Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Marzo de 2015

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución24 de Marzo de 2015
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: Dentro del proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción promovido por A.A. de C. mediante apoderado especial, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal No.702 de 29 de junio de 2010, emitido por el Presidente de la República por conducto del Ministro de Obras Públicas, su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones, la parte actora ha presentado una Advertencia de Inconstitucionalidad contra los artículos 21, 30 y 32 de la Ley No.43 de 30 de julio de 2009. En primer lugar, la Sala procede, en razón del control previo de admisibilidad que tienen los Tribunales en estas cuestiones de inconstitucionalidad, al examen de la advertencia promovida, a fin de determinar si la misma cumple con los requerimientos legales y jurisprudenciales establecidos, que hagan viable su remisión al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Corporación, que tiene a su cargo el control de la constitucionalidad de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 206 de la Constitución Política de la República de Panamá. Para determinar la admisibilidad de la presente Advertencia de Inconstitucionalidad, se verificará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 206 de nuestra Carta Magna, en concordancia con el artículo 2558 del Código Judicial. El artículo 206 de la Constitución Nacional señala: "Artículo 206. La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes: 1. La guarda de la integridad de la Constitución para lo cual la Corte en pleno conocerá y decidirá, con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración, sobre la inconstitucionalidad de la Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona. Cuando en un proceso el funcionario público encargado de impartir justicia advierte o se lo advierte alguna de las partes que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional someterá la cuestión al conocimiento del pleno de la Corte, salvo que la disposición haya sido objeto de pronunciamiento por parte de ésta, y continuará el caso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir. Las partes sólo podrán formular tales advertencia una sola vez por instancia. ...". "Artículo 2558. Cuando alguna de las partes en el proceso, advirtiera que la disposición legal o reglamentaria es inconstitucional, hará la advertencia respectiva a la Autoridad correspondiente, quien en el término de dos días, sin más trámite, elevará la consulta a la Corte Suprema de Justicia, para los efectos del artículo anterior". En el segundo párrafo de la disposición constitucional, se establece lo relativo a la Advertencia de Inconstitucionalidad, y le impone al funcionario público encargado de impartir justicia que advirtiere o al que alguna de las partes del proceso le advirtiere la inconstitucionalidad de la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso, la tarea de verificar si dicha disposición ha sido objeto de pronunciamiento respecto a su constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, antes de remitir la advertencia a dicha Corporación para su admisibilidad. Por otro lado, si bien es cierto, el artículo 2558 del Código Judicial establece, que la Autoridad a quien se advirtiere que la disposición legal o reglamentaria es inconstitucional deberá, sin más trámite, elevar la consulta a la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, el Pleno de dicha Corporación de Justicia, ha señalado en reiterada jurisprudencia, que antes de que esa Corporación proceda a la revisión de una Advertencia de Inconstitucionalidad, el funcionario ante quien ésta se presente debe observar lo siguiente: 1. Que la norma aún no haya sido aplicada, 2. Que la disposición sea aplicable al caso, y 3. Que no exista pronunciamiento previo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre la misma. Sobre el control previo de admisibilidad al que estamos haciendo referencia, se pronunció el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en fallo reciente. Veamos un extracto del fallo en comento: "Según lo señalado, el actor se encuentra en desacuerdo con la actuación del Primer Tribunal Superior de Justicia, consistente en lo que se denomina control previo. Este concepto se ha establecido para aquella facultad que tienen las autoridades ante las que se presentan advertencias de inconstitucionalidad, para que realicen una revisión previa de algunos presupuestos de procedencia, que de cumplirse, les permiten abstenerse de remitir dichas acciones ante el tribunal constitucional. Ahora bien, y luego de reconocida la figura jurídica sobre la que versa esta acción, resulta necesario verificar su regulación dentro del derecho panameño, para así decantar las ideas que nos lleven a la conclusión de esta controversia. Lo primero que hay que tener presente dentro de la causa que nos ocupa, es que la figura del control previo en materia de advertencias de inconstitucionalidad, nace de lo dispuesto en el artículo 206 numeral 1 de la Constitución Nacional. Queda claro con lo anterior, que es la Carta Magna la que reconoce esta figura, aun cuando no la identifica bajo ese término. En ese orden de ideas, observamos que en esta disposición constitucional se