto administrativo, la infracción debió, en primera instancia, advertir una serie de condiciones sine qua non para ello, a saber: 1). Si el acto administrativo fue dictado por sin competencia para ello, situación que no impera en el presente caso, como quiera que las declaraciones aduaneras y la fijación de aranceles fueron aprobadas por los funcionarios de la Dirección General de Aduanas; 2)- cuando el beneficiario haya incurrido en declaraciones o pruebas falsas, cosa que tampoco ocurrió ya que el caudal probatorio es lo suficientemente claro al establecer que EMBUTIDORA DON VICENZO, S., declaró exactamente lo que importó y sobre la base de ello fue que la Dirección de Aduanas aprobó la fijación del arancel que le correspondía; 3)- si el afectado consiente la revocatoria del acto administrativo que fijó el arancel que pagó; 4)- cuando así lo disponga una norma especial; lo cual tampoco ocurre, ya que no existe ninguna norma especial que aborde el tema de revocatoria del acto administrativo en materia aduanera.

    Además de que no se constituyó ninguna causal que diera lugar a la revocatoria del acto administrativo, tampoco se cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 62 de la Ley 38 de 2000, en cuanto que este proceso se tramita con la audiencia del Ministerio Público, además de que tampoco se dio oportunidad de acceder a los principios de contradictorio en impugnación que también recoge la norma precitada.

    Conforme a lo expuesto, queda en evidencia que la autoridad administrativa recurrida vulneró el contenido del artículo 62 de la Ley 38 de 2000, en concepto de violación por omisión, toda vez que no aplicó una norma específica que regula el procedimiento especial en materia de revocatoria de un acto administrativo, vulnerándose, por ende, en concepto de violación por omisión el contenido del artículo 32 de la Constitución Política que versa sobre el debido proceso como quiera que no se cumplió con el debido procedimiento". (Sic)

    Igualmente, el apoderado judicial de la parte actora estima como infringido por violación directa, el artículo 7 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984, mediante la cual se dictan medidas sobre del contrabando y la defraudación aduanera y se adoptan otras disposiciones, disposición ésta que establece, que la acción para exigir responsabilidad derivada de faltas prescribe en un (1) año, contado desde el momento que nace el hecho que lo originó. La infracción de esa norma dice haberse producido por indebida aplicación, explicando que la Entidad demandada solamente aplicó esa norma para declarar la prescripción de la multa, pero dicha norma establece el término de un (1) año para ejercer la acción, contado desde que ocurrió el hecho.

  3. INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

    De la demanda instaurada se corrió traslado al Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental, para que rindiera un informe explicativo de su actuación, el cual fue aportado adjunto con la Nota Nº 710-01-802-ARAZO de 4 de junio de 2008, en el cual se explica fundamentalmente, que el acto acusado de ilegal, nació en virtud de la apertura de un proceso penal aduanero, contra el señor V.M. y EMBUTIDORA DON VICENZO, S., toda vez, que en un Informe de Auditoria de Procedimientos, de la Dirección General de Aduanas, realizado el 28 de diciembre de 2005, en ejercicio de la fiscalización de la importación, de la exportación, tránsito de mercancías y demás actividades relacionadas con el comercio exterior, y basado en el artículo 6, numeral 4 de la Ley No.16 de 29 de agosto de 1979, que crea la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Tesoro, se le asigna funciones y se dictan otras disposiciones, y en el artículo 11, numeral 2 del Decreto Ejecutivo No.42 de 24 de noviembre de 1983, que reorganiza la Dirección General de Aduanas, se determinó, que la mencionada empresa había dejado de pagar al Tesoro Nacional, impuestos de importación por la suma total de Ciento Veintidós Mil Cuatrocientos Nueve Balboas con Veintidós Centésimos (B/.122,409.22), lo cual fue detectado en siete (7) distintas declaraciones de aduanas identificadas como: 2004-62583-9 de 20 de abril de 2004, 2004-85856-6 de 28 de mayo de 2004, 2004-126717-1 de 6 de agosto de 2004, 2004-173232-9 de 22 de octubre de 2004, 2005/19147-5 de 4 de febrero de 2005, 2005/57600-8 de 12 de abril de 2005, y la de 2005/11818-9 de 27 de julio de 2005.

