Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 29 de Junio de 2018

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:29 de Junio de 2018
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 

VISTOS:

El licenciado J.E.S.T., en representación de V.P.A.B., para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal No. 497 de 20 de diciembre de 2016, emitido por conducto del Ministerio de Seguridad Pública, y el acto confirmatorio; en consecuencia, solicita se ordene el reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir. Además de que se le reconozcan los rangos que le corresponden y se le restablezca su buen nombre y dignidad, con el respectivo pago del daño moral causado con su destitución.

ANTECEDENTES

En los hechos presentados por el apoderado judicial del accionante, se señala que, el señor V.P.A.B., al momento de su destitución por presuntamente denigrar la buena imagen de la institución integraba la carrera policial, con el rango de Subteniente con más de veintiséis (26) años de desempeño, lo que le garantizaba el derecho a la estabilidad en el cargo, de conformidad con la ley 18 de 1997, Orgánica de la Policía Nacional, razón por la cual no podía ser destituido sino mediante un previo procedimiento, observando el debido proceso, principios y garantías procesales que permitiera su derecho a la defensa.

Señala que, según el acto originario la destitución del señor V.P.A.B. está basada presuntamente en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 133 del Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, que contiene la causal de destitución consistente en denigrar la buena imagen de la institución, sin embargo, estima que dicho acto carece de las consideraciones o razones que fundamenten la sanción a nivel de cualquier reglamento disciplinario que se le puede aplicar un servidor del Estado, por lo que reitera que carece de la debida motivación.

Realiza un recuento, de lo ocurrido en la vía gubernativa aduciendo que se ha violado su derecho a la estabilidad con la emisión del acto, y que se desconocieron principios que rigen el derecho administrativo, como el de la sana crítica.

  1. NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN. De un estudio del expediente se observa que, la declaratoria de ilegalidad se sustenta en la violación directa por omisión de las normas siguientes:

    Ley Nº 18 de 1997, Orgánica de la Policía Nacional.artículo 48 (criterios de la carrera policial).artículo 49 (ingreso de los miembros de la Policía Nacional a la carrera policial). artículo 103 (casos en los que los miembros de serán destituidos). artículo 107 (estabilidad en el cargo al pertenecer a la carrera policial).artículo 109, numeral 1 (derecho a la estabilidad de los miembros de la Policía Nacional).

    Ley 38 de 2000, Procedimiento Administrativo General:artículo 201, numeral 53 (desviación de poder).artículo 145 (valoración de las pruebas).artículo 146 (motivación probatoria en decisión de un caso).artículo 155 (formalidades del documento de despido).

    Código Penal:artículo 149 y 150 (sobre el delito de secuestro).

    Decreto Ejecutivo 204 de 1997, que establece el régimen disciplinario de la Policía Nacional:artículo 70 (presunción de inocencia dentro de la investigación).artículo 123 (garantías procesales del procedimiento disciplinario).artículo 132 (sobre las faltas gravísimas).artículo 133 numeral 1 (faltas gravísimas de conducta), en concepto de violación por indebida aplicación.

    Por otro lado, la declaratoria de ilegalidad se sustenta en la violación de las normas siguientes:

    Ley 38 de 2000, Procedimiento Administrativo General:artículo 52 (vicios de nulidad absoluta), numeral 2 y 4, en concepto de violación directa por comisión.

    Decreto Ejecutivo 204 de 1997, que establece el régimen disciplinario de la Policía Nacional:artículo 133 numeral 1 (faltas gravísimas de conducta), en concepto de violación por indebida aplicación.

    En lo medular, los cargos de la violación de estas normas fueron sustentados en los siguientes puntos:

    Desconocimiento del derecho a la estabilidad del que gozaba al pertenecer a la carrera policial.

    A juicio del accionante, no se siguió el debido procedimiento disciplinario, en observancia de las garantías procesales que le asisten al funcionario y principios que rigen el derecho administrativo garantizando así su derecho a la defensa.

