Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 5 de Mayo de 2017

Ponente:Cecilio A. Cedalise Riquelme
Fecha de Resolución: 5 de Mayo de 2017
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 

VISTOS:

El Licdo. N.A.P.S., ha presentado formal demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción, en nombre y representación de ALEXIS TORRES RÍOS, en contra de la Resolución Administrativa 317-15 del 17 de agosto de 2015, y su acto confirmatorio expedidas por el Banco de Desarrollo Agropecuario; y para que se hagan otras declaraciones.

ANTECEDENTES

El Ingeniero ALEXIS TORRES RIOS, con seguro social No. 083-4798, laboró como funcionario público en el Banco de Desarrollo Agropecuario, por espacio de cinco (5) años, iniciando labores el año 2010 y destituido en septiembre de 2015.

Que el Ingeniero ALEXIS TORRES RÍOS, tomó posesión el día 2 de enero de 2015, en el cargo de Ingeniero Agrónomo III (1) con funciones de Técnico Agropecuario en la Sucursal de Renacimiento, Chiriquí, con posición 319. Tal nombramiento obedece al reconocimiento de ajuste de 21% aprobado mediante Decreto Ejecutivo No. 66-14 de 24 de mayo de 2014.

Desde a finales del año 2010, el Ingeniero Alexis Torres Ríos, padece de Diabetes Mellitus tipo II, y existe una legislación que protege a este tipo de personas en relación a su ámbito laboral, tanto en el sector privado como en el sector público.

Como consecuencia de la emisión de la Resolución Administrativa No. 317 de 17 de agosto de 2015, el Gerente del Banco de Desarrollo Agropecuario procedió a destituir al Ingeniero ALEXIS TORRES RÍOS, del cargo que ocupaba dentro de la prenombrada entidad pública, justificado sobre la base que el Ingeniero ALEXIS TORRES RÍOS, no ingresó a ocupar el cargo de Ingeniero Agrónomo III, a través de concurso de méritos, a fin de que le otorgue la correspondiente estabilidad laboral al tenor de la Ley 9/1994. De igual manera, el referido acto administrativo indica que mediante informe suscrito por el Gerente Regional de Chiriquí, del 15 de agosto de 2015, se sustentan una serie de irregularidades, y que el funcionario desvinculado o destituido, mantiene un rendimiento deficiente y actitud de apatía a los requerimientos del Banco, por lo que se procedió a prescindir de sus servicios.

Finalmente, contra la decisión adoptada el 27 de agosto de 2015, se presentó formal recurso de reconsideración, el cual fue resuelto a través de la resolución administrativa No. 326 de 1 de septiembre de 2015, en la que se procedió a confirmar en todas sus partes el acto administrativo originario, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. Por las anteriores consideraciones el demandate acude a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

  1. NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN:

    A criterio del demandante, el Licdo. N.P.S., quien actúa en nombre y representación de ALEXIS TORRES RIOS, estima que se han visto violadas las siguientes disposiciones:

    1. - El artículo 34 de la Ley 38/2000, del 31 de julio, que dispone taxativamente lo siguiente:

      Las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se efectuarán con arreglo a normas de informalidad, imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia, garantizando la realización oportuna de la función administrativa, sin menoscabo del debido proceso legal, con objetividad y con apego al principio de estricta legalidad. Los Ministros y las Ministras de Estado, los Directores y las Directoras de entidades descentralizadas, Gobernadores y Gobernadoras, A. y Alcaldesas y demás Jefes y Jefas de Despacho velarán, respecto de las dependencias que dirijan, por el cumplimiento de esta disposición.

      Las actuaciones de los servidores públicos deberán estar presididas por los principios de lealtad al Estado, honestidad y eficiencia, y estarán obligados a dedicar el máximo de sus capacidades a la labor asignada.

      El acto administrativo impugnado (Resolución Administrativa 317-15, del 17 de agosto de 2015) y que fue confirmado por la Resolución Administrativa 326-15, del 1 de septiembre de 2015, emitidas por el Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario, ha violado de forma directa por comisión, el artículo 34 de la Ley 38/2000, anteriormente transcrito, ya que incurrió en el desconocimiento pleno del ordenamiento jurídico, el quebrantamiento de las formalidades legales.

