Sentencia Contencioso de Supreme Court (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Marzo de 2015

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución 3 de Marzo de 2015
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: El licenciado V.A.C., actuando en nombre y representación de Corporación Bella Vista de Finanzas, S.A., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con la finalidad que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 10749-09 de 13 de noviembre de 2009, dictada por el Director Nacional de Protección al Consumidor, su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones La demanda fue admitida por la S. Tercera mediante Auto de siete (07) de abril de 2011, en el que igualmente se ordenó correr traslado de la misma a la Procuraduría de la Administración, al señor P.G. y se solicitó rendir un informe explicativo de conducta al Director Nacional de Protección al Consumidor. LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO. En la demanda se formula una solicitud dirigida a la S. Tercera para que ésta declare la nulidad por ilegal de la Resolución N° 10749-09 de 13 de noviembre de 2009. En este acto administrativo se resolvió lo siguiente: RESUELVE PRIMERO: Ordenar al agente económico CORPORACIÓN BELLA VISTA DE FINANZAS y a la Asociación Panameña de Crédito (APC), corregir el campo de la fecha del último pago a 10 de agosto de 2009, el monto del último pago a B/.100.00 y el saldo actual a B/.1,187.93 y los días de atraso a 2420 de la referencia de crédito activa N° 2002259339, cuyo titular es P.C.G.M., con cédula N° 3-87-1812. SEGUNDO: Sancionar al agente económico CORPORACIÓN BELLA VISTA DE FINANZAS, con multa de Mil Balboas (B/.1,000.00), por infringir las normas contenidas en la Ley N° 24 de 22 de mayo de 2002 y su modificación "que regula el servicio de información sobre historial de crédito de los consumidores o clientes". TERCERO: Se podrá interponer y sustentar el Recurso de Apelación ante el Administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, dentro del término de cinco (5) días hábiles, a partir de su notificación. Este recurso se concederá en efecto devolutivo. CUARTO: Se concede un término de 10 días hábiles a partir de quedar ejecutoriada esta Resolución, para la debida cancelación de la multa en las oficinas de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. De no cancelarse la misma en dicho término, se procederá a remitir el expediente al Juzgado Ejecutor para su cobro coactivo. Asimismo, se observa que la parte demandante solicita que luego de declarada la nulidad de la Resolución N° 10749-09 de 13 de noviembre de 2010, se revoque igualmente la sanción de multa pecuniaria de B/.1,000.00 a ellos impuesta. En cuanto a las normas que se estiman infringidas, sostiene la parte actora que el acto impugnado ha vulnerado, de manera directa por indebida aplicación, los artículos 23 numeral 5, 29 numeral 1, 36, 40 numerales 2 y 10, 42 numeral 2 de la Ley 24 de 22 de mayo de 2002. De igual manera, sostiene que se han vulnerado, de manera directa por omisión, los artículos 178 y 52 numerales 1 y 4 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000. Estas normas son del siguiente tenor literal: Ley 24 de 22 de mayo de 2002. Artículo 23. Los consumidores o clientes tienen los siguientes derechos: 1. ... 