Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 5 de Mayo de 2017

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución: 5 de Mayo de 2017
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
ÍNDICE
CONTENIDO

VISTOS:

La firma BC & D abogados, quien actúa en representación de A.M.R. ha presentado demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción a fin de que se declare nula, por ilegal, la Resolución No.001 de 15 de diciembre de 2015, dictada por la Dirección Regional de Salud de Panamá Este, su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

  1. POSICIÓN DE LA PARTE ACTORA. PRETENSIONES. NORMAS LEGALES QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y CONCEPTO DE LAS INFRACCIONES.

    PRETENSIONES.

    La pretensión formulada en la demanda por la parte actora consiste en:

    "1. Que se declare nula, por ilegal, la Resolución 001 de 15 de diciembre de 2015, emitida por la Dirección Regional de Salud de Panamá Este del Ministerio de Salud que resolvió:

    "1. Amonestar por el escrito a la Lcda. A.M.R., Jefa Regional de Enfermería.

    2. Informar al Servidor Público que copia de la presente resolución será anexada a su expediente.

    3. Hacer del conocimiento del Servidor Público que contra la presente resolución cabe recurso de reconsideración dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su notificación."

    2. Que es nulo, por ilegal, el acto confirmatorio del acto acusado, es decir, la Resolución No.002 de 21 de diciembre de 2015, emitida por la Dirección Regional de Salud de Panamá Este del Ministerio de Salud.

    3. Que como consecuencia de lo anterior, se deben retirar del expediente de personal de A.M.R.M., todos los documentos en los que se haga referencia a que se le amonestó por escrito.

    4. Que como consecuencia de lo anterior, la Dirección Regional de Salud de Panamá Este del Ministerio de Salud, debe disculparse públicamente con A.M.R.M., por la sanción ilegal e injusta que causó daños a su imagen como profesional de Enfermería, en especial como Jefa Regional de Enfermería.

    5. Que como consecuencia del daño moral causado a A.M.R.M., el Ministerio de Salud (Dirección Regional de Salud de Panamá Este), está obligado a pagarle una indemnización de Cincuenta mil balboas (B/.50,000.00)."

    FUNDAMENTO DE LA DEMANDA.

    La parte actora fundamenta su pretensión en los siguientes aspectos:

    La Lcda. A.M.R.M. es enfermera de profesión y labora en el Ministerio de Salud desde el año 1977, participó y ganó un concurso para el cargo de Enfermera Jefe Regional de Panamá Este, del cual tomó posesión el 17 de agosto de 2005.

    En la publicación de la convocatoria al concurso, se estableció claramente que la Jefa Regional de Panamá Este. "Es la responsable a un nivel técnico administrativo de la planificación, organización, dirección y control de todas las actividades de Enfermería dirigida a la comunidad y al área hospitalaria de la Región

    Durante el periodo de junio a diciembre de 2015, la doctora Y.B., ocupó el cargo de Directora Médica, Encargada, en ausencia del titular, doctor A.A.; y durante dicho periodo, dicha Directora Encargada modificó los procedimientos internos y las asignaciones de funciones legalmente establecidas a nuestra representada.

    Como parte de sus decisiones administrativas, la entonces Directora Médica Encargada, se tomó la atribución de coordinar el recurso humano de enfermería, distribuir al personal en los diferentes servicios, planificar y programar permanentemente las actividades y tareas de las enfermeras en los centros de salud de la Región, incluso asignarle horarios de turnos a nuestra representada, quien es la jefa Regional y anteriormente ha cubierto turnos de forma voluntaria por ausencia de alguna enfermera, a fin de que no se suspenda el servicio.

    Las mencionadas decisiones las hizo públicas, y entre ellas ha señalado que los cronogramas y organización anual hecha por la demandante DEBEN SER DESESTIMADOS, ya que la Dirección Regional realizará dicha actividad.