      De igual manera, el apoderado judicial de la parte actora sustenta la vulneración de la prenombrada disposición de la siguiente manera:

      "La norma transcrita ha sido infringida o violada con el Acto impugnado, EN FORMA DIRECTA POR OMISIÓN, al momento de no solo contravenir la Ley y pretender ignorar su contenido, sino, de omitir al momento de emitir actos administrativos con apariencia de haberse cumplido plenamente con las formalidades legales y el debido proceso, es decir, a sabiendas que, con la emisión de la Resolución Nº 317-15, ya se confirmaba la conculcación de los derechos y garantías de mi representada, quien por mandato de la Ley merecía ser oído y hasta escuchado y, permitírsele demostrar su inocencia, servido de elementos probatorios, lo cual no ocurrió. Es más, se le apertura un proceso disciplinario -sin lugar- y se le destituye por una supuesta causa, que a la postre, resulta distinta a la indebidamente ventilada en el aludido proceso disciplinario."

    2. - A criterio del apoderado judicial de la parte actora, el acto administrativo impugnado (Resolución Administrativa 317-15, del 17 de agosto de 2015) y su acto confirmatorio, han vulnerado los artículos 2 y 3 de la Ley 11/1982, del 12 de abril que señala lo siguiente:

      "Artículo 2: Los profesionales a que se refiere el artículo anterior, que preste servicios en las distintas dependencias del Estado, en las Entidades Autónomas y Semiautónomas, M., cualquier organismo oficial descentralizado y empresas privadas, se regirán por lo que se denomina Escalafón del Profesional de Ciencias agrícolas que la presente Ley establece."

      Artículo 3: Los objetivos de este escalafón, son los siguientes:

      1.- El ordenamiento profesional de acuerdo con los créditos, experiencias y años de servicio.

      2.- Garantizar el buen funcionamiento de la carrera profesional y la permanencia en los cargos de acuerdo a los principios del artículo 259 de la Constitución Nacional

      3.- Promulgar el desarrollo del sector agropecuario.

      La disposición transcrita a juicio del apoderado judicial de la parte actora, ha sido violada de manera directa por comisión, ya que el I.A.T.R., había sido ascendido como profesional de las Ciencias Agrícolas, al cual tenía derecho tal como se indicó en el Acta de toma de posesión del día 2 de enero de 2015. Sin embargo al emitirse el acto impugnado, al Sr. TORRES RÍOS no se reconoce que el mismo tenía una vasta experiencia para el cargo que ostentaba al momento que se produjo su destitución.

    3. - También considera la parte actora dentro del presente proceso, que el acto administrativo impugnado (Resolución Administrativa 317-15, del 17 de agosto de 2015) y su acto confirmatorio, han lesionado los artículos 3 y 4 de la Ley 59/2005, del 28 de diciembre (que adopta normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral), los cuales disponen lo siguiente:

      Artículo 3: Se prohíbe a las instituciones públicas y a las empresas privadas discriminar de cualquier forma a los trabajadores que padezcan enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, discapacidad laboral.

      "Artículo 4: Los trabajadores afectados por las enfermedades descritas en esta Ley, solo podrán ser despedidos o destituidos de sus puestos de trabajo por causa justificada y previa autorización Judicial de los Juzgados Seccionales de Trabajo, o tratándose de funcionarios adscritos a la Carrera Administrativa, le corresponderá a la Junta de apelación y conciliación de la Carrera Administrativa, invocando para ello alguna causa justa previa en la Ley, de acuerdo con los procedimientos correspondientes.

      Aquellos servidores públicos que se encuentren bajo la protección de la Carrera Administrativa, solicitarán su reintegro a través de la vía ordinaria. Los servidores públicos incorporados a regímenes especiales, harán su solicitud de conformidad con la legislación especial vigente."

      El acto administrativo impugnado (la Resolución Administrativa 317-15, del 17 de agosto de 2015), ha violado de manera directa por comisión las disposiciones anteriormente transcritas, ya que es de conocimiento por parte de la institución demandada que desde a finales del año 2010, el Ingeniero TORRES RÍOS fue entrevistado por una Trabajadora Social del Banco de Desarrollo Agropecuario, a fin de hacerle una evaluación correspondiente respecto de su salud médica, lo cual quedó consignado dentro del expediente que reposa en la entidad pública, y el mismo estaba protegido o amparado por las normas jurídicas anteriormente transcritas.

    4. - Considera el apoderado judicial de la parte actora, que el acto administrativo impugnado (Resolución Administrativa 317-15, del 17 de agosto de 2015), han vulnerado el artículo 8 (literales b, c y f) la Ley 15/1977, del 28 de octubre (por la cual se aprueba la Convención Americana de los Derechos Humanos) que señala lo siguiente:

      1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

      2.- Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no establezca su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

      (...)b.- Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;c.- Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

      (...)f.- Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (...)

      La norma transcrita ha sido violada de forma directa por comisión ya que la Constitución Política de Panamá, en su artículo 4 establece el deber que tiene todo administrador de la cosa pública, de cumplir con los acuerdos establecidos por el Estado. De aquí entonces, que el acto administrativo dictado ha infringido el artículo 8 y sus literales enunciados en forma directa por comisión, lo cual lo lleva a tener que ser declarado nulo por ilegal.

