Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 14 de Noviembre de 2018

Ponente:Efrén Cecilio Tello Cubilla
Fecha de Resolución:14 de Noviembre de 2018
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS:

El Procurador de la Administración, mediante la Vista No. 929 de 6 de agosto de 2018 (fs. 41-46), fundamenta su recurso de apelación señalando que la presente demanda es inadmisible porque el apoderado judicial de la demandante se limita a reiterar la solicitud de nulidad de la Resolución DIEORA-IA-RECH-019-2015 de 22 de octubre de 2015, emitida por el Ministerio de Ambiente, pero omite cualquier alusión relativa al derecho subjetivo que considera le ha sido lesionado con la expedición de dicho acto administrativo, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 43-A de la Ley 135 de 1943.

Por su parte, la firma forense Pardini & Asociados, le solicita al resto de los Magistrados que conforman la Sala que rechacen la pretensión del recurrente en grado de apelación, pues su representado no busca con esta acción el resarcimiento de un derecho mediante indemnización alguna, ni compensación económica por la ilegalidad del acto atacado, por lo que no reclama prestación alguna, más que la nulidad del acto, dictado bajo el incumplimiento de los parámetros procesales de la Ley.

DECISIÓN DEL RESTO DE LA SALA

Del análisis exhaustivo del expediente, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera consideran que le asiste la razón al Procurador de la Administración cuando señala que la demandante omite cualquier alusión relativa al derecho subjetivo que considera le ha sido lesionado con la expedición de dicho acto administrativo, pues, quienes suscriben advierten que la demanda presentada en el apartado de "LO QUE SE DEMANDA" solo está dirigida a la declaratoria de nulidad por ilegalidad de la Resolución DIEORA-IA-RECH-019-2015 de 22 de octubre de 2015, emitida por el Ministerio de Ambiente, pero se advierte que el apoderado legal omitió solicitar el restablecimiento o reparación del derecho subjetivo violado.

Lo anterior incumple lo dispuesto en el artículo 43-A de la Ley 135 de 1943, considerado en reiterada jurisprudencia, como requisito de la esencia de la demanda de plena jurisdicción, razón por la cual esta S. estima que con la simple petición de nulidad del acto acusado, mal puede lograrse la reparación de derecho subjetivo alguno, pues su naturaleza no sólo persigue la nulidad del acto impugnado, sino también el restablecimiento del derecho subjetivo que se considera vulnerado.

Cabe señalar que en repetidas ocasiones esta S. ha expuesto que además de pedir la nulidad del acto impugnado debe solicitarse el restablecimiento del derecho subjetivo que se estime lesionado, tal y como se aprecia en los siguientes autos:

"A este respecto, esta Superioridad ha señalado en diversas ocasiones que en las acciones de plena jurisdicción es un requisito formal, solicitar, además de la declaratoria de nulidad del acto acusado, el restablecimiento del derecho subjetivo conculcado, tal como lo preceptúa el artículo 43a de la Ley 135 de 1043." (Auto De 14 de junio de 2007).

"...

De la lectura de la norma transcrita se infiere claramente que en aquellos casos en que el actor procura el restablecimiento de algún derecho subjetivo que considera violado, lo que sólo es viable en las acciones de plena jurisdicción, es indispensable que indique o señale cuáles son las "prestaciones" que pretende con su demanda. El cumplimiento de este requisito resulta esencial en la medida en que la declaratoria de nulidad del acto administrativo impugnado no conlleva la reparación automática del derecho subjetivo que el afectado estima violado. Ello explica por qué, en el caso de la destitución de un servidor público, debe pedirse también el reintegro y el pago de los salarios caídos, si a ellos tuviere derecho; o la adjudicación del acto público, cuando se demanda la nulidad de la resolución que adjudicó la respectiva licitación pública; o la cancelación de determinada suma de dinero, conjuntamente con el acto que negó el pago a favor del afectado.