    El 27 de noviembre de 2015, la Directora Regional Encargada, remitió a la Oficina Institucional de Recursos Humanos el formulario No.2 con una solicitud de imposición de sanción en contra de A.M.R., en la que señaló lo siguiente:

    "En mi condición de superior jerárquico hago de su conocimiento que en el día de hoy, hemos tomado la decisión de Amonestar por escrito, a la Lcda. A.M.R., por falta cometida, a la cual fui enterada el 6 de noviembre de 2015.

    La falta consiste en que la Lcda. Ramos dirigió notas a D.M., sin conducto de la Dirección Regional, saltándose el orden jerárquico establecido, a pesar de haber dado instrucciones claras desde el inicio de nuestra administración, con respecto a dicho procedimiento".

    Señala la parte actora que ésta presentó sus descargos el 3 de diciembre de 2015, en los que claramente indicó que ocupaba el puesto de Jefa Regional de Enfermería, el cual se ganó por concurso, señaló cuáles eran sus funciones y responsabilidades y resumen de tareas de acuerdo al Manual Institucional de Clases Ocupacionales;

    La Directora Regional Encargada, emitió la Resolución 001 de 15 de diciembre de 2015, que constituye el acto acusado, a través de la cual amonestó por escrito a nuestra representada, alegando que había infringido los artículos 10 y 92, numeral 8 del Reglamento Interno de la Institución.

    Señalan que haber sido sancionada y que la situación sea de conocimiento de todo el personal de la Oficina Regional, ha causado en la demandante una afectación en sus sentimientos lo que influye en su desenvolvimiento en el entorno laboral y ha repercutido en su vida profesional y privada. La demandante se siente sin posibilidades, que no sea por la vía judicial, de poder recuperar sus funciones y tareas, su espacio y posicionamiento de Jefatura en la Regional, lo que se ha ganado con su preparación académica, concurso de méritos, experiencia de más de 30 años de servicio de salud.

    NORMAS QUE SE CONSIDERAN VULNERADAS.

    La parte actora considera que el acto administrativo cuya declaratoria de nulidad solicita infringe las siguientes disposiciones:

    El artículo 168 de la Ley 66 de 10 de noviembre de 1947, que aprueba el Código Sanitario que resalta que para los efectos de supervigilancia profesional, moral y administrativa general, existirá una sección de enfermería en la Dirección de Salud Pública, bajo el Consejo Técnico de Salud Pública.

    Los artículos 172 y 182 del Decreto Ejecutivo 222 de 12 de septiembre de 1997, que reglamenta la Ley 9 de 20 de junio de 1994, que establece y regula la Carrera Administrativa, los cuales señalan que la aplicación de una sanción disciplinaria deberá ser el resultado final de un procedimiento administrativo donde se hayan investigado los hechos y de igual manera señala que no se aplicarán sanciones disciplinarias en los casos en que la actuación del servidor público se haya enmarcado en el cumplimiento de los deberes y en el ejercicio de los derechos que le hayan sido reconocidos en la Ley, ese Decreto y demás reglamentaciones.

    El Manual de Operaciones de Funciones, Nivel Operativo-Ejecutivo, de la Dirección General de Salud instituido por la Resolución 1143 de 9 de diciembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial 27005 de 30 de marzo de 2012, que señala que el Departamento de Enfermería depende jerárquicamente de la Sub Dirección de Salud de la Población.

    El Manual Institucional de Clases Ocupacionales para el cargo de Enfermera Jefe Superior, aprobado por la Dirección General de Carrera Administrativa que señala lo referente al resumen de tareas en la profesión de enfermería, la descripción del Trabajo y la naturaleza de la tareas.

    Los artículos 10, 92 (numeral 8), 93 (numeral 1) y 103 de la Resolución Administrativa 026-REC/HUM/DAL DE 19 de marzo de 2001, que establece los canales de comunicación; los deberes y los derechos de los servidores públicos; y de la investigación que procede a la aplicación de sanciones disciplinarias, y que además en su parágrafo señala que las copias de los documentos de la investigación realizada, como de los documentos mediante los cuales se establezca las sanciones disciplinarias, se registrarán y archivarán en el expediente del servidor.