    5. - También considera el apoderado judicial de la parte actora que el acto administrativo demandado, ha vulnerado lo contenido en el artículo 5 del Código Civil, que dispone lo siguiente:

      "Artículo 5: Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, que salvo en cuanto ella misma disponga otra cosa o designe expresamente otro efecto el de la nulidad para el caso de contravención."

      La violación de la disposición transcrita se lleva a cabo de forma directa por comisión, por parte de la Resolución Administrativa 317-15, del 17 de agosto de 2015, al no considerar el contenido de la misma al momento en que se profiere la resolución impugnada. También el acto administrativo atacado está plagado de vicios tales como la violación al debido proceso y las garantías fundamentales que deben de respetarse desde el momento en que se presume la comisión de una falta administrativa.

    6. - Por último considera el apoderado judicial de la parte actora, que se ha infringido directamente por comisión el artículo 15 del Código Civil, el cual establece lo siguiente:

      "Artículo 15: Las órdenes y demás actos ejecutivos del Gobierno, expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria, tiene fuerza obligatoria, y serán aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución o las leyes."

      La norma transcrita se infringió íntegramente de forma directa por comisión por la Resolución Administrativa 317-15, del 17 de agosto de 2015; ya que no se consideró su contenido al momento de conocer el proceso administrativo en cuestión y, más aún, cuando se expedía la resolución impugnada.

  2. INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO:

    A través de la nota G.G No. 020-16, del 11 de enero de 2016, que contiene el informe de conducta del Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario, el Sr. R.A.S.P., dispuso en relación a la remoción del cargo del Ingeniero ALEXIS TORRES RÍOS, lo siguiente:

    1. - Por medio de la Resolución Administrativa 317-15, del 17 de agosto de 2015, se destituyó a ALEXIS TORRES RÍOS, del cargo de Ingeniero Agrónomo en la Sucursal de Renacimiento. La resolución se notificó el día 20 de agosto de 2015, presentando el afectado su correspondiente recurso de reconsideración; y en donde indicaba que el mismo estaba amparado por una ley especial (Ley 22/1961 de 30 de enero), que establece un régimen de estabilidad a los profesionales de las ciencias agropecuarias. También aducía que se le había destituido violando de forma arbitraria, violando las leyes 38/2000, y 9/1994, al igual que el principio del debido proceso. De igual manera, con el acto impugnado se había violado el Decreto 265 de 24 de septiembre de 1968 (que aprueba el Reglamento Interno del Consejo Técnico Nacional de Agricultura), donde se indica el procedimiento para la destitución de los profesionales de las ciencias agrícolas.

    2. - En el recurso de reconsideración el Sr. ALEXIS TORRES RÍOS indicó que es diabético, y diagnosticado desde hacía cinco (5) años; sin embargo no aportó ninguna prueba de dicha condición. Además el artículo 1 de la Ley 59/2005, del 28 de diciembre indica que las personas con enfermedades crónicas y discapacitantes tienen derecho a mantener su puesto de trabajo en igualdad de condiciones antes del diagnóstico médico. El artículo 3 de la referida ley enumera como enfermedad crónica, la diabetes mellitus; en tanto que el artículo 5 estable que la condición física o mental de las personas que padezcan de estas enfermedades será expedida por una comisión interdisciplinaria nombrada para dicho fin.

    3. - Al resolverse el recurso de reconsideración mediante la Resolución Administrativa 326-15 del 1 de septiembre de 2015, se indicó que en ninguno de los documentos aportados como pruebas, se demuestra su condición de diabético, ni cumple con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 59/2005.

    4. - La razón de la destitución del Sr. ALEXIS TORRES RÍOS, se debió a la potestad discrecional que tiene el Banco de Desarrollo Agropecuario, para nombrar y remover libremente al personal que ingresó a ocupar las posiciones discrecionales, y que no han cumplido con lo establecido en la Ley 9 de 1994, que establece y regula la Carrera Administrativa.

    5. - La Corte Suprema de Justicia ha reiterado en diversos fallos que los servidores públicos relacionados con las Ciencias Agrícolas, adquieren estabilidad al momento en que ingresan a la función pública, por medio de concursos, y los que no acrediten tal ingreso, se rigen por el principio de la potestad discrecional de la entidad demandada que consistiría en el libre nombramiento y remoción del cargo.