    Falta de motivación del acto de destitución, ya que se limita a mencionar la causal de destitución aplicada sin probar que el funcionario incurrió en la conducta de denigrar la buena imagen de la institución, de forma concreta por medio de pruebas pertinentes, luego de su debida valoración por parte del juzgador, lo que no ocurrió en este caso.

    La Junta Disciplinaria Superior no era competente para investigar la conducta denunciada, sino del Ministerio Público, por lo que considera que se ha incurrido en extralimitación de funciones y por ende en abuso de autoridad.

    Se dicta el acto impugnado con desviación de poder.

    No se dio la progresividad de la sanción que contempla como última sanción la destitución del cargo, en base a la proporcionalidad entre el hecho y la medida que puede ser aplicada.

  2. INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO.

    A fojas 93 a 94 del expediente, figura el informe explicativo de conducta, mediante la Nota N°844-DAL-17 de 8 de septiembre de 2017, en el que se detalla que al señor V.P.A.B., se le destituyó del cargo que ocupaba en la entidad demandada, por violar el numeral 1 del artículo 133 del Reglamento Disciplinario que consiste en "Denigrar la buena imagen de la Institución", hecho que quedó debidamente acreditado ante la Junta Disciplinaria Superior.

    Detalla los hechos sucedidos en el presunto incidente de secuestro del señor L. y la supuesta irregularidad en la que incurre el señor V.A. y otro, como Policías de Turismo, por lo que fue denunciado ante el Ministerio Público.

    Manifiesta que, el funcionario acusado fue llevado ante la Junta Disciplinaria Superior, quienes concluyeron que los descargos de la unidad acusada fueron inconsistentes y no logró desvincularse de los actos por los cuales fue investigado.

    Por último, resalta que los miembros de la Policía Nacional deben conducirse en todo momento, conforme a los principios éticos de los servidores; lealtad, honradez, responsabilidad, eficiencia, valor y transparencia, ya que deben actuar con alto grado de profesionalismo con integridad y dignidad, sin incurrir en actos de corrupción o que denigren el buen nombre de la institución.

  3. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN.

    El Procurador de la Administración, mediante su V.F. Nº 1348 de 20 de noviembre de 2017, visible a fojas 95 a 108 del dossier, le solicita a los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que denieguen las pretensiones formuladas por el accionante, pues no le asiste el derecho invocado en este caso.

    Detalla el procedimiento disciplinario ocurrido ante la Junta Disciplinaria Superior, en base a hechos sobre la presunta privación de libertad del señor L.C. donde se le permitió al S.V.A. ejercer su derecho a la defensa, debidamente asistido de una defensa técnica concluyendo que, se denigró la buena imagen de la institución, la cual define como: "...aquel momento en que por actuaciones de unidades policiales, se dé una situación ilegal, inmoral o contraria a cualquier principio ético y de formación policial donde la misma sea percibida u observada, tanto por terceros a la institución, como para lo interno de ésta, dando como resultado la lesión al prestigio de la misma."

    Estima que en base, a la normativa que regula la Policía Nacional, la misma debe garantizar la paz, seguridad de la ciudadanía, el cumplimiento y observancia de la Constitución Política debiendo conducirse sus miembros bajo principios éticos de los servidores públicos siendo que la unidad policial debe servir de ejemplo para la ciudadanía en general, al ser garantes del cumplimiento de las leyes y de la prevención y represión de los actos delictivos; dado que son los uniformados los que deben emitir una imagen correcta en el sentido moral, ético, disciplinario y legal en todas las actuaciones que realicen en su vida tanto institucional como privada.

    Por lo anterior, señala que la conducta irregular en la que incurre el señor V.P.A.B. no es aceptable y denigra la buena imagen de la institución, lo que quedó plenamente acreditado en el presente caso y dio lugar a que se le destituyera del cargo por medio del acto impugnado, el cual se encuentra debidamente motivado, con fundamento en el artículo 133, numeral 1 del Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional.

    Manifiesta que, la destitución del señor V.P.A.B. fue proporcional y legal; ya que la sanción aplicada resulta cónsona con la falta cometida y la institución demandada cumplió con todas las fases de la investigación; por consiguiente, con los procedimientos establecidos para la esa medida. Igualmente, se respetaron las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, ante la autoridad competente, que en estos casos disciplinarios corresponde a la Junta Disciplinaria Superior.