    Así, explica el funcionario en comento, quedó determinada la discrepancia en las partidas arancelarias, porque se hicieron declaraciones en una fracción arancelaria distinta a la que correspondía, con una tarifa más baja, por lo que procedía aplicar los artículos 7 y 9, literal ch) de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984, por la cual se dictan medidas sobre el contrabando y la defraudación aduanera, y el artículo 14 del Decreto de Gabinete N°41 de 11 de diciembre de 2002, que desarrolla las disposiciones concernientes al Régimen de Aduanas de acuerdo a lo establecido en la Ley 41 de 1 de julio de 1996, por la cual se dictan normas generales a las que debe sujetarse el Consejo de Gabinete al expedir las disposiciones concernientes al Régimen de Aduanas.

    La autoridad demandada describe lo acaecido en el procedimiento seguido por razón de los hechos investigados, y resalta, que el proceso no es de naturaleza administrativa, sino penal, por razón de que los delitos y las faltas aduaneras están tipificados en la Ley No.30 de 1984, que es de naturaleza penal, cuyas decisiones no son susceptibles de demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción.

    Con relación a la prescripción indica, que la legislación aduanera contempla por un lado la prescripción de la acción para exigir la responsabilidad por la transgresión a la Ley penal aduanera que se fija en uno (1) o tres (3) años dependiendo de la calificación de la conducta de acuerdo con los artículos 7 y 51 de la Ley No.30 de 8 de noviembre de 1984; y, la prescripción de las obligaciones tributarias aduaneras, que es de quince (15) años, contados a partir de la fecha en que se constituye el hecho generador, conforme los artículos 8 y 14 del Decreto de Gabinete No.41 de 11 de diciembre de 2002.

    Finalmente expone la autoridad demandada, que en el caso que ocupa nuestra atención, no son aplicables las disposiciones de la Ley No.38 de 1 de julio de 2000, en virtud de que al tratarse de un proceso penal aduanero, el mismo se sustancia conforme el procedimiento contenido en el Libro VII, Títulos II y IV del C.F..

  4. OPINIÓN DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN.

    Mediante Vista Nº 122 de 11 de febrero de 2009, el Procurador de la Administración, solicita a la S. que declare que no es ilegal la Resolución AR-OR-04-134 de 19 de enero de 2007, emitida por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental, de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Economía y Finanzas, ni su acto reformatorio, porque no quedan comprobados los cargos de ilegalidad sustentados por el actor, fundado en que el artículo 62 de la Ley 38 de 2000, que dice el recurrente haberse infringido, no es aplicable al caso que nos ocupa.

    En cuanto al cargo de ilegalidad por infracción del artículo 7 de la Ley No.30 de 8 de noviembre de 1984 estima, que el mismo no se verifica, ya que el término de prescripción de un (1) año establecido en dicha norma se circunscribe sólo a la acción para exigir la responsabilidad derivada de las infracciones aduaneras, ya que el plazo para requerir el pago de los gravámenes generados por la falta investigada es de quince (15) años contados a partir de la fecha en que se constituyó el hecho que dio lugar a la obligación tributaria aduanera, conforme lo prevé el artículo 14 del Decreto de Gabinete No.41 de 11 de diciembre de 2002.

  5. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA.

    1. Competencia

      Esta S. de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, promovida contra los actos administrativos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 97, numeral 1 del Código Judicial.

      No obstante lo anterior, previo al análisis de los cargos de ilegalidad presentados por la parte actora, es necesario aclarar, que los actos administrativos que se pretenden anular fueron emitidos dentro de un proceso penal aduanero, con un carácter especial y naturaleza distinta a los procedimientos administrativos en general, en el cual la Ley le otorga al Administrador Regional de Aduanas una facultad jurisdiccional para este tipo de procesos, convirtiendo el acto que se emite dentro del mismo en un acto jurisdiccional, a pesar de ser emitido por una autoridad administrativa, en el cual se determinó que no se dio la comisión de un delito sino de una falta administrativa y se impone una sanción de carácter administrativo, consistente en una multa, en virtud de ello, es que la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia entra a conocer el presente caso; ya que el control de legalidad que se ejerce en este sentido, recae sobre actuaciones administrativas en ejercicio de la función administrativa que ejercen las autoridades públicas.

      En ese sentido, los actos administrativos demandados, no surten los efectos propios de un proceso penal aduanero, ya que, una vez terminar este proceso, mediante la absolución por el delito, y al imputarse la comisión de una falta de carácter administrativo, queda investido de la función administrativa, el funcionario que llevaba la investigación penal aduanera, ya que confluyen en la misma persona la función administrativa y la función penal aduanera, y esta situación produjo como resultado la imposición de una sanción de naturaleza administrativa.