    6. - Del examen del expediente personal del Sr. ALEXIS TORRES RÍOS, se puede observar que el mismo no ingresó a ocupar el cargo de Ingeniero Agrónomo en el Banco de Desarrollo Agropecuario a través de un concurso de méritos, el cual le otorgara estabilidad laboral conforme a lo señalado en la Ley 9/1994. Y el artículo 2 de dicha normativa señala que son servidores públicos en funciones, los que están ocupando de manera permanente un cargo público definido como lo es la Carrera Administrativa, hasta que se constituyan en Servidores Públicos de Carrera Administrativa o se les desvincule de la Administración Pública.

      En consecuencia, el Sr. ALEXIS TORRES RÍOS, mantenía la condición de funcionario público en funciones, quien podía ser desvinculado discrecionalmente de la Institución.

    7. - La actuación llevada a cabo por el Banco de Desarrollo Agropecuario se ha apegado estrictamente a lo señalado por la Ley, en virtud de la facultad discrecional con la que cuenta la entidad, para poder desvincular de la administración a los servidores públicos en funciones, por lo que no debe considerarse ilegal, la Resolución Administrativa 317-15, del 17 de agosto de 2015, confirmada mediante la Resolución Administrativa 326-15 de 1 de septiembre de 2015.

  3. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN:

    Por su parte, la Procuraduría de la Administración en el presente caso ha indicado de acuerdo a la Vista Número 249, del 14 de marzo de 2016, lo siguiente:

    1. - El ingreso de ALEXIS TORRES RÍOS al Banco de Desarrollo Agropecuario se hizo de manera discrecional, sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley de Carrera Administrativa, al no haber accedido al sistema de concurso de méritos o selección.

      Tampoco el demandante forma parte de una carrera pública, que le garantizara la estabilidad laboral, por lo cual su puesto era un cargo de libre nombramiento y remoción. En este sentido, la autoridad nominadora no estaba obligada a demostrar la existencia de una causal disciplinaria o de cualquier otra naturaleza para proceder con su correspondiente remoción; debido a que el acto administrativo demandado se sustentaba en la facultad delegada al Gerente General por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (a través del Resuelto DAL-051-ADM-2014 de 28 de julio de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 (numeral 8) de la Ley 17 de 21 de abril de 2015, que reorganiza el Banco De Desarrollo Agropecuario y que permite "... destituir, sancionar, trasladar y conceder licencias al personal del Banco, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias ...".

    2. - De conformidad con lo dispuesto por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia del 16 de noviembre de 2015, se ha señalado que el estamento que regula la carrera de ciencias agrícolas no contiene una excepción al deber que tiene todo funcionario que aspire ingresar a la Carrera Administrativa, de cumplir con un concurso de oposición o sistema de méritos.

    3. - En lo atinente a la violación invocada respecto del régimen de estabilidad por ser un funcionario con enfermedad crónica como la Diabetes, tal señalamiento no es viable, ya que la Ley 59/2005, se garantizará siempre que quien la solicite haya sido evaluado por una comisión interdisciplinaria, nombrada para tal fin, y haya obtenido una certificación que determine su condición de salud física y mental, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la prenombrada disposición.

      Tampoco figura dentro del expediente alguna documentación que demostrara que la enfermedad que dice adolecer lo haya colocado en una condición que limitara su capacidad para realizar alguna actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal en el ser humano.

      La Procuraduría de la Administración en su Vista Número 237 del 2 de marzo de 2017, ha indicado respecto de la discapacidad laboral alegada por el demandante, que no existen los suficientes elementos probatorios que logren acreditar la discapacidad laboral que supuestamente mantiene el demandante. Por lo antes indicado, no se logró cumplir con la carga procesal establecida en el artículo 784 del Código Judicial, que obliga a quien demanda, que acredite los hechos que le dan sustento a sus pretensiones.

    4. - Considera la Procuraduría de la Administración, que la actuación del Banco de Desarrollo Agropecuario se ciñó a lo contemplado en la Ley; y se le garantizó al actor el derecho de defensa, debido a que pudo presentar sus descargos, las pruebas que consideraba necesarias, e interponer los recursos legales respectivos, por lo que no se han violado las disposiciones alegadas como infringidas, por lo que las infracciones aducidas deben ser desestimadas.

      Asi las cosas, por las anteriores consideraciones solicita la Procuraduría de la Administración que no se declare ilegal, la Resolución Administrativa 317-15, del 17 de agosto de 2015, dictaminada por el Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario, ni su acto confirmatorio, por lo que deben de desestimarse las pretensiones del recurrente.

  4. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

    Le compete a esta Sala Tercera entrar a examinar los cargos de infracción inherentes a las normas que se estiman vulneradas por la parte actora dentro de la presente Demanda Contenciosa-Administrativa de Plena Jurisdicción, a fin de determinar si las razones adoptadas por la entidad demandada con la expedición del acto administrativo impugnado se ajustan o no a derecho.