  4. ANÁLISIS DE LA SALA.

    Evacuados los trámites procesales pertinentes, procede la Sala a realizar un examen de rigor. El señor V.P.A.B., que siente su derecho afectado por el Decreto de Personal No. 497 de 20 de diciembre de 2016, estando legitimado activamente, de conformidad con el artículo 42 b de la Ley 135 de 1943, presenta demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción ante esta Sala, Tribunal competente para conocer de este negocio, por disposición del artículo 97 del Código Judicial, para que se declare nula la resolución emitida por conducto del Ministerio de Seguridad Pública, institución que ejerce la legitimación pasiva.

    Con base a los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala determinar la legalidad del acto demandado, con fundamento en los cargos presentados por la parte actora, quien alega desconocimiento al derecho a la estabilidad que gozaba al pertenecer a la carrera policial, y la falta de aplicación del debido proceso, por las razones siguientes:

    A juicio del accionante, no se siguió el debido procedimiento disciplinario, en observancia de las garantías procesales que le asisten al funcionario y principios que rigen el derecho administrativo garantizando así su derecho a la defensa.

    Falta de motivación del acto de destitución, ya que se limita a mencionar la causal de destitución aplicada sin probar que el funcionario incurrió en la conducta de denigrar la buena imagen de la institución, de forma concreta por medio de pruebas pertinentes, luego de su debida valoración por parte del juzgador.

    La Junta Disciplinaria Superior no era competente para investigar la conducta denunciada, sino del Ministerio Público, por lo que considera que se ha incurrido en extralimitación de funciones y por ende en abuso de autoridad.

    Se dicta el acto impugnado con desviación de poder.

    No se dio la progresividad de la sanción que contempla como última sanción la destitución del cargo, en base a la proporcionalidad entre el hecho y la medida que puede ser aplicada.

    Una vez revisadas las constancias procesales, se observa en el Informe de Investigación Disciplinaria N° 889-15 de 28 de agosto de 2015, rendido por la Dirección de Responsabilidad Profesional, que luego de recibir información por parte del Centro de Operaciones Policiales (COP), que guarda relación con un delito a la libertad individual del ciudadano L.C. se da inicio a la investigación disciplinaria, de manera oficiosa.

    Debemos señalar que, en el informe de Comisión de 3 de marzo de 2015 de la Dirección de Responsabilidad de la Policía Nacional, el señor L.C. relata los hechos acaecidos el día en que fue presuntamente fue secuestrado por supuestos uniformados pertenecientes a la Policía Nacional, indicando lo siguiente:

    "...aproximadamente a las 16:15 horas, transitaba por el Corredor Sur, en dirección del sector de L.B. hacía la 24 de diciembre en su vehículo Hyundai, modelo Ace, desconoce la matrícula, a la altura por donde están construyendo la entrada para el Aeropuerto de Tocumen un patrulla de la Policía Nacional de color blanco, tipo sedán le indicó que se orillara. Siguió narrando que al orillarse un vehículo de color blanco tipo lujoso se detuvo delante de su vehículo, una unidad de la Policía Nacional bajo de la patrulla éste vestía uniforme de faena de color verde y un chaleco reflexivo de color azul, quien le indicó que si estaba armado saliera lentamente del vehículo con su arma, por lo que tomó su arma 9 milímetros que mantenía con él y salió poniendo sus manos en la capota del vehículo cuando solo sintió que le pusieron un cartucho plástico en la cabeza y lo esposaron los sujetos que se bajaron del vehículo lujoso y lo ingresaron al vehículo.

    Agregó que lo mantuvieron en el interior del vehículo dando varias vueltas pero al no tener visibilidad desconocía donde estaba hasta que llegaron a un lugar que bajaron y se escuchaba como si se tratara de un taller por el ruido de ciertas maquinarias, estando acostado boca abajo uno de los sujetos le preguntaba EN QUE LUGAR ESTA EL APARTAMENTO, a lo que el respondía que desconocía de que le estaban hablando.