establece uno de los presupuestos para que se surta el control previo, mismo que también ha sido desarrollado por la jurisprudencia nacional, que ha establecido otros aspectos que debe considerar la autoridad al momento de realizar dicho examen. Concluimos entonces, que la realización del control previo por parte de las autoridades ante las que se presentan las advertencias de inconstitucionalidad, bajo los supuestos que para ello se han establecido, se constituye en una obligación con la que se debe cumplir....." (Amparo de Garantías Constitucionales presentado por el licenciado T.J.A. en representación de G.B., contra la Resolución s/n de 3 de agosto de 2012, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial. Ponente: H.A. De León Batista. Fallo de 26 de julio de 2013. Ahora bien, al examinar el libelo de la advertencia, observamos que las normas cuya declaratoria de inconstitucionalidad se impetra, son los artículos 21, 30 y 32 de la Ley No.43 de 2009, que señalan lo siguiente: "Artículo 21 (transitorio).En virtud de la entrada en vigencia de la presente Ley, se dejan sin efecto todos los actos de incorporación de servidores públicos a la Carrera Administrativa realizados, a partir de la aplicación de la Ley 24 de 2007, en todas las instituciones públicas. Artículo 30.Se dejan sin efecto las acreditaciones de los funcionarios a la Carrera de Servicios Aduaneros realizadas en cumplimiento del artículo transitorio 1 y el artículo transitorio 2 del Decreto Ejecutivo 47 de 25 de junio de 2009. Artículo 32.La presente Ley es de orden público y tendrá efectos retroactivos hasta el 2 de julio de 2007". En este orden de ideas se observa, que en proceso administrativo adelantado en el Ministerio de Obras Públicas dentro del cual se emitió el acto atacado en esta jurisdicción Contencioso Administrativa, se aplicaron los artículos 21 (transitorio) y 32 de la Ley No.43 de 2009, al momento de resolver la reclamación presentada. En ese sentido, se advierte que en la Resolución No.301-10 de 26 de agosto de 2010, mediante la cual el Ministro de Obras Públicas, mantiene el contenido del Decreto de Personal No.702 de 29 de junio de 2010, por el cual se deja sin efecto el nombramiento de A.A. de C., en el cargo de Analista de Organización y Sistemas Administrativos, la autoridad señaló, que "el artículo 21 de la Ley No.43 de 30 de julio de 2009, dejó sin efecto todos los actos administrativos de incorporación de los Servidores Públicos a carrera administrativa realizados, a partir de la Ley 24 de 2007, en todas las Instituciones Públicas" (sic), y debido a ello, la actora no gozaba del derecho a la estabilidad ya que no estaba amparada bajo el régimen de carrera administrativa. De lo dicho se desprende, que las normas antes señaladas, cuya inconstitucionalidad ha sido advertida, ya fueron aplicadas dentro del procedimiento administrativo dentro del cual se presentó la Advertencia de Inconstitucionalidad. El propósito sustancial de la advertencia de inconstitucionalidad, es el de evitar que una disposición legal o reglamentaria que riñe con una norma de carácter fundamental, sirva de sustento a una decisión o pronunciamiento conclusivo de un proceso cualquiera. Es por ello, que si la norma advertida ya ha sido aplicada, la advertencia resulta inadmisible, como en este caso ocurre con los artículos 21 (transitorio) y 32 de la Ley No.43 de 2009. Respecto al artículo 30 de la Ley No.43 de 2009 debemos reiterar, que de igual manera, si la norma advertida no resulta racionalmente aplicable al caso en cuestión, no procede dar curso a la Advertencia de Inconstitucionalidad, conforme lo ha señalado la jurisprudencia de esta Alta Corporación de Justicia en fallos como el transcrito anteriormente. En el caso que analizamos se observa, que el artículo 30 se refiere a las desacreditaciones de los funcionarios a la Carrera de Servicios Aduaneros, realizadas en cumplimiento de los artículos 1 (transitorio) y 2 (transitorio) del Decreto Ejecutivo No.47 de 25 de junio de 2009, que reglamenta la Carrera del Servicio Aduanero, el cual no tiene aplicación para resolver la cuestión jurídica planteada dentro proceso administrativo adelantado ante el Ministerio de Obras Públicas, del cual deviene la Advertencia de Inconstitucionalidad, y en virtud de ello, tampoco procede remitirla al Pleno de la Corte Suprema de Justicia por tratarse de una disposición legal que no aplica para resolver el fondo de la controversia contencioso administrativa. Por las consideraciones constitucionales, legales y jurisprudenciales esbozadas, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia estima, que no procede la remisión de la Advertencia de Inconstitucionalidad presentada al Pleno de esa Alta Corporación de Justicia, en razón de que, realizado el control previo de admisibilidad, la misma no es procedente. En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO REMITE al Pleno, la Advertencia de Inconstitucionalidad presentada por A.A. de C. mediante apoderado especial, dentro de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal No.702 de 29 de junio de 2010, emitido por el Presidente de la República por conducto del Ministro de Obras Públicas, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones. N., ABEL AUGUSTO ZAMORANO VICTOR L. BENAVIDES P. -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ KATIA ROSAS (Secretaria)