    Previo al análisis de los cargos de ilegalidad efectuados por la parte actora, es pertinente indicar que a través de la presente demanda Contenciosa-Administrativa, se solicita lo siguiente:

    A.- Que se declare Nula, Por Ilegal, la Resolución OIRH No. 317 de 17 de agosto de 2015, emitida por el Banco de Desarrollo Agropecuario, a partir de la cual se destituyó al Ingeniero ALEXIS TORRES RIOS, portador del Seguro Social No. 083-4798, del cargo que ocupaba como Ingeniero Agrónomo en la entidad pública, y con Posición No. 319.

    B.- Que se declare que el Banco de Desarrollo Agropecuario por conducto de su Gerente General, ha incurrido en la figura del Silencio Administrativo, respecto de la impugnación vía Recurso de Reconsideración -incoado oportunamente- en contra del acto administrativo que ha causado estado, es decir la Resolución Administrativa OIRH Nº 474 de 12 de noviembre de 2014, suscrita por el Sub-Administrador General de la ANATI.

    C.- Que se ordene al BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, R. y hacer efectivo el pago, a favor del Ingeniero ALEXIS TORRES, de los salarios y demás derechos adquiridos y dejados de percibir, desde el diecisiete (17) de septiembre noviembre del año dos mil catorce (2014), hasta que se le reintegre al cargo que ocupaba previo a su destitución.

    Expuestas las correspondientes pretensiones a través de la formulación de la presente demanda Contenciosa-Administrativa de Plena Jurisdicción, esta Corporación de Justicia procede a examinar las correspondientes normas que se estiman infringidas.

    1. - Observa este Despacho que el Ingeniero ALEXIS TORRES RÍOS laboró por espacio de cinco (5) años consecutivos dentro del Banco de Desarrollo Agropecuario, desde el año 2010, hasta septiembre de 2015.

    2. - A través de la Resolución Administrativa 317-15, del 17 de agosto de 2015, se procede a destituir al Sr. ALEXIS TORRES RÍOS, del cargo que ocupaba como Ingeniero Agrónomo, posición 319 dentro del Banco de Desarrollo Agropecuario, fundamentado sobre la base que el mismo ingresó de forma discrecional en la entidad, si cumplir con los procedimientos establecidos por la Ley 9/1994, que regula o establece la Carrera Administrativa, incumpliendo las normas de Reclutamiento y Selección, y sin ingresar mediante un concurso de méritos.

      De igual manera, la Resolución Administrativa 317-15, del 17 de agosto de 2015 del Banco de Desarrollo Agropecuario establece que mediante informe de rendimiento suscrito por el Gerente Regional de Chiriquí, del 15 de agosto de 2015, se sustenta una serie de irregularidades en el desempeño de las funciones de A.T.R., quien mantiene un rendimiento deficiente y actitud de apatía hacia los requerimientos del Banco, por lo que solicita prescindir de sus servicios (Cfr. f. 42 del expediente judicial).

      La referida resolución se le notificó al Ingeniero ALEXIS TORRES RÍOS el día 20 de agosto de 2015, y contra dicha decisión se presentó formal recurso de reconsideración, el cual fue resuelto a través de la Resolución Administrativa 326-15 de 1 de septiembre de 2015; y por medio de la cual se confirmó en todas sus partes la resolución reconsiderada, siendo notificada ésta el 3 de septiembre de 2015.

      Contra la decisión adoptada, se presentó dentro del término legalmente establecido por parte de la defensa de la parte actora, formal demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción.

    3. - El Licdo. N.P.S., en su condición de apoderado judicial del señor A.T.R. ha indicado en su escrito de Demanda Contenciosa-Administrativa de Plena Jurisdicción, que se han infringido los artículos 34 de la Ley 38/2000; los artículos 3 y 4 de la Ley 11/1982; los artículos 3 y 4 de la Ley 59/2005, el artículo 8 (literales b, c y f) de la Ley 15/1977; y los artículos 5 y 15 del Código Civil.

    4. - El acto administrativo demandado (Resolución Administrativa 317-15 del 17 de agosto de 2015), emitido por el Banco de Desarrollo Agropecuario justificó la remoción o destitución del Ingeniero ALEXIS TORRES RÍOS sobre la base que el mismo ha ocupado el cargo de Ingeniero Agrónomo en la Sucursal de Renacimiento, Posición 319, sin que el mismo haya cumplido con el correspondiente concurso de oposición o sistema de méritos para ocupar de forma permanente y con estabilidad en el cargo al que se le designó. De igual manera, la resolución impugnada también justifica la correspondiente desvinculación del mismo en base al siguiente hecho:

      "Que mediante informe de rendimiento suscrito por el Gerente Regional de Chiriquí, del 15 de agosto de 2015, se sustenta una serie de irregularidades en el desempeño de las funciones de A.T.R., quien mantiene un rendimiento deficiente y actitud de apatía hacia los requerimientos del Banco, por lo que solicita prescindir de sus servicios."