    El artículo 34 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, establecen los principios que informan el procedimiento administrativo general.

  2. INFORME DE CONDUCTA DEL MINISTERIO DE SALUD.

    De la demanda instaurada se corrió traslado al Ministerio de Salud a través del oficio No.1001 de 11 de abril de 2016, para que rindiera un informe explicativo de su actuación, el cual fue aportado mediante Nota No.55/Sub-D.M de 25 de mayo de 2016, el cual en su parte medular señala lo siguiente:

    "(...) La Dirección Regional de Salud de Panamá Este emite circular No.2 de 5 de septiembre de 2014, dirigida y en conocimiento de los Directores Médicos, C. y Jefes de Departamentos, donde se establece "que todas las notas que salen de la institución de Salud, deben llevar el conducto de la Dirección o Subdirección Médica". Lo anterior a fin de llevar el control de las comunicaciones y correspondencias a lo externo de la Dirección Regional.

    Que a pesar de esta instrucción, la Lcda. A.M.R.M., emite diversas notas de cambios de personal dirigidas a los Directores Médicos de instalaciones de salud adscritas a la Dirección Regional, sin el conducto claramente establecido, desobedeciendo órdenes directas impartidas.

    Que en consecuencia, y en ejercicio de nuestras facultades legales, iniciamos un proceso disciplinario contra la Lcda. A.M.R.M., en el cual se dicta Resolución No.001 de 15 de diciembre de 2015, de la Dirección Médica Regional de Panamá Este, en donde se resuelve AMONESTAR POR ESCRITO a la Lcda. A.M.R.M., por infringir los artículos 10 y 92 numeral 8 del Reglamento Interno del Ministerio de Salud (Resolución No.026-REC/HUM/DAL de 19 de marzo de 2001).

    Que el proceso administrativo aplicado a la Lcda. A.M.R.M. cumple con el debido proceso toda vez que en el orden cronológico se realizaron las siguientes acciones, lo cual consta en el expediente de personal de la funcionaria.

    (...) Que en consecuencia, en el trámite del proceso administrativo disciplinario levantado contra la Lcda. A.M.R.M., hemos seguido toda la normativa que tanto el Reglamento Interno Institucional, como las leyes generales de procedimiento administrativo exigen, por lo que no hemos vulnerado el debido proceso, como lo alega la funcionaria a través de su representante legal.

    Que estamos facultados por la ley, de iniciar un proceso disciplinario, toda vez que se faltó a directrices reiteradas, desde el inicio de nuestra administración, las cuales demostró en puntos anteriores, existen en la normativa del Ministerio de Salud."

  3. OPINIÓN DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN.

    Mediante Vista No. 1151 de 21 de octubre de 2016, el representante del Ministerio Público, solicita a la Sala que declare que NO ES ILEGAL la Resolución 001 de 15 de diciembre de 2015, emitida por la Dirección Médica Regional de Panamá Este y, en consecuencia, se desestimen las demás pretensiones del demandante, en virtud de que el proceso disciplinario seguido a la recurrente se tramitó de acuerdo con el procedimiento establecidos en las normas que rigen para los efectos correspondientes, siendo que la actora no cumplió con las instrucciones impartidas por parte de la Doctora Yilany Bernardo, Directora Regional de Panamá Este, al desconocer el orden jerárquico establecido en el Reglamento Interno.

    Finalmente, plantea el Procurador de la Administración que con respecto a la solicitud que hace la actora para que la Sala Tercera declare a la institución de salud, como responsable por el supuesto daño moral ocasionado por la emisión del acto administrativo impugnado, esta Procuraduría advierte que en el sentido de la determinación de posibles daños y perjuicios es un elemento característico propio de los procesos contencioso administrativos de indemnización o reparación directa y no de los de plena jurisdicción, sin que pueda incluirse en esta última la reclamación de una compensación económica, por lo que tal pretensión debe ser desestimada por ese Tribunal.