    Relató que mientras lo golpeaban y diversas partes de su anatomía escuchó que uno de estos sujetos le decía al otro mira que fue el que se capturo la vez pasada, recordando el señor L., que meses atrás fue detenido por unidades de la sensitiva de la Policía Nacional, donde una unidad de tez blanca y gordo fue que lo llevo hasta la Fiscalía.

    Horas después lo sacaron del lugar, el sujeto que lo llevaba al vehículo recibió una llamada a su celular donde escuchó que el (sic) este sujeto decía que no había cooperado QUE LO IBA A LLEVAR AL MANGLAR Y METERLE UN TIRO, al escuchar esto el señor L., empezó a forcejear, el vehículo inicio su marcha, cayó al pavimento y empezó a gritar hasta que unos ciudadanos lo socorrieron llamando a la Policía.

    ...

    Cabe resaltar que el señor L., solo pudo observar que el patrulla de la Policía Nacional mantenía la letra E, en la tapa del motor."

    Ahora bien en las investigaciones realizadas por la Dirección de Responsabilidad Profesional que reposan en el expediente administrativo, se observan las declaraciones rendidas, por testigos e implicados, de donde se puede extraer lo siguiente:

    S.V.P.A.B., señala que para el día 3 de marzo de 2015, en horario de 6 am a 6 pm, fue asignado como encargado del vehículo policial E-766 el cual era manejado por el señor M.M., siendo el sector de responsabilidad de ambos el Aeropuerto de Tocumen a la entrada de Brisas del Golf y la vía D.D., igualmente en el Corredor Sur, hasta el peaje de ciudad radial.

    Admite que transitó el corredor sur, aduciendo que lo hizo al salir de la base de turismo, para llegar al sector de responsabilidad y cuando fue informado de un accidente vehicular en el mismo, solicitando previa autorización para ello y, niega haber detenido al señor L.C. en dicho corredor.

    Por último señala que el único vehículo de la Policía de Turismo que cubría el corredor sur para el día 3 de marzo de 2015, dentro del horario de 6 am a 6 pm, estaba asignado a su persona y niega los demás hechos denunciados por el señor L.C.. (Cfr. fojas 240-245 del expediente administrativo).

    Cabo 2° M.A.M.T., declara que para el día 3 de marzo de 2015, se encontraba laborando de horario de 6 am a 6 pm, asignado como conductor al vehículo E-766, mientras que el encargado del vehículo era el Subteniente V.A.B., cuya área de responsabilidad correspondía desde la garita del Corredor Norte en Brisas del Golf, hasta el aeropuerto de Tocumen por la avenida D.D., cuyo recorrido previa autorización recorre desde el Corredor Sur hasta la bomba de la gasolinera Delta del propio Corredor Sur en Llano Bonito, el cual realizó dos (2) o tres (3) veces, previa coordinación con la base de la Policía de Turismo.

    Señala que el único vehículo de la Policía de Turismo que cubría el corredor sur para el día 3 de marzo de 2015, dentro del horario de 6 am a 6 pm, estaba asignado a su persona y niega los demás hechos denunciados por el señor L.C.. (Cfr. fojas 234 a 239 del expediente administrativo).

    A.C.V. - Jefa del Servicio Policial de Turismo, señala que la patrulla E-766 en la cual se encontraban de turno el Subteniente Víctor Asprilla y el Cabo 2° M.A.M.T., no tenían como área de responsabilidad el Corredor Sur y solo pueden transitarla con la autorización debida de un supervisor, en casos policivos. (Cfr. fojas 314 a 317 del expediente administrativo).

    Capitán S.C., manifestó que el sector del Corredor Sur, por donde transitaban los señores V.A. y el Cabo 2° M.A.M.T., en la patrulla E-766, se encontraba fuera del área de responsabilidad asignada y en ningún momento solicitaron autorización para transitar por esa vía. (Cfr. fojas 311 a 313 del expediente administrativo).