      A criterio de esta Corporación de Justicia, el rendimiento deficiente y la actitud de apatía que le sirvió al Banco de Desarrollo Agropecuario para justificar la destitución del Sr. ALEXIS TORRES RÍOS va estrictamente aparejada a la condición de enfermedad discapacitante que el mismo padece. En este sentido, el demandante ha señalado que desde el año dos mil diez (2010), adolece de la enfermedad denominada diabetes mellitus tipo 2, de mediana o larga evolución.

    5. - En materia probatoria, es pertinente señala que a fojas 64 y 116 del expediente judicial figura una certificación a título particular o privado del consultorio Médico Dr. R.C., en donde el mismo señala lo siguiente:

      "A Quien Corresponda:

      El suscrito médico hace constar que el señor A.T.R. CIP 4-147-353 SS 83-4798 padece de Diabetes Mellitus desde hace más de seis años y recibe tratamiento permanente, el cual consiste en una dieta especial para su enfermedad, ejercicios adaptados a su tratamiento y en medicación recibe insulina diariamente más medicamentos por vía oral.

      Actualmente el señor T. comienza a presentar algunas complicaciones neuropáticas como consecuencia de su diabetes, que no lo incapacitan para ejercer sus funciones normales."

      Cabe destacar que a foja 140 del expediente judicial figura la diligencia de reconocimiento de firma, del Dr. R.E.C.A., médico internista - Endocrinología, en donde reconoce la firma y sello de la documentación anteriormente transcrita.

      Al valorar las diligencias y pruebas que obran dentro del presente proceso en relación con la enfermedad crónica o discapacitante que padece el Ingeniero ALEXIS TORRES RÍOS comprendido de fojas 141 a 147 del expediente judicial, figura la declaración testimonial que rindiera el doctor R.E.C.A., médico internista - Endocrinología, respecto del interrogatorio formulado por el apoderado judicial de la parte actora (Licdo. N.A.P.S.) y el abogado de Procuraduría de la Administración (Licdo. G.M.).

      Así las cosas, de la referida declaración testimonial el Dr. R.E.C.A. en interrogatorio de la declaración testimonial a él formulado, ha señalado respecto de la condición médica del ingeniero ALEXIS TORRES RÍOS lo siguiente:

      "(...) Seguidamente el Juez interroga al testigo de la siguiente manera:

      PREGUNTADO: ¿Motivo por el cual el Ingeniero Alexis Torres Ríos ha sido atendido.

      CONTESTO: Yo atendí al señor A.T.R. por diabetes mellitus tipo 2.

      PREGUNTADO: El diagnostico del tipo de enfermedad que padece el paciente A.T.R..

      CONTESTO: El diagnostico es diabetes mellitus tipo 2.

      PREGUNTADO: El tiempo de estar padeciendo la enfermedad que ambos médicos han determinado que padece en caso afirmativo explicar la misma y las consecuencias médicas o impedimento o incapacidades profesionales que padeciera y afecte el desempeño personal y profesional del Ingeniero A.T.R..

      CONTESTO: El señor A.T.R. tiene aproximadamente séis -6- años de diagnostico de la enfermedad, pero cuando se diagnostica esta enfermedad hay entre cinco y diez años previos de evolución, lo que trae como consecuencia que el paciente para esta época pueda estar teniendo complicaciones de tipo circulatorias y/o neuropatías.

      PREGUNTADO: El tratamiento aplicado y el tiempo que se requiere ser tratado, que se requiere ser observado como paciente de la enfermedad que padezca el señor A.T.R., en caso de estar padeciendo enfermedad alguna.

      CONTESTO: Actualmente el señor A.T.R., está siendo tratado en forma mixta con insulina de acción prolongada y medicación oral diariamente y el tratamiento es permanente.

      PREGUNTADO: Los efectos clínico médicos o impedimentos que pudiera sufrir en su condición humana, física, mental o laboral que el señor A. TORRES RÍOS pudiera consecuencia del Diagnostico de la enfermedad que se le haya certificado en caso afirmativo.

      CONTESTO: La diabetes mellitus tipo 2 de mediana o larga evolución tiene como consecuencia complicaciones circulatorias de pequeños y grandes vasos que llevan a complicaciones neuropáticas o daños en los nervios periféricos o vicerales y también está registrado universalmente que este tipo de pacientes están afectados frecuentemente por cuadros depresivos.

      PREGUNTADO: De haberse encontrado un tipo de enfermedad, explicar si la misma tiene cura o solo tratamiento y que tiempo se requiere para normalizar el padecimiento de la misma.