  4. ALEGATOS.

    La parte actora, señala en sus alegatos que todo lo aportado y aducido por su persona permite comprobar que el acto acusado ha violado múltiples normas y procedimientos legales, por lo que solicitamos respetuosamente a ese Tribunal que el mismo sea declarado NULO POR ILEGAL la Resolución 001 de 15 de diciembre de 2015, emitida por Dirección Regional de Salud de Panamá Este del Ministerio de Salud y su acto confirmatorio, que como consecuencia, se retire del expediente de personal de A.M.R.M., el documento a través del cual se le sancionó; que como consecuencia de lo anterior; se ordene a la entidad demandada disculparse públicamente con A.M.R.M., por la sanción ilegal e injusta que causó daños a su imagen como profesional de la enfermería, en especial como Jefa Regional de Enfermería.

    También señalan que como quiera que se ha demostrado que se ha causado un daño y en este caso, daño moral a A.M.R.M., por implicar la parte humana y profesional que esto encierra, la Dirección Regional de Salud de Panamá Este, por conducto del Ministerio de Salud, sea obligada al pago de una indemnización por la suma de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00) a A.M.R.M..

    Por su parte, la Procuraduría de la Administración a través de la Vista 1479 de 30 de diciembre de 2016, señala que de las constancias procesales, se desprende que las pruebas admitidas no logran acreditar lo señalado por A.M.R.M. en sustento de su pretensión, de ahí que este Despacho estima que la demandante no asumió en debida forma la carga procesal a la que se refiere el artículo 784 del Código Judicial que obliga a quien demanda a acreditar los hechos que dan sustento a su pretensión;

    Señalan además que de los precedentes judiciales se infiere que tiene que el actor cumpla con su responsabilidad de acreditar su pretensión ante la Sala Tercera, por lo que, en ausencia de mayores elementos de prueba que den sustento a la demanda presentada por A.M.R.M.; es por lo que la Procuraduría solicita a esta Superioridad que declaren que NO ES ILEGAL la resolución 001 de 15 de diciembre de 2015, emitida por la Dirección Médica Regional de Salud de Panamá Este del Ministerio de Salud, en consecuencia, se denieguen las demás pretensiones de la demandante.

  5. DECISIÓN DE LA SALA.

    Una vez cumplidos los trámites previstos para estos procesos, corresponde a los integrantes de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia pasar a dirimir el fondo del presente litigio que es de suma importancia.

    COMPETENCIA DE LA SALA:

    En primer lugar, resulta relevante señalar que esta Sala de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción promovida por la firma BC & D abogados, en nombre y representación de A.M.R. a fin de que se declare nula por ilegal, la Resolución No. 001 de 15 de diciembre de 2015, dictada por la Regional de Salud de Panamá Este, su acto confirmatorio, fundamento en lo que dispone el artículo 206, numeral 2, de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 97, numeral 1, del Código Judicial.

ANTECEDENTES

Según las constancias procesales, mediante la Resolución 001 de 15 de diciembre de 2015, emitida por la Dirección Regional de Salud de Panamá Este del Ministerio de Salud, se le impuso una sanción disciplinaria a A.M.R.M., quien ocupa el cargo de Jefa Regional de Enfermería, en esa entidad de salud.

El acto antes descrito fue objeto de un recurso de reconsideración interpuesto por la actora; impugnación que fue decidida por la Dirección Médica Regional de Panamá Este del Ministerio de Salud por medio de la Resolución 002 de 21 de diciembre de 2015, la cual mantuvo en todas sus partes la resolución original, la cual le fue notificada a la interesada el 22 de diciembre de 2015.

Posteriormente, la apoderada judicial de la demandante interpuso la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción que ocupa nuestra atención, el 22 de febrero de 2016, en la que solicita que se declare nula, por ilegal, la resolución que le impone una sanción disciplinaria, así como los actos administrativos que la confirman; y que, como consecuencia de tal declaratoria, se retiren todos los documentos en los que haga referencia a que se le amonestó por escrito, se le dé una disculpa pública por parte de la institución y se le pague una indemnización como consecuencia del daño moral causado a su persona.