    2. Legitimación activa y pasiva

      En el presente caso, la parte demandante, lo es la sociedad EMBUTIDORA DON VICENZO, S., como persona jurídica que recurre en defensa de sus derechos e intereses, contra la Resolución N° AR-OR-04-134, de 19 de enero de 2007, dictada por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental, y su acto reformatorio, contenido en la Resolución No.715-04-100-CA, de 26 de diciembre de 2007, emitida por la Comisión de Apelaciones Aduaneras de la Dirección General de Aduanas, que le fueron desfavorables, razón por la cual dicha sociedad se encuentra legitimada para promover la acción examinada.

      El acto demandado fue emitido por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental, entidad estatal, con fundamento en la Ley 16 de 29 de agosto de 1979, que crea la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Tesoro, Decreto de Gabinete N° 42 de 8 de noviembre de 1983, que reorganiza la Dirección General de Aduanas, la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984, por la cual se dictan medidas sobre el contrabando y la defraudación aduanera, el Decreto de Gabinete 41 de 11 de diciembre de 2002, que desarrolla las disposiciones concernientes al Régimen de Aduanas, y el C.F. , quien funge como sujeto pasivo en el presente proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción.

      La Procuraduría de la Administración en la Demanda de Plena Jurisdicción, por mandato del numeral 2 del artículo 5 de la Ley No.38 de 31 de julio de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo General, actúa en interés y defensa de la Administración.

    3. Problemas Jurídicos a resolver en la presente controversia

      Observa la S. que las disconformidades del demandante se dirigen, primero a la figura de la revocatoria del acto administrativo, al señalar que las declaraciones aduaneras y la fijación de aranceles por parte de la Entidad demandada, constituyen actos en los que se reconocen derechos y que se encontraban en firme; sin embargo, se revocaron por el acto acusado de ilegal, sin cumplir con el procedimiento dispuesto en el artículo 62 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000; y, en segundo lugar, se plantea que la entidad demandada solo aplicó el artículo 7 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984, en lo que respecta a la prescripción de la multa, no así en lo que dice respecto del término de prescripción para ejercer la acción, que es de un (1) año contado desde que ocurrió el hecho.

      De lo planteado, deducimos en el presente caso como problemas jurídicos a resolver, los siguientes: Si la decisión del Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental, consistente en sancionar con multa a EMBUTIDORA DON VICENZO, S. y al corredor de aduana; y asimismo sancionar a funcionarios de la entidad demandada, vulneró la norma legal sobre la revocatoria del acto administrativo; y, si la decisión de la Comisión de Apelaciones Aduaneras de la Dirección General de Aduanas, al declarar prescrita las sanciones dispuestas en el acto original, es decir, en la Resolución N° AR-0R-04-134 de 19 de enero de 2007, dejó de aplicar debidamente el artículo 7 la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984, sobre la prescripción para exigir responsabilidad por faltas aduaneras.

      Entrando a resolver los cargos de ilegalidad esbozados por el actor, observa la S., que la acción en examen tuvo su génesis en unas sumarias cuya instrucción ordenó el Administrador General de Aduanas, Zona Oriental, mediante la Resolución AL-ARA-003 de 8 de febrero de 2006, en virtud de una auditoria que se realizó en la empresa EMBUTIDORA DON VICENZO, S., en la cual se determinó que la misma había importado embutidos de cerdo, clasificándolos en la fracción arancelaria 0303.19.00 con tarifa de 5%, cuando correspondía declararlos en la fracción arancelaria 1601.00.31 con tarifa arancelaria de 30%, de lo cual resulta un monto dejado de pagar al Estado.

      En el primer problema jurídico planteado, esta Corporación considera importante partir expresando, que si bien el artículo 62 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, sobre el Procedimiento Administrativo General, enuncia causales específicas y el procedimiento para que una entidad pública pueda revocar de oficio una resolución en firme, también queda entendido que no a toda actuación de una autoridad estatal le es aplicable esa figura jurídica, en virtud de que el acto a que refiere esa norma a revocar, debe cumplir ciertos presupuestos, como lo es, que se trate de una resolución en firme que haya reconocido derechos a favor de terceros.