5. Rectificación y eliminación de la información. Tan pronto un consumidor o cliente tenga conocimiento de que se ha registrado o suministrado un dato sobre su historial de crédito erróneo, inexacto, equívoco, incompleto, atrasado o falso acerca de cualquier información de crédito o transacción económica, financiera, bancaria, comercial o industrial que le afecte, podrá exigir su rectificación o cancelación, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Título IV de esta Ley. Este procedimiento será aplicable también a todos aquellos datos o referencias de crédito que, al momento de ser promulgada la presente Ley, mantengan o manejen el agente económico y las agencias de información de datos o referencias de crédito. Artículo 29. Deberes y obligaciones de los agentes económicos. Los agentes económicos tienen los deberes y obligaciones siguientes: 1. Proporcionar información actualizada, verdadera y confiable a las agencias de información de datos, a las cuales están afiliados. Los agentes económicos tienen la obligación de comunicar a los consumidores y clientes cómo se ingresa la información en la base o banco de datos de la agencia de información de datos y cuál es el criterio utilizado por ellos para la mora o retraso en el cumplimiento de la obligación crediticia. Artículo 36. Resolución. La CLICAC, con fundamento en la solicitud que le presente el consumidor o cliente, en la documentación recabada, así como en la respuesta que haya recibido del agente económico y de la agencia de información de datos, dictará una resolución motivada dentro de los cinco días hábiles siguientes. Dicha resolución contendrá una relación sucinta de los hechos, con fundamento en las pruebas que consten en el expediente y en la información brindada, en la que decidirá si procede o no la rectificación, modificación o cancelación de datos, así como las sanciones que correspondan, de acuerdo con esta Ley, y ordenará, si ello es lo que procede, al agente económico o a la agencia de información de datos que rectifique o cancele la referencia correspondiente. Esta orden se deberá ejecutar en el término de tres días hábiles, contado a partir de fecha de la notificación de la resolución respectiva, so pena de desacato. Artículo 40. Infracciones graves. Son infracciones graves las siguientes: 1. ... 2. Mantener los archivos de los usuarios del crédito con información desactualizada. ... 10. Proporcionar, mantener y transmitir datos que no sean exactos o veraces. Artículo 42. Monto de las sanciones. Las infracciones a esta Ley se sancionarán de la siguiente manera: 1. ... 2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de mil balboas (B/.1,000.00) a cinco mil balboas (B/.5,000.00) la primera vez. De existir reincidencia en estas infracciones, las subsiguientes se considerarán muy graves. Ley 38 de 31 de julio de 2000. Artículo 178. En segunda instancia sólo se admitirán y practicarán las siguientes pruebas que presenten o propongan las partes, sin perjuicio de la facultad que otorga a la autoridad el artículo 147 de esta Ley: 1. Las que tengan el carácter de contrapruebas; 2. Las que, habiendo sido aducidas en primera instancia, no hubieren sido practicadas, si quien las adujo presenta escrito a la autoridad, a más tardar a la hora señalada para dicho fin, en el cual exprese la imposibilidad para hacerlo y los motivos que mediaron para ello, o las dejadas de practicar por el despacho sin culpa del proponente; 3. Documentos públicos, los cuales deberán presentarse durante el término para aducir pruebas; 4. Informes. Artículo 52. Se incurre en vicio de nulidad absoluta en los actos administrativos dictados, en los siguientes casos: 1. Cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional o legal; 2. Si se dictan por autoridades incompetentes; 3. Cuando su contenido sea imposible o sea constitutivo de delito; 4. Si se dictan con prescindencia u omisión absoluta de trámites fundamentales que impliquen violación del debido proceso legal; 5. Cuando se graven, condenen o sancionen por un tributo fiscal, un cargo o causa distintos de aquellos que fueron formulados al interesado. Arguye la parte actora que el acto impugnado ha vulnerado, de manera directa por indebida aplicación, los artículos 23 numeral 5, 29 numeral 1, 36, 40 numerales 2 y 10, 42 numeral 2 de la Ley 24 de 22 de mayo de 2002. Al respecto manifiesta lo siguiente: ... el acto originario en su parte resolutiva ordena a mi mandante el agente Económico CORPORACIÓN BELLA VISTA DE FINANZAS, S.A., a