Al sustentar su pretensión, la apoderada judicial de la actora manifiesta que el acto acusado se dictó con omisión absoluta de los trámites fundamentales que conllevan el principio del debido proceso legal; que el cargo de Enfermera en general y específicamente, de E.J. Superior que trabaja en la Regional de Salud pertenece al Departamento de Enfermería, el cual se desempeña a un nivel Operativo-Ejecutivo dentro de la Regional de Salud, por lo que el Director de este Centro no es el superior jerárquico.

En igual sentido, señala la actora que en cuanto a las tareas asignadas a su cargo, claramente se encuentran la asignación, coordinación, programación y distribución del personal bajo su supervisión; y por ende, la comunicación de las asignaciones de las enfermeras a los Directores de los Centros de Salud de Panamá Este, tal como se ha realizado los últimos diez (10) años que llevaba en el cargo, sin necesidad que dichas comunicaciones tengan que emitirse por conducto de la Dirección Regional.

De igual manera, agrega que la amonestación escrita que se le impuso se realizó ignorando el hecho que las actividades por las cuales fue sancionada eran precisamente parte de las funciones atribuidas a su cargo, tal como lo indica el Manual Institucional de Clases Ocupacionales, para el cargo de E.J. Superior.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO Y DECISIÓN DE LA SALA:

Como se encuentra plasmado en párrafos anteriores, la parte actora demanda la nulidad de la Resolución 001 de 15 de diciembre de 2015, dictada por la Directora Médica Regional del Ministerio de Salud, cuya parte resolutiva es la siguiente:

"1. Amonestar por (SIC) escrito a la Lcda. A.M.R., Jefa Regional de Enfermería.

2. Informar al Servidor Público que copia de la presente resolución será anexada a su expediente.

3. Hacer del conocimiento del Servidor Público que contra la presente resolución cabe recurso de reconsideración dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su notificación."

Dicho acto se encuentra sustentado en lo siguiente:

"Que el 30 de noviembre de 2015, a la Lcda. A.M.R., se le realiza informe de Solicitud de Imposición de Sanción, el cual fue remitido al Departamento de Recursos Humanos, donde se evidencia la falta cometida, que consistió en dirigir notas a D.M., sin conducto de la Dirección Regional, a pesar de haber dado instrucciones claras desde el inicio de nuestra administración.

Que los hechos descritos anteriormente constituyen una falta administrativa, tipificada en el Reglamento Interno de la Institución Artículo No.10 y Artículo 92, Numeral No.8.

Que la Ley 9 de 20 de junio de 1994 establece que todo servidor público tiene el deber y la obligación de: Acatar las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores que dirijan o supervisen las actividades del servicio correspondiente, siempre y cuando no contradigan los procedimientos establecidos en la ley y no atenten contra la honra y dignidad.

Que la Oficina Institucional de Recursos Humanos ha recomendado, según consta en el informe con fecha de 11 de diciembre de 2015, sobre el particular lo siguiente: Falta Grave. Primera Vez. Amonestación Escrita. 6. Tramitar asuntos de carácter oficial sin seguir el orden jerárquico establecido."

En base a lo arriba expresado, puede determinarse que el problema jurídico consiste en determinar si la Lcda. A.M.R. se encontraba facultada para dirigir notas a los Directores Médicos sin contar con el visto bueno de su superior jerárquico, de acuerdo a la normativa vigente para tales efectos.

En virtud de que todas las normas consideradas vulneradas por la parte actora se encuentran relacionadas en torno al mismo problema jurídico serán analizadas en su conjunto y en base a éste.