      Siguiendo el orden, es de lugar apuntar que la misma Ley 38 de 31 de julio de 2000, define Resolución, como el "acto administrativo debidamente motivado y fundamentado en derecho, que decide el mérito de una petición, pone término a una instancia o decide un incidente o recurso en la vía gubernativa. Toda resolución debe contener el número, fecha de expedición, nombre de la autoridad que la emite y un considerando en el cual se expliquen los criterios que lo justifican. La parte resolutiva contendrá la decisión, así como los recursos gubernativos que proceden en su contra, el funcionario de derecho y la firma de los funcionarios responsables."

      Cabe señalar también, que consecuente con lo anterior, la Ley en comento, al definir revocatoria señala, "es la decisión adoptada por autoridad competente que deja sin efecto una decisión o acto anterior".

      Lo anterior pone de manifiesto, que la viabilidad de aplicar el artículo 62 de la Ley 38 de 2000, dependerá de que estemos frente a una resolución en firme en que la autoridad haya adoptado una decisión que reconozca derechos a terceros.

      Ahora bien, como lo hemos expresado antes, el acto acusado sancionó a la parte actora y otros, por incurrir en una conducta tipificada como falta en la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984, en la cual se dictan medidas sobre el contrabando y la defraudación aduanera y se adoptan otras disposiciones. En ninguna medida, la declaración aduanera que motiva la investigación sumarial, y la fijación arancelaria determinada en ella, constituye una resolución en la que la autoridad haya adoptado una decisión que reconociera derechos a favor del demandante, y que basado en ello, dicha autoridad ejecutó la facultad de revocatoria mediante el acto administrativo demandado.

      El artículo 9 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984, que es una de las normas en que se fundamenta el acto acusado, establece como conducta que constituye falta grave, los errores de los importadores que provoquen menores derechos, impuestos, tasas o contribuciones de los que les corresponde aplicar o recibir a la Aduana, en la proporción establecida en el parágrafo 1 del artículo 553 del C.F., pues basta con que se incurra en esa conducta, para que la autoridad pueda imponer la sanción consagrada en dicha Ley.

      Por otro lado, el artículo 10 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984, establece las conductas que constituyen faltas graves de los funcionarios aduaneros, entre las que se menciona la acción u omisión del funcionario, permitiendo que se incumplan requisitos establecidos en los reglamentos, norma aplicada en el caso que nos ocupa, al sancionarse a varios funcionarios de aduanas por incurrir en esa falta.

      Lo expresado pone de manifiesto, que en la materia que nos ocupa existe un procedimiento especial aplicable, a aquellas conductas como: incurrir en errores al hacer la declaración aduanera que provoque el pago de menos impuestos, y cuando el funcionario por acción u omisión permita el incumplimiento de los requisitos exigidos en los reglamentos, cuestiones que se puede ver, fueron fundamento del acto acusado de ilegal, lo cual también impide entender, que aplica, por efecto de una declaración aduanera y la fijación arancelaria, el artículo 62 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000.

      Las consideraciones expresadas, llevan a esta S. a concluir que existen suficientes fundamentos jurídicos de que el artículo 62 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, no es aplicable al caso que nos ocupa, coincidiendo de esta manera con el criterio exteriorizado por el señor Procurador de la Administración. Por tanto, mal puede prosperar el cargo de ilegalidad que dice la parte actora haberse producido a dicha norma, al emitirse la Resolución No. AR-OR-04-134 de 19 de enero de 2007, por parte del Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental.

      Respecto al siguiente problema jurídico planteado, éste se refiere a determinar si la decisión de la Comisión de Apelaciones Aduaneras de la Dirección General de Aduanas, al declarar prescrita las sanciones dispuestas en el acto originario, es decir, la Resolución N° AR-0R-04-134 de 19 de enero de 2007, dejó de aplicar debidamente el artículo 7 la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984, sobre la prescripción para exigir responsabilidad por faltas aduaneras.

      Al respecto esta S. estima que, la acción ejecutada por la autoridad demandada mediante Resolución No.715-04-100-CA de 26 de diciembre de 2007, al declarar prescritas las sanciones impuestas a V.M.R. y G.S.M., consistentes en pagar, cada uno de ellos, la suma de B/.61,204.61 en concepto de multa; así como declarar prescrita la sanción de destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de dos (2) años impuesta a Z.E.G. de M., H.Y.V. de B., D.E.L. de M., L.d.C.C.R., P.S. y C.T.L., se compadece de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984, por la cual se dictan medidas sobre el contrabando y la defraudación aduanera y se adoptan otras disposiciones, el cual dispone lo siguiente:

      Artículo 7: La acción para exigir responsabilidad derivada de las faltas prescribirá en el plazo de un año contado desde el momento de nacimiento del hecho que lo origina.