    Teniente E.N., señaló que la patrulla E-766, no podía transitar por el Corredor Sur hasta el aeropuerto de Tocumen, con dirección a la garita de peaje de Ciudad Radial hacia Tocumen y la única forma que esa patrulla haya realizado ese recorrido, era recibiendo combustible en la estación de gasolina Terpel de L.B., con la autorización del oficial supervisor.

    Mantiene que, siendo el supervisor de turno encargado, no recuerda haber recibido ninguna comunicación de parte de los implicados, para transitar fuera de la ruta asignada.

    Agrega que, el área de responsabilidad de las unidades investigadas era la avenida Domingo Díaz - Aeropuerto de Tocumen hasta la garita del Corredor Norte en Brisas del Golf. (Cfr. fojas 287 a 290 del expediente administrativo).

    Agente G.M., declaró que se encontraba laborando en el aeropuerto de Tocumen hasta las 4:30 P.M. aproximadamente, que es la hora en que fue retirado de su puesto de trabajo por una patrulla de la cual no recordaba las generales ni las unidades policiales que iban a bordo, sólo que tomó el Corredor Sur hacia la Policía de Tursimo. (Cfr. fojas 292 a 293 del expediente administrativo).

    Cabe destacar que, según los videos de seguridad remitidos por el Gerente de Seguridad del Aeropuerto Internacional de Tocumen, obtenidos según las constancias procesales a través de la Nota 065.03.15.GS de 19 de marzo de 2015 e inspeccionado por el Subteniente J.H., se hace constar en la terminal aérea de Tocumen la presencia de la patrulla E-766, el día 3 de marzo de 2015, donde realizaban el turno el Subteniente Víctor Asprilla y el Cabo 2° M.A.M.T.; además de observar el retiro de otra unidad luego de lo cual se marcharon de dicho aeropuerto con rumbo desconocido.

    De igual forma, en el Acta de Inspección de Disco Compacto, M., DVD-R, 4.7 GB, up to 16x, 2 hrs sp mode, dvd, el cual contiene los videos de las cámaras de seguridad del Corredor Sur, salida de la radial con dirección a Tocumen, el día 3 de marzo de 2015, el Subteniente J.H. de la Dirección de Responsabilidad Profesional procedió a realizar la diligencia de inspección ocular, a la Unidad de Disco Compacto mencionada, el cual fue entregado por la empresa Maxipista de Panamá mediante Nota N° 11 de marzo de 2015, con el contenido gravado que corresponde a los videos de cámaras de seguridad del Corredor Sur, salida de la Radial hacia Tocumen, el día 3 de marzo de 2015, en la que se observa la llegada de un vehículo color blanco a las 4:04:29 p.m., con similares características al vehículo del ciudadano L.C., y posteriormente ingresa la patrulla E-766, el cual avanza con dirección al Aeropuerto de Tocumen, concluyendo la lectura del video.

    Lo antes expuesto, denota que fue debidamente vinculado V.A., como el agente policial responsable de la patrulla E-766, la cual se encontraba fuera de su área de responsabilidad sin autorización, en el momento en que se perpetraba la supuesta privación de libertad de un ciudadano L.C. quien denunció haber visto una patrulla con la letra E involucrado en el ilícito del cual fue víctima.

    Ahora bien, en cuanto a las faltas al debido proceso alegadas por el demandante, debemos indicar que el presente proceso disciplinario inicia con la investigación que llevo a cabo la Dirección de Responsabilidad Profesional. En este aspecto debe resaltarse que según lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, la Dirección de Responsabilidad Profesional de esta institución, es el ente encargado de investigar las violaciones al procedimiento policial, actos de corrupción, procedimiento de quejas y acusaciones contra los miembros de la Policía Nacional, a fin de determinar si hay o no la existencia de elementos para abrir una causa disciplinaria, que es cuando se levantan cargos y se ejerce la defensa técnica.

    Una vez culminadas las investigaciones de la Dirección de Responsabilidad Profesional, se rindió el correspondiente Informe de Investigación, solicitando que la Junta Disciplinaria Superior conozca y determine si existió por parte del señor V.P.A.B., violación al Reglamento Disciplinario, artículo 133 numeral 1. Es necesario acotar, que la Junta Disciplinaria es el ente que le corresponde llevar el procedimiento disciplinario para determinar si hubo o no violación del Reglamento, informar de los cargos a quien se le acusa de cometer la infracción e imponer la sanción a que hubiera lugar.