      CONTESTO: La enfermedad es diabetes mellitus tipo 2, la cual no tiene cura sino tratamiento permanente y de por vida."

      (...)

      "PREGUNTADO: De su respuesta anterior qué limitaciones tiene un paciente cuyo trabajo además de prestar ocho horas de trabajo al empleador le impida llevar a cabalidad una jornada completa de labores, entiéndase por limitaciones al grado de incapacidad que sienta la persona para ejercer o sentirse sin molestias físicas.

      CONTESTO: Eso va a depender del tipo de trabajo que realice el paciente y el tipo de complicaciones del paciente diabético especialmente si es una neuropatía periférica y el trabajo tenga que ver con el estar de pie o caminando durante la mayor parte del tiempo de su vida laboral.

      PREGUNTADO: De su respuesta anterior al tratar al señor A.T., qué medicamentos le recetó para el tratamiento del mismo.

      CONTESTO: Yo tengo once mil pacientes y hoy me enteré de esta citación de A.T., solo se que usa insulina y otro medicamento adicional para la diabetes, no recuerdo lo demás."

      (...)

      PREGUNTADO: Diga el testigo si con el tratamiento apropiado y supervisado dirigido al señor A.T.R., puede el mismo ejercer funciones de trabajo habituales y con normalidad.

      CONTESTO: Yo creo que si siempre y cuando se mantenga el control metabólico apropiado, dieta apropiada y ejercicio supervisado como en todo diabético."

      A criterio de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el demandante A.T.R. ha comprobado que el mismo padece de la enfermedad diabetes mellitus 2 y como quiera que dicha afectación se considera una enfermedad discapacitante, y que no tiene cura sino tratamiento permanente y de por vida, debe entonces accederse al reconocimiento de la misma.

    6. - El Licdo. N.P.S. ha indicado en su libelo de demanda, que el acto administrativo demandado ha infringido un sin número de disposiciones legales como consecuencia de la destitución de su representado; y dentro de las mismas se ha hecho alusión a la violación de los artículos 3 y 4 de la Ley 59/2005, de 28 de diciembre (Que adopta normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral), los cuales señalan lo siguiente:

      Artículo 3: Se prohíbe a las instituciones públicas y a las empresas privadas discriminar de cualquier forma a los trabajadores que padezcan enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas de discapacidad laboral.

      "Artículo 4: Los trabajadores afectados por las enfermedades descritas en esta Ley, solo podrán ser despedidos o destituidos de sus puestos de trabajo por causa justificada y previa autorización Judicial de los Juzgados Seccionales de Trabajo, o tratándose de funcionarios adscritos a la Carrera Administrativa, le corresponderá a la Junta de apelación y conciliación de la Carrera Administrativa, invocando para ello alguna causa justa previa en la Ley, de acuerdo con los procedimientos correspondientes.

      Aquellos servidores públicos que se encuentren bajo la protección de la Carrera Administrativa, solicitarán su reintegro a través de la vía ordinaria. Los servidores públicos incorporados a regímenes especiales, harán su solicitud de conformidad con la legislación especial vigente."

      Las anteriores disposiciones transcritas guardan estrecha vinculación con los artículos 2, y 5 de la Ley 59/2005, toda vez que el propio artículo 2 reconoce la existencia de enfermedades crónicas (que son aquellas que una vez diagnosticada, su tratamiento, va más allá de los tres (3), y es sólo paliativo y no curativo el tratamiento de tal enfermedad). Aunado a lo antes indicado, no puede desconocerse que también dicha disposición, considera como enfermedades crónicas a la diabetes mellitus.

      Ligado a lo antes indicado, es pertinente recordar que el acto administrativo demandado justificó la destitución del ingeniero ALEXIS TORRES RÍOS como consecuencia de su bajo rendimiento, el cual evidentemente se genera a consecuencia del padecimiento de la enfermedad diabetes mellitus, diagnosticada y reconocida por el Dr. R.E.C.A..

      Por las anteriores razones este Despacho es del criterio que el acto administrativo demandado que consiste en la destitución o remoción del ingeniero ALEXIS TORRES RÍOS es ilegal, toda vez que el mismo viola la prohibición contenida en el artículo 3 de la Ley 59/2005, que impide o prohíbe a las instituciones públicas discriminar y destituir a cualquier trabajador que padezca de una enfermedad crónica que le produzca discapacidad laboral.