corregir el campo de la fecha de último pago a B/.100.00 y el saldo actual a B/.1,187.93 y los días atraso a 2420 de la referencia de crédito activa N. 2002259339 del consumidor P.C.G.M. y sanciona a mi mandante con multa de B/1,000.00 como infractor de la ley 24 de 22 de Mayo de 2002, en la que se encuentra el referido artículo 29 violado en su numeral 1, cuando mi mandante no ha incurrido en ninguno de los supuestos de hecho contemplado en ese numeral, porque no ha registrado o suministrado informaciones sobre el historial de crédito del quejoso, errónea, inexacta, incompleta, atrasada o falsa, pues, toda la información suministrada sobre el historial de crédito del quejoso es actualizada, verdadera y confiable, y es el Director Nacional de Protección al Consumidor quién en el acto originario incurre e error de Hecho sobre la existencia de la prueba cuando con fundamento en el informe del Departamento de Análisis y estudio de Mercadeo de la Institución afirma ligeramente que ene el movimiento de la cuenta del quejosos no se reflejan los créditos en concepto de abonos efectuados en el recibo N. 165 de 14 de marzo de 2009, por la suma de B/.40.00, N.170 de 30/3/2009, por la suma de B/.40.00 y N. 173 de 22/4/09 por la suma de B/.25.00, cuando esos pagos aparecen debidamente registrados en el Estado de cuenta del quejoso, en la operación del N.56, registrada globalmente por la suma de B/.440.00 el día 31 de marzo de 2009, en el que se encuentran comprendidos los recibos N.165 de 14/3/09 por la suma de B/40.00, y N.170 de 30/3/09, por la suma de B/.40.00, y en la operación N.61, registrada el día 24 de junio de 2009, por la suma global de B/.75.00, que incluye al pago documentado en el recibo N.173 de 24/4/09, por la suma de B/25.00 error de Hecho en cuanto a la existencia de la prueba... Por otro lado, sostiene que el acto confirmatorio contenido en la Resolución N° A-DPC-1720-10 de 29 de diciembre de 2010, incurrió en vulneración, de manera directa por omisión, de los artículos 178 y 52 numerales 1 y 4 de la Ley 38 de 2000. INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA. Mediante Nota AG/534-11/dv de 15 de abril de 2011, el Administrador General, Encargado, de ACODECO presentó informe explicativo de conducta en los siguientes términos: ... PRIMERO: El día 6 de julio de 2009, el consumidor P.C.G.M. promovió ante esa Institución una queja administrativa contra el agente económico CORPORACIÓN BELLA VISTA DE FINANZAS, en donde se solicita que se rectifique y modifique su historial de crédito. SEGUNDO: Con base a la denuncia presentada, esta Autoridad procedió abrir la investigación administrativa correspondiente, solicitándose a la AUTORIDAD PANAMEÑA DE CRÉDITO (APC) remitir el historial crediticio del consumidor y al agente económico CORPORACIÓN BELLAVISTA DE FINANZAS, toda la documentación que justificara las razones que motivaron el suministro de la información a la agencia de datos. TERCERO: Una vez analizada la documentación correspondiente y realizado el análisis financiero por el Departamento de Análisis y Estudios de Mercado de la Institución, se llegó a la conclusión que el agente económico había cometido una infracción contemplada en el artículo 40 de la Ley 24 del 22 de mayo del 2002, consistente en no transmitir los datos de forma exacta y veraz, ya que, entre otras cosas, se había establecido que los días de atraso del consumidor eran de 2970, cuando en realidad eran de 2420. CUARTO: Después de un análisis de las pruebas aportadas a la investigación, el Director Nacional de Protección al Consumidor mediante la Resolución N° DNP N° 10749-09 del 13 de noviembre del 2009, resolvió "Ordenar al agente económico CORPORACIÓN BELLA VISTA DE FINANZAS y a la Asociación Panameña de Crédito (ACP), corregir el campo de la fecha de último pago a 10 de agosto de 2009, el monto del último pago a B/.100.00 y el saldo actual a B/.1,187.93 y los días de