Mediante Resolución 1143 de 9 de diciembre de 2011 que instituye la nueva estructura orgánica del Ministerio de Salud, y dicta otras disposiciones, señala que el Departamento de Enfermería se encuentra en el nivel operativo-ejecutivo, específicamente dentro de la Subdirección General de Salud de la Población y sus Unidades Administrativas, que a su vez depende de la Dirección General de Salud Pública,

A su vez, indica que las Regiones de Salud son designadas por el Ministro del Ramo y por ser nivel ejecutor están estructurados como organismos descentralizados y tendrán la responsabilidad de dirigir, normatizar, integrar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de salud que ejecutan los servicios de la correspondiente jurisdicción. Las Regiones de Salud y los servicios que las integran, como órganos ejecutivos operacionales tienen la responsabilidad de ejecutar los programas y obtener el máximo de rendimiento de los recursos.

Es por tal motivo, que la Dirección Médica Regional de la Región de Salud de Panamá Este se encuentra facultada para realizar todas las labores tendientes a garantizar que los recursos tanto materiales como humanos que se encuentran brindando servicios en la región específica, sean ejecutados de la mejor forma posible, ya que son los responsables ante el Ministro del Ramo de la dirección, supervisión, coordinación y evaluación de todos los servicios, entre ellos el de enfermería, adscritos a dicha región.

De igual forma, puede evidenciarse que dentro del Reglamento Interno del Ministerio de Salud, en el artículo 92 referente a los deberes de los servidores públicos lo siguiente:

"Artículo 92. DE LOS DEBERES. Son deberes de los servidores públicos en general, los siguientes:;

8. Acatar las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores que dirijan o supervisen las actividades del servicio correspondiente, siempre y cuando no contradigan los procedimientos establecidos en la Ley y no atenten contra su honra y dignidad."

Es por tal motivo que la Lcda. A.M.R. tenía el deber de acatar las órdenes e instrucciones de la Directora Regional asignada mediante el Manual de clases ocupacionales a dirigir y supervisar las actividades del servicio dentro de la Región de Panamá Este. En ese mismo orden de ideas, de la revisión de los antecedentes judiciales puede evidenciarse que el proceso disciplinario seguido a la recurrente se tramitó de acuerdo con el procedimiento establecido para tales efectos y que durante el desarrollo de dicho procedimiento el Ministerio de Salud, actuó en estricto apego y cumplimiento al debido proceso, toda vez que se cumplieron con los términos y procedimientos establecidos siendo así que:

Mediante Nota Número 292/DRH/RSPE de 30 de noviembre de 2015, en donde siguiendo el Procedimiento administrativo disciplinario, contemplado en el Decreto Ejecutivo 222 de 1997, la Jefa Regional de Recursos Humanos, le informa a la Lcda. A.M.R.M., que se inició un proceso disciplinario en su contra, cuya debida recepción por parte de la funcionaria, se dio el día 1 de diciembre de 2015 a las 11:05 de la mañana.

Nota 307-2015/DE/SRSPE del 3 de diciembre de 2015, en donde la Lcda. A.M.R.M., presenta sus descargos.

Nota 280/SRSPE/RRHH/15 de 11 de diciembre de 2015, en donde a manera de conclusión de la fase de investigación y recomendación, el Departamento de Recursos Humanos, recomendó la imposición de la sanción de Amonestación Escrita, al considerar probada la comisión de la falta administrativa al verificar la emisión de las Notas sin que contaran con la autorización de la Dirección Regional de Salud".

El proceso disciplinario fue fundamentado en el artículo 10 del Reglamento Interno del Ministerio de Salud (Resolución 026-REC/HUM/DAL de 19 de marzo de 2001) de los canales de comunicación y el artículo 92 de la misma excerta legal que trata sobre los deberes de los servidores públicos en general, ambos textos son los siguientes:

Artículo 10. De los Canales de Comunicación. El canal regular de comunicación entre la autoridad nominadora y las diferentes unidades administrativas de mando superior será a través de sus respectivos directores. La comunicación entre estos últimos y los subalternos será a través de los jefes de unidades administrativas de mando medio (Jefes de Departamento).