La indicación de las prestaciones que se pretenden con la demanda cumple además otra función, ya que establece los límites dentro de los cuales ha de pronunciarse la Sala al emitir su sentencia. De allí, que si el demandante incumple este requisito, mal podría este Tribunal servir de medio para restablecer el derecho subjetivo que se estima violado, pronunciándose sobre cuestiones que no se pidieron en la demanda.

Por la razón de lo expuesto y con fundamento en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, lo que procede es no admitir la presente demanda.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Lcdo. M.E.B.R., en representación F.Y.N.S., para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal No.81 de 7 de octubre de 2009, dictado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. ( 8 de marzo de 2010)

"...De igual modo y sin perjuicio de lo anterior, la demanda presentada está dirigida a la declaratoria de nulidad por ilegalidad de un acto administrativo, pero se advierte que el apoderado legal omitió solicitar el restablecimiento o reparación del derecho subjetivo violado.

Lo anterior incumple lo dispuesto en el artículo 43-A de la Ley 135 de 1943, considerado en reiterada jurisprudencia, como requisito de la esencia de la demanda de plena jurisdicción, razón por la cualesta Sala estima que con la simple petición de nulidad del acto acusado, mal puede lograrse la reparación de derecho subjetivo alguno, pues su naturaleza no sólo persigue la nulidad del acto impugnado, sino también el restablecimiento del derecho subjetivo que se considera vulnerado.

En cuanto al derecho subjetivo el autor A. se refiere a previos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, que resaltan la necesidad de indicar el restablecimiento del derecho subjetivo en las demandas contencioso administrativas de plena jurisdicción, al señalar lo siguiente:

"Efectivamente, la parte actora que en este caso es la empresa K.M.R.G. no sólo debe pedir la nulidad de los actos de ilegales ante este Tribunal, sino también debe manifestar claramente el derecho conculcado y que el mismo le sea restablecido. La declaratoria de nulidad de un acto por parte de esta Sala no conlleva consigo la reparación del derecho subjetivo per se. En otras palabras la nulidad no va acompañada del restablecimiento del derecho subjetivo lesionado por el acto administrativo ilegal. El fallarlo sólo en lo que respecta a la nulidad, sería inocuo, dado que esto implicaría adelantar un proceso inconducente, (ver Auto de 2 y 23 de diciembre de 1993). La restitución del derecho debe solicitarse tal como lo prevé el artículo 43 de la Ley 135 de 1943,...

La parte actora sólo ha pedido en este proceso que se declare la nulidad de las Notas No 701-01-1219 DGA de 7 de diciembre de 1993 y No. 701-01-269 DGA de 14 de marzo de 1994, suscritas por el director General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y tesoro, lo que nos conduce a no admitir la presente acción." Curso de Derecho Procesal Administrativo. (H.A.. Panamá, 2004. págs. 62 y 63. El resaltado es nuestro.

Las observaciones previas incumplen los preceptos establecidos en los artículos 43-A y 44 y de la Ley 135 de 1943, modificada mediante la Ley 33 de 1946, lo que a tenor del artículo 50 de la citada Ley, imposibilita el curso de la demanda por carecer de tales formalidades." (27 de mayo de 2009).

En virtud de lo antes señalado, como el recurrente incumplió con uno de los requisitos para recurrir ante la Sala Tercera, quienes suscriben estiman que lo procedente es revocar la Providencia de 7 de mayo de 2018 y, por consiguiente, no admitir la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma forense Pardini & Asociados, actuando en nombre y representación de PALMIRA GROUP, INC.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA dela Providencia de 7 de mayo de 2018,NOADMITEN la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma forense Pardini & Asociados, actuando en nombre y representación de PALMIRA GROUP, INC., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución DIEORA-IA-RECH-019-2015 de 22 de octubre de 2015, emitida por el Ministerio de Ambiente, y su acto confirmatorio.

N.,

E. cecilio tello cubilla

C. cedalice riguelme-abel augusto zamorano

K. rosas

(Secretaria)