atraso a 2420 de la referencia de crédito activa N° 2002259339, cuyo titular es P.C.G.M. con cédula de identidad N° 3-87-1812. ... CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: El licenciado L.E.C., actuando en representación del señor P.C.G.M., presentó escrito de contestación de la demanda señalando esencialmente lo siguiente: ... TERCERO: No es cierto, por tanto lo niego. Existió un acuerdo de pago entre CORPORACIÓN BELLA VISTA DE FINANZAS, S.A., el L.. V.A.C. y el señor P.C.G.M. razón por la cual se recibían las sumas abonadas por nuestro mandante tanto en la oficina del L.. V.A.C. como en CORPORACIÓN BELLA VISTA DE FINANZAS, S.A. Que dichos abonos fueron recibidos en forma periódica pero no eran reportados en debida forma a la Asociación Panameña de Crédito (ACP). ... QUINTO: No es cierto, por tanto lo niego. El informe presentado por el Departamento de Análisis y estudio de Mercado de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA se ajusta a derecho y a las normas contables que rigen dicha materia. SEXTO: No es cierto, en la forma expuesta, por tanto lo niego. El agente económico presento en Segunda Instancia un desglose de lo que pretendían fuese el pago global de mi mandante pero dicho desglose no contemplada la totalidad de los abonos realizados por el señor P.C.G.M.. SÉPTIMO: No es cierto, en forma expuesta, por tanto lo niego. El señor P.C.G.M. no fue quien presento Recurso Impugnativo contra LA RESOLUCIÓN DNP N° 10749-09 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009, pero contaba con la Legitimación para presentar pruebas en su defensa, por tanto no existe en dicha actuación violación al debido proceso. Por su parte, la Procuraduría de la Administración contestó la demanda mediante Vista Nº 720 de 29 de septiembre de 2011 manifestando que "la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia no se ajustó a Derecho al momento de dictar la resolución DNP-10749-09 de 13 de noviembre de 2009, por lo que se han infringido las normas invocadas por la parte actora", por lo tanto, solicitan a la S. que declaren que es ilegal el acto administrativo impugnado y se acceda a las pretensiones de la parte demandante. ( a fs. 43 a 47) DECISIÓN DE LA SALA. Verificados los trámites establecidos por Ley, la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo procede a resolver la presente controversia. De la lectura del expediente administrativo y de las pruebas aportadas, quienes suscriben alcanzan las siguientes consideraciones: Observa este Tribunal Colegiado que el fundamento medular de los argumentos de la parte actora, se centran en que se produjo una indebida aplicación de los artículos 23 numeral 5, 29 numeral 1, 36, 40 numerales 2 y 10, 42 numeral 2 de la Ley 24 de 22 de mayo de 2002, toda vez que las informaciones suministradas o registradas en el historial del crédito del señor P.C.G.M. para nada son erróneas, inexactas, incompletas, atrasadas o falsas. Primeramente, se observa que la relación crediticia entre el señor P.C.G. y el agente económico Corporación Bella Vista de Finanzas, S.A. se originó el 29 de enero de 1999 con un nuevo préstamo N° 14131 con vencimiento al 30 de enero de 2003, por razón de refinanciamiento, por la suma de B/.3,112.32. Consta a foja 43 del expediente administrativo el estado de cuenta del préstamo 14131, emitido por el agente económico donde se observa entre otras cosas lo siguiente: Fecha Documento Descripción Débito Crédito SALDO 31/03/09 127916 ABONO 440.00 1,329.45 31/03/09 REV.CARG REVERSA CARGO -100.00 1,229.45 07/04/09 127924 ABONO 300.00 929.45 07/04/09 COSTAS A COSTAS ABOGADO 490.48 1,419.93 07/04/09 GASTOS A GASTOS ADICIONAL 48.00 1.467.93 24/06/09 128807 ABONO 75.00 1.392.93 10/08/09 129241 ABONO 100.00 1,292.93 Como se observa en este estado de cuenta, el último abono realizado al préstamo 14131, fue por la suma de B/.100.00, arrojando un saldo de la obligación de B/.1,292.93. Esto