      De la lectura de la Resolución No.715-04-100-CA de 26 de diciembre de 2007, se desprende que ésta fue la norma utilizada por la Autoridad Administrativa, en Segunda Instancia, para declarar la prescripción de las sanciones impuestas; y se decide mantener la obligación a la EMBUTIDORA DON VICENZO, S., a través de su representante legal el señor V.M.R., de pagar la suma de B/.122,409.22, en concepto de impuesto dejado de pagar al Tesoro Nacional.

      De la lectura del artículo 7 citado, interpreta la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que la prescripción aludida es de la acción para exigir la responsabilidad derivada de las faltas, de lo cual queda entendido también, que el cómputo de ese año, aplica cuando se haya deslindado responsabilidad por incurrir en una de las faltas que dispone la Ley, en este caso la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984, que dicta medidas sobre el contrabando y la defraudación aduanera, lo que vemos se dio con el acto acusado.

      Consecuentemente con lo expresado, debemos referirnos al artículo 14 del Decreto de Gabinete No.41 de 11 de diciembre de 2002 que señala, que las deudas aduaneras prescriben a los quince (15) años, y descarta las alegaciones de la parte actora en el sentido de que la Comisión de Apelaciones Aduaneras de la Dirección General de Aduanas, no se refiere a la prescripción de la multa. Dicha norma dispone lo siguiente:

      "Artículo 14. La acción de la Administración Aduanera es determinar los gravámenes y deudas aduaneras, exigir su pago, comprobar los pagos, efectuar rectificaciones y ajustes, aplicar recargos y sanciones. Las deudas aduaneras prescribirán en el término de quince (15) años contados a partir de la fecha en que se constituye el hecho generador de la obligación tributaria aduanera.

      La prescripción de las obligaciones tributarias aduaneras se interrumpirá mediante cualquier gestión que la Administración Aduanera notifique al sujeto pasivo.

      Los términos de prescripción anteriormente descritos no transcurrirán mientras el proceso penal aduanero se encuentra en la etapa de sustanciación".

      Planteado lo anterior, es de lugar señalar, que si bien la Resolución No.715-04-100-CA de 26 de diciembre de 2007, emitida por la Comisión de Apelaciones Aduaneras, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el acto principal, la Resolución No. AR-OR-04.134 de 19 de enero de 2007, hizo ciertas declaraciones no establecidas en este último acto, como la prescripción de las sanciones impuestas al señor V.M.R. y W.S.M. y la prescripción de la acción de destitución e inhabilitación impuestas a determinados funcionarios de la entidad demandada, se observa que consecuentemente con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984 y en el artículo 14 del Decreto de Gabinete No.41 de 11 de diciembre de 2002, se mantuvo la sanción impuesta a la parte actora, es decir, EMBUTIDORA DON VICENZO, S., por impuestos aduaneros dejados de pagar más los recargos.

      En consecuencia, el cargo de ilegalidad planteado por la parte actora con relación al artículo 7 de la Ley No.30 de 8 de noviembre de 1984, respecto a la Resolución No.715-04, de 26 de diciembre de 2007, emitida por la Comisión de Apelaciones Aduaneras, es decir, el cargo de interpretación errónea, no ha sido probado por cuanto el funcionario al aplicar la norma le dio el sentido correcto a la disposición, al mantener la multa impuesta a la sociedad EMBUTIDORA DON VICENZO, S., en virtud de que las deudas aduaneras prescriben en el término de quince (15) años, contados desde que se constituye el hecho generador de la obligación tributaria aduanera, en atención a lo establecido en el artículo 14 del Decreto de Gabinete No. 41 de 11 de diciembre de 2002, término éste que no ha transcurrido en el caso que analizamos, por lo que dicho acto reformatorio no es nulo por ilegal.

      Por lo antes expuesto, la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES, la Resolución AR-OR-04-134 de 19 enero de 2007, expedida por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental y la Resolución No.715-04-100-CA de 26 de diciembre de 2007, emitida por la Comisión de Apelaciones Aduaneras, de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Economías y Finanzas, dentro de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por EMBUTIDORA DON VICENZO, S., a través de apoderado especial.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Artículo 62 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, Ley 30 de 8 de noviembre de 1984 y Decreto de Gabinete 41 de 2002.

N.,

ABEL AUGUSTO ZAMORANO

VICTOR L. BENAVIDES P. -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

KATIA ROSAS (Secretaria)

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