Artículo 92. De los Deberes. Son deberes de los servidores públicos en general los siguientes:

...

8. Acatar las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores que dirijan o supervisen las actividades del servicio correspondiente, siempre y cuando no contradigan los procedimientos establecidos en la Ley y no atenten contra su honra y dignidad.

Aunado a lo anterior, en el informe de conducta de la Autoridad demandada se explicó lo siguiente:

"...Que en ningún momento se modificaron los procedimientos internos y las asignaciones de funciones legalmente establecidas de la Lcda. A.M.R.M., como se alega en el punto noveno de la Demanda interpuesta, donde se menciona que el Departamento de Enfermería tiene autonomía administrativa tal como lo establece el Código Sanitario, el cual se refiere a supervigilancia y no al incumplimiento de normas e instrucciones dadas en estricto derecho por sus jerárquicos.

Que la demanda expresa, en el punto cuarto, que indica que las notas emitidas por la funcionaria demandante se emite como lo realizado. Sin embargo, esto no implica que esté bien ni tampoco justifica que no se dé cumplimiento a una orden directamente impartida en base a lo que establecen las normas citadas en los antecedentes.

Que el formulario número 2 (solicitud de imposición de sanción), fechado 27 de noviembre de 2015, como su nombre lo indica, es una solicitud, no una sanción propiamente dicha, como se pretende establecer en la Demanda interpuesta, a partir de la tercera línea de la página 17.

Que en el trámite del proceso disciplinario demandado, la Licenciada A.M.R.M., se ausentó de las oficinas regionales, no informó a la Dirección Regional su localización y además no respondió a las llamadas telefónicas ni a mensajes de texto enviados a su teléfono celular. Esto motivó que, con el fin de cumplir con el debido proceso, se tuviera que proceder a la entrega el día 15 de diciembre de 2015 a la Secretaría del Departamento de Enfermería de la Región de Salud de Panamá Este, de la Resolución 001 de 15 de diciembre de 2015 en un sobre sellado y con nota adjunta donde consta la entrega de la misma, ya que se debió dar cumplimiento al plazo estipulado que señala que se debe emitir la resolución motivada dentro de dos (2) días hábiles siguientes al recibo del informe y que la sanción será efectiva una vez quede ejecutoriada la resolución, siendo ésta la fecha en que vencía el plazo señalado.

Que posterior a esto, la Lcda. A.M.M., indica la Autoridad que la misma sigue eludiendo la notificación, por lo que se emite la Nota 217/DMR/2015 de 21 de diciembre de 2015, dirigida a la funcionaria, con constancia de recibido, y en la que expresa: "La presente es para manifestarle el interés de reunirnos con usted, desde el martes 15 de diciembre del año en curso, para poder ubicarla, puesto que desconocemos sus actividades, solicitamos formalmente constancia física de las mismas, desde el 15 de diciembre hasta la fecha..." Cabe señalar que hasta la fecha no se nos había remitido la información.

Continúan indicando que finalmente la Lcda. A.M.R.M., cuando acude a laborar a las oficinas de la sede Regional de Panamá Este, es solicitada ante el despacho de la Directora Regional, en donde finalmente se le notifica personalmente el 22 de diciembre de 2015, de la Resolución 001 de 15 de diciembre de 2015. Cabe destacar, que a pesar de que la Lcda. A.M.R.M., no había atendido a la solicitud formal de reunión expuesta en el punto anterior, sí había podido presentar a la recepción de la Dirección Regional, su Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio. Es por esto, que el mismo día 22 de diciembre de 2015, se le notifica personalmente la Resolución 002 de 21 de diciembre de 2015, negándole el Recurso de Reconsideración.