      Es pertinente indicar que si bien es cierto, el artículo 5 de la Ley 59/2005, señala que la certificación de la condición física o mental de las personas que padezcan enfermedades crónicas que produzcan discapacidad laboral deberá ser expedida por una comisión interdisciplinaria nombrada para tal fin, en la práctica no puede desconocerse por parte de esta Corporación de Justicia, que dicho ente colegiado no se ha conformado aún, por lo que difícilmente puede exigírsele a los servidores públicos o empleados privados la presentación de la misma. En este sentido, existe un principio general del derecho que establece que nadie puede estar obligado a realizar lo imposible (Ad impossibilia nemo tenetur); y como quiera que es imposible presentar la certificación de la comisión interdisciplinaria que certifique la existencia de una enfermedad discapacitante; considera este Despacho que es imposible cumplir por el momento con tal requerimiento, hasta que se constituya o conforme dicho cuerpo colegiado.

      En virtud del principio de economía procesal, este Despacho estima prudente que luego de haberse reconocido y accedido a la declaratoria de nulidad del Acto Administrativo impugnado como consecuencia del análisis y reconocimiento de la violación al artículo 3 de la ley 59/2005, del 28 de diciembre, se hace pertinente no entrar a analizar las restantes normas que también se estiman infringidas por la parte actora, por haber reconocido la ilegalidad del acto administrativo.

    7. - Por las razones previamente motivadas dentro de la presente decisión, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia arriba a la consideración que es ilegal la destitución que pesa sobre el Ingeniero ALEXIS TORRES RÍOS, por lo que se accede a decretar la nulidad de la Resolución Administrativa OIRH Nº 317 de 17 de agosto de 2015, que lo desvinculó de la administración pública específicamente del cargo que ocupaba como ingeniero Agrónomo, con la posición No. 319 dentro de la Sucursal de Renacimiento del Banco de Desarrollo Agropecuario.

      En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia accede a ordenar el reintegro del Ingeniero ALEXIS TORRES RÍOS al cargo que ocupaba en la posición 319 dentro de la Sucursal de Renacimiento del Banco de Desarrollo Agropecuario, previo a su desvinculación o remoción respecto de la prenombrada entidad pública; o cualquier otro cargo análogo, sin que ello implique desmejoramiento alguno de su condición salarial, y de salud funcional dentro de la entidad pública.

    8. - Con relación a la solicitud del pago de los salarios dejados de percibir hasta el momento en que se produjo la destitución del cargo del Ingeniero ALEXIS TORRES RÍOS, es pertinente señalar que el pago de las prestaciones reclamadas no resulta viables, debido a que en reiteradas decisiones o jurisprudencias, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto que el reconocimiento de la cancelación de las mismas sólo resultarían viables, en el supuesto que tales reclamaciones o prestaciones estuvieran reconocidas a través de una Ley, requisito indispensable para poder acceder a lo solicitado o peticionado por la parte actora dentro del presente proceso.

      En este sentido, la sentencia del 31 de julio de 2001 ha dispuesto en relación con la solicitud del pago de salarios caídos lo siguiente:

      "Por otro lado, no procede la condena de salarios caídos que el actor reclama. La Sala mantiene el criterio que ha venido sosteniendo en relación con los servidores del Estado que son reintegrados a sus cargos, ya sea por decisión de la propia Administración o por mandato de esta Corporación de Justicia en el sentido de que no deben pagarse cuando no exista una norma legal que lo ordene, en aplicación del principio constitucional previsto por el artículo 297 de la Carta Fundamental, según el cual los derechos y deberes de los funcionarios públicos deben constar en la Ley.

      Por las circunstancias anteriormente expuestas, esta Corporación de Justicia no accede al pago de los salarios caídos reclamados como consecuencia de la remoción del cargo que ocupaba el Ingeniero ALEXIS TORRES RÍOS en la Sucursal de Renacimiento, Posición 319 dentro del Banco de Desarrollo Agropecuario.

  5. PARTE RESOLUTIVA:

    En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES ILEGAL, la Resolución Administrativa 317-15, del 17 de agosto de 2015, y su acto confirmatorio emitidos por el Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario; y accede a ordenar el reintegro del Ingeniero ALEXIS TORRES RÍOS al cargo que ocupaba en la posición 319 dentro de la Sucursal de Renacimiento del Banco de Desarrollo Agropecuario, previo a su desvinculación respecto de la prenombrada entidad pública; o cualquier otro cargo análogo, sin que ello implique desmejoramiento alguno de su condición salarial, y de salud funcional. No se accede al pago de los salarios dejados de percibir por parte del demandante como consecuencia de la remoción del cargo que ejercía dentro de la entidad pública, hasta el momento en que se ha ordenado su correspondiente reintegro al cargo que ocupaba dentro del Banco de Desarrollo Agropecuario.

    N.,

    CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

    EFRÉN C. TELLO C.-- ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    KATIA ROSAS (Secretaria)