    Es de lugar advertir, que una vez iniciado el proceso disciplinario, se le informaron los cargos al Subteniente 14164 V.P.A.B., y se le preguntó si sabía el motivo por el cual había sido citado, donde respondió que sí; igualmente se le proveyó la debida asistencia técnica, y se le dio la oportunidad para presentar sus descargos, luego de lo cual los miembros de la Junta Disciplinaria Superior al evaluar el caso, manifiestan que existen elementos claros y concretos que evidencias la falta a la ley y al Reglamento Interno de la entidad; basados en que las acciones del señor V.P.A.B. denigran la buena imagen de la institución, la cual definen como "...aquel momento en que por las actuaciones de las unidades policiales, se dé una situación ilegal, inmoral o contraria a cualquier principio ético y de formación policial donde la misma sea percibida u observada, tanto por terceros a la institución, como para lo interno de ésta dando como resultado la lesión al prestigio de la misma."

    Aunado a lo anterior, considera pertinente indicar que los miembros de la Policía Nacional que ingresan a la carrera policial, luego de su nombramiento y toma de posesión, y antes del inicio de sus funciones prestarán juramento de acatamiento a la Constitución Política y a las leyes en los siguientes términos "Juro ante D. y la Patria, en presencia de la bandera y bajo la autoridad del presidente de la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en defensa de la democracia y los derechos humanos, la seguridad y el orden público.", aparte que la Policía es una institución encargada de garantizar la paz, la seguridad de la ciudadanía, el cumplimiento y observación de la Constitución Política de la República y demás leyes, por lo que es deber de sus miembros juramentados de deben cumplir con lo indicado y no es aceptable la observación de las irregularidades en las que incurren en este caso.

    En este mismo orden de ideas, estima que toda unidad policial debe servir de ejemplo para la ciudadanía en general, al ser garantes del cumplimiento de las leyes y de la prevención y represión de los actos delictivos, por lo que deben ser los uniformados los que deben emitir una imagen correcta en el sentido de lo moral, lo ético, disciplinario y legal en todas las actuaciones que realicen en la vida institucional como privada. Por lo que, al revisar el caso deciden recomendar su destitución ante el señor Ministro de Seguridad Pública.

    En este sentido, se observa que la institución sustenta en debida forma, la vinculación del señor V.P.A.B. con actos irregulares que denigran la buena imagen de la institución, que dieron origen al procedimiento disciplinario, y que guardan relación con la privación de libertad de un individuo por lo cual, los miembros de la Junta Disciplinaria Superior concluyen, la comisión de la falta que da lugar a la sanción de destitución del cargo, misma que fue ejecutada por conducto del Ministerio de Seguridad Pública.

    Se desprende de lo anterior, que dicha destitución se fundamentó en una falta disciplinaria gravísima que da lugar a la sanción de destitución, enunciada en el numeral 1 del artículo 133 del Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional, la sanción impuesta también se enmarca en el numeral 2 del artículo 103 de la ley 18 de 1997, Orgánica de la Policía Nacional, ambas normas son del tenor siguiente:

    Artículo 133. Se consideran faltas gravísimas de conducta:

    1. Denigrar la buena imagen de la institución.

    Artículo

    103. Los miembros de la Policía Nacional que pertenezcan a la carrera policial, serán destituidos, motivo por el cual se les eliminará en el correspondiente escalafón de la institución, en los siguientes casos:

    Haber sido condenado mediante sentencia judicial ejecutoriada por la comisión de un delito doloso que conlleve pena de prisión.

    Por decisión disciplinaria ejecutoriada, tras la violación de los preceptos establecidos en la presente Ley o en sus reglamentos.

    Cabe advertir que, en estos casos existe la investigación penal llevada por el Ministerio Público, no obstante la competencia en materia disciplinaria recae sobre la Junta Disciplinaria de la Policía Nacional, de conformidad con el artículo 80 del Reglamento de Disciplina de la institución, en la cual reiteramos se comprobó que la actuación del ex-funcionario compromete el prestigio de la institución, razón por la cual hay lugar a la sanción disciplinaria.