se corrobora a foja 79, donde se percibe el recibo de pago N° 129241 emitido por el agente económico, en el cual se detalla el abono de los referidos B/.100.00 recibidos por el Licenciado V.A. del préstamo N° 14131. La S. aprecia en las consideraciones del acto administrativo impugnado que la Institución al emitir el acto tomó en consideración el Informe del Departamento de Análisis y Estudios de Mercado. En dicho Informe (a f. 51 y 52 de expediente administrativo) se analiza lo siguiente: Podemos detallar la diferencia entre el saldo del Estado de Cuenta (foja 40) y el último recibo (N° 127924) fechado 7 de abril de 2009 (foja 10) de la siguiente forma: Saldo según recibo B/.1,029.45 Mas: Costas abogado (07/04/09) 490.48 Gastos adicionales(07/04/09) 48.00 Menos: R. cargo (31/03/09) (100.00) Saldo al 07/04/09 B/.1,467.93 Notamos que el movimiento de la cuenta no refleja los créditos en concepto de abonos efectuados como siguen: Fecha Recibo N° Monto 14/3/09 165 B/.40.00 30/3/09 170 B/.40.00 22/4/09 173 B/.25.00 El último saldo que muestra el Estado de Cuenta al 10 de agosto de 2009 es B/.1,292.93. Al restarle los B/.105.00 que no se registraron, el saldo deudor correctamente quedaría en B/.1,187.93. No obstante, comprueba la S. que en el recibo N° 127916, visible a foja 63 del expediente administrativo, se detalla los abonos recibidos por el Licenciado Arosemena N° 165 y 170. Queda en evidencia que dichos recibos fueron contabilizados y totalizados por el monto de B/.440.00, mismos que se observan en el estado de cuenta, antes transcrito, en fecha 31/03/09. De igual manera, está acreditado en el expediente administrativo, a foja 75, que el recibo N° 173 por la suma de B/.25.00 fue contabilizado y totalizado por el monto de B/.75.00 en el recibo N° 128807, emitido por el agente económico y que se observa en el estado de cuenta bajo la fecha 24/06/09. Por otra parte, coincide esta Superioridad con lo manifestado por la Procuraduría de la Administración, en cuanto a que resulta evidente que el quejoso presentó su disconformidad ante la Autoridad el día 6 de julio de 2009, y para la respectiva investigación se debía tomar en cuenta el Reporte de referencias de crédito-consumidor emitido por la Asociación Panameña de Crédito el 4 de julio de 2009, razón por la cual este reporte no podía reflejar el último pago efectuado por el quejoso el día 10 de agosto de 2009, ya que era imposible registrar una referencia que no existía para ese momento. Al analizar los Reportes de referencias de crédito-consumidor emitidos por la Asociación Panameña de Crédito los días 4 de julio de 2009 y de 9 de marzo de 2010, se observa con meridiana claridad que los datos que aparecen en sendos reportes son exactos y veraces. Por lo tanto, razona este Tribunal Colegiado que la información que consta en el historial de crédito del señor P.G. es correcta y actualizada. En razón de lo antes expuesto, se colige claramente que la Resolución N° 10749-09 de 13 de noviembre de 2009, dictada por el Director Nacional de Protección al Consumidor, vulnera la normativa de la Ley 24 de 22 de mayo de 2002 enunciada por la parte demandante. Una vez comprobada la violación de estas disposiciones, esta S. se abstiene de efectuar pronunciamiento respecto a las normas de la Ley 38 de 2000 consideradas vulneradas por el recurrente, y procede entonces a declarar ilegal el acto demandado, así como su acto confirmatorio. Por consiguiente, la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA QUE ES ILEGAL, el acto administrativo contenido en la Resolución N° 10749-09 de 13 de noviembre de 2009, dictada por el Director Nacional de Protección al Consumidor, su acto confirmatorio y ACCEDE a las demás pretensiones solicitadas en el líbelo de demanda. N., VICTOR L. BENAVIDES P. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO KATIA ROSAS (Secretaria)

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