De igual forma consta en el expediente administrativo que existen constancias de reiteradas solicitudes y quejas recibidas en el Dirección Regional, por parte del personal de enfermería de la Región de Salud de Panamá Este y de los Directores Médicos de los Centros de Salud, en cuanto a la distribución no equitativa de los turnos extras y a la constante rotación de personal de enfermería sin el conducto de la Dirección Regional, mismas que constan en dos advertencias del tenor siguiente:

-Nota 222-08 DM-RSPE del 8 de julio de 2008, de la entonces Directora Regional de Panamá Este que indica "En diferentes ocasiones se le ha exhortado que respete las líneas de autoridad y vemos que hace caso omiso desafiando toda autoridad...donde dirige una nota a la Directora del centro de salud de Cerro Azul, asignado a la licenciada C.M. a este Centro de Salud, sin nuestro conducto ni autorización y ni siquiera nos envía una copia de la nota" Citado lo anterior observamos la conducta a la cual por la (sic) que ha sido sancionada en esta ocasión;

-Nota 074/ST/2010 del 1 de junio de 2010, del entonces Director Regional de Panamá Este que indica: "Tengo a bien informarle que según el reglamento interno del Ministerio de salud...está en la obligación de registrar su asistencia, por lo cual le solicitamos cumpla con las disposiciones..."

Que gran parte de las conductas irregulares efectuadas por la funcionaria, están descritos en el Informe de Situación de Personal de Enfermería e incumplimiento de Directrices Regionales, por parte de la Jefa Regional de Enfermería, Lcda. A.M.R.M., presentado el 16 de noviembre de 2015, ante la Dirección General de Salud y remitido además al ministro, Viceministro, secretario General, Directora Nacional de Recursos Humanos y Director Nacional de asesoría Legal del Ministerio de Salud.

En otro orden de ideas y con respecto a la pretensión que hace la parte actora para que la Sala Tercera declare a la institución de salud como responsable por el supuesto daño moral ocasionado por la emisión del acto administrativo impugnado, esta Superioridad advierte que en el sentido de la determinación de posibles daños y perjuicios éste es un elemento característico propio de los procesos contencioso administrativos de indemnización o de reparación directa y no de los de plena jurisdicción, por lo cual no es procedente la reclamación de una compensación económica, y tal pretensión debe ser desestimada por este Tribunal.

Es importante destacar que luego de la actividad probatoria, esta Superioridad concluye que la demandante no ha podido acreditar lo que sustenta en su demanda y sus pretensiones, por lo cual en virtud de lo establecido en el artículo 784 del Código Judicial que refiere a la obligación que tiene el demandante a acreditar los hechos que dan sustento a su pretensión, ampliamente sustentado en precedentes de la Sala Tercera, esta Superioridad procederá a declarar que no es ilegal el acto demandado.

Esta Corporación evidencia de los antecedentes judiciales y administrativos que se dio cumplimiento al debido proceso en la actuación desplegada por el MINISTERIO DE SALUD, por lo que no encuentra infracción de las normas alegadas por la parte actora, (artículo 168 de la Ley 66 de 10 de noviembre de 1947, los artículos 172 y 182 del Decreto Ejecutivo 222 de 12 de septiembre de 1997, el Manual de Operaciones del Ministerio de Salud, el Manual Institucional de Clases Ocupacionales, los artículos 10, 92 (numeral 8), 93 (numeral 1) y 103 de la Resolución Administrativa 026-REC/HUM/DAL de 19 de marzo de 2001 y el artículo 34 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000) con la emisión de la Resolución 001 de 15 de diciembre de 2015, emitida por la Dirección Médica Regional de Salud de Panamá Este del Ministerio de Salud.

Por lo antes expuesto, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución 001 de 15 de diciembre de 2015 y su acto confirmatorio, dictadas por la Dirección Médica Regional de Salud de Panamá Este del Ministerio de Salud, dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, presentada por la firma BC & D Abogados, en nombre y representación de A.M.R. y NIEGA el resto de las pretensiones de la demanda.

N.,

ABEL AUGUSTO ZAMORANO

CECILIO CEDALISE RIQUELME -- EFRÉN C. TELLO C.

KATIA ROSAS (SECRETARIA)