    Sin menoscabo de lo anterior, debe tenerse presente que denigrar la buena imagen de la institución está prevista en las causales de destitución enmarcada dentro de las faltas gravísimas, y este tipo de acciones irregulares empañan el esfuerzo que realiza la Policía Nacional por elevar la percepción pública que de ella se tiene. Esta Sala, no puede pasar por alto este tipo de acciones que ponen en riesgo la dignidad y el respeto institucional de un ente que requiere de la confianza y seguridad de los ciudadanos para ejercer su labor de protección y servicio.

    Aunado al hecho de que, es censurable por parte de la sociedad panameña cualquier tipo de vinculación de un agente de la Policía Nacional en un caso de privación de libertad individual, cuando la autoridades nacional están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley, como se establece en nuestra Carta Magna; razón suficiente para desvincularlo de la administración pública, por denigrar la buena imagen de la institución.

    Por las razones expuestas, no se encuentran llamados a prosperar los cargos de violación alegados por la parte actora de los artículos 52 numerales 2 y 4; 201 numeral 53; 145, 146 y 155 de la ley 38 de 2000, ni de los artículos 70, 123, 132 y 133, numeral 1 del Decreto Ejecutivo 204 de 1997, toda vez que la sanción disciplinaria se aplicó en observancia al debido proceso, permitiéndole al actor presentar sus descargos acompañado de una defensa técnica de la institución, frente a los cargos formulados por la Junta Disciplinaria Superior de la Policía Nacional, organismo disciplinario competente para llevar el procedimiento disciplinario sancionatorio, luego de una fase investigativa que lo vincula a la comisión de un ilícito contra la libertad individual, situación que a su vez, denigra la buena imagen de la institución. Por lo que, consideramos que la falta disciplinaria fue debidamente comprobada y, siendo que la misma admite la destitución directa, fue desvinculado del cargo por denigrar la buena imagen de la institución, causal por la cual fue investigado y era de pleno conocimiento del actor anterior a la emisión del acto, razón por la cual se emite conforme a derecho.

    Por otro lado, cabe advertir que la estabilidad que dispone la carrera policial a quienes pertenezcan a ella no resulta ilimitada, y el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional establece los casos en los que los miembros de la entidad serán destituidos, entre las que se encuentra la decisión disciplinaria ejecutoriada; lo que tiene como consecuencia la pérdida del derecho a la estabilidad.

    En base a las consideraciones expuestas, no están llamados a prosperar los cargos de violación de los artículos 48, 49, 103, 107 y 109, numeral 1 de la ley 18 de 1997, Orgánica de la Policía Nacional, toda vez que la sanción de destitución se impone en atención a una decisión disciplinaria ejecutoriada, situación que no desconoce el derecho a la estabilidad, sino que es una de las causas por las que los miembros de la Policía que hayan ingresado a la carrera policial son destituidos.

    Por último, debemos resaltar que no son aplicables los artículos 149 y 150 del Código Penal al presente caso, ya que el mismo versa sobre la imposición de una sanción administrativa y no de la comprobación del ilícito de la privación de la libertad individual, por lo que son dos jurisdicciones diferentes la penal y la contencioso administrativa que protegen bienes jurídicos diferentes y no son vinculantes una con la otra.

    Por tanto, la parte actora no acredita la ilegalidad del Decreto de Personal No. 497 de 20 de diciembre de 2016, que se recurre, no resultando procedente declarar la nulidad del acto ni las consecuentes declaraciones solicitadas

    En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA QUE NO ES ILEGAL el Decreto de Personal No. 497 de 20 de diciembre de 2016, dictado por conducto del Ministro de Seguridad Pública, así como tampoco su acto confirmatorio, y, por lo tanto, NO ACCEDE a las pretensiones del demandante.

    N.;

    A.A.Z..

    C.A.C.R. --L.R.F.S..

    K.R. (Secretaria)